Supremo y alerta de un golpe judicial en España
La prestigiosa revista estadounidense Newsweek señala el golpe togado que está sufriendo la democracia española.
La prestigiosa revista estadounidense Newsweek señala el golpe togado que está sufriendo la democracia española
Primer parte de Puigdemont tras su huida: "A salvo y, sobre todo, libre"
José María Garrido
09/08/2024 - 10:17
Esta semana, la revista estadounidense Newsweek ha publicado un contundente artículo en el que advierte sobre la preocupante situación que atraviesan las democracias de varios países, incluyendo España, debido al exceso de poder de sus tribunales supremos. En el artículo, titulado "El Supremo se ha descontrolado", el medio pone en el punto de mira a estos tribunales que, según ellos, están adoptando posiciones políticas e imponiendo visiones particulares, lo que pone en riesgo el equilibrio de poder y la gobernanza democrática.
En un análisis que abarca tanto a Estados Unidos como a España y Brasil, Newsweek critica duramente a estos tribunales por sobrepasar sus roles tradicionales. En el caso específico de España, el artículo señala que la reciente actuación del Tribunal Supremo español representa un ejemplo claro de esta "amenaza significativa para el tejido democrático de la nación".
La revista destaca la "negativa del Tribunal Supremo a aceptar la legislación aprobada por el parlamento que otorga amnistía a los políticos catalanes que buscan la independencia" como una manifestación de este exceso judicial. A diferencia del caso estadounidense, donde el tribunal amplió el poder del ejecutivo, en España, el Tribunal Supremo está desafiando directamente la soberanía legislativa, lo que Newsweek describe como una "subversión de una decisión legislativa soberana con tintes de nacionalismo español".
La revista también señala que este tipo de acciones por parte del Tribunal Supremo "socavan el proceso democrático, donde los funcionarios electos se supone que representan la voluntad del pueblo". Este artículo es un claro toque de atención a las autoridades españolas, resaltando que cuando el poder judicial interfiere en decisiones legislativas, no solo se erosiona la credibilidad del sistema, sino que también "representa una amenaza significativa para el tejido democrático de la nación".
Newsweek concluye que España "no es precisamente conocida por respetar los deseos de su población, particularmente cuando se trata de catalanes o vascos".
Nueva ofensiva judicial
Precisamente, este viernes se ha conocido que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado formalmente explicaciones a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior tras la reciente fuga del expresident de Cataluña, Carles Puigdemont. En dos providencias separadas, Llarena ha exigido detalles precisos sobre "los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial", además de solicitar información sobre el operativo "inicialmente aprobado" y las órdenes emitidas para su detención en la frontera.
Asimismo, Llarena ha requerido que se identifique a “los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue”. El objetivo es claro: el magistrado busca esclarecer quiénes fueron los responsables de planificar la captura de Puigdemont, quiénes dirigían las órdenes en el terreno y qué errores facilitaron su escape.
Estas solicitudes surgen poco después de que se filtrara a la prensa conservadora que el Supremo tiene la intención de "iniciar otra batalla judicial por la huída de Puigdemont." Desde el alto tribunal, no esconden su "indignación" por el reciente periplo de Puigdemont por las calles de Barcelona, y ya se está considerando la posibilidad de responsabilidades penales por este incumplimiento, señalando incluso a altos cargos del Ministerio del Interior.
Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Atresmedia
MÁS INFORMACIÓN
A Gonzalo Miró le bastan tres palabras para describir el show de Puigdemont
Según fuentes con una línea editorial conservadora, se estaría contemplando la comisión de un delito de desobediencia, derivado de ignorar una orden judicial directa. Además, se habla de la omisión del deber de perseguir delitos, en referencia al delito de malversación agravada que se atribuye a Puigdemont, el cual no está cubierto por la amnistía.
En este contexto, es importante recordar que en los últimos meses, el Tribunal Supremo ha adoptado decisiones polémicas respecto al caso Puigdemont, en el marco de la ley de amnistía. El tribunal ha concluido que el delito de malversación que se le imputa no ha sido perdonado por la nueva normativa. De hecho, Pablo Llarena decidió recientemente mantener abierta la causa contra Puigdemont por dicho delito y mantener vigente su orden nacional de detención dentro de las fronteras españolas. Todo esto mientras se espera el desarrollo de la causa conocida como la 'trama rusa', en la que el juez Joaquín Aguirre también ha denegado la aplicación de la amnistía.
https://www.elplural.com/sociedad/prens ... Q0-7eo4i3A
La Justicia en España
Re: La Justicia en España
La Fiscalía italiana acusa al exmarido de Juana Rivas de maltratar a los hijos de ambos
La defensa de Juana Rivas asegura que el ministerio público pide siete años de cárcel por maltrato para el padre de los niños, mientras su expareja niega “firmemente” las acusaciones
— El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: “Corre peligro”
La Fiscalía italiana concluyó el pasado 14 de noviembre, tras una investigación, que Francesco Arcuri, exmarido de Juana Rivas, maltrató a sus hijos y que por lo tanto no puede tener la patria potestad del pequeño, todavía menor de edad. Según comunicó este martes la defensa de Rivas, la acusación pública pide siete años de cárcel por este motivo al padre de los niños a los que, asegura la Fiscalía italiana, sometió “habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”.
Sancionado el juez del caso Juana Rivas por trasladar datos de uno de sus hijos a un periódico al justificar un auto
Sancionado el juez del caso Juana Rivas por trasladar datos de uno de sus hijos a un periódico al justificar un auto
Juana Rivas fue condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, y luego fue indultada parcialmente por el Gobierno español.
En un comunicado difundido este martes, la representación jurídica de Rivas, ejercida por los letrados Carlos Aránguez, Juan de Dios Ramírez y Francisca Granados, ha expuesto que el pasado 14 de noviembre, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri “ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri”, expareja de Rivas y padre de los hijos de ambos, por presunto maltrato a sus hijos Gabriel y Daniel Arcuri Rivas, “sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”, según los letrados.
Los letrados exponen que Daniel, menor de edad, “continua estando obligado a vivir en Carloforte con su padre Francesco Arcuri, porque ”sigue sin ejecutarse la sentencia de Casación, ni adoptarse medida cautelar alguna para la protección“ del mismo; mientras Gabriel, que ya tiene 18 años de edad, ”pide ayuda a la Fiscalía General de Cagliari y expresa con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira“, viendo a su hermano ”en gran peligro“, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.
“Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor, se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él”, señalan los letrados.
Arcuri asegura que no tiene constancia
Por su parte, la representación legal en España de Francesco Arcuri afirma que la Justicia italiana no le ha notificado “absolutamente nada” de un cambio en el proceso relativo a los hijos que tiene en común con Juana Rivas y ha negado “firmemente” las acusaciones de maltrato que en las últimas horas ha difundido su hijo mayor, Gabriel, pidiendo “ayuda” para que su hermano pequeño no siga viviendo con el padre en Carloforte.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, explica que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna de una posible imputación por maltrato, la cual vendría derivada de las 13 denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas.
El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: “Corre peligro”
El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: "Corre peligro"
Pese a este posible cambio de rumbo en el proceso, que ahora lleva otro fiscal, el equipo jurídico de Arcuri incide en la “inexistencia” de hechos que respalden estas acusaciones. En este sentido, se remite a la extensa documentación recabada a lo largo del proceso con un “seguimiento casi diario” de los menores por parte de diversos profesionales, incluyendo los servicios sociales y el centro educativo.
https://www.eldiario.es/andalucia/fisca ... 75425.html
La defensa de Juana Rivas asegura que el ministerio público pide siete años de cárcel por maltrato para el padre de los niños, mientras su expareja niega “firmemente” las acusaciones
— El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: “Corre peligro”
La Fiscalía italiana concluyó el pasado 14 de noviembre, tras una investigación, que Francesco Arcuri, exmarido de Juana Rivas, maltrató a sus hijos y que por lo tanto no puede tener la patria potestad del pequeño, todavía menor de edad. Según comunicó este martes la defensa de Rivas, la acusación pública pide siete años de cárcel por este motivo al padre de los niños a los que, asegura la Fiscalía italiana, sometió “habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”.
Sancionado el juez del caso Juana Rivas por trasladar datos de uno de sus hijos a un periódico al justificar un auto
Sancionado el juez del caso Juana Rivas por trasladar datos de uno de sus hijos a un periódico al justificar un auto
Juana Rivas fue condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, y luego fue indultada parcialmente por el Gobierno español.
En un comunicado difundido este martes, la representación jurídica de Rivas, ejercida por los letrados Carlos Aránguez, Juan de Dios Ramírez y Francisca Granados, ha expuesto que el pasado 14 de noviembre, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri “ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri”, expareja de Rivas y padre de los hijos de ambos, por presunto maltrato a sus hijos Gabriel y Daniel Arcuri Rivas, “sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”, según los letrados.
Los letrados exponen que Daniel, menor de edad, “continua estando obligado a vivir en Carloforte con su padre Francesco Arcuri, porque ”sigue sin ejecutarse la sentencia de Casación, ni adoptarse medida cautelar alguna para la protección“ del mismo; mientras Gabriel, que ya tiene 18 años de edad, ”pide ayuda a la Fiscalía General de Cagliari y expresa con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira“, viendo a su hermano ”en gran peligro“, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.
“Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor, se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él”, señalan los letrados.
Arcuri asegura que no tiene constancia
Por su parte, la representación legal en España de Francesco Arcuri afirma que la Justicia italiana no le ha notificado “absolutamente nada” de un cambio en el proceso relativo a los hijos que tiene en común con Juana Rivas y ha negado “firmemente” las acusaciones de maltrato que en las últimas horas ha difundido su hijo mayor, Gabriel, pidiendo “ayuda” para que su hermano pequeño no siga viviendo con el padre en Carloforte.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, explica que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna de una posible imputación por maltrato, la cual vendría derivada de las 13 denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas.
El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: “Corre peligro”
El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: "Corre peligro"
Pese a este posible cambio de rumbo en el proceso, que ahora lleva otro fiscal, el equipo jurídico de Arcuri incide en la “inexistencia” de hechos que respalden estas acusaciones. En este sentido, se remite a la extensa documentación recabada a lo largo del proceso con un “seguimiento casi diario” de los menores por parte de diversos profesionales, incluyendo los servicios sociales y el centro educativo.
https://www.eldiario.es/andalucia/fisca ... 75425.html
Re: La Justicia en España
Éste es el juez Piñar, el juez que envió a prisión a Juana Rivas y obligó que sus hijos fueran a vivir con su padre Francesco -Arcuri, y que acaba de ser acusado por la Fiscalía italiana de someterlos a violencia física, amenazas y vejaciones.
Re: La Justicia en España
Juana Rivas tenía razón cuando retuvo a sus hijos para apartarles de ese energúmeno. Todos aquellos que la pusieron a parir ¿van a pedirle disculpas?
Otro ejemplo más de la INjusticia española. Jueces impresentables, qué vergüenza.
Otro ejemplo más de la INjusticia española. Jueces impresentables, qué vergüenza.
Re: La Justicia en España
Cuando la mayoría de medios decían que Juana Rivas había secuestrado a sus propios hijos
Los niños y niñas que están siendo arrancados de sus madres un día hablarán, ya lo están haciendo. Es entonces cuando el poder mediático y el poder judicial deberían darse de bruces con la realidad: con sus acciones lo único que han hecho es crear relatos y ejecutar sentencias que les desprotegen.
Cronología del caso Juana Rivas: del secuestro de sus hijos a querellarse con el juez de su caso. Este titular de El Diario de Sevilla, publicado el 19 de septiembre de 2022 contiene la esencia de lo que la mayoría de los medios de comunicación se han encargado de contar sobre el caso de esta granadina que, por un lado, habría “secuestrado” a sus hijos y, por otro, se revolvía contra la justicia como una delincuente. En la citada pieza del Diario de Servilla se explica que en el inicio de este mediático caso Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, intercambiaron denuncias de malos tratos “pero finalmente llegan a un acuerdo y ninguno ingresa en prisión”.
