Decreto Ómnibus que no ha sido convalidado en el Parlamento

[IDOLO]

El decreto ‘ómnibus’ del Gobierno: qué medidas se han tumbado y por qué se podrían haber presentado por separado
Publicado

23 ene 2025, 18:27:53

El Partido Popular, Vox y Junts han votado este 22 de enero de 2025 en contra del decreto ómnibus, una norma que recogía medidas de distintos ámbitos que necesitaba ser convalidada en el Congreso de los Diputados para salir adelante
Al tumbarlo, han quedado paralizadas la revalorización de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las ayudas en el transporte público y para los afectados por la DANA de octubre y la protección a personas vulnerables
PP y Junts han pedido al Gobierno que se presenten algunas medidas por separado para poder aprobarlas
El Gobierno podía haber tramitado estas medidas por separado y aún puede hacerlo a través de proyectos de ley, por la vía ordinaria o de urgencia, o a través de decretos-ley


El Partido Popular (PP), Vox y Junts tumbaron un decreto ‘ómnibus’ presentado en el Congreso de los Diputados del 22 de enero de 2025. Este incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, la prórroga de descuentos en el transporte y ayudas para los afectados por la DANA de octubre, pero obtuvo 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención y no fue convalidado.


Qué es un decreto-ley ‘ómnibus’ y qué reformas incluye el que se ha rechazado el 22 de enero
Cuando se habla de un decreto o ley ‘ómnibus’ se hace referencia a un texto legislativo que recoge medidas de distintos ámbitos que no guardan relación entre sí. Es el caso del real decreto-ley 9/2024 del 24 de diciembre de 2024, y tumbado en el Congreso, que incluía reformas en materia económica, de transporte y de Seguridad Social.

Desde 2022, se han aprobado hasta ocho paquetes de medidas, cada uno de ellos con reformas de todo tipo que “se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social”, como se indica en el decreto. Algunos de estos decretos incluían ayudas para afrontar las consecuencias de España en la guerra de Ucrania, ayudas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 o bonificaciones para el transporte.

Algunas de las medidas recogidas en este decreto que han decaído y que han suscitado debate después de no aprobarse en el Congreso son:

Subida general de las pensiones del 2,8% en 2025 y aumento para las pensiones mínimas y las no contributivas

Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Prórroga durante los primeros seis meses de 2025 de los descuentos en el transporte público

Prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables

Ayudas para las zonas afectadas por la DANA de octubre

Ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica en 2021

Ceder el palacete de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV)

Algunas de estas reformas ya se encontraban publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, estas medidas decaen al no haberse consolidado el decreto ómnibus, explica José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos a Maldita.es. Además, según se establece en el artículo 86.2 de la Constitución Española, los decretos se tienen que convalidar o derogar en el plazo de un mes después de su promulgación.

A pesar de haberse paralizado las bonificaciones estatales al transporte público, ya han sido varias las Comunidades Autónomas que han anunciado que mantendrán las ayudas de manera temporal.

¿Las medidas del decreto ómnibus se podrían haber presentado para aprobarlas por separado? Sí, y ahora el Gobierno puede tramitarlas como decretos o proyectos de ley

Una de las características del decreto-ley ómnibus es que las medidas que incluye — muchas calificadas como urgentes — se tratan en conjunto, no es posible aprobarlas por separado. “Es una sola norma y se convalida o no en su totalidad”, asegura Vera Santos a Maldita.es. Esta ha sido una de las razones por las que el Partido Popular y Junts han dicho que se opusieron a este decreto.

“El Gobierno puede aprobar bien un proyecto de ley u otro decreto-ley con las normas que considere urgente aprobar”, ha explicado Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada a Maldita.es. Según Gerardo Pérez Sánchez, de la Universidad de La Laguna, el sistema elegido “depende de si quiere volver a usar la figura del decreto-ley (de varios decretos-ley, para no volver a mezclar materias), o de un proyecto de ley. Y, en este último caso, si se decide tramitar por la vía de urgencia o no.

Igualmente varía si es el Gobierno quien lo impulsa, o es un grupo parlamentario en el Congreso (los informes que se deben solicitar no son los mismos)".

Algunos tiempos de estos trámites según los reglamentos de las iniciativas legislativas:

Los decretos leyes se aprueban en el Consejo de Ministros y luego tienen que ser convalidados en el Congreso de los Diputados en un mes, por lo que tendrían que volver a ser votados tanto si es uno solo como si se votan por separado.

