Derecha española
Re: Derecha española
La derecha española, de perfil claramente golpista y procedente de lo que todos sabemos, es lo más desleal, antiespañol, antipatriótico e inconstitucional que pueda conocerse. Se venden como lo contrario, pero sus actos y actitudes la retratan.
Re: Derecha española
Un millón de niños y niñas se quedan sin beca de comedor: “Si me tengo que gastar 120 euros no llego a final de mes”
Familias y ONG exigen que este servicio, el único que garantiza a las familias más vulnerables una comida caliente diaria para sus hijos, se considere un derecho subjetivo y que todas las comunidades fijen los mismos umbrales para acceder a él
— PP y Vox eliminan en Extremadura la gratuidad universal de los comedores escolares
A Isabel se le vino el mundo encima hace unos días cuando la directora del colegio de su hija, en Murcia capital, le comunicó que le habían denegado la beca del comedor que le venían dando año tras año, desde hace cinco. Isabel es madre soltera. “Estoy sola, y con 756 euros al mes tengo que afrontar los gastos del alquiler, la luz y el agua, que suelen rondar los 530 euros; lo que nos queda tenemos que administrarlo para comer y los pequeños gastos que vayan surgiendo”. Su hija, de 11 años, es su “prioridad”: “Lo poco que tengo es para ella, y es esencial que pueda hacer esa comida caliente diaria”.
La mitad de las familias españolas que pidieron una beca para el comedor escolar no la obtuvieron
La mitad de las familias españolas que pidieron una beca para el comedor escolar no la obtuvieron
MÁS
Murcia está a la cola en la cobertura de ayudas para comedor escolar. Según el último informe de Save The Children, el curso pasado solo un 2,12% del alumnado accedió a ellas a pesar de ser una de las comunidades con una mayor tasa de pobreza infantil.
Isabel es un caso entre un millón, pero en el sentido inverso al habitual. Su hija es una más entre el millón de menores que se va a quedar, otro año, sin beca para el comedor, según la ONG Educo. Muchos de ellos, cumpliendo con los requisitos para recibirla. “Teniendo en cuenta que en España casi uno de cada tres menores de 18 años vive en riesgo de pobreza y que solo el 11% reciben apoyo económico para el comedor, hay alrededor de un millón de niños y niñas que no pueden acceder a él”, sostiene la organización.
A nivel general, la cuestión toca lo alimenticio, pero también lo educativo. “El comedor escolar garantizar una comida completa y nutritiva” a los niños, explica la ONG. “Pero no solo eso. Además, aprenden hábitos nutricionales y sociales, juegan, se relacionan con sus compañeros y compañeras, gestionan conflictos o administran su tiempo libre. Por todo ello, desde Educo consideramos que el comedor escolar y el espacio del mediodía forman parte del derecho a la educación de la infancia”, añaden. Un derecho que retrocede en algunas comunidades: el gobierno extremeño del PP y Vox ha eliminado esta misma semana el servicio de comedor gratuito y universal que tenía la región. Ante la polémica que originó esta medida, el partido ultra se intentó desmarcar este jueves de esta decisión, y votó junto a la izquierda una iniciativa en la asamblea regional para revisar los umbrales de becas, el impulso de los bancos de libros y el refuerzo de los comedores en los centros educativos.
A nivel particular, para algunas familias vulnerables el comedor de la escuela es la única garantía de que sus pequeños comerán caliente ese día. “No tener la beca es un vacío, tenerla me ha permitido utilizar los recursos que tenemos para otras cosas necesarias para los niños”, cuenta Gabriela María, que ha podido disfrutar de una ayuda los años anteriores en Madrid pero este, de momento, se ha quedado fuera. “Necesitábamos saciar la necesidad de que los niños comieran, porque no estaban teniendo una buena alimentación y en ese momento solo trabajaba mi marido. No podíamos acceder al precio. A partir de octubre son 120 euros al mes; si me tengo que gastar ese dinero, no creo que pueda llegar a fin de mes”.
Derecho subjetivo o concurrencia competitiva
Educo lamenta que las comunidades autónomas gestionan el asunto de distinta manera. “Muchos de los sistemas actuales implementados en las comunidades autónomas se rigen por concurrencia competitiva, donde se otorgan becas según la situación de la infancia y hasta el límite presupuestario fijado (Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias). Así, muchos niños, niñas y adolescentes no reciben ayudas aun cumpliendo los requisitos”, exponen.
El resto considera las ayudas un derecho subjetivo, lo que quiere decir que si una familia cumple determinados requisitos recibirá la beca, aunque imponen diferentes umbrales de renta o no cubren todo el coste del comedor, generando situaciones dispares.
Un ejemplo práctico de esto: “Una familia formada por dos personas adultas y dos hijos o hijas –propone Educo como situación tipo– en la Comunidad de Madrid tiene que ingresar menos de 12.000 euros anuales para optar al 80% de la beca comedor, pero en Catalunya la misma familia ingresando menos de 14.321 euros podría recibir el 100% de la beca. En el caso de Extremadura, la beca completa se puede solicitar con unos ingresos inferiores a 15.329 euros y en Galicia, con menos de 28.000. En Castilla-La Mancha la renta máxima para pedirla son 6.717 euros, mientras que en Castilla y León son 15.039 euros”.
Además, explica la ONG, hay cinco comunidades –Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra– que no dan nunca el 100% de la beca, y en tres —Canarias, Catalunya y la Comunitat Valenciana— el 100% está condicionado a otros requisitos, como que exista una valoración por parte de los servicios sociales.
Sin trabajo y sin beca
Con todas estas casuísticas, las familias que se quedan fuera viviendo o rozando la pobreza se acumulan. En Castilla-La Mancha, la primera barrera es una de las condiciones que pone el Gobierno regional: las peticiones de ayudas solo pueden realizarse de forma telemática, lo que provoca que muchas familias sin recursos ni conocimientos para ello se queden fuera de la convocatoria. Tampoco ayuda que para pedir las ayudas se baremen los ingresos de hasta dos años antes de la convocatoria, lo que provoca situaciones extrañas.
Le ha pasado, por ejemplo, a una familia de Villamalea (Albacete) con tres hijos menores que prefiere no dar su nombre. Solicitaron la ayuda para la compra de libros de texto y comedor escolar del curso escolar 2023-2024 pero les denegaron la ayuda por contabilizar los ingresos de 2021. La cuestión, para esta familia albaceteña, es que ese año el padre de los menores tenía trabajo e ingresos. Actualmente, no. Por tanto, necesitan unos 1.000 euros solo para el material escolar, incluido el exigido en Educación Infantil, etapa que no está incluida en las ayudas por no ser obligatoria.