En el seno de este relato equidistante ha dormido buena parte de la opinión pública desde que el caso saltara a los mass media en 2017 hasta escuchar el relato de Gabriel, uno de los hijos de Juana Rivas hecho público este miércoles, después de que la Fiscalía italiana anunciase la petición de un procesamiento contra Arcuri por “haber maltratado a sus hijos menores, sometiéndoles a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas”.
“Vengo a pedir ayuda”, expresa Gabriel. “En 2017 me arrancaron de mi casa, de mi madre a mis once años y a los tres años de mi hermano Daniel, el cual sigue viviendo en ese infierno”, relata el joven, que a los 16 años consiguió volver con su madre al cumplir la edad con la que ya pueden decidir con el progenitor con el que quieren permanecer. “Él vive con un maltratador a su lado. Él se siente en riesgo de muerte, yo me he sentido en riesgo de muerte y no sé como en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas”, denuncia Gabriel en una grabación que entiendo, está sacudiendo conciencias.
El dedo acusador
En 2017, cuando Juana Rivas llegaba a España denunciando maltrato continuado infringido por Arcuri, el dedo acusador de los programas matutinos fue insorteable. Acusaciones que fueron subiendo de escala cuando Juana decidió esconderse para no entregar a sus hijos, reclamados por la justicia de Italia, donde residía la pareja. “Más allá de la espuma, pido trato ecuánime para los dos bandos”. “La gente que no cumple la ley es gente irresponsable”, bramaba el periodista Arcadi Espada en el programa de Ana Rosa Quintana (Telecinco) que permitió que estas voces de la caverna depositaran sus prejuicios patriarcales sobre Juana en prime time. “La justicia ha hecho lo que tiene que hacer que es devolver a sus hijos con quien tiene que estar, que es con su padre”, aseguraba Espada en el mismo espacio televisivo cuando finalmente los tribunales italianos llevaron a cabo el arrancamiento.
https://www.elsaltodiario.com/opinion/c ... pios-hijos
Los niños y niñas que están siendo arrancados de sus madres un día hablarán, ya lo están haciendo. Es entonces cuando el poder mediático y el poder judicial deberían darse de bruces con la realidad: con sus acciones lo único que han hecho es crear relatos y ejecutar sentencias que les desprotegen.
Cronología del caso Juana Rivas: del secuestro de sus hijos a querellarse con el juez de su caso. Este titular de El Diario de Sevilla, publicado el 19 de septiembre de 2022 contiene la esencia de lo que la mayoría de los medios de comunicación se han encargado de contar sobre el caso de esta granadina que, por un lado, habría “secuestrado” a sus hijos y, por otro, se revolvía contra la justicia como una delincuente. En la citada pieza del Diario de Servilla se explica que en el inicio de este mediático caso Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, intercambiaron denuncias de malos tratos “pero finalmente llegan a un acuerdo y ninguno ingresa en prisión”.
En el seno de este relato equidistante ha dormido buena parte de la opinión pública desde que el caso saltara a los mass media en 2017 hasta escuchar el relato de Gabriel, uno de los hijos de Juana Rivas hecho público este miércoles, después de que la Fiscalía italiana anunciase la petición de un procesamiento contra Arcuri por “haber maltratado a sus hijos menores, sometiéndoles a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas”.
“Vengo a pedir ayuda”, expresa Gabriel. “En 2017 me arrancaron de mi casa, de mi madre a mis once años y a los tres años de mi hermano Daniel, el cual sigue viviendo en ese infierno”, relata el joven, que a los 16 años consiguió volver con su madre al cumplir la edad con la que ya pueden decidir con el progenitor con el que quieren permanecer. “Él vive con un maltratador a su lado. Él se siente en riesgo de muerte, yo me he sentido en riesgo de muerte y no sé como en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas”, denuncia Gabriel en una grabación que entiendo, está sacudiendo conciencias.
El dedo acusador
En 2017, cuando Juana Rivas llegaba a España denunciando maltrato continuado infringido por Arcuri, el dedo acusador de los programas matutinos fue insorteable. Acusaciones que fueron subiendo de escala cuando Juana decidió esconderse para no entregar a sus hijos, reclamados por la justicia de Italia, donde residía la pareja. “Más allá de la espuma, pido trato ecuánime para los dos bandos”. “La gente que no cumple la ley es gente irresponsable”, bramaba el periodista Arcadi Espada en el programa de Ana Rosa Quintana (Telecinco) que permitió que estas voces de la caverna depositaran sus prejuicios patriarcales sobre Juana en prime time. “La justicia ha hecho lo que tiene que hacer que es devolver a sus hijos con quien tiene que estar, que es con su padre”, aseguraba Espada en el mismo espacio televisivo cuando finalmente los tribunales italianos llevaron a cabo el arrancamiento.
https://www.elsaltodiario.com/opinion/c ... pios-hijos
Re: La Justicia en España
La trayectoria del juez García Castellón que Belarra desgrana en su recurso sobre los "jueces corruptos que han prevaricado"
Ríos de tinta han corrido debido a las actuaciones de García-Castellón, sin embargo, no es hasta ahora y ante esta demandada que el exmagistrado ha decidido actuar.
El procedimiento iniciado por el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, contra Ione Belarra en el marco civil continúa su tramitación. Cabe recordar que este se da por las declaraciones de la misma en las cuales, ante la jubilación del primero, publicó lo siguiente en la Red Social X:
El exjuez aseguraría en su demanda que esto implicaba una vulneración en su derecho al honor, principalmente refiriéndose al anterior tuit. En su demanda, García-Castellón aseguraba que este se encontraba lleno de vejaciones, insultos y desprecios hacia él. También lo entendía como completamente inaceptable, ya que no existe ni una sola sentencia que condene a García-Castellón como “corrupto” o prevaricador, con lo cual entiende la aseveración hecha en el tuit como falsa.
En línea con este argumentario, desde Diario Red hemos tenido acceso a la contestación a la demanda hecha por Ione Belarra, donde está responde ante esta presunción de falsedad que lanza García-Castellón con base en no haber condenas judiciales en este sentido.
En su escrito, Belarra recurre a la jurisprudencia establecida por el mismo Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y procede a hacer un repaso de los hechos fácticos que justifican su manifestación.
En primer lugar, cita una pieza de Ignacio Escolar en eldiario.es. En esta, este periodista muestra cómo la designación de García-Castellón como Juez de enlace se debió a una decisión gubernamental, ya que, tanto en su destino en Francia como en Italia, este no tenía dominio de ninguno de los dos idiomas. Durante su estancia en el extranjero, la pieza también destaca cómo García-Castellón mintió a sus iguales franceses para saber del paradero de un prófugo. Esto fue reconocido durante una intervención pública por parte del exmagistrado.
Su vuelta al país tampoco se produciría ausente de polémicas, ya que varios diarios recogieron como dos políticos del PP vinculados con casos de corrupción como Ignacio González y Eduardo Zaplana reclamaban su vuelta. En concreto, se conocen unas declaraciones de Ignacio González donde hace referencia a la localidad de Onteniente, donde estaba ubicada la plaza de Eloy Velasco, quién en aquel momento sustituía a García-Castellón en la Audiencia Nacional e instruía diversas causas que investigaban al PP, entre ellas unas que afectaban a los ya mencionados.
Eloy Velasco acabaría sustituido y de vuelta a Onteniente, ya que ante la necesidad de provisión de esta plaza lanzada un tiempo antes por el Consejo General del Poder Judicial, García-Castellón solicitó la reincorporación, asumiendo diversas causas que involucraban al PP.
De hecho, al poco tiempo de su reincorporación, García-Castellón rebajó de 4.000.000 € a 200.000 € la fianza de Pablo González, hermano del ya mencionado Ignacio González, luego este mismo quién no contaba con posibilidad de fianza, le fue impuesta una por 400.000 €, cambiando así García-Castellón lo instruido hasta ese momento por Eloy Velasco.
También se pone en relieve en diversas publicaciones su favoritismo con el PP, principalmente al haber desvinculado de los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’ a Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes, todos expresidentes madrileños, dejando como único responsable legal penal a Ignacio González. En este sentido, también cabe recordar cuando archivó la causa ‘Kitchen’ contra la exvicepresidenta del Gobierno Dolores de Cospedal.
Otra vertiente de la cual se han hecho eco los medios es la referida a su actitud contra Podemos, de esta se destaca principalmente sus intentos de investigación infructuosos debido a la intervención de sus órganos jurídicos superiores, quienes en no pocas ocasiones le han llamado la atención o anulado actuaciones.
El exjuez también fue muy activo en la causa de ‘Tsunami Democràtic’, en la cual intentó vincular a un fallecido por infarto como un posible delito de terrorismo durante el bloqueo al aeropuerto hecho por la mencionada plataforma, orientado a evitar la aplicación de la Ley de Amnistía. Incluso, sobre esta causa hubo unas declaraciones de un periodista del diario Público en una entrevista de este año donde acusaba directamente de prevaricador al exmagistrado: ”La imputación por terrorismo es claramente un guion preestablecido por parte de Manuel García-Castellón y de sus colaboradores necesarios en todo este procedimiento. […] Esta alianza del juez con la extrema derecha explica que hay una necesidad mutua de boicotear la amnistía.”
En cuanto a filtraciones a determinados periodistas, otros medios han relatado cómo se reunía con Eduardo Inda, u otras personas como el Comisario Martín Blas han denunciado la filtración de su citación como imputado a la prensa.
Asimismo, ha habido criticas comparables a las que se pretenden enjuiciar. Por ejemplo, en febrero de este año se publicó un artículo referido a García-Castellón titulado como, “Juez mentiroso, ¿juez prevaricador?”.
Incluso Almudena Grandes publicó un artículo en 2017 refiriéndose al episodio relativo a la vuelta de García-Castellón al país. En este, la escritora declaraba sobre las palabras grabadas de Ignacio González: “Las grabaciones telefónicas de González revelan un grado de podredumbre incompatible con la serenidad y, sobre todo, con la dignidad de los españoles. García Castellón debería tenerlo en cuenta, renunciar a su traslado y ahorrar a sus compatriotas un nuevo episodio de esta insoportable vergüenza nacional”.
Alberto Garzón, exministro de Consumo, le acusó de actuar con “sesgo ideológico” y “obcecación” contra Podemos y Pilar Rahola directamente vinculó al juez con la definición de lawfare, destacando la negativa del exmagistrado a imputar a Dolores de Cospedal en el episodio de la causa Kitchen ya mencionada, o el archivo a la causa a los tres expresidentes autonómicos de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. Otro episodio que destaca Rahola es la no consideración del PP como responsable lucrativo en la causa Kitchen, ignorando el criterio de la Fiscalía.
Incluso se destaca la posición de juristas de reconocido prestigio como es el caso de Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, quién calificó de prevaricadores a diversos jueces, entre ellos García-Castellón. Otro ejemplo es el Magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quién también llamó prevaricador al mismo.
Este es el repaso mediático que se hace de las actuaciones del exmagistrado y ahora demandante García-Castellón, el cual ha enfrentado no pocas valoraciones similares a las hechas por la ahora demandada, Ione Belarra, sin embargo, hasta este momento y solo ante ella ha decidido actuar judicialmente.
https://www.diario.red/articulo/actuali ... 39491.html
Ríos de tinta han corrido debido a las actuaciones de García-Castellón, sin embargo, no es hasta ahora y ante esta demandada que el exmagistrado ha decidido actuar.
El procedimiento iniciado por el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, contra Ione Belarra en el marco civil continúa su tramitación. Cabe recordar que este se da por las declaraciones de la misma en las cuales, ante la jubilación del primero, publicó lo siguiente en la Red Social X:
El exjuez aseguraría en su demanda que esto implicaba una vulneración en su derecho al honor, principalmente refiriéndose al anterior tuit. En su demanda, García-Castellón aseguraba que este se encontraba lleno de vejaciones, insultos y desprecios hacia él. También lo entendía como completamente inaceptable, ya que no existe ni una sola sentencia que condene a García-Castellón como “corrupto” o prevaricador, con lo cual entiende la aseveración hecha en el tuit como falsa.
En línea con este argumentario, desde Diario Red hemos tenido acceso a la contestación a la demanda hecha por Ione Belarra, donde está responde ante esta presunción de falsedad que lanza García-Castellón con base en no haber condenas judiciales en este sentido.
