Modus operandi del PNV en Mundaka. Invita a tres personas y el resultado va a ser uno.
Publicado: Abril 18, 2024, 10:24 pm
Hordago revela grabaciones exclusivas en las que Alfonso Menoyo, presidente de la Junta Municipal de la localidad de Busturialdea, le pide al entonces alcalde, Mikel Bilbao, que favorezca la contratación como asesor externo de un barón del partido.
“Invita a tres, pero el resultado va a ser uno. El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”. Estas son las palabras que pronuncia Alfonso Menoyo, presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka, en una conversación grabada por el exregidor Mikel Bilbao, en la actualidad teniente alcalde tras presentarse por una plataforma independiente.
Pocos meses después de haber sido elegido como cabeza de lista de la formación jeltzale, Bilbao había expresado sus reticencias a llevar a cabo una contratación pública que entendía como “fraudulenta” y donde el modus operandi del partido erosionaba el interés de la ciudadanía, según un informe del interventor de la localidad vizcaína. “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación. De eso sé un rato”, replicaba Menoyo.
Debido al conflicto político con la formación nacionalista, Bilbao decidió aplicar el método empleado por la denunciante del ‘caso De Miguel’ durante su etapa al frente del consistorio vizcaíno y grabó algunas conversaciones con los máximos representantes del PNV en Bizkaia a nivel institucional (la Diputación de Bizkaia) y a nivel de la organización de la formación política (Bizkai Buru Batzar, máximo órgano del partido en la provincia).
Algunas de estas conversaciones, celebradas entre los años 2019 y 2020, tuvieron lugar durante reuniones en el batzoki de Mundaka y en la sede central del partido en Bilbao, Sabin Etxea, y permiten escuchar por primera vez el modus operandi del PNV, la manera en que se moviliza el clientelismo del partido para beneficiar a empresarios afines.
La mecha con la que estalló el conflicto se encendió con la decisión del alcalde de dar por concluida la relación entre el Ayuntamiento de Mundaka y su asesor jurídico, Javier Aldamiz-Etxebarria, afiliado al PNV desde 2005, candidato de la formación jeltzale al Congreso y miembro del equipo del partido en el municipio de Sukarrieta. Como denunciaba Bilbao en la época, el PNV “quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”.
“[El PNV] quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”, afirma Mikel Bilbao
En lugar de obedecer las instrucciones de los distintos cargos del partido, Mikel Bilbao decidió atenerse a los informes redactados por el secretario municipal, quien vela porque la gestión de los ingresos se ciña al derecho público, y canceló el contrato con la asesoría de Aldamiz debido a la existencia de irregularidades. Al fin y al cabo, hacer caso omiso al informe de reparo del secretario ya había generado problemas legales en un municipio cercano, Bakio, con un asunto vinculado al negocio de un exalcalde jeltzale que fue condenado por prevaricación en 2017.
A este respecto, según se cita en el documento que lleva como título “informe jurídico del secretario municipal en relación con la procedencia del contrato administrativo de servicio de asesoría jurídica externa” al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 señala “de forma expresa que en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”.
Este era el caso de la contratación administrativa del asesor externo Aldamiz-Etxebarria, sobre la que el informe alerta porque puede encubrir una relación estatutaria o el ejercicio de potestad de autoridad, funciones reservarse a funcionarios de carrera. “De forma que no cabe la licitación”, indica, ya que “podría encubrir una relación laboral encubierta”. En puño y letra del secretario, sobre la externalización que intentaba llevar a cabo la Junta Municipal del PNV, insiste en que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales”.
El informe del secretario municipal de Mundaka alertaba sobre la política de externalizaciones de funciones públicas detrás del modus operandi del PNV concluyendo que el contrato de externalización del servicio de asesoría de Aldamiz bien podía responder “a una necesidad permanente”, por lo que el consistorio “debería de dotar una plaza en plantilla para atender dicha necesidad con personal funcionario propio”. Además, el citado informe advertía “el uso inadecuado” de estos servicios por tratarse de “funciones reservadas a funcionarios públicos”.
“Invita a tres, pero el resultado va a ser uno. El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”. Estas son las palabras que pronuncia Alfonso Menoyo, presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka, en una conversación grabada por el exregidor Mikel Bilbao, en la actualidad teniente alcalde tras presentarse por una plataforma independiente.
Pocos meses después de haber sido elegido como cabeza de lista de la formación jeltzale, Bilbao había expresado sus reticencias a llevar a cabo una contratación pública que entendía como “fraudulenta” y donde el modus operandi del partido erosionaba el interés de la ciudadanía, según un informe del interventor de la localidad vizcaína. “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación. De eso sé un rato”, replicaba Menoyo.