En la Comunidad de Madrid la semana también ha sido agitada, con rectificación del Ejecutivo regional de por medio. La FAPA Giner de los Ríos denunció el martes la “desidia” del Gobierno regional para resolver la convocatoria de becas pese a que el curso ya está empezado y “muchos menores dependen de la comida del centro educativo como la única que completan al día”, explicaba la asociación de AMPAs.
Y eso las afortunadas que la habían pedido y podían confiar en que les tocara. Algunas directamente no solicitan las ayudas porque estas no cubren la totalidad del coste del comedor (que ha subido este año) y hay padres y madres que no pueden pagar ni esa parte: “Esto supone que hay familias que directamente no solicitan esa beca por no poder asumir ese precio; otras dependen de las administraciones locales que, a través de sus servicios sociales, valoren la posibilidad de asumir el gasto, y otros miles de niños y niñas ni siquiera existen a ojos de la consejería de Educación, ya que el umbral fijado para su acceso se ha establecido por debajo del umbral de la pobreza”, denunciaba la FAPA.
Las protestas de las familias y sindicatos provocaron una reacción en el Ejecutivo, que anunció que adelantarían el dinero a las beneficiarias de las ayudas, aunque este adelanto, explica CCOO, no implica la concesión de la ayuda. Si las familias no pueden acreditar la situación de exclusión deberán pagar el comedor.
En Murcia, Mary gana demasiado para una beca. Ingresa 1.180 euros al mes, que deberían ser menos de 787,46 para permitirle optar a una ayuda. “Tengo tres hijos de 13, 7 y 4 años, todos en el colegio; otros cursos sí que me han dado la beca pero este me la han denegado, y me complica mucho las cosas porque estoy sola con mis hijos y trabajo a las horas en las que ellos están en el cole”, explica. Cuando se le recuerda que excede los ingresos replica: “Ya me dirás cómo lo hago, tengo que pagar el alquiler que son 350 euros, más la luz y el agua, y todos los demás gastos que tiene una familia con tres niños; es muy difícil”.
¿Un derecho?
ONGs y familias pelean porque las becas de comedor se reconozcan como un derecho subjetivo, lo que implicaría que todas las familias que cumplieran determinadas condiciones la recibirían sin más burocracia (ya sucede en muchas comunidades autónomas). También que se establezcan los mismos requisitos en todas las autonomías. Educo propone utilizar la misma definición de pobreza, en concreto en base a los umbrales que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La FAPA Giner de los Ríos recuerda que El Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea, aprobado por el Gobierno en 2022, recoge siguiendo los postulados de la UE que “los comedores escolares son esenciales para adquirir estilos de vida saludables y garantizar una alimentación saludable y equilibrada tanto durante el curso lectivo, como en los períodos vacacionales”. Las familias madrileñas están evaluando si denuncian la actuación del Gobierno regional ante la Fiscalía de Menores “para determinar la existencia de un posible delito contra los derechos de los menores”.
https://www.eldiario.es/sociedad/millon ... 14104.html
Si han podido conformar gobierno PP y Vox es porque han recibido la mayoría de los votos.
¡A disfrutar de lo votado!
Familias y ONG exigen que este servicio, el único que garantiza a las familias más vulnerables una comida caliente diaria para sus hijos, se considere un derecho subjetivo y que todas las comunidades fijen los mismos umbrales para acceder a él
— PP y Vox eliminan en Extremadura la gratuidad universal de los comedores escolares
A Isabel se le vino el mundo encima hace unos días cuando la directora del colegio de su hija, en Murcia capital, le comunicó que le habían denegado la beca del comedor que le venían dando año tras año, desde hace cinco. Isabel es madre soltera. “Estoy sola, y con 756 euros al mes tengo que afrontar los gastos del alquiler, la luz y el agua, que suelen rondar los 530 euros; lo que nos queda tenemos que administrarlo para comer y los pequeños gastos que vayan surgiendo”. Su hija, de 11 años, es su “prioridad”: “Lo poco que tengo es para ella, y es esencial que pueda hacer esa comida caliente diaria”.
La mitad de las familias españolas que pidieron una beca para el comedor escolar no la obtuvieron
La mitad de las familias españolas que pidieron una beca para el comedor escolar no la obtuvieron
MÁS
Murcia está a la cola en la cobertura de ayudas para comedor escolar. Según el último informe de Save The Children, el curso pasado solo un 2,12% del alumnado accedió a ellas a pesar de ser una de las comunidades con una mayor tasa de pobreza infantil.
Isabel es un caso entre un millón, pero en el sentido inverso al habitual. Su hija es una más entre el millón de menores que se va a quedar, otro año, sin beca para el comedor, según la ONG Educo. Muchos de ellos, cumpliendo con los requisitos para recibirla. “Teniendo en cuenta que en España casi uno de cada tres menores de 18 años vive en riesgo de pobreza y que solo el 11% reciben apoyo económico para el comedor, hay alrededor de un millón de niños y niñas que no pueden acceder a él”, sostiene la organización.
A nivel general, la cuestión toca lo alimenticio, pero también lo educativo. “El comedor escolar garantizar una comida completa y nutritiva” a los niños, explica la ONG. “Pero no solo eso. Además, aprenden hábitos nutricionales y sociales, juegan, se relacionan con sus compañeros y compañeras, gestionan conflictos o administran su tiempo libre. Por todo ello, desde Educo consideramos que el comedor escolar y el espacio del mediodía forman parte del derecho a la educación de la infancia”, añaden. Un derecho que retrocede en algunas comunidades: el gobierno extremeño del PP y Vox ha eliminado esta misma semana el servicio de comedor gratuito y universal que tenía la región. Ante la polémica que originó esta medida, el partido ultra se intentó desmarcar este jueves de esta decisión, y votó junto a la izquierda una iniciativa en la asamblea regional para revisar los umbrales de becas, el impulso de los bancos de libros y el refuerzo de los comedores en los centros educativos.
A nivel particular, para algunas familias vulnerables el comedor de la escuela es la única garantía de que sus pequeños comerán caliente ese día. “No tener la beca es un vacío, tenerla me ha permitido utilizar los recursos que tenemos para otras cosas necesarias para los niños”, cuenta Gabriela María, que ha podido disfrutar de una ayuda los años anteriores en Madrid pero este, de momento, se ha quedado fuera. “Necesitábamos saciar la necesidad de que los niños comieran, porque no estaban teniendo una buena alimentación y en ese momento solo trabajaba mi marido. No podíamos acceder al precio. A partir de octubre son 120 euros al mes; si me tengo que gastar ese dinero, no creo que pueda llegar a fin de mes”.