En su escrito, Belarra recurre a la jurisprudencia establecida por el mismo Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y procede a hacer un repaso de los hechos fácticos que justifican su manifestación.
En primer lugar, cita una pieza de Ignacio Escolar en eldiario.es. En esta, este periodista muestra cómo la designación de García-Castellón como Juez de enlace se debió a una decisión gubernamental, ya que, tanto en su destino en Francia como en Italia, este no tenía dominio de ninguno de los dos idiomas. Durante su estancia en el extranjero, la pieza también destaca cómo García-Castellón mintió a sus iguales franceses para saber del paradero de un prófugo. Esto fue reconocido durante una intervención pública por parte del exmagistrado.
Su vuelta al país tampoco se produciría ausente de polémicas, ya que varios diarios recogieron como dos políticos del PP vinculados con casos de corrupción como Ignacio González y Eduardo Zaplana reclamaban su vuelta. En concreto, se conocen unas declaraciones de Ignacio González donde hace referencia a la localidad de Onteniente, donde estaba ubicada la plaza de Eloy Velasco, quién en aquel momento sustituía a García-Castellón en la Audiencia Nacional e instruía diversas causas que investigaban al PP, entre ellas unas que afectaban a los ya mencionados.
Eloy Velasco acabaría sustituido y de vuelta a Onteniente, ya que ante la necesidad de provisión de esta plaza lanzada un tiempo antes por el Consejo General del Poder Judicial, García-Castellón solicitó la reincorporación, asumiendo diversas causas que involucraban al PP.
De hecho, al poco tiempo de su reincorporación, García-Castellón rebajó de 4.000.000 € a 200.000 € la fianza de Pablo González, hermano del ya mencionado Ignacio González, luego este mismo quién no contaba con posibilidad de fianza, le fue impuesta una por 400.000 €, cambiando así García-Castellón lo instruido hasta ese momento por Eloy Velasco.
También se pone en relieve en diversas publicaciones su favoritismo con el PP, principalmente al haber desvinculado de los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’ a Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes, todos expresidentes madrileños, dejando como único responsable legal penal a Ignacio González. En este sentido, también cabe recordar cuando archivó la causa ‘Kitchen’ contra la exvicepresidenta del Gobierno Dolores de Cospedal.
Otra vertiente de la cual se han hecho eco los medios es la referida a su actitud contra Podemos, de esta se destaca principalmente sus intentos de investigación infructuosos debido a la intervención de sus órganos jurídicos superiores, quienes en no pocas ocasiones le han llamado la atención o anulado actuaciones.
El exjuez también fue muy activo en la causa de ‘Tsunami Democràtic’, en la cual intentó vincular a un fallecido por infarto como un posible delito de terrorismo durante el bloqueo al aeropuerto hecho por la mencionada plataforma, orientado a evitar la aplicación de la Ley de Amnistía. Incluso, sobre esta causa hubo unas declaraciones de un periodista del diario Público en una entrevista de este año donde acusaba directamente de prevaricador al exmagistrado: ”La imputación por terrorismo es claramente un guion preestablecido por parte de Manuel García-Castellón y de sus colaboradores necesarios en todo este procedimiento. […] Esta alianza del juez con la extrema derecha explica que hay una necesidad mutua de boicotear la amnistía.”
En cuanto a filtraciones a determinados periodistas, otros medios han relatado cómo se reunía con Eduardo Inda, u otras personas como el Comisario Martín Blas han denunciado la filtración de su citación como imputado a la prensa.
Asimismo, ha habido criticas comparables a las que se pretenden enjuiciar. Por ejemplo, en febrero de este año se publicó un artículo referido a García-Castellón titulado como, “Juez mentiroso, ¿juez prevaricador?”.
Incluso Almudena Grandes publicó un artículo en 2017 refiriéndose al episodio relativo a la vuelta de García-Castellón al país. En este, la escritora declaraba sobre las palabras grabadas de Ignacio González: “Las grabaciones telefónicas de González revelan un grado de podredumbre incompatible con la serenidad y, sobre todo, con la dignidad de los españoles. García Castellón debería tenerlo en cuenta, renunciar a su traslado y ahorrar a sus compatriotas un nuevo episodio de esta insoportable vergüenza nacional”.
Alberto Garzón, exministro de Consumo, le acusó de actuar con “sesgo ideológico” y “obcecación” contra Podemos y Pilar Rahola directamente vinculó al juez con la definición de lawfare, destacando la negativa del exmagistrado a imputar a Dolores de Cospedal en el episodio de la causa Kitchen ya mencionada, o el archivo a la causa a los tres expresidentes autonómicos de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. Otro episodio que destaca Rahola es la no consideración del PP como responsable lucrativo en la causa Kitchen, ignorando el criterio de la Fiscalía.
Incluso se destaca la posición de juristas de reconocido prestigio como es el caso de Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, quién calificó de prevaricadores a diversos jueces, entre ellos García-Castellón. Otro ejemplo es el Magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quién también llamó prevaricador al mismo.
Este es el repaso mediático que se hace de las actuaciones del exmagistrado y ahora demandante García-Castellón, el cual ha enfrentado no pocas valoraciones similares a las hechas por la ahora demandada, Ione Belarra, sin embargo, hasta este momento y solo ante ella ha decidido actuar judicialmente.
https://www.diario.red/articulo/actuali ... 39491.html
Re: La Justicia en España
El Derecho, “en manos de desaprensivos, es instrumento peligroso”
Cualquiera puede observar, a no ser que esté aquejado de algún tipo de prejuicio, que en estos momentos se está produciendo por parte de la justicia, de algunos jueces, un ataque brutal al gobierno de Pedro Sánchez. En esta tarea trabajan perfectamente conjuntados: algunas organizaciones de extrema derecha presentando denuncias poco fundamentadas, cuando no falsas; rápidamente determinados medios las divulgan con auténtico frenesí sin contrastarlas (los Herrera, Valles, Siso, Terradillos…); posteriormente se usan en el Parlamento. Ejemplos no faltan. La actuación del juez Peinado puede ser paradigmática en la investigación de Begoña Gómez. Ya no sabemos cuánto tiempo dura, ni de qué se le acusa realmente. ¿Y qué podemos decir de la teatralidad buscada a conciencia de hacer declarar a Pedro Sánchez en La Moncloa? Podemos esperar en esta investigación cualquier cosa. No sería de extrañar que solicitase el establecimiento dónde se compran los turrones y los langostinos para las cenas navideñas en la Moncloa de la familia de Pedro Sánchez. Y en cuanto al hermano de Pedro Sánchez, más de lo mismo. El BBVA ha confirmado a la jueza titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que David Sánchez Pérez-Castejón, contaba con un total de 71.411,16 euros en acciones en esta entidad, a fecha 30 de junio de 2023 y no 1,4 millones de euros en acciones, tal y como se había publicado. Cifra que el ínclito Tellado la ha repetido constantemente en sus preguntas parlamentarias. Cabe pensar que rectificará.
Llamemos las cosas por su nombre, es un autentico lawfare. El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar.
El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político
Hay un artículo de título muy explícito Jueces de cacería de Joaquín Urías, Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Dice así; “El Tribunal Supremo ha salido de cacería. Esta vez van a por el fiscal general del Estado. Ya conocemos la dinámica:el Partido Popular señala, los jueces disparan y la prensa de derechas machaca. Ya andan diciendo los opinadores conservadores que es inédito tener a un fiscal general investigado por un delito. Y, sin embargo, cualquiera que conozca de cerca lo que está sucediendo solo puede pensar que lo inédito es tener un poder judicial tan politizado. Y con tanto desapego por la ley y el derecho como para usarlos constantemente con fines políticos”.
En la misma línea se expresa el profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Granada y con un master en Derecho Constitucional por la de Sevilla, Rubén Pérez Trujillano, gran especialista en el papel de la justicia en tiempos de la II República, con numerosas publicaciones, como Jueces contra la República: el poder judicial frente a las reformas republicanas. Es un autor al que he recurrido en diferentes artículos en este mismo medio. Merece la pena destacar estas palabras del libro citado referidas a la II República:
Todos somos franquistas
“La historiografía ha podido sentir la necesidad apremiante de atender al problema militar. La pólvora atrae más que la tinta. Ahora bien, estamos ante una falsa dicotomía. Al igual que no pueden confundirse, no puede ignorarse que están atados por una misma lógica. La acumulación de conocimientos obliga a constatar que el militar y el judicial son dos caras de un mismo problema: el de la reacción al intento más serio y formidable de construcción de un Estado constitucional en España. No en balde, queda patente que la reacción –judicial en este caso– actuó contra reformas meramente –o eminentemente republicanas, y no a consecuencia de unas hipotéticas derivas revolucionarias del régimen republicano. En este sentido, los jueces no sólo secundaron las derivas contrarreformistas y a menudo desrrepublicanizadoras que echaron a andar durante el segundo bienio. En muchos casos, se anticiparon a ellas”.
Pues, en una reciente entrevista se le hace a Pérez Trujillano la siguiente pregunta. Su repuesta es muy clara y para valorarla, teniendo en cuenta su formación académica en el tema de la justicia en España.
Pedro Sánchez acaba de afirmar que cree que el Partido Popular juega “con las cartas marcadas” en el frente judicial cuando escucha declaraciones como las de Núñez Feijóo, augurándole un calvario en ámbito judicial
- Cualquiera podría encontrar similitudes en la II República con el comportamiento actual del Poder Judicial respecto al legislativo y al ejecutivo. ¿Cuál es su opinión?
“Sí, en tanto en cuanto se aprecia la existencia de operadores jurídicos que anteponen su concepto de ‘unidad patriótica’ y sus valores ideológicos al derecho, las libertades y los poderes democráticamente concretados en el ordenamiento constitucional. Esto también sucedió en los años republicanos, pero a día de hoy quizá se ha producido una mejoría técnica y el discurso no es tan descarnado”. Yo discrepo en parte, ya que me parece totalmente descarnada la actuación hoy de determinados jueces.
Foto: Juezas y Jueces para la Democracia
Foto: Juezas y Jueces para la Democracia
Tampoco es una novedad la práctica de lawfare. Cabe recordar la actuación judicial vergonzosa hacia Podemos y los partidos independentistas de Cataluña. Un episodio muy conocido de lawfare en España fue el del exmagistrado Salvador Alba, condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad tras demostrarse, según la sentencia, que intentó dañar gravemente la actividad política de Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. Mas, este castigo a un juez por estas prácticas de lawfare es algo excepcional.
En base a lo expuesto, Pedro Sánchez acaba de afirmar que cree que el Partido Popular juega “con las cartas marcadas” en el frente judicial cuando escucha declaraciones como las de su líder, Alberto Núñez Feijóo, augurándole un calvario en este ámbito. Y cuando dice que cenará con dos imputados en su cena de Navidad. Y cuando Miguel Ángel Rodríguez anuncia quien va a ser imputado con el eslogan, que se ha hecho popular “vas a ir pa'lante”. Toda la Brunete mediática, profundamente sensible, se ha sentido profundamente escandalizada por estas palabras de Sánchez. “Un ataque en toda regla al Estado de Derecho”. La democracia en peligro, vamos hacia una dictadura”.
Ante estas palabras de Sánchez, también la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, con una rapidez vertiginosa ha emitido un comunicado alertando de su preocupación y del grave daño al atribuir sesgo político a los jueces. La presidenta del alto tribunal indica que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. “Es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados”. Perfecto, le tomo la palabra. Separación de poderes. No recuerdo que se hiciera ningún comunicado parecido cuando muchos jueces con toga se manifestaron ante los tribunales contra una ley de amnistía, que estaba todavía en tramitación. Eso es inmiscuirse en las funciones de legislativo y ejecutivo. Eso es hacer política. Sin embargo, no se manifestaron para protestar por la mayor deficiencia constitucional que les afectaba directamente, ante la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se mantuvo en funciones durante cinco años. Es decir, los jueces quieren independencia y autonomía en sus funciones, cuando se la niegan a los otros poderes del Estado. Incomprensible. Les recuerdo a nuestros ilustres y egregios magistrados las siguientes palabras para que las interioricen. El pasado febrero, Vicente Guilarte, anterior presidente del CGPJ en la entrega de despachos a la 72ª promoción de la Carrera Judicial: “Recordad siempre que vuestro poder es inmenso, pues incide en los derechos fundamentales de las personas. Derechos que debéis proteger y, a veces, limitar”, y citando un pasaje de Cien años de soledad señaló que la ley es un instrumento “que, utilizado desviadamente, puede resultar enormemente nocivo” y que el derecho, “en manos de desaprensivos, es instrumento peligroso”. La independencia es, básicamente, el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional: ni yo influyo en la actividad política, aunque alguna vez tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía”.
