La Junta de Andalucía comienza el curso político recurriendo a la Ley de Vivienda, con recortes en la salud y la educación pública y con la mirada internacional puesta sobre los avances en la ley de regadíos de Doñana.
Estos días ha comenzado el curso político en todo el Estado español y la Junta de Andalucía lo comienza arrastrando las diversas problemáticas que está definiendo la legislatura. Tras un verano en el que el gobierno andaluz no ha descansado en sus políticas de recortes sociales. A principios de agosto el BOJA daba a conocer la subida de los precios de los comedores escolares en un 4,2% para este curso escolar, el tercer incremento en este servicio público en lo que lleva el gobierno andaluz. A nivel sanitario este verano ha estado definido por los recortes en los centros sanitarios sin plazas sin cubrir.
Septiembre se inicia siguiendo la dinámica de recortes sociales y con una primera polémica por parte de la presidencia de Juanma Moreno. El ejecutivo andaluz ha dado a conocer esta semana que recurrirá la Ley de Vivienda estatal aprobada por el gobierno de coalición el pasado mayo al Tribunal Constitucional.
El recurso tiene el foco en 16 artículos y cuatro disposiciones generales por “invasión de competencias autonómicas”, según comentan fuentes de la Consejería de Fomento: “La regulación de la Ley estatal de Vivienda en los 16 artículos impugnados es tan completa y acabada que no deja resquicio alguno para la regulación al legislador autonómico, que es el competente en la materia”.
“La política del Gobierno andaluz continúa beneficiando o continúan enfocadas a promover la enseñanza privada y privada concertada en todos los niveles, con lo que esto supone de ataque y de menoscabo en la educación pública en Andalucía”, sostiene Carmen Yuste de USTEA
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