Derecho subjetivo o concurrencia competitiva
Educo lamenta que las comunidades autónomas gestionan el asunto de distinta manera. “Muchos de los sistemas actuales implementados en las comunidades autónomas se rigen por concurrencia competitiva, donde se otorgan becas según la situación de la infancia y hasta el límite presupuestario fijado (Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias). Así, muchos niños, niñas y adolescentes no reciben ayudas aun cumpliendo los requisitos”, exponen.
El resto considera las ayudas un derecho subjetivo, lo que quiere decir que si una familia cumple determinados requisitos recibirá la beca, aunque imponen diferentes umbrales de renta o no cubren todo el coste del comedor, generando situaciones dispares.
Un ejemplo práctico de esto: “Una familia formada por dos personas adultas y dos hijos o hijas –propone Educo como situación tipo– en la Comunidad de Madrid tiene que ingresar menos de 12.000 euros anuales para optar al 80% de la beca comedor, pero en Catalunya la misma familia ingresando menos de 14.321 euros podría recibir el 100% de la beca. En el caso de Extremadura, la beca completa se puede solicitar con unos ingresos inferiores a 15.329 euros y en Galicia, con menos de 28.000. En Castilla-La Mancha la renta máxima para pedirla son 6.717 euros, mientras que en Castilla y León son 15.039 euros”.
Además, explica la ONG, hay cinco comunidades –Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra– que no dan nunca el 100% de la beca, y en tres —Canarias, Catalunya y la Comunitat Valenciana— el 100% está condicionado a otros requisitos, como que exista una valoración por parte de los servicios sociales.
Sin trabajo y sin beca
Con todas estas casuísticas, las familias que se quedan fuera viviendo o rozando la pobreza se acumulan. En Castilla-La Mancha, la primera barrera es una de las condiciones que pone el Gobierno regional: las peticiones de ayudas solo pueden realizarse de forma telemática, lo que provoca que muchas familias sin recursos ni conocimientos para ello se queden fuera de la convocatoria. Tampoco ayuda que para pedir las ayudas se baremen los ingresos de hasta dos años antes de la convocatoria, lo que provoca situaciones extrañas.
Le ha pasado, por ejemplo, a una familia de Villamalea (Albacete) con tres hijos menores que prefiere no dar su nombre. Solicitaron la ayuda para la compra de libros de texto y comedor escolar del curso escolar 2023-2024 pero les denegaron la ayuda por contabilizar los ingresos de 2021. La cuestión, para esta familia albaceteña, es que ese año el padre de los menores tenía trabajo e ingresos. Actualmente, no. Por tanto, necesitan unos 1.000 euros solo para el material escolar, incluido el exigido en Educación Infantil, etapa que no está incluida en las ayudas por no ser obligatoria.
En la Comunidad de Madrid la semana también ha sido agitada, con rectificación del Ejecutivo regional de por medio. La FAPA Giner de los Ríos denunció el martes la “desidia” del Gobierno regional para resolver la convocatoria de becas pese a que el curso ya está empezado y “muchos menores dependen de la comida del centro educativo como la única que completan al día”, explicaba la asociación de AMPAs.
Y eso las afortunadas que la habían pedido y podían confiar en que les tocara. Algunas directamente no solicitan las ayudas porque estas no cubren la totalidad del coste del comedor (que ha subido este año) y hay padres y madres que no pueden pagar ni esa parte: “Esto supone que hay familias que directamente no solicitan esa beca por no poder asumir ese precio; otras dependen de las administraciones locales que, a través de sus servicios sociales, valoren la posibilidad de asumir el gasto, y otros miles de niños y niñas ni siquiera existen a ojos de la consejería de Educación, ya que el umbral fijado para su acceso se ha establecido por debajo del umbral de la pobreza”, denunciaba la FAPA.
Las protestas de las familias y sindicatos provocaron una reacción en el Ejecutivo, que anunció que adelantarían el dinero a las beneficiarias de las ayudas, aunque este adelanto, explica CCOO, no implica la concesión de la ayuda. Si las familias no pueden acreditar la situación de exclusión deberán pagar el comedor.
En Murcia, Mary gana demasiado para una beca. Ingresa 1.180 euros al mes, que deberían ser menos de 787,46 para permitirle optar a una ayuda. “Tengo tres hijos de 13, 7 y 4 años, todos en el colegio; otros cursos sí que me han dado la beca pero este me la han denegado, y me complica mucho las cosas porque estoy sola con mis hijos y trabajo a las horas en las que ellos están en el cole”, explica. Cuando se le recuerda que excede los ingresos replica: “Ya me dirás cómo lo hago, tengo que pagar el alquiler que son 350 euros, más la luz y el agua, y todos los demás gastos que tiene una familia con tres niños; es muy difícil”.
¿Un derecho?
ONGs y familias pelean porque las becas de comedor se reconozcan como un derecho subjetivo, lo que implicaría que todas las familias que cumplieran determinadas condiciones la recibirían sin más burocracia (ya sucede en muchas comunidades autónomas). También que se establezcan los mismos requisitos en todas las autonomías. Educo propone utilizar la misma definición de pobreza, en concreto en base a los umbrales que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La FAPA Giner de los Ríos recuerda que El Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea, aprobado por el Gobierno en 2022, recoge siguiendo los postulados de la UE que “los comedores escolares son esenciales para adquirir estilos de vida saludables y garantizar una alimentación saludable y equilibrada tanto durante el curso lectivo, como en los períodos vacacionales”. Las familias madrileñas están evaluando si denuncian la actuación del Gobierno regional ante la Fiscalía de Menores “para determinar la existencia de un posible delito contra los derechos de los menores”.
https://www.eldiario.es/sociedad/millon ... 14104.html
Si han podido conformar gobierno PP y Vox es porque han recibido la mayoría de los votos.
¡A disfrutar de lo votado!
Re: Derecha española
Feijóo estrena su batalla judicial con dos batacazos en el Constitucional: aborto y eutanasia.
El tribunal de garantías todavía tiene una lista larga de recursos del PP contra normas aprobadas en la última legislatura, como el que presentó frente a la conocida como ley trans.
— El recurso del PP contra la ley de eutanasia fracasa en el Constitucional igual que el de Vox.
Alberto Núñez Feijóo cumplirá año y medio como presidente del Partido Popular dentro de unos pocos días. Un mandato en el que la formación política ha seguido llevando leyes e iniciativas del Gobierno ante el Constitucional, y en el que ha sufrido duros reveses en dos de sus grandes luchas ideológicas: el aborto y la eutanasia. El tribunal de garantías ha rechazado esta semana el recurso que el PP interpuso contra una ley de eutanasia que el propio Feijóo se comprometió a revisar y que ahora tiene el aval del máximo intérprete de la Constitución española.