Termino. Acabo de leer el libro del magistrado Joaquim Bosch, titulado Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria. Y en ese jaque a la democracia señala que uno de los mayores peligros, el paradigma por excelencia de un déficit democrático ha sido la desafortunada institución del Consejo General del Poder Judicial. Los consejos de judicatura en Europa funcionan satisfactoriamente, mientras el CGPJ es un deplorable ejemplo de descrédito institucional, por culpa de reparto de sus miembros por parte de los dos grandes partidos. El informe sobre el Estado de derecho en España en 2023, emitido por la Comisión Europea, ha vuelto a ser muy crítico con España, al reclamarnos que adaptemos la elección de los miembros del CGPJ a los modelos europeos. El informe sobre el estado de la justicia en la UE de 2023 indica que el 56% de los españoles considera que la independencia de sus tribunales y magistrados es muy mala o bastante mala a causa de las presiones políticas,
Nos cuenta Joaquim Bosch, recurriendo a las palabras de Rafael Jiménez Asensio, durante las negociaciones para cubrir las plazas en los altos tribunales los despachos del CGPJ son una olla de presiones e intercambio, “un auténtico mercadillo, impropio a todas luces de una institución tan importante”. Y llegan a sus altos cargos, no los objetivamente más preparados, sino los que están más dispuestos a seguir las directrices de los partidos políticos que los han elegido. Ahí van unas pruebas fehacientes. Las palabras de Fernández Díaz: «Esto la Fiscalía te lo afina». O Ignacio González a Eduardo Zaplana: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué tal…Y escucha, tenemos un juez provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted p'acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño…» El juez provisional era Eloy Velasco. No iba mal encaminado González, porque volvió el juez Manuel García Castellón. Conversaciones semejantes podemos conocerlas en el libro de Jesús Cintora No quieren que lo sepas.
Psicópatas “serpientes con traje y corbata”, como Trump, gobiernan el mundo
Por cierto, las palabras de Eloy Velasco dirigidas a Irene Montero han sido una auténtica vergüenza. Todo un ejemplo de machismo y clasismo. Como también la deslegitimación del gobierno de Sánchez. Parece que el CGPJ ha abierto un expediente por esta actuación.
Para el comportamiento del susodicho juez me parecen muy pertinentes las reflexiones de Silvina Ribotta en su artículo: ¿Qué juezas y jueces debe tener un Estado Democrático? Análisis de los criterios de selección y formación de jueces y juezas. En los Estados democráticos las personas que acaban siendo juezas y jueces no son representativos de la diversidad de la sociedad. En general, la judicatura no muestra de manera equilibrada y proporcional la diversidad de sexo-género e identidades sexuales, étnica-racial, cultural, religiosa, económica, política, lingüística, de capacidades, entre otras diversidades, existentes en las sociedades en las que administran justicia. La composición de la judicatura no traduce las pluralidades, lo heterogéneo de las sociedades que juzga y sobre las que aplica normas jurídicas, sino que, por el contrario, en general, está integrada por sectores de la sociedad que representan, en mayor o menor medida, el poder social, político y económico de la sociedad. La integración suele no resultar, por ende, genuinamente igualitaria en el sentido de incluyente y representativa de la diversidad social, teniendo una menor representación, o ninguna, grandes grupos de la sociedad que no sólo están ausentes como representación física, sino que también se produce invisibilización de sus relatos, historias de vida, intereses, problemas que constituyen sus vivencias y la interpretación situada de estos intereses y problemas en relación al Derecho y a la justicia. Se sobrerrepresenta a unas personas, sus intereses y sus concepciones sobre la justicia y el derecho, mientras se subrepresenta a grandes sectores de la sociedad, haciéndose más notorio cuanto más desigualitaria sea la sociedad.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/ac ... 33427.html
Todo ésto ya ha ocurrido antes con otros políticos y no se movió un dedo desde Moncloa como por ejemplo con la pareja de PODEMOS y Mónica Oltra, y sin apoyo mediático como el de Sanchez. Así que ahora "ajo y agua"-
Cualquiera puede observar, a no ser que esté aquejado de algún tipo de prejuicio, que en estos momentos se está produciendo por parte de la justicia, de algunos jueces, un ataque brutal al gobierno de Pedro Sánchez. En esta tarea trabajan perfectamente conjuntados: algunas organizaciones de extrema derecha presentando denuncias poco fundamentadas, cuando no falsas; rápidamente determinados medios las divulgan con auténtico frenesí sin contrastarlas (los Herrera, Valles, Siso, Terradillos…); posteriormente se usan en el Parlamento. Ejemplos no faltan. La actuación del juez Peinado puede ser paradigmática en la investigación de Begoña Gómez. Ya no sabemos cuánto tiempo dura, ni de qué se le acusa realmente. ¿Y qué podemos decir de la teatralidad buscada a conciencia de hacer declarar a Pedro Sánchez en La Moncloa? Podemos esperar en esta investigación cualquier cosa. No sería de extrañar que solicitase el establecimiento dónde se compran los turrones y los langostinos para las cenas navideñas en la Moncloa de la familia de Pedro Sánchez. Y en cuanto al hermano de Pedro Sánchez, más de lo mismo. El BBVA ha confirmado a la jueza titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que David Sánchez Pérez-Castejón, contaba con un total de 71.411,16 euros en acciones en esta entidad, a fecha 30 de junio de 2023 y no 1,4 millones de euros en acciones, tal y como se había publicado. Cifra que el ínclito Tellado la ha repetido constantemente en sus preguntas parlamentarias. Cabe pensar que rectificará.
Llamemos las cosas por su nombre, es un autentico lawfare. El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar.
El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político
Hay un artículo de título muy explícito Jueces de cacería de Joaquín Urías, Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Dice así; “El Tribunal Supremo ha salido de cacería. Esta vez van a por el fiscal general del Estado. Ya conocemos la dinámica:el Partido Popular señala, los jueces disparan y la prensa de derechas machaca. Ya andan diciendo los opinadores conservadores que es inédito tener a un fiscal general investigado por un delito. Y, sin embargo, cualquiera que conozca de cerca lo que está sucediendo solo puede pensar que lo inédito es tener un poder judicial tan politizado. Y con tanto desapego por la ley y el derecho como para usarlos constantemente con fines políticos”.
En la misma línea se expresa el profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Granada y con un master en Derecho Constitucional por la de Sevilla, Rubén Pérez Trujillano, gran especialista en el papel de la justicia en tiempos de la II República, con numerosas publicaciones, como Jueces contra la República: el poder judicial frente a las reformas republicanas. Es un autor al que he recurrido en diferentes artículos en este mismo medio. Merece la pena destacar estas palabras del libro citado referidas a la II República:
Todos somos franquistas
“La historiografía ha podido sentir la necesidad apremiante de atender al problema militar. La pólvora atrae más que la tinta. Ahora bien, estamos ante una falsa dicotomía. Al igual que no pueden confundirse, no puede ignorarse que están atados por una misma lógica. La acumulación de conocimientos obliga a constatar que el militar y el judicial son dos caras de un mismo problema: el de la reacción al intento más serio y formidable de construcción de un Estado constitucional en España. No en balde, queda patente que la reacción –judicial en este caso– actuó contra reformas meramente –o eminentemente republicanas, y no a consecuencia de unas hipotéticas derivas revolucionarias del régimen republicano. En este sentido, los jueces no sólo secundaron las derivas contrarreformistas y a menudo desrrepublicanizadoras que echaron a andar durante el segundo bienio. En muchos casos, se anticiparon a ellas”.
Pues, en una reciente entrevista se le hace a Pérez Trujillano la siguiente pregunta. Su repuesta es muy clara y para valorarla, teniendo en cuenta su formación académica en el tema de la justicia en España.
Pedro Sánchez acaba de afirmar que cree que el Partido Popular juega “con las cartas marcadas” en el frente judicial cuando escucha declaraciones como las de Núñez Feijóo, augurándole un calvario en ámbito judicial
- Cualquiera podría encontrar similitudes en la II República con el comportamiento actual del Poder Judicial respecto al legislativo y al ejecutivo. ¿Cuál es su opinión?
“Sí, en tanto en cuanto se aprecia la existencia de operadores jurídicos que anteponen su concepto de ‘unidad patriótica’ y sus valores ideológicos al derecho, las libertades y los poderes democráticamente concretados en el ordenamiento constitucional. Esto también sucedió en los años republicanos, pero a día de hoy quizá se ha producido una mejoría técnica y el discurso no es tan descarnado”. Yo discrepo en parte, ya que me parece totalmente descarnada la actuación hoy de determinados jueces.
Foto: Juezas y Jueces para la Democracia
Foto: Juezas y Jueces para la Democracia
Tampoco es una novedad la práctica de lawfare. Cabe recordar la actuación judicial vergonzosa hacia Podemos y los partidos independentistas de Cataluña. Un episodio muy conocido de lawfare en España fue el del exmagistrado Salvador Alba, condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad tras demostrarse, según la sentencia, que intentó dañar gravemente la actividad política de Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. Mas, este castigo a un juez por estas prácticas de lawfare es algo excepcional.
En base a lo expuesto, Pedro Sánchez acaba de afirmar que cree que el Partido Popular juega “con las cartas marcadas” en el frente judicial cuando escucha declaraciones como las de su líder, Alberto Núñez Feijóo, augurándole un calvario en este ámbito. Y cuando dice que cenará con dos imputados en su cena de Navidad. Y cuando Miguel Ángel Rodríguez anuncia quien va a ser imputado con el eslogan, que se ha hecho popular “vas a ir pa'lante”. Toda la Brunete mediática, profundamente sensible, se ha sentido profundamente escandalizada por estas palabras de Sánchez. “Un ataque en toda regla al Estado de Derecho”. La democracia en peligro, vamos hacia una dictadura”.
Ante estas palabras de Sánchez, también la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, con una rapidez vertiginosa ha emitido un comunicado alertando de su preocupación y del grave daño al atribuir sesgo político a los jueces. La presidenta del alto tribunal indica que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. “Es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados”. Perfecto, le tomo la palabra. Separación de poderes. No recuerdo que se hiciera ningún comunicado parecido cuando muchos jueces con toga se manifestaron ante los tribunales contra una ley de amnistía, que estaba todavía en tramitación. Eso es inmiscuirse en las funciones de legislativo y ejecutivo. Eso es hacer política. Sin embargo, no se manifestaron para protestar por la mayor deficiencia constitucional que les afectaba directamente, ante la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se mantuvo en funciones durante cinco años. Es decir, los jueces quieren independencia y autonomía en sus funciones, cuando se la niegan a los otros poderes del Estado. Incomprensible. Les recuerdo a nuestros ilustres y egregios magistrados las siguientes palabras para que las interioricen. El pasado febrero, Vicente Guilarte, anterior presidente del CGPJ en la entrega de despachos a la 72ª promoción de la Carrera Judicial: “Recordad siempre que vuestro poder es inmenso, pues incide en los derechos fundamentales de las personas. Derechos que debéis proteger y, a veces, limitar”, y citando un pasaje de Cien años de soledad señaló que la ley es un instrumento “que, utilizado desviadamente, puede resultar enormemente nocivo” y que el derecho, “en manos de desaprensivos, es instrumento peligroso”. La independencia es, básicamente, el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional: ni yo influyo en la actividad política, aunque alguna vez tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía”.
