Radio Mirilla

¡Cumplan la Constitución!

El pacto para la Ley de Vivienda va en la buena dirección, pero no resolverá el enorme problema sin una inversión masiva en vivienda de alquiler social



El reciente pacto de la izquierda para aprobar la Ley de Vivienda va en la buena dirección, aunque no podrá resolver por sí misma el enorme y enquistado problema del acceso al techo de las clases populares e incluso medias en España.

Va en la buena dirección, puesto que inaugura por fin el camino de considerar que la vivienda no es una mercancía de mercado como tantas otras, sino un derecho fundamental, proclamado nada menos que por la misma Constitución, porque todo el mundo necesita un techo donde vivir.

Pero no es todavía la solución: es tanto el retraso que llevamos que se requiere un esfuerzo muchísimo mayor y que se ponga el foco no tanto en los límites del aumento del precio de los alquileres -una medida necesaria, al menos de forma transitoria en momentos excepcionales-, sino en construir un gran parque de vivienda social que tenga como función proveer un derecho y no solo acumular beneficios.

Los límites a los aumentos desmesurados de precio en las zonas tensionadas -en la práctica, la gran mayoría de grandes ciudades- ha generado mucho ruido mediático, con potentes altavoces para las voces catastrofistas que auguran un efecto contraproducente. Según estas advertencias, la medida va a provocar aumentos todavía mayores al desencadenar la súbita retirada de pisos de la oferta ante el ataque al sacrosanto mercado que en su opinión supone el hecho de que los precios, que en muchos casos están por las nubes, únicamente puedan subir un máximo del 3%.


https://alternativaseconomicas.coop/opi ... nstitucion

El tema es que depende de la CCAA, y ahí ya tenemos discrepancias, empezando por la mía, que dice Urkullu que le han invadido competencias y la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y eso que en el Gobierno Vasco el tema de la vivienda está en manos del PSE.

Pongo sólo el enlace, pero me da a la nariz que juegan a ver quien la tiene mas larga.

https://www.eldiario.es/euskadi/urkullu ... 08951.html

Un fondo vinculado a los Borbones expulsa a decenas de inquilinos de Madrid para especular con los alquileres
La socimi Vitruvio, que compró a cambio de acciones en 2017 este bloque a la marquesa Olivia de Borbón y a su hija Cristina de Figueroa, se niega a renovar los contratos. El Sindicato de Inquilinas denuncia que pretende realizar alquileres temporales para obtener más rentabilidad en un mercado con los precios ya inflados.

El barrio madrileño de Puerta del Ángel ha sumado un nuevo actor inmobiliario que amenaza con encarecer aún más los ya prohibitivos precios de los alquileres. La socimi Vitruvio, propietaria de un bloque de casi 40 viviendas en el número 14 del Paseo de la Ermita del Santo, ha comenzado a enviar los temidos burofaxes a algunos de los inquilinos en los que comunica que no tiene intención de renovar los contratos de arrendamiento que vayan expirando.

Según explican a Público algunos de los afectados, la empresa empezó a comunicar su intención de extinguir los contratos el pasado julio, aunque ya ha informado a otros inquilinos cuyo contrato expira el año que viene. No hay nuevas ofertas a mayores precios ni otra posibilidad de continuar residiendo en las casas. Al menos 11 inquilinos de cuatro de estos pisos simplemente tienen que desalojar las viviendas y entregar las llaves el próximo 30 de septiembre después de varios años.

Se da la circunstancia de que este edificio era propiedad de la familia Borbón. Vitruvio Real Estate, dedicada a la inversión inmobiliaria residencial, comercial y de oficinas, compró el inmueble completo en 2017 por 7,6 millones de euros. Los anteriores propietarios eran Olivia de Borbón y Rueda, marquesa de Villamantilla de Perales, y su hija Cristina de Figueroa de Borbón, hija del duque de Tovar. Ambas cobraron en acciones de Vitruvio tres millones de euros de esta sonada operación inmobiliaria, con la que entraron a formar parte de la sociedad.

Bloque de "potencial elevado"

Vitruvio ya era consciente del atractivo de este bloque. En un documento interno a sus accionistas, la socimi ya daba cuenta de sus 3.905 metros cuadrados y cuatro locales comerciales, "arrendado prácticamente en su totalidad" con un rendimiento inicial neto del 4,3% en ese momento. "Se localiza en la zona conocida como Madrid Río, localización con potencial elevado debido a la profunda transformación que ha experimentado con el soterramiento de la M-30 y la construcción de zonas ajardinadas con unas vistas privilegiadas al centro de Madrid", aseguraba Vitruvio a sus accionistas antes de ampliar su capital para acometer la operación.
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https://www.publico.es/economia/fondo-v ... mobile-big

El alquiler por habitaciones, la trampa para eludir el tope a la subida del precio
Los arrendadores se acogen al artículo del Código Civil en lugar de formalizar el contrato de acuerdo a la ley específica, lo que permite evadir derechos de los inquilinos como la renovación automática durante 5 años.