Aborto, matrimonio igualitario y eutanasia: las leyes sociales se imponen a las trabas de la derecha en los tribunales
Aborto, matrimonio igualitario y eutanasia: las leyes sociales se imponen a las trabas de la derecha en los tribunales
MÁS
El aborto y la eutanasia, con más o menos intensidad, han sido dos caballos de batalla del Partido Popular a los que, en los últimos años, también se ha subido la ultraderecha de Vox. En su último programa electoral para las elecciones generales, Feijóo se comprometía a “revisar” la ley de eutanasia y a obligar a las menores de edad a obtener el permiso de sus padres para abortar. En una intervención en El Hormiguero en plena campaña, Feijóo mostró su inquietud por lo que pasaría con las personas que solicitan la eutanasia y cambian de opinión una semana después, algo que ya está incluido en la norma.
Para cuando el presidente del PP mostró su desconocimiento de la ley con Pablo Motos en horario de máxima audiencia, el recurso de su partido llevaba un año tramitándose en los pasillos del Tribunal Constitucional. Un recurso presentado cuando Pablo Casado estaba al frente de la formación y que denunciaba que la norma atentaba contra una decena de derechos constitucionales: el derecho a la vida pero también a la dignidad, la igualdad o la libertad religiosa.
La respuesta que ha recibido el partido de Alberto Núñez Feijóo se parece mucho a la que recibió en su momento el partido de Santiago Abascal tras haber presentado dos recursos muy similares. La eutanasia no ataca el derecho a la vida de quien decide acabar con su vida, ha repetido esta semana el Tribunal Constitucional, porque ese derecho no impone “la obligación de mantenerse con vida”.
Las únicas alegaciones con las que el PP se diferenciaba de Vox tampoco han prosperado. En una de ellas, el partido de Núñez Feijóo pretendía que la posibilidad de objetar se extendiera de los sanitarios a las personas jurídicas. Es decir, que no sea solo un facultativo el que pueda negarse a participar en un proceso de eutanasia sino que pueda hacerlo, por ejemplo, un hospital como entidad. El Constitucional explica que las intenciones del PP, en la práctica, comprometerían el acceso a la eutanasia: “Pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria”.
El fracaso del recurso contra el aborto
El rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP contra la ley de eutanasia ha sido el segundo gran revés que ha sufrido el partido en la calle Domenico Scarlatti desde que Núñez Feijóo es presidente. El segundo llegó en febrero de este año cuando el tribunal de garantías desestimó las alegaciones del partido contra la ley del aborto del año 2010, interpuesto cuando Mariano Rajoy estaba al frente del partido.
El derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo es una pelea ideológica del Partido Popular que arranca en los años 80, con su recurso contra la primera norma que despenalizó el aborto, y se agudizó cuando el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo la ley de plazos que, con algunas modificaciones, se mantiene hasta el día de hoy. El partido conservador ha ido pivotando su postura hasta el punto de proponer la vuelta a la primera norma del ejecutivo de Felipe González.
El PP, entonces bajo la batuta de Mariano Rajoy, encabezó manifestaciones contra una ley que no modificó cuando tuvo mayoría absoluta para hacerlo sin contar con nadie más. Una ley que, además, había recurrido ante el Constitucional con unas alegaciones que estuvieron más de una década en el cajón de los magistrados hasta que fueron definitivamente rechazadas en febrero.
Representantes del PP han seguido acudiendo a protestas contra el aborto. En 2019, por ejemplo, dirigentes del partido acudieron a una manifestación en Madrid convocada por Sí a la Vida para protestar contra “la cultura de la muerte”. Pero el discurso político fue bajando de intensidad a medida que se acercaba la derrota.
El programa electoral del partido en 2011 prometía cambiar la ley del aborto. En 2015 la palabra aborto desaparecía y el PP se limitaba a afirmar su “compromiso con el derecho a la vida”. En 2019 Javier Maroto reconocía abiertamente que no se harían más propuestas al respecto hasta que su recurso no tuviera una respuesta. Después de que la respuesta fuera negativa, el propio Alberto Núñez Feijóo fue el encargado de sumir a su partido en la ambigüedad sobre esta batalla perdida: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley y no voy a cambiar de opinión”, afirmó.
Lo cierto es que unos días antes la mayoría del Tribunal Constitucional había dado carpetazo a la eterna alegación del PP de que el derecho a abortar era incompatible con el derecho a la vida, sino que más bien forma parte de él. Interrumpir un embarazo es una manifestación del derecho de una mujer a “adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida”, explicó el Constitucional al PP. Ni siquiera la ponencia rechazada del conservador Enrique Arnaldo era favorable al grueso del recurso del partido.
La tercera derrota judicial, esta vez ante los tribunales ordinarios, está camino del número 13 de la calle Génova de Madrid. Esta semana el Tribunal Supremo ha anunciado su rechazo a recursos de Vox y parlamentarios de Ciudadanos contra los indultos de dos condenados del procés, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La decisión marca el camino a los recursos que presentó el propio Partido Popular ya que el motivo de la inadmisión es que los jueces consideran que un partido político no está legitimado para recurrir un indulto.
Futuras batallas en el Constitucional
El tribunal de garantías todavía tiene una lista larga de recursos del Partido Popular contra normas aprobadas en la última legislatura. Una de ellas es la conocida como ley trans, recurrida por el partido cuando Núñez Feijóo ya era presidente y a rebufo de otro recurso similar de la ultraderecha de Vox.
El PP recurrió cinco artículos de la norma impulsada por Igualdad y que entró en vigor el pasado mes de marzo. Por ejemplo, el artículo que permite iniciar prácticas de modificación genital en menores de entre 12 y 16 años si lo consienten de manera informada. También el que permite a los mayores de 16 años solicitar la rectificación ante el Registro Civil sin permiso de nadie, y a los menores de entre 14 y 16 años hacerlo asistidos por sus representantes legales.
Parte del recurso del PP contra la ley también ataca el artículo que califica como infracción grave que exista una cláusula contra la discriminación de las personas trans. “Es mucho más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad”, llegó a decir Feijóo poco antes de las últimas elecciones generales. “Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, pero esta ley no”. Su programa electoral prometía legislar “con la máxima prudencia”.
https://www.eldiario.es/politica/feijoo ... 11354.html
Feijoo denota ignorancia o mala fe al hablar tan frívolamente del cambio de sexo. En cualquiera de los dos casos debiera ser motivo para apartarse o apartarle de la candidatura a ser presidente de España.
El tribunal de garantías todavía tiene una lista larga de recursos del PP contra normas aprobadas en la última legislatura, como el que presentó frente a la conocida como ley trans.
— El recurso del PP contra la ley de eutanasia fracasa en el Constitucional igual que el de Vox.