Termino. Acabo de leer el libro del magistrado Joaquim Bosch, titulado Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria. Y en ese jaque a la democracia señala que uno de los mayores peligros, el paradigma por excelencia de un déficit democrático ha sido la desafortunada institución del Consejo General del Poder Judicial. Los consejos de judicatura en Europa funcionan satisfactoriamente, mientras el CGPJ es un deplorable ejemplo de descrédito institucional, por culpa de reparto de sus miembros por parte de los dos grandes partidos. El informe sobre el Estado de derecho en España en 2023, emitido por la Comisión Europea, ha vuelto a ser muy crítico con España, al reclamarnos que adaptemos la elección de los miembros del CGPJ a los modelos europeos. El informe sobre el estado de la justicia en la UE de 2023 indica que el 56% de los españoles considera que la independencia de sus tribunales y magistrados es muy mala o bastante mala a causa de las presiones políticas,
Nos cuenta Joaquim Bosch, recurriendo a las palabras de Rafael Jiménez Asensio, durante las negociaciones para cubrir las plazas en los altos tribunales los despachos del CGPJ son una olla de presiones e intercambio, “un auténtico mercadillo, impropio a todas luces de una institución tan importante”. Y llegan a sus altos cargos, no los objetivamente más preparados, sino los que están más dispuestos a seguir las directrices de los partidos políticos que los han elegido. Ahí van unas pruebas fehacientes. Las palabras de Fernández Díaz: «Esto la Fiscalía te lo afina». O Ignacio González a Eduardo Zaplana: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué tal…Y escucha, tenemos un juez provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted p'acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño…» El juez provisional era Eloy Velasco. No iba mal encaminado González, porque volvió el juez Manuel García Castellón. Conversaciones semejantes podemos conocerlas en el libro de Jesús Cintora No quieren que lo sepas.
Psicópatas “serpientes con traje y corbata”, como Trump, gobiernan el mundo
Por cierto, las palabras de Eloy Velasco dirigidas a Irene Montero han sido una auténtica vergüenza. Todo un ejemplo de machismo y clasismo. Como también la deslegitimación del gobierno de Sánchez. Parece que el CGPJ ha abierto un expediente por esta actuación.
Para el comportamiento del susodicho juez me parecen muy pertinentes las reflexiones de Silvina Ribotta en su artículo: ¿Qué juezas y jueces debe tener un Estado Democrático? Análisis de los criterios de selección y formación de jueces y juezas. En los Estados democráticos las personas que acaban siendo juezas y jueces no son representativos de la diversidad de la sociedad. En general, la judicatura no muestra de manera equilibrada y proporcional la diversidad de sexo-género e identidades sexuales, étnica-racial, cultural, religiosa, económica, política, lingüística, de capacidades, entre otras diversidades, existentes en las sociedades en las que administran justicia. La composición de la judicatura no traduce las pluralidades, lo heterogéneo de las sociedades que juzga y sobre las que aplica normas jurídicas, sino que, por el contrario, en general, está integrada por sectores de la sociedad que representan, en mayor o menor medida, el poder social, político y económico de la sociedad. La integración suele no resultar, por ende, genuinamente igualitaria en el sentido de incluyente y representativa de la diversidad social, teniendo una menor representación, o ninguna, grandes grupos de la sociedad que no sólo están ausentes como representación física, sino que también se produce invisibilización de sus relatos, historias de vida, intereses, problemas que constituyen sus vivencias y la interpretación situada de estos intereses y problemas en relación al Derecho y a la justicia. Se sobrerrepresenta a unas personas, sus intereses y sus concepciones sobre la justicia y el derecho, mientras se subrepresenta a grandes sectores de la sociedad, haciéndose más notorio cuanto más desigualitaria sea la sociedad.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/ac ... 33427.html
Todo ésto ya ha ocurrido antes con otros políticos y no se movió un dedo desde Moncloa como por ejemplo con la pareja de PODEMOS y Mónica Oltra, y sin apoyo mediático como el de Sanchez. Así que ahora "ajo y agua"-
Re: La Justicia en España
l final de la omertá judicial bipartidista
Es cierto que Sánchez todavía no ha planteado ninguna medida concreta para desactivar el golpismo judicial, pero la ruptura del tabú discursivo no es un tema menor. Lo primero siempre son las palabras
Todos los adultos funcionales saben que Papá Noel y los Reyes Magos son productos enteramente de ficción. Sin embargo, no solo guardarán silencio sobre este hecho durante las próximas semanas en el ámbito familiar, sino que, incluso, veremos a los informativos de las diferentes cadenas de televisión hablar de la llegada del trineo tirado por renos y de los mágicos monarcas de oriente como si estuvieran retransmitiendo un acontecimiento más de la actualidad. Este pacto de silencio, esta unanimidad artificial forzada respecto de algo que no es cierto, tiene buena intención; pero no puede decirse lo mismo de otros casos que funcionan de una forma muy similar.
Durante más de tres décadas, prácticamente todos los periodistas de Madrid y también los políticos de primera fila eran conocedores de las 'actividades' de Juan Carlos I. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 30 años para que una cacería en Botswana hiciera estallar por los aires la omertá. Siguiendo la misma dinámica y a pesar de que no hay ni un solo operador político alfabetizado que ignore las oscuras sombras que rodean al periodo de transición de la dictadura franquista a la democracia formal actual, es prácticamente tabú en el ámbito mediático y parlamentario hacer referencia a tal cosa. Que Estados Unidos es un estado imperialista y asesino es un hecho ampliamente conocido. Sin embargo, ninguno de los principales presentadores de televisión ni tampoco los portavoces de los grandes partidos sistémicos lo va a decir jamás en público.
Hasta hace pocos años, algo muy parecido ocurría respecto de la verdadera naturaleza del poder mediático y del poder judicial. Aunque todos los operadores del régimen eran —y son— absolutamente conscientes de que la inmensa mayoría de los medios y buena parte de los magistrados son jugadores de parte, que no respetan las reglas del juego limpio, que ponen su ideología por encima de la ética más básica e incluso del derecho y que, cada vez más, tienen tentaciones golpistas, ni el PP ni el PSOE ni ninguno de sus medios y operadores afines lo reconocían en público. Sobre los medios, el mantra que se repetía como una cacatúa es que criticarlos es lo mismo que atacar la libertad de prensa y propio de ideologías autoritarias. Sobre los jueces, se nos decía una y otra vez, 24/7, que todos los magistrados son independientes e imparciales, que hacen su trabajo sin trazas de ideología, que la aplicación del derecho en sus manos es casi una cuestión matemática y que negar cualquiera de estas afirmaciones es propio de radicales subversivos que no creen en la separación de poderes.
La omertá bipartidista sobre la verdadera operativa de determinados jueces en colaboración con la mayoría de los medios de comunicación no solamente se mantuvo, sino que además fue funcional para intentar volver a un escenario político previo al 11M
Este mismo domingo, un periódico tan poco sospechoso de bolchevismo como El País, publicaba un extenso reportaje sobre uno de los casos más largos y más flagrantes de lawfare que ha vivido la democracia española: el así llamado 'caso neurona' contra Podemos. Durante cuatro años y basándose únicamente en "rumorología", el juez Juan José Escalonilla se dedicó a ir abriendo piezas y piezas, cada una más delirante que la anterior, sin ningún tipo de prueba y utilizando los mismos significantes de los casos —reales— de corrupción del PP ('caja B', 'sobresueldos', 'reforma de la sede') para alimentar horas y horas de informativos y tertulias difamatorias contra el partido morado y varios de sus dirigentes. Aunque esta operación golpista era obvia para todos y cada uno de los jugadores relevantes del país, el mantra sistémico se mantuvo y nunca jamás el PSOE y la mayoría de sus medios afines dijeron nada que fuera muy diferente de "hay que dejar trabajar a la justicia". Es más, la progresía política y mediática aprovechó el enorme desgaste que sobre Podemos produjeron esta y otras muchas operaciones de lawfare —como la protagonizada por el juez García Castellón o la ofensiva contra la Ley Sólo Sí es Sí— para intentar destruir para siempre a los morados mediante su sustitución por una opción sistémica como es Sumar. La omertá bipartidista sobre la verdadera operativa de determinados jueces en colaboración con la mayoría de los medios de comunicación no solamente se mantuvo, sino que además fue funcional para intentar volver a un escenario político previo al 15M.
Esto es un hecho histórico y ahí está la abundante hemeroteca que permite comprobar lo que dijeron unos y otros cuando la violenta cacería del lawfare derramaba sangre morada. Sin embargo, durante el último año, la situación ha cambiado significativamente desde que la derecha y la extrema derecha —en los parlamentos, pero también en los medios y en los juzgados— ha decidido cruzar una línea roja que jamás se había violentado desde la implantación del sistema del turno a principios de los años 80 del siglo pasado. A pesar de que ha habido momentos de gran tensión entre los dos jugadores principales del bipartidismo en las últimas décadas, el entorno familiar de sus líderes se había mantenido siempre al margen. Como parte del pacto fundacional que garantiza la alternancia en el poder de las versiones supuestamente conservadora y progresista del régimen del 78, el ámbito personal quedaba fuera de los límites del combate político. El motivo es muy fácil de entender. Si un líder del PP o del PSOE tiene que poner en juego la posibilidad de que su familia sea destruida reputacionalmente para siempre, nadie va a estar dispuesto a jugar ese papel y, entonces, a ver cómo consiguen representantes políticos la OTAN, el IBEX y las élites europeas.
Aunque esto es obvio y tiene toda la lógica desde el punto de vista del mantenimiento del statu quo, el aumento de la violencia política que implica la extensión de las nuevas extremas derechas en todas sus versiones ha hecho saltar por los aires los antiguos consensos y, de repente, han aparecido operadores judiciales, mediáticos y políticos que se han sentido libres de hacer lawfare contra Pedro Sánchez y su familia. Aunque, de momento, lo que les están haciendo es apenas una fracción de todo lo que han hecho al independentismo catalán o a Podemos, el que hayan decidido cruzar esta línea roja lo cambia todo.
Quizás por ello, el líder del PSOE ha decidido que buscar la tregua no tenía sentido y —al menos en el ámbito verbal— ha empezado a avanzar posiciones
En primer lugar, este nuevo paso cualitativo, produjo algo tan novedoso en la dinámica política española como fueron los cinco días "de reflexión" que se tomó el presidente con su familia en la Moncloa para decidir si seguía adelante o no. Lo bizarro del movimiento denota, sin duda, que nos estamos adentrando en terreno desconocido. Aunque Sánchez, a los pocos meses, intentó apaciguar a la derecha judicial entregándole el control del CGPJ —y, con él, de todos los altos tribunales del país— mediante un pacto con el PP, rápidamente se demostró que la claudicación era mucho más que inútil: era, de hecho, una invitación para que los reaccionarios redoblaran sus ataques. Desde que aquello tuvo lugar, los jueces que investigan a la mujer y al hermano de Sánchez —conscientes ahora de que su impunidad está blindada— han tomado varias decisiones importantes y ninguna en la dirección de envainar la espada del lawfare. Los medios de comunicación no afines al PSOE, por supuesto, han aumentado encantados el volumen y la violencia de los ataques apoyándose en la operativa de los magistrados.
Quizás por ello, el líder del PSOE ha decidido que buscar la tregua no tenía sentido y —al menos en el ámbito verbal— ha empezado a avanzar posiciones. Así, en el tradicional corrillo de Navidad en Moncloa que tuvo lugar esta semana, Sánchez no solamente afirmó ante los periodistas que "el PP juega con cartas marcadas" en lo que se refiere al ámbito judicial, sino que además llegó a decir que hay algunos jueces que los ayudan.
