Siete días de enero, cuarenta y siete años después
Los asesinos trabajaban para los servicios de información de las fuerzas de seguridad
Enero de 1977. El régimen franquista se halla en plena operación de cirugía estética y las fuerzas de izquierda mantienen su pulso firme en las calles para conseguir una democracia plena, sin parches. Dos meses antes, los procuradores de las Cortes franquistas aprobaban la Ley para la Reforma Política con una abrumadora mayoría del 81 %. Más tarde, el 15 de diciembre de 1976, el 94,17 % de los votantes le daba el visto bueno en referéndum. Quizá para recordar que la reforma iba en serio, ese mismo día la policía asesinaba a golpes al joven ÁngelAlmazán cuando participaba en una manifestación de protesta contra la ley.
Pero el punto álgido de la violencia política se alcanzará en la última semana de enero del año entrante. La conocida más tarde como “semana negra” da comienzo el domingo 23 en Madrid, cuando el joven Arturo Ruiz es asesinado de dos disparos por la espalda efectuados por un miembro de los servicios de información de la Guardia Civil, José Ignacio Fernández Guaza, al final de una gran manifestación proamnistía. El asesino ha arrebatado el arma a un argentino llamado Jorge Cesarski. Ambos forman parte de un grupo donde se encuentran Ángel Sierra, José Fernández Cerra y el italiano Stefano Delle Chiaie, conocidos ultraderechistas que colaboran con las fuerzas de seguridad del Estado. Esa misma tarde habrá interrogatorios meramente formales en la DGS de la Puerta del Sol, pero sin resultados reales.
La mañana del lunes 24 comienza con el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Pese a las extraordinarias medidas de seguridad, el GRAPO ha actuado de nuevo en la misma zona de Madrid donde ocho semanas antes ha secuestrado a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. El “supercomisario” Roberto Conesa y su subordinado Billy el Niño saldrán a la luz poco después, cuando resuelvan el caso en solo once días y liberen a Oriol y Villaescusa sin disparar un solo tiro.
Las universidades madrileñas han parado en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz y las manifestaciones de repulsa se suceden a lo largo de la mañana. A mediodía, en la esquina de Gran Vía con la calle Libreros, la joven Mariluz Nájera es alcanzada por un bote de humo lanzado a bocajarro por un policía. Tiene veinte años y es alumna de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Dos compañeros le trasladan a una clínica donde ingresa en estado de coma, falleciendo a las dieciséis horas y veinte minutos.
A las ocho de la tarde, en un despacho laboralista de la calle Atocha, 55, comienza la asamblea de trabajadores convocada por el secretariado de Transportes de las CC. OO. Esa misma mañana se ha desconvocado la huelga del sector desarrollada durante los días previos y deben estudiar las próximas acciones. La asamblea se prolonga hasta más allá de las diez de la noche, pero debe finalizar para que los compañeros abogados celebren otra reunión que tienen programada para esa hora. Algunos de los sindicalistas acuden a un bar cercano, y con ellos Ángel Rodríguez Leal, trabajador del despacho, que regresa para recoger un ejemplar de Mundo Obrero que ha dejado olvidado. Los abogados del PCE que asesoran a la vecindad de los barrios de Madrid y a sus asociaciones vecinales, ya están comenzando su reunión. Sobre las once menos cuarto de la noche, los ultraderechistas José Fernández Cerra, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada llaman al timbre del despacho y, una vez dentro, encañonan a los presentes. Trabajan para los servicios de información y son diestros con las armas. Prácticamente sin mediar palabra, disparan a bocajarro contra los presentes, asesinando a Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo. Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, y dejando gravemente heridos a Miguel Sarabia, Dolores González, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos. Todos ellos pertenecen al PCE y las CC. OO.
Temor a una “noche de los cuchillos largos”
Es un lunes aciago, pero aún no han finalizado los actos violentos de este trágico día. Dirigentes políticos, periódicos y personas de izquierda están recibiendo amenazas a través de llamadas telefónicas. También se producen asaltos a varios locales frecuentados por izquierdistas, como el pub Santa Bárbara, donde se produce un tiroteo sin víctimas. El temor a una “noche de los cuchillos largos” se extiende por todo el país.
