- El pleno del tribunal de garantías, con los votos a favor de la mayoría de seis magistrados progresistas y con los cuatro conservadores en contra, desestima casi todas las alegaciones del PP y da luz verde al grueso de la ley de perdón, una decisión que no afecta a los casos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras
El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía. El pleno del tribunal de garantías, tras varios días de deliberaciones, ha rechazado el recurso que presentó el Partido Popular contra la norma de perdón del procés con los seis votos favorables del sector progresista y cuatro en contra de los conservadores. Un borrador ahora aprobado que ponía pequeñas pegas a la amnistía, sobre todo que perdonara delitos consumados después de noviembre de 2023, pero que da luz verde al grueso de la ley al entender que es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no es un indulto general.
El tribunal puso en marcha las deliberaciones este lunes y empezó a debatir sobre el recurso del PP después de negarse a enviar el caso a Europa a través de una cuestión prejudicial. La votación ha dado luz verde a la ley, que hasta la fecha se ha aplicado a más de 300 personas implicadas en causas judiciales relacionadas con el procés, y ha evidenciado la profunda división entre la mayoría progresista que ha sacado adelante la sentencia frente a la minoría conservadora que se ha opuesto de manera contundente al borrador de Inmaculada Montalbán.
La sentencia que será pública en los próximos días pone tres pegas de escasa trascendencia a la norma. Que perdonara los delitos relacionados con el procés consumados después de noviembre de 2023, lo que según el Constitucional permitiría “seguir desarrollando en lo sucesivo, sin sufrir sanción alguna, un comportamiento criminal ya iniciado”. También que amplíe la amnistía a los policías implicados en disturbios del referéndum o de las manifestaciones de 2019, pero no a particulares u otros empleados públicos. “Por ejemplo, al director de un colegio que pudo realizar un acto ilícito excediéndose con ocasión de su negativa al uso del centro docente que dirige en una consulta secesionista”, decía la ponencia con un ejemplo que no se ha dado en los tribunales.
La tercera y última estimación del recurso del PP obliga a dar audiencia a todas las partes implicadas en las causas contables tramitadas en el Tribunal de Cuentas en torno al procés. El resto, una ponencia de casi 200 folios planteados por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, avala el encaje de esta norma con la Constitución: no genera desigualdad, no es arbitraria, no invade ni sustituye el trabajo de los jueces y no es un indulto general prohibido en España.
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