Alberto Núñez Feijóo cumplirá año y medio como presidente del Partido Popular dentro de unos pocos días. Un mandato en el que la formación política ha seguido llevando leyes e iniciativas del Gobierno ante el Constitucional, y en el que ha sufrido duros reveses en dos de sus grandes luchas ideológicas: el aborto y la eutanasia. El tribunal de garantías ha rechazado esta semana el recurso que el PP interpuso contra una ley de eutanasia que el propio Feijóo se comprometió a revisar y que ahora tiene el aval del máximo intérprete de la Constitución española.
Aborto, matrimonio igualitario y eutanasia: las leyes sociales se imponen a las trabas de la derecha en los tribunales
Aborto, matrimonio igualitario y eutanasia: las leyes sociales se imponen a las trabas de la derecha en los tribunales
MÁS
El aborto y la eutanasia, con más o menos intensidad, han sido dos caballos de batalla del Partido Popular a los que, en los últimos años, también se ha subido la ultraderecha de Vox. En su último programa electoral para las elecciones generales, Feijóo se comprometía a “revisar” la ley de eutanasia y a obligar a las menores de edad a obtener el permiso de sus padres para abortar. En una intervención en El Hormiguero en plena campaña, Feijóo mostró su inquietud por lo que pasaría con las personas que solicitan la eutanasia y cambian de opinión una semana después, algo que ya está incluido en la norma.
Para cuando el presidente del PP mostró su desconocimiento de la ley con Pablo Motos en horario de máxima audiencia, el recurso de su partido llevaba un año tramitándose en los pasillos del Tribunal Constitucional. Un recurso presentado cuando Pablo Casado estaba al frente de la formación y que denunciaba que la norma atentaba contra una decena de derechos constitucionales: el derecho a la vida pero también a la dignidad, la igualdad o la libertad religiosa.
La respuesta que ha recibido el partido de Alberto Núñez Feijóo se parece mucho a la que recibió en su momento el partido de Santiago Abascal tras haber presentado dos recursos muy similares. La eutanasia no ataca el derecho a la vida de quien decide acabar con su vida, ha repetido esta semana el Tribunal Constitucional, porque ese derecho no impone “la obligación de mantenerse con vida”.
Las únicas alegaciones con las que el PP se diferenciaba de Vox tampoco han prosperado. En una de ellas, el partido de Núñez Feijóo pretendía que la posibilidad de objetar se extendiera de los sanitarios a las personas jurídicas. Es decir, que no sea solo un facultativo el que pueda negarse a participar en un proceso de eutanasia sino que pueda hacerlo, por ejemplo, un hospital como entidad. El Constitucional explica que las intenciones del PP, en la práctica, comprometerían el acceso a la eutanasia: “Pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria”.
El fracaso del recurso contra el aborto
El rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP contra la ley de eutanasia ha sido el segundo gran revés que ha sufrido el partido en la calle Domenico Scarlatti desde que Núñez Feijóo es presidente. El segundo llegó en febrero de este año cuando el tribunal de garantías desestimó las alegaciones del partido contra la ley del aborto del año 2010, interpuesto cuando Mariano Rajoy estaba al frente del partido.
El derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo es una pelea ideológica del Partido Popular que arranca en los años 80, con su recurso contra la primera norma que despenalizó el aborto, y se agudizó cuando el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo la ley de plazos que, con algunas modificaciones, se mantiene hasta el día de hoy. El partido conservador ha ido pivotando su postura hasta el punto de proponer la vuelta a la primera norma del ejecutivo de Felipe González.
El PP, entonces bajo la batuta de Mariano Rajoy, encabezó manifestaciones contra una ley que no modificó cuando tuvo mayoría absoluta para hacerlo sin contar con nadie más. Una ley que, además, había recurrido ante el Constitucional con unas alegaciones que estuvieron más de una década en el cajón de los magistrados hasta que fueron definitivamente rechazadas en febrero.
Representantes del PP han seguido acudiendo a protestas contra el aborto. En 2019, por ejemplo, dirigentes del partido acudieron a una manifestación en Madrid convocada por Sí a la Vida para protestar contra “la cultura de la muerte”. Pero el discurso político fue bajando de intensidad a medida que se acercaba la derrota.
El programa electoral del partido en 2011 prometía cambiar la ley del aborto. En 2015 la palabra aborto desaparecía y el PP se limitaba a afirmar su “compromiso con el derecho a la vida”. En 2019 Javier Maroto reconocía abiertamente que no se harían más propuestas al respecto hasta que su recurso no tuviera una respuesta. Después de que la respuesta fuera negativa, el propio Alberto Núñez Feijóo fue el encargado de sumir a su partido en la ambigüedad sobre esta batalla perdida: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley y no voy a cambiar de opinión”, afirmó.
Lo cierto es que unos días antes la mayoría del Tribunal Constitucional había dado carpetazo a la eterna alegación del PP de que el derecho a abortar era incompatible con el derecho a la vida, sino que más bien forma parte de él. Interrumpir un embarazo es una manifestación del derecho de una mujer a “adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida”, explicó el Constitucional al PP. Ni siquiera la ponencia rechazada del conservador Enrique Arnaldo era favorable al grueso del recurso del partido.
La tercera derrota judicial, esta vez ante los tribunales ordinarios, está camino del número 13 de la calle Génova de Madrid. Esta semana el Tribunal Supremo ha anunciado su rechazo a recursos de Vox y parlamentarios de Ciudadanos contra los indultos de dos condenados del procés, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La decisión marca el camino a los recursos que presentó el propio Partido Popular ya que el motivo de la inadmisión es que los jueces consideran que un partido político no está legitimado para recurrir un indulto.
Futuras batallas en el Constitucional
El tribunal de garantías todavía tiene una lista larga de recursos del Partido Popular contra normas aprobadas en la última legislatura. Una de ellas es la conocida como ley trans, recurrida por el partido cuando Núñez Feijóo ya era presidente y a rebufo de otro recurso similar de la ultraderecha de Vox.
El PP recurrió cinco artículos de la norma impulsada por Igualdad y que entró en vigor el pasado mes de marzo. Por ejemplo, el artículo que permite iniciar prácticas de modificación genital en menores de entre 12 y 16 años si lo consienten de manera informada. También el que permite a los mayores de 16 años solicitar la rectificación ante el Registro Civil sin permiso de nadie, y a los menores de entre 14 y 16 años hacerlo asistidos por sus representantes legales.
Parte del recurso del PP contra la ley también ataca el artículo que califica como infracción grave que exista una cláusula contra la discriminación de las personas trans. “Es mucho más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad”, llegó a decir Feijóo poco antes de las últimas elecciones generales. “Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, pero esta ley no”. Su programa electoral prometía legislar “con la máxima prudencia”.
https://www.eldiario.es/politica/feijoo ... 11354.html
Feijoo denota ignorancia o mala fe al hablar tan frívolamente del cambio de sexo. En cualquiera de los dos casos debiera ser motivo para apartarse o apartarle de la candidatura a ser presidente de España.
