Castro –que instruyó el caso Nóos– e Yllanes –que estuvo a punto de presidir el tribunal– abanderan una iniciativa que pretende que el jefe del Estado se pronuncie, en su discurso de Navidad, sobre sus privilegios para que PP y PSOE aprueben una reforma constitucional
Un grupo de jueces y juristas de prestigio de las Illes Balears pide que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad contemplada en la figura del monarca. Estos profesionales quieren que sea el jefe del Estado el que, aprovechando el tradicional discurso de Navidad, se muestre favorable a la reforma constitucional que así lo permita. Entre ellos, figuran los exmagistrados José Castro –conocido por la instrucción del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin a varios años de prisión y a Cristina de Borbón como partícipe a título lucrativo– y Juan Pedro Yllanes –conocido por haber sido designado para presidir el caso Nóos, a lo que renunció para entrar en política de la mano de Podemos, y por haber sido vicepresident balear con Francina Armengol–.
“Para eliminar la inviolabilidad no hay que acudir a la reforma constitucional”, afirma a elDiario.es el exjuez José Castro, y añade que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional hacen, según asegura, “una interpretación errónea”. “Ahora el Tribunal Constitucional tendría que desdecirse”, asevera, ya que el jefe del Estado es “inviolable hasta en la esfera más personal”. Por este motivo, explica Castro, solo hay dos formas de conseguir este propósito: cambiando la interpretación del artículo 56.3 de la Carta Magna, o en su defecto, su redacción. “No sé qué es más complicado: cambiar la interpretación del artículo o modificar la doctrina constitucional”, sostiene el exmagistrado.
En una carta enviada al presidente del Gobierno, a la cual ha accedido elDiario.es, los juristas se dirigen a Pedro Sánchez para que transmita dicha petición al jefe del Estado. Los jueces creen que debe ser el rey Felipe VI quien se pronuncie al respecto, para que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, lleguen a un acuerdo y pacten la reforma constitucional correspondiente que así lo permita. En dicho escrito, los expertos indican que dicha reforma se debe llevar a cabo para que el artículo 56.3 de la Constitución se interprete siempre, y exclusivamente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64. El tercer punto del artículo 56 indica que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y que “sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65”.
El artículo 64 establece que los actos del rey “serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” y que “de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden”. El artículo 65 se refiere a las cantidades económicas que el rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado para los gastos de la Casa Real. Es decir, según la interpretación del texto constitucional que hacen los magistrados, la figura del rey es inviolable sólo en cuanto a los actos propios que debe realizar en el ejercicio de sus funciones como jefe del Estado.
Esta inviolabilidad, consideran, no debería llevar aparejada la posibilidad de cometer delitos sin que haya consecuencias penales, como habría ocurrido en el caso del rey emérito Juan Carlos I. Cabe recordar que la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía abierta en torno a Juan Carlos de Borbón y su fortuna alegando que los presuntos delitos habían prescrito o que los hechos se cometieron cuando el entonces jefe del Estado gozaba de inviolabilidad. Los investigadores entendieron que los posibles delitos fiscales fueron cometidos antes de 2011, por lo que ya habían prescrito, o que fueron cometidos cuando el monarca todavía estaba protegido por su inviolabilidad. Es decir, los magistrados creen que la figura del rey solo debería ser inviolable en el ejercicio de sus funciones para preservar los derechos y obligaciones constitucionales.
Con la actual interpretación, el título II de la Carta Magna, que se refiere a la Corona, está por encima del título I, de los derechos y deberes fundamentales, que en su artículo 14 establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En este sentido, los juristas que firman el documento detallan que consideran “plenamente legítima y procedente” la manifestación del jefe del Estado, “pues corresponde a una norma que, directamente, solo se refiere a su persona”. Así, los expertos entienden que el rey Felipe VI “está de acuerdo con esta interpretación, pues es la única que despeja cualquier duda sobre posibles excepciones que expresamente rechaza el artículo 14 de la misma ley de leyes”.
Es decir, que esta interpretación del texto constitucional es la única que permite que los españoles sean “iguales ante la ley”, como indica el citado artículo del título primero. Los magistrados se muestran convencidos de que si el jefe del Estado se manifestara en estos términos, allanaría el camino para que socialistas y conservadores pusieran en marcha la reforma constitucional correspondiente. Cabe recordar que los proyectos de reforma de la Carta Magna deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado. O, en su lugar, por una mayoría absoluta de la Cámara Alta y una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja, según se establece en el artículo 167 de la Constitución. En ambos casos, se necesitaría el acuerdo entre los dos partidos con mayor representación parlamentaria: PP y PSOE.
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