Durante la mañana del martes, se suceden los comunicados de personalidades y partidos políticos condenando unánimemente todos los asesinatos. CC. OO. destaca la evidente relación “que guardan los hechos entre sí” y afirma que “el alcance de la provocación deja patente la existencia de un auténtico complot de amplias dimensiones y complicidades”. El editorial de El País afirma que está en marcha “una conspiración contra el Estado”, organizada por “algunos servicios de inteligencia, de la multitud de redes de espías que cubren este país”, ”apoyada y avalada por fuerzas internacionales”. A mediodía se reúnen de urgencia en Moncloa los ministros de los tres Ejércitos con el presidente Adolfo Suárez, con el fin de tratar la situación generada por la violencia política.
Esa misma tarde, los dieciséis principales dirigentes políticos y sindicales de la oposición democrática se reúnen durante cinco horas para analizar los sucesos y emitir un breve comunicado, en el que reclaman al gobierno la desarticulación de los grupos terroristas, concretando la acción en tres puntos concretos: “la inmediata expulsión del territorio nacional de súbditos de otros países, profesionales del terrorismo político; la investigación del origen de los fondos necesarios para que se mantengan y proliferen esos grupos terroristas, y el procesamiento de cuantos están incitando al desorden y al crimen en nuestro país”.
En la madrugada del miércoles, la delegación de la agencia Cifra en Barcelona recibe una llamada telefónica de la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) reivindicando el asesinato de Arturo Ruiz y la masacre de Atocha. Madrid amanece con un respaldo masivo a la convocatoria de huelga hecha por CC. OO. en protesta por los crímenes de la extrema derecha, con especial repercusión en las grandes empresas y en sectores como la Justicia, donde se produce un paro total.
La capilla ardiente de tres de las víctimas de Atocha se instala en la sede del Colegio de Abogados de Madrid. Aunque inicialmente ha sido prohibida por el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, podrá permanecer abierta durante solo tres horas, tras intensas negociaciones con el Gobierno. El ejecutivo no participa en el funeral, a pesar de que 664 artistas e intelectuales han firmado un escrito invitando personalmente al presidente Adolfo Suárez. Eso sí, el monarca sobrevuela el entierro en un helicóptero que pilota personalmente, quizá para comprobar que todo marcha según lo previsto. La despedida de los camaradas asesinados se convierte en una demostración de fuerza del PCE. Doscientas mil personas en riguroso silencio se agolpan en las calles, constituyendo uno de los actos más impresionantes de la transición a la democracia.
El viernes 28, algunos de los secuestradores de Oriol y Villaescusa penetran en una sucursal de la Caja Postal del distrito de Aluche y asesinan a dos policías que la custodiaban. Dos horas más tarde, otros dos individuos del GRAPO penetran en una sucursal de Correos del distrito de Villaverde y atentan contra dos guardias civiles, matando a uno de ellos. Una vez en la calle, se enfrentan a tiros con otros dos agentes.
El sábado 29 se produce un hecho sin precedentes: todos los medios de comunicación escrita del país publican un editorial conjunto que titulan “Por la unidad de todos”, llamando al conjunto de las fuerzas políticas y sociales a “hacer un frente común, dejando a un lado sus diferencias”. La “semana negra” de la Transición se cierra por la noche, con un mensaje del presidente del gobierno radiado y televisado para todo el país. Suárez asegura que “se trata de la acción de pequeños grupos, totalmente marginados, pero profesionales del crimen” y que el gobierno nunca ha actuado “en función de intereses personales, sino, exclusivamente, al servicio de los más altos intereses de la nación y de la monarquía en una democracia plena”. Finalizaba así una semana clave de la Transición, en la que la extrema derecha y la extrema izquierda se pusieron de acuerdo para desestabilizar el Estado e intentar parar la reforma, al tiempo que la legitimaban. Hoy, como ayer, siguen vigentes algunas incógnitas. ¿Qué pasó realmente?¿Se trataba de grupos incontrolados y “marginados”?¿Quién les financiaba? ¿Fueron acontecimientos aislados o respondieron a un mismo hilo conductor? Y, sobre todo, ¿quién dio las órdenes? Estaba en lo cierto el editorial de El País publicado el sábado 12 de febrero de 1977: “La posibilidad de una democracia efectiva en España depende de que se descubran y hagan públicos los autores y cómplices de todo este increíble plan”.
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