Re: Derecha española
Siempre los hay que se resisten al cambio, al avance social y pretenden seguir viviendo en el medievo.
Frente a esto, a seguir, con firmeza y determinación.
Frente a esto, a seguir, con firmeza y determinación.
Re: Derecha española
Lo llevamos crudo, por Javier Gallego.
La derecha no puede ni deja gobernar
Feijóo y Aznar son los Rubiales de la política. No han entendido nada. No saben que la mayoría de los ciudadanos están hartos de la agresión permanente a sus distintas identidades e ideologías
La derecha que amnistió al franquismo no quiere la amnistía para Puigdemont. Juzgar cuarenta años de terror y crímenes de lesa humanidad es reabrir heridas, pero perdonar una declaración de independencia en falso para intentar cerrar la herida con Cataluña es perdonar al terrorismo. El mismo Aznar que llamaba Movimiento de Liberación Nacional a ETA, que acercó presos etarras y negoció con los terroristas equipara la lucha contra la banda armada con la búsqueda de una solución política al conflicto catalán que no ha utilizado más armas que unas urnas y la movilización social. El mismo Aznar que nos metió en la invasión ilegal de Irak que provocó un millón de víctimas civiles y el estallido del terrorismo yihadista en nuestro propio país, se permite utilizar contra la negociación con los independentistas el grito contra ETA, Basta ya. No cabe más cinismo.
Lo que vale para la derecha no vale para el resto. Cuando ellos gobiernan, todo es legítimo. Cuando gobierna la izquierda, el Gobierno es ilegítimo, golpista e inconstitucional. Aznar podía negociar con etarras, Feijóo puede intentarlo con Junts, pero si lo hace el PSOE o lo hace Sumar, son traidores a la patria y la derecha monta una protesta. Tanta paradoja ha conducido a una situación paradójica y esperpéntica. El PP se moviliza contra la investidura de Sánchez antes de la investidura de Feijóo. Actúa como partido de oposición al mismo tiempo que se presenta como partido de gobierno. Ellos sí pueden utilizar a la Monarquía y al Parlamento. Los que se llaman monárquicos sí pueden mangonear al rey, los que se llaman constitucionalistas sí pueden retorcer la Constitución, los que dicen defender la legalidad pueden saltársela para bloquear el Poder Judicial.
Y así todo. Detrás de este cinismo late una convicción secular: la derecha cree que el poder le pertenece. La soberanía popular solo le interesa cuando confirma ese dogma. Cuando no, los votos no cuentan, las urnas están marcadas, el sistema electoral es sospechoso y los representantes no son representativos. Esto les ha llevado en otro tiempo al golpismo para recuperar el poder, otras veces al transfuguismo y ahora al matonismo verbal. Esto les lleva a decir unos días que Junts es un actor político válido y otros que Puigdemont es prófugo de la Justicia. Esto les permite afirmar que no puede ser que la democracia española esté en manos de los que la quieren romper.
Esa es una afirmación demagógica. La democracia española está en manos de los españoles, está en manos de una pluralidad de fuerzas que representan la pluralidad ideológica y nacional de este país. El PP ganó las elecciones pero perdió el gobierno porque no comprende la diversidad de España. Y sigue sin comprenderla. No han entendido nada. Feijóo y Aznar son los Rubiales de la política. No saben que la mayoría de los ciudadanos están hartos de la agresión permanente a sus distintas identidades e ideologías. La mayoría ha votado a favor de la convivencia y contra la uniformidad. La mayoría prefiere arreglar las cosas con Cataluña y acabar con la confrontación como ha empezado a hacer el Gobierno progresista.
Cuando gobiernan los que dicen que España se rompe es cuando realmente se rompe España. La unidad se rompe cuando la intentas forzar. Cuando tratas de encajar a la fuerza las piezas, el puzzle salta por los aires. Así fue cuando gobernaron Aznar y Rajoy. Así sería si gobernase Feijóo. Por eso el nuevo gobierno de coalición no tiene que tener miedo a negociar una amnistía para pacificar el conflicto catalán como se negoció una amnistía para lograr la Transición pacífica. No tiene que tener miedo a explicarlo como sí lo tuvo con los indultos. Este país necesita una amnistía del doloroso pasado reciente para curar esa herida y poder sentarse a hablar. Este país necesita un gobierno que gobierne. La derecha ya sabemos que no puede ni deja gobernar.
La derecha no puede ni deja gobernar
Feijóo y Aznar son los Rubiales de la política. No han entendido nada. No saben que la mayoría de los ciudadanos están hartos de la agresión permanente a sus distintas identidades e ideologías
La derecha que amnistió al franquismo no quiere la amnistía para Puigdemont. Juzgar cuarenta años de terror y crímenes de lesa humanidad es reabrir heridas, pero perdonar una declaración de independencia en falso para intentar cerrar la herida con Cataluña es perdonar al terrorismo. El mismo Aznar que llamaba Movimiento de Liberación Nacional a ETA, que acercó presos etarras y negoció con los terroristas equipara la lucha contra la banda armada con la búsqueda de una solución política al conflicto catalán que no ha utilizado más armas que unas urnas y la movilización social. El mismo Aznar que nos metió en la invasión ilegal de Irak que provocó un millón de víctimas civiles y el estallido del terrorismo yihadista en nuestro propio país, se permite utilizar contra la negociación con los independentistas el grito contra ETA, Basta ya. No cabe más cinismo.
Lo que vale para la derecha no vale para el resto. Cuando ellos gobiernan, todo es legítimo. Cuando gobierna la izquierda, el Gobierno es ilegítimo, golpista e inconstitucional. Aznar podía negociar con etarras, Feijóo puede intentarlo con Junts, pero si lo hace el PSOE o lo hace Sumar, son traidores a la patria y la derecha monta una protesta. Tanta paradoja ha conducido a una situación paradójica y esperpéntica. El PP se moviliza contra la investidura de Sánchez antes de la investidura de Feijóo. Actúa como partido de oposición al mismo tiempo que se presenta como partido de gobierno. Ellos sí pueden utilizar a la Monarquía y al Parlamento. Los que se llaman monárquicos sí pueden mangonear al rey, los que se llaman constitucionalistas sí pueden retorcer la Constitución, los que dicen defender la legalidad pueden saltársela para bloquear el Poder Judicial.
Y así todo. Detrás de este cinismo late una convicción secular: la derecha cree que el poder le pertenece. La soberanía popular solo le interesa cuando confirma ese dogma. Cuando no, los votos no cuentan, las urnas están marcadas, el sistema electoral es sospechoso y los representantes no son representativos. Esto les ha llevado en otro tiempo al golpismo para recuperar el poder, otras veces al transfuguismo y ahora al matonismo verbal. Esto les lleva a decir unos días que Junts es un actor político válido y otros que Puigdemont es prófugo de la Justicia. Esto les permite afirmar que no puede ser que la democracia española esté en manos de los que la quieren romper.
