Este servicio, puesto en marcha por el Gobierno de coalición del PP y Vox en toda Castilla y León, ha atendido una media de apenas 20 llamadas por provincia desde que se inauguró hace mes y medio.
La alerta sobre la ocupación de viviendas no llega solo desde las instituciones, sino también por parte de organizaciones como Desokupa, la empresa de Daniel Esteve que se dedica a hacer desalojos extrajudiciales bajo coacciones e intimidación.
Unos métodos que han sido cuestionados y denunciados por una parte de la opinión pública, que duda sobre su legalidad. De hecho, la semana pasada el juzgado de primera instancia número 42 de Barcelona condenó a la empresa por grabación a inquilinos con impagos y difundir el contenido en las redes sociales.
https://www.publico.es/politica/oficina ... mobile-big