Debido al conflicto político con la formación nacionalista, Bilbao decidió aplicar el método empleado por la denunciante del ‘caso De Miguel’ durante su etapa al frente del consistorio vizcaíno y grabó algunas conversaciones con los máximos representantes del PNV en Bizkaia a nivel institucional (la Diputación de Bizkaia) y a nivel de la organización de la formación política (Bizkai Buru Batzar, máximo órgano del partido en la provincia).
Algunas de estas conversaciones, celebradas entre los años 2019 y 2020, tuvieron lugar durante reuniones en el batzoki de Mundaka y en la sede central del partido en Bilbao, Sabin Etxea, y permiten escuchar por primera vez el modus operandi del PNV, la manera en que se moviliza el clientelismo del partido para beneficiar a empresarios afines.
La mecha con la que estalló el conflicto se encendió con la decisión del alcalde de dar por concluida la relación entre el Ayuntamiento de Mundaka y su asesor jurídico, Javier Aldamiz-Etxebarria, afiliado al PNV desde 2005, candidato de la formación jeltzale al Congreso y miembro del equipo del partido en el municipio de Sukarrieta. Como denunciaba Bilbao en la época, el PNV “quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”.
“[El PNV] quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”, afirma Mikel Bilbao
En lugar de obedecer las instrucciones de los distintos cargos del partido, Mikel Bilbao decidió atenerse a los informes redactados por el secretario municipal, quien vela porque la gestión de los ingresos se ciña al derecho público, y canceló el contrato con la asesoría de Aldamiz debido a la existencia de irregularidades. Al fin y al cabo, hacer caso omiso al informe de reparo del secretario ya había generado problemas legales en un municipio cercano, Bakio, con un asunto vinculado al negocio de un exalcalde jeltzale que fue condenado por prevaricación en 2017.
A este respecto, según se cita en el documento que lleva como título “informe jurídico del secretario municipal en relación con la procedencia del contrato administrativo de servicio de asesoría jurídica externa” al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 señala “de forma expresa que en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”.
Este era el caso de la contratación administrativa del asesor externo Aldamiz-Etxebarria, sobre la que el informe alerta porque puede encubrir una relación estatutaria o el ejercicio de potestad de autoridad, funciones reservarse a funcionarios de carrera. “De forma que no cabe la licitación”, indica, ya que “podría encubrir una relación laboral encubierta”. En puño y letra del secretario, sobre la externalización que intentaba llevar a cabo la Junta Municipal del PNV, insiste en que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales”.
El informe del secretario municipal de Mundaka alertaba sobre la política de externalizaciones de funciones públicas detrás del modus operandi del PNV concluyendo que el contrato de externalización del servicio de asesoría de Aldamiz bien podía responder “a una necesidad permanente”, por lo que el consistorio “debería de dotar una plaza en plantilla para atender dicha necesidad con personal funcionario propio”. Además, el citado informe advertía “el uso inadecuado” de estos servicios por tratarse de “funciones reservadas a funcionarios públicos”.
https://www.elsaltodiario.com/pais-vasc ... va-ser-uno
“Invita a tres, pero el resultado va a ser uno. El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”. Estas son las palabras que pronuncia Alfonso Menoyo, presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka, en una conversación grabada por el exregidor Mikel Bilbao, en la actualidad teniente alcalde tras presentarse por una plataforma independiente.
Pocos meses después de haber sido elegido como cabeza de lista de la formación jeltzale, Bilbao había expresado sus reticencias a llevar a cabo una contratación pública que entendía como “fraudulenta” y donde el modus operandi del partido erosionaba el interés de la ciudadanía, según un informe del interventor de la localidad vizcaína. “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación. De eso sé un rato”, replicaba Menoyo.
Debido al conflicto político con la formación nacionalista, Bilbao decidió aplicar el método empleado por la denunciante del ‘caso De Miguel’ durante su etapa al frente del consistorio vizcaíno y grabó algunas conversaciones con los máximos representantes del PNV en Bizkaia a nivel institucional (la Diputación de Bizkaia) y a nivel de la organización de la formación política (Bizkai Buru Batzar, máximo órgano del partido en la provincia).
Algunas de estas conversaciones, celebradas entre los años 2019 y 2020, tuvieron lugar durante reuniones en el batzoki de Mundaka y en la sede central del partido en Bilbao, Sabin Etxea, y permiten escuchar por primera vez el modus operandi del PNV, la manera en que se moviliza el clientelismo del partido para beneficiar a empresarios afines.