Esa es una afirmación demagógica. La democracia española está en manos de los españoles, está en manos de una pluralidad de fuerzas que representan la pluralidad ideológica y nacional de este país. El PP ganó las elecciones pero perdió el gobierno porque no comprende la diversidad de España. Y sigue sin comprenderla. No han entendido nada. Feijóo y Aznar son los Rubiales de la política. No saben que la mayoría de los ciudadanos están hartos de la agresión permanente a sus distintas identidades e ideologías. La mayoría ha votado a favor de la convivencia y contra la uniformidad. La mayoría prefiere arreglar las cosas con Cataluña y acabar con la confrontación como ha empezado a hacer el Gobierno progresista.
Cuando gobiernan los que dicen que España se rompe es cuando realmente se rompe España. La unidad se rompe cuando la intentas forzar. Cuando tratas de encajar a la fuerza las piezas, el puzzle salta por los aires. Así fue cuando gobernaron Aznar y Rajoy. Así sería si gobernase Feijóo. Por eso el nuevo gobierno de coalición no tiene que tener miedo a negociar una amnistía para pacificar el conflicto catalán como se negoció una amnistía para lograr la Transición pacífica. No tiene que tener miedo a explicarlo como sí lo tuvo con los indultos. Este país necesita una amnistía del doloroso pasado reciente para curar esa herida y poder sentarse a hablar. Este país necesita un gobierno que gobierne. La derecha ya sabemos que no puede ni deja gobernar.
Re: Derecha española
PP y Vox enfangan la comparecencia de Irene Montero en la Eurocámara por la presidencia de la UE
Voces, interrupciones y llamadas al orden: la derecha ataca a la ministra de Igualdad por la ley del 'sólo sí es sí' durante su comparecencia en Bruselas, pese a los continuos avisos del presidente de la comisión parlamentaria de que no entraran en arena nacional
— El PP usa la Eurocámara para reprochar al Gobierno la negociación con Puigdemont en los debates por la presidencia de la UE
Irene Castro
Corresponsal en Bruselas — 19 de septiembre de 2023 17:36h
Actualizado el 19/09/2023 19:22h 39
SEGUIR AL AUTOR/A
“Esto no suele suceder en esta comisión y me disculpo”. Son las palabras que ha dedicado el presidente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, el polaco Robert Biedron, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, al acabar su comparecencia para presentar las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE en la Eurocámara, que ha estado plagada de voces, interrupciones y llamadas al orden. PP y Vox han enfangado el debate al limitarlo prácticamente a la ley del 'solo sí es sí' a pesar de la advertencia de Biedron de no usar su tiempo para la política nacional.
La primera en salir al ataque ha sido la portavoz del PP, la balear Rosa Estaràs, que se ha referido a la misión a España que su grupo instrumentalizó para atacar al Gobierno y que no contó con el aval de los socialistas, los verdes ni la izquierda, como suele ser habitual en las conclusiones de esos viajes parlamentarios. “Se dijo que no se reduciría la condena, se culpó a los jueces y se les tildó de machistas”, ha dicho Estaràs que, después de haber sido cortada por primera vez, ha ligado la ley del 'sólo sí es sí' con la directiva de lucha contra la violencia de género que se está negociando en la UE. “Necesitamos saber si la actitud que se tuvo en España, si con esa actitud se puede construir una Europa de valores”, ha expresado antes de afear a Montero que “nunca haya pedido perdón a las víctimas”.
En ese momento, el presidente de la comisión ha cortado de nuevo el micrófono a Estaràs y le ha dado la palabra a la socialista Maria Noichl, que no ha podido empezar porque la conservadora seguía hablando en alto. En un momento dado la alemana le ha espetado: “Le voy a pedir que se calle de una vez”. Entre tanto, Estaràs, que también usó la comparecencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reclamar la negociación con Junts, apelaba a una “cuestión de orden” y ha asegurado que elevará una queja a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
“Esto no es un circo”
“No dejarme hablar conculca el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión sagrada. Estoy hablando de la lucha contra violencia contra las mujeres. Quería hablar de la ley trans”, se escuchaba a Estaràs mientras el presidente de la comisión amenazaba a la eurodiputada con expulsarla de la sala. “Sé que les irrita la política nacional pero este no es el lugar”, ha criticado Biedron: “No estamos aquí para hablar de su tema. Si quieren hacer política nacional, vayan a su parlamento nacional”.
La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez se ha quejado de la actitud del presidente. “Lamentablemente se está desarrollando su comparecencia en unos términos que no me parecen adecuados. Aquí hablamos mucho de Polonia cuando sus medidas están haciendo que mujeres mueran en los hospitales y el presidente que es polaco nunca ha entendido que es una política nacional sino que es una política que afecta a todas las mujeres”, ha recriminado.
La parlamentaria de Vox Margarita de la Pisa Carrión también ha usado su intervención para sembrar dudas sobre la capacidad legislativa de la ministra como presidencia rotatoria del Consejo de la UE en referencia a la ley del 'solo sí es sí'. “Ahora en la presidencia del Consejo, ¿qué versión va a mantener? ¿La que ha puesto a miles de depredadores en la calle? ¿va a reconocer el error de su propuesta? ¿Va a pedir perdón?”, le ha preguntado antes de desplegar un discurso antiabortista.
En la sala ha irrumpido el eurodiputado de Vox Herman Tersch, que no es miembro de la comisión, y tras hablar en alto varias veces ha proferido un grito y se ha levantado con un cartel, según fuentes presentes en la sala. “Esto no es un circo, es una comisión parlamentaria. Tenga buen día”, le ha expulsado Biedron, que también ha tenido que interrumpir al parlamentario del PP Gabriel Mato, que ha usado su intervención para reprochar la “discriminación” a su compañera de filas.
Montero se reivindica: “Cuando se hacen transformaciones, importa quién está al frente”
“Me voy a ceñir a los temas de la presidencia, no tengo problema en contestar en otros foros. Creo en el respeto institucional. Con arreglo a ese principio, voy a actuar así”, ha dicho en su turno la ministra, que ha aprovechado para hablar de la directiva de violencia de género y cuestiones como el consentimiento sexual en las normas que está elaborando la UE. Entre las peticiones que ha recibido de los grupos parlamentarios, destaca la inclusión de la violencia de género como un eurodelito.