Esto puede parecer algo menor a primera vista al tratarse de una absoluta obviedad. Sin embargo, cometeríamos un grave error de análisis si no fuéramos conscientes de su importancia política. Que el líder de uno de los dos partidos dinásticos del bipartidismo —de hecho, del más importante de los dos— diga explícitamente que hay jueces que están haciendo lawfare para avanzar los intereses de la derecha es como si dijera que Felipe VI es un representante de los poderes económicos, que la OTAN está controlada por Estados Unidos o que el capitalismo es una estafa piramidal. Es cierto que Sánchez todavía no ha planteado ninguna medida política concreta para desactivar el golpismo judicial, pero la ruptura del tabú discursivo no es un tema menor. Lo primero siempre son las palabras.
https://www.diario.red/articulo/editori ... 39922.html
Es cierto que Sánchez todavía no ha planteado ninguna medida concreta para desactivar el golpismo judicial, pero la ruptura del tabú discursivo no es un tema menor. Lo primero siempre son las palabras
Todos los adultos funcionales saben que Papá Noel y los Reyes Magos son productos enteramente de ficción. Sin embargo, no solo guardarán silencio sobre este hecho durante las próximas semanas en el ámbito familiar, sino que, incluso, veremos a los informativos de las diferentes cadenas de televisión hablar de la llegada del trineo tirado por renos y de los mágicos monarcas de oriente como si estuvieran retransmitiendo un acontecimiento más de la actualidad. Este pacto de silencio, esta unanimidad artificial forzada respecto de algo que no es cierto, tiene buena intención; pero no puede decirse lo mismo de otros casos que funcionan de una forma muy similar.
Durante más de tres décadas, prácticamente todos los periodistas de Madrid y también los políticos de primera fila eran conocedores de las 'actividades' de Juan Carlos I. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 30 años para que una cacería en Botswana hiciera estallar por los aires la omertá. Siguiendo la misma dinámica y a pesar de que no hay ni un solo operador político alfabetizado que ignore las oscuras sombras que rodean al periodo de transición de la dictadura franquista a la democracia formal actual, es prácticamente tabú en el ámbito mediático y parlamentario hacer referencia a tal cosa. Que Estados Unidos es un estado imperialista y asesino es un hecho ampliamente conocido. Sin embargo, ninguno de los principales presentadores de televisión ni tampoco los portavoces de los grandes partidos sistémicos lo va a decir jamás en público.
Hasta hace pocos años, algo muy parecido ocurría respecto de la verdadera naturaleza del poder mediático y del poder judicial. Aunque todos los operadores del régimen eran —y son— absolutamente conscientes de que la inmensa mayoría de los medios y buena parte de los magistrados son jugadores de parte, que no respetan las reglas del juego limpio, que ponen su ideología por encima de la ética más básica e incluso del derecho y que, cada vez más, tienen tentaciones golpistas, ni el PP ni el PSOE ni ninguno de sus medios y operadores afines lo reconocían en público. Sobre los medios, el mantra que se repetía como una cacatúa es que criticarlos es lo mismo que atacar la libertad de prensa y propio de ideologías autoritarias. Sobre los jueces, se nos decía una y otra vez, 24/7, que todos los magistrados son independientes e imparciales, que hacen su trabajo sin trazas de ideología, que la aplicación del derecho en sus manos es casi una cuestión matemática y que negar cualquiera de estas afirmaciones es propio de radicales subversivos que no creen en la separación de poderes.
La omertá bipartidista sobre la verdadera operativa de determinados jueces en colaboración con la mayoría de los medios de comunicación no solamente se mantuvo, sino que además fue funcional para intentar volver a un escenario político previo al 11M
Este mismo domingo, un periódico tan poco sospechoso de bolchevismo como El País, publicaba un extenso reportaje sobre uno de los casos más largos y más flagrantes de lawfare que ha vivido la democracia española: el así llamado 'caso neurona' contra Podemos. Durante cuatro años y basándose únicamente en "rumorología", el juez Juan José Escalonilla se dedicó a ir abriendo piezas y piezas, cada una más delirante que la anterior, sin ningún tipo de prueba y utilizando los mismos significantes de los casos —reales— de corrupción del PP ('caja B', 'sobresueldos', 'reforma de la sede') para alimentar horas y horas de informativos y tertulias difamatorias contra el partido morado y varios de sus dirigentes. Aunque esta operación golpista era obvia para todos y cada uno de los jugadores relevantes del país, el mantra sistémico se mantuvo y nunca jamás el PSOE y la mayoría de sus medios afines dijeron nada que fuera muy diferente de "hay que dejar trabajar a la justicia". Es más, la progresía política y mediática aprovechó el enorme desgaste que sobre Podemos produjeron esta y otras muchas operaciones de lawfare —como la protagonizada por el juez García Castellón o la ofensiva contra la Ley Sólo Sí es Sí— para intentar destruir para siempre a los morados mediante su sustitución por una opción sistémica como es Sumar. La omertá bipartidista sobre la verdadera operativa de determinados jueces en colaboración con la mayoría de los medios de comunicación no solamente se mantuvo, sino que además fue funcional para intentar volver a un escenario político previo al 15M.
Esto es un hecho histórico y ahí está la abundante hemeroteca que permite comprobar lo que dijeron unos y otros cuando la violenta cacería del lawfare derramaba sangre morada. Sin embargo, durante el último año, la situación ha cambiado significativamente desde que la derecha y la extrema derecha —en los parlamentos, pero también en los medios y en los juzgados— ha decidido cruzar una línea roja que jamás se había violentado desde la implantación del sistema del turno a principios de los años 80 del siglo pasado. A pesar de que ha habido momentos de gran tensión entre los dos jugadores principales del bipartidismo en las últimas décadas, el entorno familiar de sus líderes se había mantenido siempre al margen. Como parte del pacto fundacional que garantiza la alternancia en el poder de las versiones supuestamente conservadora y progresista del régimen del 78, el ámbito personal quedaba fuera de los límites del combate político. El motivo es muy fácil de entender. Si un líder del PP o del PSOE tiene que poner en juego la posibilidad de que su familia sea destruida reputacionalmente para siempre, nadie va a estar dispuesto a jugar ese papel y, entonces, a ver cómo consiguen representantes políticos la OTAN, el IBEX y las élites europeas.
Aunque esto es obvio y tiene toda la lógica desde el punto de vista del mantenimiento del statu quo, el aumento de la violencia política que implica la extensión de las nuevas extremas derechas en todas sus versiones ha hecho saltar por los aires los antiguos consensos y, de repente, han aparecido operadores judiciales, mediáticos y políticos que se han sentido libres de hacer lawfare contra Pedro Sánchez y su familia. Aunque, de momento, lo que les están haciendo es apenas una fracción de todo lo que han hecho al independentismo catalán o a Podemos, el que hayan decidido cruzar esta línea roja lo cambia todo.
Quizás por ello, el líder del PSOE ha decidido que buscar la tregua no tenía sentido y —al menos en el ámbito verbal— ha empezado a avanzar posiciones
En primer lugar, este nuevo paso cualitativo, produjo algo tan novedoso en la dinámica política española como fueron los cinco días "de reflexión" que se tomó el presidente con su familia en la Moncloa para decidir si seguía adelante o no. Lo bizarro del movimiento denota, sin duda, que nos estamos adentrando en terreno desconocido. Aunque Sánchez, a los pocos meses, intentó apaciguar a la derecha judicial entregándole el control del CGPJ —y, con él, de todos los altos tribunales del país— mediante un pacto con el PP, rápidamente se demostró que la claudicación era mucho más que inútil: era, de hecho, una invitación para que los reaccionarios redoblaran sus ataques. Desde que aquello tuvo lugar, los jueces que investigan a la mujer y al hermano de Sánchez —conscientes ahora de que su impunidad está blindada— han tomado varias decisiones importantes y ninguna en la dirección de envainar la espada del lawfare. Los medios de comunicación no afines al PSOE, por supuesto, han aumentado encantados el volumen y la violencia de los ataques apoyándose en la operativa de los magistrados.
Quizás por ello, el líder del PSOE ha decidido que buscar la tregua no tenía sentido y —al menos en el ámbito verbal— ha empezado a avanzar posiciones. Así, en el tradicional corrillo de Navidad en Moncloa que tuvo lugar esta semana, Sánchez no solamente afirmó ante los periodistas que "el PP juega con cartas marcadas" en lo que se refiere al ámbito judicial, sino que además llegó a decir que hay algunos jueces que los ayudan.
Esto puede parecer algo menor a primera vista al tratarse de una absoluta obviedad. Sin embargo, cometeríamos un grave error de análisis si no fuéramos conscientes de su importancia política. Que el líder de uno de los dos partidos dinásticos del bipartidismo —de hecho, del más importante de los dos— diga explícitamente que hay jueces que están haciendo lawfare para avanzar los intereses de la derecha es como si dijera que Felipe VI es un representante de los poderes económicos, que la OTAN está controlada por Estados Unidos o que el capitalismo es una estafa piramidal. Es cierto que Sánchez todavía no ha planteado ninguna medida política concreta para desactivar el golpismo judicial, pero la ruptura del tabú discursivo no es un tema menor. Lo primero siempre son las palabras.
https://www.diario.red/articulo/editori ... 39922.html
Re: La Justicia en España
El Juzgado de Guardia suspende la orden italiana de restitución al padre del hijo menor de Juana Rivas.
Ha considerado que ante el regreso del menor con su padre custodio, que debía tener lugar este miércoles, adopta esta decisión para proteger al menor.
El Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada, en funciones de guardia, ha acordado esta noche la suspensión provisional de la orden de restitución que la Corte de Apelación de la localidad italiana de Cagliari había emitido respecto al hijo menor de Juana Rivas, condenada por la sustracción de sus dos hijos en 2017 e indultada parcialmente por el Gobierno; para que regresase junto a su padre, el italiano Francesco Arturi, nuevamente denunciado por Rivas por presuntos delitos de coacción a testigo y de amenazas a dicho menor y procesado por ello.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada, ante la petición de la madre y Fiscalía en el sentido ordenado, ha considerado que ante el regreso del menor con su padre custodio, que debía tener lugar este miércoles, adopta esta decisión para proteger al menor.
Antes de tomar la decisión, la juez de guardia y el fiscal escucharon al menor en el transcurso de una exploración celebrada en dependencias judiciales. La juez se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Granada, que deberá ahora decidir si le corresponde asumir el procedimiento, dado que en el mismo ya constaba una denuncia por malos tratos presentada por la madre. Esa denuncia se encuentra actualmente archivada pero la decisión de archivo no es firme dado que se encuentra recurrida en reforma ante el propio Juzgado de Violencia, según señala el TSJA.
Rivas había pedido medidas de protección internacional para su hijo menor, a fin de que no vuelva con su padre tras las vacaciones navideñas en España; después de que el Juzgado de Primera Instancia número 10 se inhibiese en favor del de Violencia sobre la Mujer número 2, donde hay un procedimiento abierto a raíz de una demanda de violencia de género presentada por la madre contra el progenitor, Francesco Arcuri, al solicitarle medidas cautelares para que el menor no viajase.
El despacho Aránguez Abogados había detallado al respecto que ha tomado la iniciativa de escribir una carta para dirigirse a la Fiscalía de Granada, después de no haber obtenido en el Juzgado de Primera Instancia número 10 las medidas cautelares pedidas para el niño, que "se encuentra en clara situación de riesgo", y para el que pide "protección internacional por amenazas contra su vida, insistiendo especialmente en la necesidad de que sea escuchado".
Si Diario Red puede publicar lo que casi nadie más se atreve, con una línea editorial de izquierdas y todo el rigor periodístico, es gracias al apoyo de nuestros socios y socias.
Posteriormente, pasadas las 18,00 horas, el equipo jurídico ha indicado que ha decidido presentar un escrito ante el Juzgado de Guardia de Granada capital solicitando que el menor fuese "escuchado"; ante "la ausencia de sensibilidad del Juzgado de Primera Instancia número 10, que se ha inhibido sin acordar ningún tipo de medida de protección del menor" y "tras solicitar amparo a Fiscalía, quien apoya expresamente la adopción de estas medidas en interés superior" del niño.
Para estos letrados, era "absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado Social y Democrático de Derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste siquiera en escucharlo". Han hecho hincapié en que el niño, de "casi once años", "jamás ha sido oído en España por ningún juez, a pesar de los gravísimos hechos que refiere".
Fuentes consultadas por Europa Press en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicaban que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada acordaba este martes inhibirse en favor del de Violencia sobre la Mujer en la demanda presentada por la madre de Maracena, para que se acordara una "medida de no regreso" del menor con su padre, con el que reside en Italia.
Como ocurre en el presente caso, son los juzgados de la jurisdicción penal los que tienen la preferencia sobre la instrucción en el caso de que coincidan procedimientos semejantes en las dos instancias, han detallado desde el TSJA.