Un proyecto de ley que sale del Consejo de Ministros debe pasar un primer debate de toma de consideración en el Congreso, para lo que hay un mes de plazo. Si sale adelante después se publica en el boletín de las Cortes y se conceden 15 días para presentar enmiendas que se debaten en el Congreso (previo paso por las comisiones). En el Pleno se votan todas las enmiendas y la ley en su totalidad.

¿Y un proyecto de ley de urgencia? Pues reduce a la mitad los plazos ordinarios del procedimiento legislativo, para el que no hay plazos tope.

En una rueda de prensa en Valencia, los periodistas preguntaron a Sánchez si contempla aprobar decretos individuales para esas medidas, pero no respondió a esa pregunta concreta [min. 21:15] y dijo que es algo que tienen que contemplar los grupos parlamentarios que votaron en contra.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en una entrevista en La Noche en 24 Horas que el Gobierno ya está trabajando “en buscar soluciones para garantizar que se suban las pensiones, que se baje el precio del transporte público y que se aprueben el resto de medidas”.



PP y Junts aseguran que aprobarían algunas medidas del decreto si el Gobierno las presenta por separado
Uno de los motivos por los que Junts y PP han asegurado que han votado en contra de este decreto es porque obliga a aprobar la norma en su conjunto.

El PP justificó su voto en contra porque el texto incluye la disposición de ceder al Partido Nacionalista Vasco (PNV) un palacete de París, que alberga la sede del Instituto Cervantes en Francia. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado en una entrevista en TV3 que votaron en contra porque el decreto “mezclaba cosas” y porque su partido se opone a la moratoria de los desahucios.

Lo que han propuesto estas dos formaciones al Gobierno es que se presenten algunas medidas por separado para poder aprobarlas. Ambos partidos coinciden en traer de vuelta la revalorización de las pensiones y las ayudas para el transporte público. El PP ha presentado proposiciones de ley en estas cuestiones y también para las ayudas a los afectados por la DANA. Una de las proposiciones de ley que ha registrado calca las ayudas del Gobierno al transporte recogidas en el decreto ‘ómnibus’.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, también expuso durante la sesión plenaria del 22 de enero de 2025 que los temas estaban “mezclados” y se preguntaba “qué es lo que se va a votar hoy”.

El PSOE señala al PP por votar en contra de la subida de las pensiones y del descuento en el transporte público.

El PSOE ha señalado al Partido Popular en sus redes sociales por votar en contra de este paquete de medidas durante la sesión plenaria del 22 de enero. Inciden en que debido a la oposición de este partido, las medidas que no han salido adelante son la revalorización de las pensiones y del SMI, los descuentos en el transporte y las ayudas para los afectados por la DANA de octubre.



El decreto ha sido rechazado después de que 177 diputados de PP, Vox y Junts hayan votado en contra frente a 171 y una abstención.

Los votos en contra del Partido Popular no son los únicos suficientes para que el decreto no haya sido aprobado. El PP ya votó en contra de un decreto ómnibus que se presentó el 10 de enero de 2024 en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ese paquete de ayudas pudo aprobarse por la abstención de Junts que, en esta ocasión, ha decidido posicionarse en contra.

El PP y Junts afirman que el decreto incluía la subida del IVA de la luz y alimentos: el paquete de medidas aprobado en diciembre no la recogía pero algunos anteriores sí.

El PP aseguró que el decreto ómnibus también incluía la “subida del IVA de la luz y de los alimentos, protección a los okupas, peor financiación para las autonomías y regalar al PNV un palacete en París”.


Tanto este partido como Jordi Turull (Junts) han insistido en que una de las cuestiones en la que no estaban de acuerdo con este decreto era con “la subida de impuestos”, como aseguró Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular en una entrevista en Onda Cero.

El PSOE ha respondido a la formación popular asegurando que están “vertiendo falsedades” y piden al PP que diga en qué parte del decreto se recoge la supuesta subida del IVA. Aseguran que el único impuesto que hubiese subido es “a los cigarrillos eléctricos”. Esto aparece en el artículo 10 del real decreto.

En el ‘decreto ómnibus’ derogado el 22 de enero no se mencionaba ninguna subida del Impuesto sobre el Valor Añadido ni en la luz ni en los alimentos. Como asegura elDiario.es, el pasado 1 de enero de 2025 dejaron de aplicarse unas rebajas del IVA ligadas a medidas contra la inflación por la guerra de Ucrania, por lo que se han experimentado incrementos pero no tiene que ver con el decreto ‘ómnibus’.