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El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema en muchas zonas del territorio, especialmente en las denominadas zonas tensionadas, donde el mercado del alquiler está totalmente saturado y los precios han pasado a ser demasiado exigentes para la mayoría de los bolsillos. En este contexto, el Gobierno ha decidido prorrogar durante seis meses el tope en el 2% a la subida de los contratos de alquiler ya existentes para tratar de frenar el impacto del alza de la inflación. Sin embargo, algunos propietarios han dado con la trampa para burlar este tope: alquilar por habitaciones y acogerse al Código Civil para formalizar el contrato, lo que les exime de exponerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, señala en una conversación con La Información que esta no es una práctica nueva, pero que han observado como el volumen de personas afectadas aumenta desde 2017. En ciudades como Madrid o Barcelona, donde para muchos ciudadanos el alquiler supone un notable porcentaje del sueldo, es habitual que muchas personas opten por arrendar una única habitación en lugar de un piso o una vivienda al completo. Por tanto, el perfil de afectados es variado, desde estudiantes que se trasladan para continuar sus estudios, jóvenes que emprenden su carrera profesional o incluso personas de mediana edad que han perdido su residencia o se han divorciado.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reformada por última vez en 2019, estipula ciertos derechos que deben ser respetados en la relación arrendador-inquilino, como la renovación automática de los acuerdos de menos de cinco años o de siete en el caso de las personas jurídicas. Además, las medidas aprobadas por el Ejecutivo que limitan la subida del importe del alquiler al 2% y renuevan por seis meses los contratos que caduquen antes del 30 de junio sin que se modifiquen las condiciones pactadas con anterioridad, resultan de aplicación para los acuerdos que se basen en la LAU.
La trampa de acogerse al Código Civil

Sin embargo, otros propietarios optan por la 'trampa' de basar su contrato en el artículo 1543 del Código Civil que establece que "una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto". Pero este no regula la vivienda en específico, sino que es aplicable a cualquier objeto, por lo que no recoge todas las especificidades como si lo hace la norma. Desde el Sindicato de Inquilinas, trasladan que efectivamente se trata de un fraude de ley, puesto que se ha desarrollado una norma específica para regular la relación que tiene que ver con la vivienda, pero al mismo tiempo se encuentran en una encrucijada, ya que la jurisprudencia de Madrid ha dado la razón a estos arrendatarios.

En 2019 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que los contratos de alquiler de pisos compartidos no se regían por la LAU, porque las habitaciones sin baño ni utensilios de cocina no garantizan "el desarrollo de la vida doméstica del inquilino con la intimidad y servicios que hoy se consideran indispensables", dado que su acceso es compartido. A efectos prácticos que el piso sea alquilado al completo por varias personas o que la relación sea entre cada uno de ellos con el arrendador, no conlleva diferencias en el uso del piso -denuncian desde el sindicato- sin embargo, hacerlo así les habilita para renovar los contratos cada ciertos meses y elevar el precio del alquiler, lo que se suma a la incertidumbre constante de si van a renovar o no su acuerdo.


https://www.lainformacion.com/economia- ... o/2879570/

Pisos turísticos: “Sr. Almeida, el problema es que usted tiene las competencias pero no las ejerce”

Las Asociaciones Vecinales La Corrala de Lavapiés, Sol y Barrio de Las Letras y Las Cavas-La Latina, que operan en la zona de la capital más afectada por las Viviendas de Uso Turístico (VUT) responde al alcalde de Madrid tras el anuncio de una nueva norma para regularlas.
No necesitamos nuevas leyes, sino que se cumplan las existentes, pero para eso hace falta voluntad política y destinar recursos suficientes.
Desde 2019 el Ayuntamiento ha reducido en un 60% el personal asignado a las labores de inspección y control de los pisos turísticos, que en un 98% sigue operando sin licencia.