El Juzgado de Violencia de Género acordó recientemente archivar la demanda presentada por la representación de la madre. Sin embargo, el procedimiento sigue su curso dado que la resolución de sobreseimiento fue recurrida por esta parte en reforma y, por lo tanto, aún no es firme.
https://www.diario.red/articulo/actuali ... 40859.html
Ha considerado que ante el regreso del menor con su padre custodio, que debía tener lugar este miércoles, adopta esta decisión para proteger al menor.
El Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada, en funciones de guardia, ha acordado esta noche la suspensión provisional de la orden de restitución que la Corte de Apelación de la localidad italiana de Cagliari había emitido respecto al hijo menor de Juana Rivas, condenada por la sustracción de sus dos hijos en 2017 e indultada parcialmente por el Gobierno; para que regresase junto a su padre, el italiano Francesco Arturi, nuevamente denunciado por Rivas por presuntos delitos de coacción a testigo y de amenazas a dicho menor y procesado por ello.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada, ante la petición de la madre y Fiscalía en el sentido ordenado, ha considerado que ante el regreso del menor con su padre custodio, que debía tener lugar este miércoles, adopta esta decisión para proteger al menor.
Antes de tomar la decisión, la juez de guardia y el fiscal escucharon al menor en el transcurso de una exploración celebrada en dependencias judiciales. La juez se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Granada, que deberá ahora decidir si le corresponde asumir el procedimiento, dado que en el mismo ya constaba una denuncia por malos tratos presentada por la madre. Esa denuncia se encuentra actualmente archivada pero la decisión de archivo no es firme dado que se encuentra recurrida en reforma ante el propio Juzgado de Violencia, según señala el TSJA.
Rivas había pedido medidas de protección internacional para su hijo menor, a fin de que no vuelva con su padre tras las vacaciones navideñas en España; después de que el Juzgado de Primera Instancia número 10 se inhibiese en favor del de Violencia sobre la Mujer número 2, donde hay un procedimiento abierto a raíz de una demanda de violencia de género presentada por la madre contra el progenitor, Francesco Arcuri, al solicitarle medidas cautelares para que el menor no viajase.
El despacho Aránguez Abogados había detallado al respecto que ha tomado la iniciativa de escribir una carta para dirigirse a la Fiscalía de Granada, después de no haber obtenido en el Juzgado de Primera Instancia número 10 las medidas cautelares pedidas para el niño, que "se encuentra en clara situación de riesgo", y para el que pide "protección internacional por amenazas contra su vida, insistiendo especialmente en la necesidad de que sea escuchado".
Si Diario Red puede publicar lo que casi nadie más se atreve, con una línea editorial de izquierdas y todo el rigor periodístico, es gracias al apoyo de nuestros socios y socias.
Posteriormente, pasadas las 18,00 horas, el equipo jurídico ha indicado que ha decidido presentar un escrito ante el Juzgado de Guardia de Granada capital solicitando que el menor fuese "escuchado"; ante "la ausencia de sensibilidad del Juzgado de Primera Instancia número 10, que se ha inhibido sin acordar ningún tipo de medida de protección del menor" y "tras solicitar amparo a Fiscalía, quien apoya expresamente la adopción de estas medidas en interés superior" del niño.
Para estos letrados, era "absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado Social y Democrático de Derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste siquiera en escucharlo". Han hecho hincapié en que el niño, de "casi once años", "jamás ha sido oído en España por ningún juez, a pesar de los gravísimos hechos que refiere".
Fuentes consultadas por Europa Press en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicaban que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada acordaba este martes inhibirse en favor del de Violencia sobre la Mujer en la demanda presentada por la madre de Maracena, para que se acordara una "medida de no regreso" del menor con su padre, con el que reside en Italia.
Como ocurre en el presente caso, son los juzgados de la jurisdicción penal los que tienen la preferencia sobre la instrucción en el caso de que coincidan procedimientos semejantes en las dos instancias, han detallado desde el TSJA.
El Juzgado de Violencia de Género acordó recientemente archivar la demanda presentada por la representación de la madre. Sin embargo, el procedimiento sigue su curso dado que la resolución de sobreseimiento fue recurrida por esta parte en reforma y, por lo tanto, aún no es firme.
https://www.diario.red/articulo/actuali ... 40859.html
Re: La Justicia en España
SOBRE FILTRACIONES, JUSTICIA, JUECES Y DEMÁS
El empandullo del correo "filtrado" del Fiscal General
Por supuesto, la Justicia en España es imparcial. ¿Acaso, alguien lo duda?
JUECES_ARCHIVO
25 de enero de 2025, 12:14
Para describir lo que está ocurriendo sobre la filtración de correo del Fiscal General del Estado (FGE) voy a recurrir a algunas palabras utilizadas en la lengua el “aragonés”, que tienen gran sonoridad y plasticidad. Son: caramullo, empandullo, escopetiau y cachazudo.
Uno de los aspectos más sobresalientes de esta España nuestra es la diversidad lingüística, que es un patrimonio de todos y por el que deberíamos todos sentirnos satisfechos. Otros, por el contrario, partidarios de la uniformidad están en contra. Es un tema, al que me he referido en otras ocasiones, como en el artículo titulado, Son lenguas españolas: el castellano, el catalán, el gallego, el euskera…
El aragonés y el catalán tienen la consideración de lenguas "propias" de Aragón, aunque sin el rango de cooficiales
Hablemos del aragonés. Es una lengua romance que surgió como resultado de la evolución del latín vulgar en la vertiente meridional del Pirineo central. Sus rasgos lingüísticos la sitúan a medio camino entre el catalán y el castellano. En la Edad Media se habló en la mayor parte de Aragón, pero su declive posterior la ha relegado a algunos valles y pueblos del tercio septentrional. Desde 1270, aproximadamente, el aragonés reemplazó al latín en buena parte de los documentos notariales y privados.
La mayor parte de las instituciones del reino utilizaban esa lengua, y también lo hacía la Real Cancillería de la Corona de Aragón cuando expedía documentos destinados a los súbditos aragoneses. Se dejó de utilizar en la escritura hacia 1500, y su lugar fue ocupado por el castellano. Fue, con mucha diferencia, la lengua vernácula más habitual en la documentación medieval de Aragón. Actualmente el aragonés se conserva, mermado y empobrecido, en el norte de Aragón, en el área aproximadamente delimitada por la línea Ansó – Santolaria -Fonz – Benás. Sus fronteras lingüísticas por el sur y el oeste están muy difuminadas a causa de la castellanización; por el este, la transición gradual del aragonés al catalán se hace a través del ribagorzano, mientras que por el norte, la frontera administrativa conforma también los límites con el occitano.
Se oferta como asignatura optativa en los centros educativos de la zona del aragonés. El aragonés y el catalán tienen la consideración de lenguas "propias" de Aragón, aunque sin el rango de cooficiales. Se estima que unas 25.000 personas hablan el aragonés, a las que se suman otras 20.000 que lo entienden y conocen pero no se expresan en él. Y declaran que saben escribirlo unos 17.000 individuos. No quiero entrar en más detalles, ya que en esta España nuestra la cuestión lingüística levanta ampollas, como también en la Comunidad de Aragón. Las lenguas lamentablemente se han utilizado y se siguen utilizando como armas arrojadizas entre diferentes fuerzas políticas.
La justicia del "pa'lante"
Caramullo
Hecha esta breve incursión introductoria, pasemos al objetivo de este artículo, que es recurrir al vocabulario del aragonés para explicar todo lo que acontece en relación a la auténtica persecución judicial del Fiscal General del Estado (FGE).
Caramullo, significa algo que sobrepasa lo normal, que está a punto de colmar un recipiente, algo sobrante, más allá del cúmulo...
. Estaremos de acuerdo todos. Supongo. Por tierra, mar y aire. Invierno, primavera, verano y otoño. De madrugada, por la mañana, al mediodía, en la sobremesa, por la tarde, por la noche, duro y dale con la matraca, erre que erre en todos los medios, especialmente los de la Brunete mediática de la capital de España, con la filtración del correo por parte del FGE.
Es algo asfixiante. Nos dicen cada día, la hipérbole es cada más ridícula y extravagante, que es el mayor escándalo de la democracia española. “Por primera vez está imputado un FGE. Vamos, que dan ganas para exiliarnos todos. Sin matices. Por supuesto, mucho mayor, pero muchísimo más grave que el 23-F o el caso de la Gürtel. Vamos a ver, ya no sé si hubo filtración del FGE, de MAR, de la madre superiora, o de la madre que los parió a todos, me da igual. Ya vale. ¿Quieren acabar con nosotros? ¡Anda que no ha habido filtraciones desde los tribunales en estos años! Y las seguirá habiendo.
Todavía recuerdo la frase de un ministro, que condecoraba a las Vírgenes, "esto te lo afina la Fiscalía". Y ahora mismo estamos contemplando atónitos y escandalizados la filtración de las grabaciones de las declaraciones de Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón, que han convertido en personaje de actualidad al juez Adolfo Carretero. Ha venido muy bien la filtración, porque así podemos ver como actúan determinados jueces.
Este tema sería más que suficiente para otro artículo. Pero, no me resisto a citar la llamada Ley Micaela, de la República de Argentina, la Ley 27499, que fue promulgada el 10 de enero de 2019. ¿La conoce el juez Adolfo Carretero? Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien por falta de una evaluación con perspectiva de género se encontraba en libertad condicional.
La Casa Rosada prepara un paquete de leyes para enviar al Congreso. Buscará quitar todas las normativas que “contemplen discriminación positiva sobre minorías. Por ello, el de la “motosierra”, el condecorado por Isabel Díaz Ayuso, tiene el propósito de eliminar la figura del feminicidio, de derogar la Ley Micaela y el DNI binario. ¡Dios! En qué manos estamos. Estos son capaces de llevarse el mundo por delante. Lo que no sé, si somos conscientes de este peligro.
Del "váyase señor González", al "váyase nº1"
Empandullo
Empandullo significa: lío, maraña, trampa, caos, desorden, embrollo, lío, chanchullo, enredo...
Pero retornemos al tema del correo del FGE. Otra palabra del aragonés muy sonora y muy llamativa. Empandullo significa: lío, maraña, trampa, caos, desorden, embrollo, lío, chanchullo, enredo...Y vaya que sí ha ocurrido así. Vamos a describirlo. Todo arranca de un presunto, insisto, insisto, por si acaso, presunto fraude fiscal, aunque es más claro que el agua cristalina. Este presunto fraude afecta de alguna manera a una política de postín, la princesa de los Madriles. Ante esta circunstancia. Hay que actuar. ¿Qué hacer? Esparcir tinta de calaMAR. O lo que es lo mismo, arrojar un gato muerto encima de la mesa o como hizo Alcibiades que le cortó la cola a su perro. Montar el empandullo. Artífice, el gran MAR. En esta táctica es un auténtico maestro. Este manda correos falsos a diferentes medios y a otros los amenaza con triturarlos, además de afirmar que unos periodistas encapuchados visitaron la casa de Isabel Díaz Ayuso.
Por lo que parece, de momento, los robos de los ordenadores de los abogados del presunto defraudador parecen ser producto de la delincuencia común. La mayoría de los medios con gran frenesí se suman a la fiesta. El FGE desmiente el bulo de MAR. A continuación querella al canto. Ni que decir tiene que siempre habrá un juez del Tribunal Supremo presto a darle curso, que con extraordinaria diligencia llamará a declarar a fiscales, periodistas; y hasta el conserje y la señora de la limpieza de la Fiscalía. Y si hace falta hasta la estatua de la Cibeles o los leones de la escalinata del Congreso. Lo importante es que dure en el tiempo, cuanto más mejor. Hay que alargarlo.