En la introducción del texto legislativo se explica que en otros paquetes de medidas anteriores bajo este formato de decreto ‘ómnibus’ para “afrontar las consecuencias en España de la guerra en Ucrania” sí adoptaban una subida en el precio de los alimentos. En 2022 se aprobó un decreto que moderaba los precios energéticos, pero también aumentaba “los precios de otros bienes fundamentales como los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios”.

Ya en 2024 se retiraron “ciertas medidas como las vinculadas al IVA de la electricidad, del gas o del impuesto especial de la electricidad”, como también se indica en el texto.



https://maldita.es/malditobulo/20250123 ... -separado/

[IDOLO]

Desahuciar a 60.000 familias vulnerables
Los argumentos de las derechas española y catalana suenan débiles porque ninguno de ellos es el verdadero motivo por el cual votaron en contra del Real Decreto-ley

Desahucio — Alejandro Martínez Vélez/Europa Press
Alejandro Martínez Vélez/Europa Press

Actualizado: 26/01/25 | 11:02


El pasado miércoles, Junts sumaba sus votos a los del PP y VOX para tumbar en el Congreso un Real Decreto-ley del Gobierno que contenía decenas de medidas sociales. Los efectos de la derrota legislativa gubernamental generaron una onda expansiva política y mediática que todavía continúa y que podría tener efectos estructurales sobre la naturaleza y la continuidad de la actual legislatura.

No solamente por lo que supone en términos de debilidad del Gobierno el perder una votación tan importante, sino también por el contenido de las medidas que no fueron aprobadas. Una vez que la presidenta Armengol constató la existencia de una mayoría de noes, decayeron la revalorización de las pensiones y el ingreso mínimo vital, la extensión de las reglas contables que permitían a miles de empresas afectadas por la COVID-19 no entrar en quiebra, los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, ciertas ayudas a los afectados por la DANA, la prórroga de la prohibición de los cortes de suministros a los hogares en riesgo de pobreza, la prórroga de unos mayores descuentos en el bono social eléctrico o la prórroga de los descuentos y bonificaciones en el transporte público, entre otras muchas medidas.

No está todavía claro si el gobierno de Sánchez va a trabajar para recuperar inmediatamente todas estas protecciones sociales o va a utilizar los recortes sociales para intentar desgastar políticamente al PP y a Junts

En estos momentos, no está todavía claro si el gobierno de Sánchez va a trabajar para recuperar inmediatamente todas estas protecciones sociales mediante la aprobación de un nuevo Real Decreto-ley —que, de hecho, debería haber aprobado ese mismo miércoles por la tarde en un Consejo de Ministros extraordinario— o va a utilizar los recortes sociales infligidos por la votación fallida para intentar desgastar políticamente al PP y a Junts, aunque eso suponga el deterioro de las condiciones materiales de vida de decenas de millones de compatriotas.

A lo largo de estos días, los portavoces políticos y mediáticos del PSOE han trasladado ambas opciones como posibles. Es un hecho, en todo caso, es que, en estas primeras horas después de la derogación del Real Decreto-ley, el Gobierno y sus opinadores afines han optado claramente por la segunda estrategia: repetir incesantemente en los medios de comunicación que son el PP y Junts los que tienen que explicar su voto en contra; como si eso eximiese al Gobierno de las obligaciones que le competen en exclusiva.

Ante ese escenario, obviamente, PP y Junts se han revuelto y han empezado a ensayar motivos/excusas para intentar sufrir el menor desgaste posible entre los millones de pensionistas y de usuarios del transporte público que los votan. Los argumentos han sido variopintos. Desde el palacete del PNV —que el PP ha utilizado incluso para sugerir que los jeltzales podrían ser sujeto de financiación ilegal— hasta el manido argumento de que el Real Decreto-ley llevaba un montón de cosas distintas —algo que ocurre con muchísimas leyes a lo largo del año y no digamos ya con todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado—, pasando por la existencia de otras medidas en el Real Decreto-ley que también serían negativas para la ciudadanía, como la subida del IVA a determinados alimentos o a la factura de la luz.