“Sr. Almeida, alcalde de Madrid, el problema no es la ley actual sino la falta de voluntad para hacer que se cumpla, el problema es que usted tiene las competencias para hacerlo pero no las ejerce”. De esta manera responden las asociaciones vecinales de Sol y Barrio de Las Letras, La Corrala de Lavapiés y Cavas-La Latina al anuncio de una nueva norma que regule las Viviendas de Uso Turístico (VUT) realizado por el regidor de la capital este martes en el Ateneo de Madrid. “Usted afirma que la regulación anterior no ha funcionado, y tiene razón, pero deje de echar balones fuera porque si no ha funcionado es porque lisa y llanamente su Equipo de Gobierno no ha querido que funcione, ha eludido su responsabilidad de vigilancia y control, ha preferido mirar para otro lado mientras el problema se extiende, haciendo la vida imposible a miles de vecinas y vecinos residentes, que cada día tienen que soportar ruidos, deterioro de zonas comunes, suciedad y problemas de seguridad procedentes de los pisos turísticos de sus edificios, o, directamente, se ven obligados a marcharse de su barrio por la presión de fondos especializados en este tipo de negocio”.

“Estamos convencidos de que con las normativas actuales en la mano, el problema quedaría reducido a la mínima expresión, y que si fuera usted capaz de resolver conforme a la norma, el conflicto que cada día se agrava y extiende más, entraría en fase de solución”, sostienen las entidades vecinales, que temen que la nueva ordenanza anunciada por Almeida sea más laxa y permisiva para las empresas y operadores que la actual, y solo sirva para empeorar la situación de la población residente.

Las asociaciones de barrio recuerdan al alcalde que la administración que dirige es la responsable de la legalidad de las actividades económicas en la ciudad de Madrid, a través de la Agencia de Actividades, y de los usos urbanísticos que vienen determinados en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, vigente en estos momentos. Y que en estos años han presentado en las ventanillas municipales, además de en las de la Comunidad de Madrid, miles de denuncias por la actividad irregular de pisos turísticos. Sin embargo, solo un pequeñísimo porcentaje de estas quejas ha llegado a buen puerto, dando la razón a los vecinos residentes, certificando la ilegalidad de la actividad y decretando la clausura de VUT.

¿Cómo es posible que los propios responsables del Ayuntamiento admitan que el 98% de los pisos turísticos de la ciudad son “ilegales” pero no hagan nada para resolver esta situación? En realidad, aunque tuvieran voluntad para hacerlo (algo que no existe), se enfrentarían a serios problemas para llevarlo a cabo, ya que los recursos destinados a tal efecto son ridículos. Desde el año 2019 el Ayuntamiento ha reducido en un 60% el personal asignado a las labores de control y vigilancia de las VUT (pasando de 31 personas a las 11 actuales), así que no es de extrañar que muchos de los procedimientos decaigan y se archiven por incumplimiento de plazos administrativos.
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https://www.tercerainformacion.es/artic ... as-ejerce/

Las comunidades del PP boicotean la ley de vivienda y rechazan declarar zonas tensionadas para limitar alquileres

Tras llevar la normativa ante el Constitucional, los populares impiden desde sus gobiernos autonómicos que se pueda intervenir en el mercado en ciudades con precios disparados y cuyos alcaldes han solicitado formalmente acogerse a la ley, como A Coruña o Getafe
— Claves de la ley de vivienda: tope del 3% al alquiler en 2024 y un futuro índice de precios que limitará las subidas

La dinámica se repite en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, municipios gestionados por la izquierda solicitan a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o la totalidad de sus ciudades, una condición imprescindible para poder controlar los galopantes encarecimientos de los precios de los alquileres. Pero sistemáticamente esos gobiernos en manos del PP –que junto a varias de sus comunidades ha recurrido la normativa ante el Tribunal Constitucional–, rechazan las peticiones por la directriz de la dirección del partido que preside Alberto Núñez Feijóo de boicotear la norma aprobada en Cortes por PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

El 'no' del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya lo tiene uno de los grandes municipios madrileños que ha solicitado formalmente esa declaración de zona tensionada, Getafe (180.000 habitantes), mientras el problema de la vivienda se agrava también en Fuenlabrada (190.000) o Parla (128.000). Estos ejemplos de localidades gobernadas por el PSOE que no han logrado la colaboración de sus gobiernos autonómicos para poder actuar sobre el mercado del alquiler se repiten también en una de las capitales gallegas, A Coruña (244.000 vecinos), y es previsible que ocurra lo mismo con Santiago de Compostela (96.000) , en este caso en manos del BNG y Compostela Aberta, que prevé solicitarlo próximamente.

La ley de vivienda establece en su artículo 18 que “las administraciones competentes en materia de vivienda”, las comunidades autónomas, “podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales”.

Para tratar de limitar incrementos de precios, según la norma, en el caso de los alquileres de inmuebles ubicados en esas zonas tensionadas “la renta pactada” al inicio de los nuevos contratos “no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.
(Continúa)


https://www.eldiario.es/politica/comuni ... 14050.html