La prensa capitalina, bien subvencionada de pasta desde la Puerta del Sol e impregnada del patriotismo auténtico se incorpora con sus mejores peones a la tarea. El de la tinta de calaMAR, todo un paradigma de la sensatez y de la veracidad, suelta la, expresión, “el Fiscal irá p’alante. Marca el camino a seguir. Ya está el empandullo montao. Está claro. Es un empandullo de libro. Ya tienen carnaza las tertulias. A disfrutar, Susana Griso, Ana Terradillos, García Ferreras, paradigmas del periodismo imparcial. El gran Vicente Valles por la noche abre su telediario en Antena3 con el correo del FGE. Otras veces, lo sustituye con el software de Begoña o de la fortuna del hermano de David Sánchez. En pago por los servicios prestados, la Universidad Internacional de Valencia le distinguió recientemente con el título de doctor honoris causa Tal universidad privada perteneciente a Planeta Formación y Universidades, que figura en la clasificación de las universidades españolas en el puesto 68 de 71, reconoce al presentador de Antena 3. Y en el solemne acto tuvo como padrino-¡todo un lujo!- a Francisco Marhuenda, director de 'La Razón”. Vamos, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.
Poder Judicial y Ministerio Fiscal. ¿Hemos creado un monstruo que puede devorar a la democracia?
Escopetiau, templau, aventau, cachazudo
Pasemos a otras palabras del aragonés, como escopetiau, templau y aventau, las tres son sinónimas, que traducidas al castellano significan “apresurado, atolondrado, alocado, precipitado, raudo, veloz, casquivano, resuelto, temerario. Y efectivamente escopetiau, templau y aventau es el juez en algunas de sus investigaciones, cual si fuera un automóvil de Formula I, como en la filtración del correo por parte del FGE. Sigamos recurriendo al aragonés. En este caso es la palabra cachazudo que en castellano significa: tranquilo, lento, parsimonioso, cachaciento, calmoso, pacharrudo, flemático, tardo, huevón…. ¡Qué cachazudos algunos jueces en otras ocasiones, más parsimoniosos que el paso de una tortuga! Como en el caso del presunto defraudador fiscal. Insisto, presunto. Por supuesto, nos dicen “hay que dejar trabajar a la Justicia”. Mucho cuidado con cuestionar su independencia, aunque todavía no ha sabido, querido o podido investigar quién estaba detrás de M. Rajoy. ¿No será el delantero centro del Manchester City? Por supuesto, la Justicia en España es imparcial. ¿Acaso, alguien lo duda? Yo no. En cuanto a usted, querido lector, lo dejo a su libre albedrío.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/ac ... 34706.html
El empandullo del correo "filtrado" del Fiscal General
Por supuesto, la Justicia en España es imparcial. ¿Acaso, alguien lo duda?
JUECES_ARCHIVO
25 de enero de 2025, 12:14
Para describir lo que está ocurriendo sobre la filtración de correo del Fiscal General del Estado (FGE) voy a recurrir a algunas palabras utilizadas en la lengua el “aragonés”, que tienen gran sonoridad y plasticidad. Son: caramullo, empandullo, escopetiau y cachazudo.
Uno de los aspectos más sobresalientes de esta España nuestra es la diversidad lingüística, que es un patrimonio de todos y por el que deberíamos todos sentirnos satisfechos. Otros, por el contrario, partidarios de la uniformidad están en contra. Es un tema, al que me he referido en otras ocasiones, como en el artículo titulado, Son lenguas españolas: el castellano, el catalán, el gallego, el euskera…
El aragonés y el catalán tienen la consideración de lenguas "propias" de Aragón, aunque sin el rango de cooficiales
Hablemos del aragonés. Es una lengua romance que surgió como resultado de la evolución del latín vulgar en la vertiente meridional del Pirineo central. Sus rasgos lingüísticos la sitúan a medio camino entre el catalán y el castellano. En la Edad Media se habló en la mayor parte de Aragón, pero su declive posterior la ha relegado a algunos valles y pueblos del tercio septentrional. Desde 1270, aproximadamente, el aragonés reemplazó al latín en buena parte de los documentos notariales y privados.
La mayor parte de las instituciones del reino utilizaban esa lengua, y también lo hacía la Real Cancillería de la Corona de Aragón cuando expedía documentos destinados a los súbditos aragoneses. Se dejó de utilizar en la escritura hacia 1500, y su lugar fue ocupado por el castellano. Fue, con mucha diferencia, la lengua vernácula más habitual en la documentación medieval de Aragón. Actualmente el aragonés se conserva, mermado y empobrecido, en el norte de Aragón, en el área aproximadamente delimitada por la línea Ansó – Santolaria -Fonz – Benás. Sus fronteras lingüísticas por el sur y el oeste están muy difuminadas a causa de la castellanización; por el este, la transición gradual del aragonés al catalán se hace a través del ribagorzano, mientras que por el norte, la frontera administrativa conforma también los límites con el occitano.
Se oferta como asignatura optativa en los centros educativos de la zona del aragonés. El aragonés y el catalán tienen la consideración de lenguas "propias" de Aragón, aunque sin el rango de cooficiales. Se estima que unas 25.000 personas hablan el aragonés, a las que se suman otras 20.000 que lo entienden y conocen pero no se expresan en él. Y declaran que saben escribirlo unos 17.000 individuos. No quiero entrar en más detalles, ya que en esta España nuestra la cuestión lingüística levanta ampollas, como también en la Comunidad de Aragón. Las lenguas lamentablemente se han utilizado y se siguen utilizando como armas arrojadizas entre diferentes fuerzas políticas.
La justicia del "pa'lante"
Caramullo
Hecha esta breve incursión introductoria, pasemos al objetivo de este artículo, que es recurrir al vocabulario del aragonés para explicar todo lo que acontece en relación a la auténtica persecución judicial del Fiscal General del Estado (FGE).
Caramullo, significa algo que sobrepasa lo normal, que está a punto de colmar un recipiente, algo sobrante, más allá del cúmulo...
. Estaremos de acuerdo todos. Supongo. Por tierra, mar y aire. Invierno, primavera, verano y otoño. De madrugada, por la mañana, al mediodía, en la sobremesa, por la tarde, por la noche, duro y dale con la matraca, erre que erre en todos los medios, especialmente los de la Brunete mediática de la capital de España, con la filtración del correo por parte del FGE.
Es algo asfixiante. Nos dicen cada día, la hipérbole es cada más ridícula y extravagante, que es el mayor escándalo de la democracia española. “Por primera vez está imputado un FGE. Vamos, que dan ganas para exiliarnos todos. Sin matices. Por supuesto, mucho mayor, pero muchísimo más grave que el 23-F o el caso de la Gürtel. Vamos a ver, ya no sé si hubo filtración del FGE, de MAR, de la madre superiora, o de la madre que los parió a todos, me da igual. Ya vale. ¿Quieren acabar con nosotros? ¡Anda que no ha habido filtraciones desde los tribunales en estos años! Y las seguirá habiendo.
Todavía recuerdo la frase de un ministro, que condecoraba a las Vírgenes, "esto te lo afina la Fiscalía". Y ahora mismo estamos contemplando atónitos y escandalizados la filtración de las grabaciones de las declaraciones de Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón, que han convertido en personaje de actualidad al juez Adolfo Carretero. Ha venido muy bien la filtración, porque así podemos ver como actúan determinados jueces.
Este tema sería más que suficiente para otro artículo. Pero, no me resisto a citar la llamada Ley Micaela, de la República de Argentina, la Ley 27499, que fue promulgada el 10 de enero de 2019. ¿La conoce el juez Adolfo Carretero? Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien por falta de una evaluación con perspectiva de género se encontraba en libertad condicional.
La Casa Rosada prepara un paquete de leyes para enviar al Congreso. Buscará quitar todas las normativas que “contemplen discriminación positiva sobre minorías. Por ello, el de la “motosierra”, el condecorado por Isabel Díaz Ayuso, tiene el propósito de eliminar la figura del feminicidio, de derogar la Ley Micaela y el DNI binario. ¡Dios! En qué manos estamos. Estos son capaces de llevarse el mundo por delante. Lo que no sé, si somos conscientes de este peligro.
Del "váyase señor González", al "váyase nº1"
Empandullo
Empandullo significa: lío, maraña, trampa, caos, desorden, embrollo, lío, chanchullo, enredo...
Pero retornemos al tema del correo del FGE. Otra palabra del aragonés muy sonora y muy llamativa. Empandullo significa: lío, maraña, trampa, caos, desorden, embrollo, lío, chanchullo, enredo...Y vaya que sí ha ocurrido así. Vamos a describirlo. Todo arranca de un presunto, insisto, insisto, por si acaso, presunto fraude fiscal, aunque es más claro que el agua cristalina. Este presunto fraude afecta de alguna manera a una política de postín, la princesa de los Madriles. Ante esta circunstancia. Hay que actuar. ¿Qué hacer? Esparcir tinta de calaMAR. O lo que es lo mismo, arrojar un gato muerto encima de la mesa o como hizo Alcibiades que le cortó la cola a su perro. Montar el empandullo. Artífice, el gran MAR. En esta táctica es un auténtico maestro. Este manda correos falsos a diferentes medios y a otros los amenaza con triturarlos, además de afirmar que unos periodistas encapuchados visitaron la casa de Isabel Díaz Ayuso.
Por lo que parece, de momento, los robos de los ordenadores de los abogados del presunto defraudador parecen ser producto de la delincuencia común. La mayoría de los medios con gran frenesí se suman a la fiesta. El FGE desmiente el bulo de MAR. A continuación querella al canto. Ni que decir tiene que siempre habrá un juez del Tribunal Supremo presto a darle curso, que con extraordinaria diligencia llamará a declarar a fiscales, periodistas; y hasta el conserje y la señora de la limpieza de la Fiscalía. Y si hace falta hasta la estatua de la Cibeles o los leones de la escalinata del Congreso. Lo importante es que dure en el tiempo, cuanto más mejor. Hay que alargarlo.
La prensa capitalina, bien subvencionada de pasta desde la Puerta del Sol e impregnada del patriotismo auténtico se incorpora con sus mejores peones a la tarea. El de la tinta de calaMAR, todo un paradigma de la sensatez y de la veracidad, suelta la, expresión, “el Fiscal irá p’alante. Marca el camino a seguir. Ya está el empandullo montao. Está claro. Es un empandullo de libro. Ya tienen carnaza las tertulias. A disfrutar, Susana Griso, Ana Terradillos, García Ferreras, paradigmas del periodismo imparcial. El gran Vicente Valles por la noche abre su telediario en Antena3 con el correo del FGE. Otras veces, lo sustituye con el software de Begoña o de la fortuna del hermano de David Sánchez. En pago por los servicios prestados, la Universidad Internacional de Valencia le distinguió recientemente con el título de doctor honoris causa Tal universidad privada perteneciente a Planeta Formación y Universidades, que figura en la clasificación de las universidades españolas en el puesto 68 de 71, reconoce al presentador de Antena 3. Y en el solemne acto tuvo como padrino-¡todo un lujo!- a Francisco Marhuenda, director de 'La Razón”. Vamos, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.
Poder Judicial y Ministerio Fiscal. ¿Hemos creado un monstruo que puede devorar a la democracia?
Escopetiau, templau, aventau, cachazudo
Pasemos a otras palabras del aragonés, como escopetiau, templau y aventau, las tres son sinónimas, que traducidas al castellano significan “apresurado, atolondrado, alocado, precipitado, raudo, veloz, casquivano, resuelto, temerario. Y efectivamente escopetiau, templau y aventau es el juez en algunas de sus investigaciones, cual si fuera un automóvil de Formula I, como en la filtración del correo por parte del FGE. Sigamos recurriendo al aragonés. En este caso es la palabra cachazudo que en castellano significa: tranquilo, lento, parsimonioso, cachaciento, calmoso, pacharrudo, flemático, tardo, huevón…. ¡Qué cachazudos algunos jueces en otras ocasiones, más parsimoniosos que el paso de una tortuga! Como en el caso del presunto defraudador fiscal. Insisto, presunto. Por supuesto, nos dicen “hay que dejar trabajar a la Justicia”. Mucho cuidado con cuestionar su independencia, aunque todavía no ha sabido, querido o podido investigar quién estaba detrás de M. Rajoy. ¿No será el delantero centro del Manchester City? Por supuesto, la Justicia en España es imparcial. ¿Acaso, alguien lo duda? Yo no. En cuanto a usted, querido lector, lo dejo a su libre albedrío.
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