En rigor, el Real Decreto-ley no se refiere en ningún momento al IVA. Es cierto que existían unas reducciones de este impuesto para los bienes y servicios mencionados, que esas reducciones caducaban el 31 de diciembre de 2024 y que, por tanto, si el Gobierno hubiese tenido voluntad de prorrogar las bajadas, este Real Decreto-ley habría sido el lugar idóneo para hacerlo, pero también es cierto que uno se mete en un terreno resbaladizo si se pone a juzgar una norma por aquello que le falta. En este caso, y tratándose de un Real Decreto-ley que toca una gran diversidad de temas, cualquiera podría argumentar que le faltan miles de medidas necesarias. Basta pensar en el ámbito de la vivienda para encontrar más de diez.

En realidad, todos estos argumentos de la derecha española y de la derecha catalana suenan débiles porque ninguno de ellos es el verdadero motivo por el cual votaron en contra del Real Decreto-ley. La realidad —y tanto ellos mismos como sus medios y opinadores afines lo han llegado a decir, aunque con una menor intensidad al tratarse de motivos bastante menos defendibles— es que los diputados del PP y de Junts votaron en contra, en primer lugar, para infligir una derrota política a Pedro Sánchez y, en segundo lugar, porque entre las medidas contenidas en el Real Decreto-ley se encontraba la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de las medidas de protección contra los desahucios de familias vulnerables que Podemos consiguió arrancar al PSOE al principio de la pandemia en 2020 y que tenían fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2024. Para dar su apoyo a la Ley de Eficiencia de la Justicia, los morados arrancaron en diciembre la inclusión en este Real Decreto-ley tanto de la prórroga de los descuentos al transporte público —a la que el PSOE, en principio, se negaba, incluso con declaraciones públicas en contra del ministro Puente— como de la prórroga de la protección contra los desahucios.


La normativa que caducaba el último día del año pasado y que finalmente ha caído junto con el Real Decreto-ley establecía la paralización de los procedimientos de desahucio cuando se cumplían determinadas condiciones. En primer lugar y la más importante de ellas: la vulnerabilidad económica de la familia y la ausencia de una alternativa habitacional. Es decir, estamos hablando de madres solteras, de familias con muy bajos ingresos, con niños a su cargo, muchas veces con personas con discapacidad o mayores dependientes formando parte de la unidad de convivencia, y sin ningún otro techo digno bajo el que vivir.

Por otro lado, en el caso de familias vulnerables que se hubiesen visto abocadas a dejar de pagar el alquiler a pequeños tenedores, la norma establecía la primacía del criterio de vulnerabilidad del propietario frente al criterio de vulnerabilidad del inquilino; es decir, que el desalojo sí se produciría si el propietario se quedase en condición precaria. Por otro lado, la normativa garantizaba que el Estado paga mensualmente el alquiler al propietario en cualquier caso. Finalmente y, en el caso de grandes tenedores con más de 10 viviendas, incluyendo bancos y fondos buitre, se paralizaba también el desahucio cuando la familia vulnerable no tuviera título habilitante —por ejemplo, no hubiese firmado nunca un contrato de alquiler— y siempre que hubiese entrado en la vivienda sin violencia.

La inmensa mayoría de las familias que se encuentran en situación de poder ser desalojadas sin alternativa habitacional son simplemente gente vulnerable que intenta salir adelante como todos los demás

En los discursos de la extrema derecha —en los que coinciden muchas veces escuadristas neonazis como Desokupa con partidos supuestamente pertenecientes a la 'derecha moderada'—, se nos intenta presentar a todas estas familias vulnerables como delincuentes y se nos intenta hacer creer que siempre hay un pequeño propietario que tiene apenas dos pisos y que está a punto de caer en la indigencia como consecuencia del mal hacer de sus criminales inquilinos.

Pero lo cierto es que ambas cosas son mentira. La inmensa mayoría de las familias que se encuentran en situación de poder ser desalojadas sin alternativa habitacional son simplemente gente vulnerable que intenta salir adelante como todos los demás. En cuanto a los propietarios, en el caso más habitual, que es el impago del alquiler, no hay pérdida patrimonial ya que lo paga el Estado. En el caso mucho menos habitual de usurpación de vivienda vacía sin título habilitante, solamente estamos hablando de la paralización de desahucio cuando el propietario es un especulador con un gran número de viviendas en su poder.