También ha celebrado la reciente adhesión de los 27 al Convenio de Estambul y la aprobación de un informe en la Eurocámara que apuesta por castigar a los puteros. En respuesta al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que se ha pronunciado en contra del aborto y de la educación sexual, Montero ha defendido que es “importante situar los derechos sexuales y reproductivos y la educación afectivo sexual como derecho de toda la ciudadanía”.
Antes de entrar a la comisión, la ministra ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la reclamación que hace Podemos de que siga en el Gobierno: “Cuando una propuesta es buena, se puede valorar o asumir sin necesidad de que sea un órdago o una línea roja”. “Nosotras estamos haciendo una propuesta en lo que creemos que Podemos más puede aportar. En esta legislatura ha quedado de manifiesto que cuando se hacen transformaciones profundas ante las que se despliega una reacción machista también importa quién está al frente de esos departamentos para hacer frente a esa reacción machista”, ha rematado.
https://www.eldiario.es/politica/pp-vox ... 27360.html
No tienen ni educación. Se creen que están en el Parlamento de éste pais donde les toleran sus salidas de pata de banco.
Voces, interrupciones y llamadas al orden: la derecha ataca a la ministra de Igualdad por la ley del 'sólo sí es sí' durante su comparecencia en Bruselas, pese a los continuos avisos del presidente de la comisión parlamentaria de que no entraran en arena nacional
— El PP usa la Eurocámara para reprochar al Gobierno la negociación con Puigdemont en los debates por la presidencia de la UE
Irene Castro
Corresponsal en Bruselas — 19 de septiembre de 2023 17:36h
Actualizado el 19/09/2023 19:22h 39
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“Esto no suele suceder en esta comisión y me disculpo”. Son las palabras que ha dedicado el presidente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, el polaco Robert Biedron, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, al acabar su comparecencia para presentar las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE en la Eurocámara, que ha estado plagada de voces, interrupciones y llamadas al orden. PP y Vox han enfangado el debate al limitarlo prácticamente a la ley del 'solo sí es sí' a pesar de la advertencia de Biedron de no usar su tiempo para la política nacional.
La primera en salir al ataque ha sido la portavoz del PP, la balear Rosa Estaràs, que se ha referido a la misión a España que su grupo instrumentalizó para atacar al Gobierno y que no contó con el aval de los socialistas, los verdes ni la izquierda, como suele ser habitual en las conclusiones de esos viajes parlamentarios. “Se dijo que no se reduciría la condena, se culpó a los jueces y se les tildó de machistas”, ha dicho Estaràs que, después de haber sido cortada por primera vez, ha ligado la ley del 'sólo sí es sí' con la directiva de lucha contra la violencia de género que se está negociando en la UE. “Necesitamos saber si la actitud que se tuvo en España, si con esa actitud se puede construir una Europa de valores”, ha expresado antes de afear a Montero que “nunca haya pedido perdón a las víctimas”.
En ese momento, el presidente de la comisión ha cortado de nuevo el micrófono a Estaràs y le ha dado la palabra a la socialista Maria Noichl, que no ha podido empezar porque la conservadora seguía hablando en alto. En un momento dado la alemana le ha espetado: “Le voy a pedir que se calle de una vez”. Entre tanto, Estaràs, que también usó la comparecencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reclamar la negociación con Junts, apelaba a una “cuestión de orden” y ha asegurado que elevará una queja a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
“Esto no es un circo”
“No dejarme hablar conculca el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión sagrada. Estoy hablando de la lucha contra violencia contra las mujeres. Quería hablar de la ley trans”, se escuchaba a Estaràs mientras el presidente de la comisión amenazaba a la eurodiputada con expulsarla de la sala. “Sé que les irrita la política nacional pero este no es el lugar”, ha criticado Biedron: “No estamos aquí para hablar de su tema. Si quieren hacer política nacional, vayan a su parlamento nacional”.
La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez se ha quejado de la actitud del presidente. “Lamentablemente se está desarrollando su comparecencia en unos términos que no me parecen adecuados. Aquí hablamos mucho de Polonia cuando sus medidas están haciendo que mujeres mueran en los hospitales y el presidente que es polaco nunca ha entendido que es una política nacional sino que es una política que afecta a todas las mujeres”, ha recriminado.
La parlamentaria de Vox Margarita de la Pisa Carrión también ha usado su intervención para sembrar dudas sobre la capacidad legislativa de la ministra como presidencia rotatoria del Consejo de la UE en referencia a la ley del 'solo sí es sí'. “Ahora en la presidencia del Consejo, ¿qué versión va a mantener? ¿La que ha puesto a miles de depredadores en la calle? ¿va a reconocer el error de su propuesta? ¿Va a pedir perdón?”, le ha preguntado antes de desplegar un discurso antiabortista.
En la sala ha irrumpido el eurodiputado de Vox Herman Tersch, que no es miembro de la comisión, y tras hablar en alto varias veces ha proferido un grito y se ha levantado con un cartel, según fuentes presentes en la sala. “Esto no es un circo, es una comisión parlamentaria. Tenga buen día”, le ha expulsado Biedron, que también ha tenido que interrumpir al parlamentario del PP Gabriel Mato, que ha usado su intervención para reprochar la “discriminación” a su compañera de filas.
Montero se reivindica: “Cuando se hacen transformaciones, importa quién está al frente”
“Me voy a ceñir a los temas de la presidencia, no tengo problema en contestar en otros foros. Creo en el respeto institucional. Con arreglo a ese principio, voy a actuar así”, ha dicho en su turno la ministra, que ha aprovechado para hablar de la directiva de violencia de género y cuestiones como el consentimiento sexual en las normas que está elaborando la UE. Entre las peticiones que ha recibido de los grupos parlamentarios, destaca la inclusión de la violencia de género como un eurodelito.
También ha celebrado la reciente adhesión de los 27 al Convenio de Estambul y la aprobación de un informe en la Eurocámara que apuesta por castigar a los puteros. En respuesta al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que se ha pronunciado en contra del aborto y de la educación sexual, Montero ha defendido que es “importante situar los derechos sexuales y reproductivos y la educación afectivo sexual como derecho de toda la ciudadanía”.
Antes de entrar a la comisión, la ministra ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la reclamación que hace Podemos de que siga en el Gobierno: “Cuando una propuesta es buena, se puede valorar o asumir sin necesidad de que sea un órdago o una línea roja”. “Nosotras estamos haciendo una propuesta en lo que creemos que Podemos más puede aportar. En esta legislatura ha quedado de manifiesto que cuando se hacen transformaciones profundas ante las que se despliega una reacción machista también importa quién está al frente de esos departamentos para hacer frente a esa reacción machista”, ha rematado.
https://www.eldiario.es/politica/pp-vox ... 27360.html
No tienen ni educación. Se creen que están en el Parlamento de éste pais donde les toleran sus salidas de pata de banco.