Uno de los elementos centrales detrás del voto en contra de PP y Junts qué hizo decaer el Real Decreto-ley el pasado miércoles es que ambas formaciones han decidido comprar —en mayor o menor medida— el discurso de criminalización de la pobreza de los 'okupas' y están dispuestos a echar a la calle a 60.000 familias vulnerables —que son las que calcula el observatori DESCA que se habrían beneficiado de la protección desde que ésta se puso en pie— simplemente para taponar sus pérdidas electorales por la (extrema) derecha; hacia VOX en el caso de los de Feijóo, hacia Aliança Catalana en el caso de los de Puigdemont. Aunque ambos hayan decidido mantener el diapasón bajo respecto de este asunto y hayan optado por diversas excusas de otra naturaleza, es inevitable que el verdadero motivo de su actuación aflore en los próximos días a medida que avance el debate sobre las diferentes opciones disponibles para volver a aprobar las medidas contenidas en el Real Decreto-ley llamado 'ómnibus'.

https://www.diario.red/articulo/editori ... 41749.html

[Daro]

Las excusas de los partidos que se han opuesto a la medida son lamentables. Las cuentas electorales importan más que los problemas de la ciudadanía. Profesionalizar la política para convertirla en una carrera rentable ha anulado la esencia de la democracia y el espíritu de su origen. Conceptos como bien social o servicio público dejaron de tener significado. Quizás estemos asistiendo al fin de esta forma de organización. Viendo el panorama mundial y la deriva de las clases dominantes que, con sus aparatos propagandísticos y mediáticos moldean el pensamiento de occidente, se podría concluir que vamos caminando hacia un colapso total del sistema democrático (eso, si alguna vez existió la democracia como tal).

[IDOLO]

Es terrible y preocupante que los partidos miren mas por seguir en sus puestos bien remunerados que por el bien de la ciudadanía. Una democracia así con los dos partidos mayoritarios del país y sus afines echándose la culpa mutuamente es una democracia podrida.

[Kalatravo]

Es terrible y preocupante que los partidos miren mas por seguir en sus puestos bien remunerados que por el bien de la ciudadanía. Una democracia así con los dos partidos mayoritarios del país y sus afines echándose la culpa mutuamente es una democracia podrida.

Es que no hay democracia, así de claro, la gente les importa un rábano. A mí Puigdemont puede decirme que Sánchez le engaña, o lo intenta y quiere metérsela doblada una y otra vez, vale, me lo creo, pero que 12 millones de personas estén en vilo porque sus intereses de partido van por delante, pues no, va a ser que no. Así que espero que vuelvan a intentarlo y el decreto salga adelante porque no es que sea necesario, es que es urgente.

[Kikoman]

Pues es verdad lo que decís, hay mucha gente con problemas y no hay derecho a dejarles así, Sánchez y el Puchi, pues tal para cual, dos sinvergüenzas.

[correcaminos]

El de Waterloo sólo piensa en lo suyo, anda que decir que los jubilados catalanes merecen más pensión porque la vida en Cataluña es más cara, o es muy tonto, que no creo, o tiene la cara muy dura. Ahora me entero yo de que las pensiones se calculan con la carestía de la vida, esto es nuevo no?

[Lobeznamori]

Ya se han puesto de acuerdo (otra vez).

El Gobierno cierra un acuerdo con Junts para aprobar el decreto del escudo social que revaloriza las pensiones

Las medidas más relevantes del real decreto son la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la extensión hasta mitad de año de las bonificaciones al transporte público

Menos de una semana después, el Gobierno ha cerrado un acuerdo con Junts para aprobar el polémico decreto ómnibus que decayó la semana pasada. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes gran parte del texto que el miércoles tumbaron en el Congreso PP, Vox y Junts y que incluye asuntos tan relevantes como la revalorización de las pensiones o la ampliación de las ayudas al transporte público.

El Ejecutivo vuelve a recurrir a la vía del real decreto ley, por lo que el texto deberá someterse de nuevo a una votación de la Cámara Baja en los próximos 30 días como establece la ley. Pero ahora, según fuentes socialistas, ya tendrá el respaldo de los siete diputados de Junts, por lo que PSOE y Sumar no necesitarán de los votos del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Pese a las peticiones de PP y Junts de trocear el decreto al discrepar de asuntos incluidos en el mismo como la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, el Ejecutivo ha optado por volver a aprobar muchas de esas medidas en una única iniciativa, e incluye las principales medidas que estaban en el texto anterior, incluida la que aborda la moratoria de los desahucios que criticaron las derechas.
...



https://www.eldiario.es/politica/gobier ... 98673.html