La mecha con la que estalló el conflicto se encendió con la decisión del alcalde de dar por concluida la relación entre el Ayuntamiento de Mundaka y su asesor jurídico, Javier Aldamiz-Etxebarria, afiliado al PNV desde 2005, candidato de la formación jeltzale al Congreso y miembro del equipo del partido en el municipio de Sukarrieta. Como denunciaba Bilbao en la época, el PNV “quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”.
“[El PNV] quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”, afirma Mikel Bilbao
En lugar de obedecer las instrucciones de los distintos cargos del partido, Mikel Bilbao decidió atenerse a los informes redactados por el secretario municipal, quien vela porque la gestión de los ingresos se ciña al derecho público, y canceló el contrato con la asesoría de Aldamiz debido a la existencia de irregularidades. Al fin y al cabo, hacer caso omiso al informe de reparo del secretario ya había generado problemas legales en un municipio cercano, Bakio, con un asunto vinculado al negocio de un exalcalde jeltzale que fue condenado por prevaricación en 2017.
A este respecto, según se cita en el documento que lleva como título “informe jurídico del secretario municipal en relación con la procedencia del contrato administrativo de servicio de asesoría jurídica externa” al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 señala “de forma expresa que en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”.
Este era el caso de la contratación administrativa del asesor externo Aldamiz-Etxebarria, sobre la que el informe alerta porque puede encubrir una relación estatutaria o el ejercicio de potestad de autoridad, funciones reservarse a funcionarios de carrera. “De forma que no cabe la licitación”, indica, ya que “podría encubrir una relación laboral encubierta”. En puño y letra del secretario, sobre la externalización que intentaba llevar a cabo la Junta Municipal del PNV, insiste en que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales”.
El informe del secretario municipal de Mundaka alertaba sobre la política de externalizaciones de funciones públicas detrás del modus operandi del PNV concluyendo que el contrato de externalización del servicio de asesoría de Aldamiz bien podía responder “a una necesidad permanente”, por lo que el consistorio “debería de dotar una plaza en plantilla para atender dicha necesidad con personal funcionario propio”. Además, el citado informe advertía “el uso inadecuado” de estos servicios por tratarse de “funciones reservadas a funcionarios públicos”.
“Invita a tres, pero el resultado va a ser uno. El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”. Estas son las palabras que pronuncia Alfonso Menoyo, presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka, en una conversación grabada por el exregidor Mikel Bilbao, en la actualidad teniente alcalde tras presentarse por una plataforma independiente.
Pocos meses después de haber sido elegido como cabeza de lista de la formación jeltzale, Bilbao había expresado sus reticencias a llevar a cabo una contratación pública que entendía como “fraudulenta” y donde el modus operandi del partido erosionaba el interés de la ciudadanía, según un informe del interventor de la localidad vizcaína. “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación. De eso sé un rato”, replicaba Menoyo.
Debido al conflicto político con la formación nacionalista, Bilbao decidió aplicar el método empleado por la denunciante del ‘caso De Miguel’ durante su etapa al frente del consistorio vizcaíno y grabó algunas conversaciones con los máximos representantes del PNV en Bizkaia a nivel institucional (la Diputación de Bizkaia) y a nivel de la organización de la formación política (Bizkai Buru Batzar, máximo órgano del partido en la provincia).
Algunas de estas conversaciones, celebradas entre los años 2019 y 2020, tuvieron lugar durante reuniones en el batzoki de Mundaka y en la sede central del partido en Bilbao, Sabin Etxea, y permiten escuchar por primera vez el modus operandi del PNV, la manera en que se moviliza el clientelismo del partido para beneficiar a empresarios afines.
La mecha con la que estalló el conflicto se encendió con la decisión del alcalde de dar por concluida la relación entre el Ayuntamiento de Mundaka y su asesor jurídico, Javier Aldamiz-Etxebarria, afiliado al PNV desde 2005, candidato de la formación jeltzale al Congreso y miembro del equipo del partido en el municipio de Sukarrieta. Como denunciaba Bilbao en la época, el PNV “quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”.
“[El PNV] quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”, afirma Mikel Bilbao
En lugar de obedecer las instrucciones de los distintos cargos del partido, Mikel Bilbao decidió atenerse a los informes redactados por el secretario municipal, quien vela porque la gestión de los ingresos se ciña al derecho público, y canceló el contrato con la asesoría de Aldamiz debido a la existencia de irregularidades. Al fin y al cabo, hacer caso omiso al informe de reparo del secretario ya había generado problemas legales en un municipio cercano, Bakio, con un asunto vinculado al negocio de un exalcalde jeltzale que fue condenado por prevaricación en 2017.
A este respecto, según se cita en el documento que lleva como título “informe jurídico del secretario municipal en relación con la procedencia del contrato administrativo de servicio de asesoría jurídica externa” al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 señala “de forma expresa que en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”.
Este era el caso de la contratación administrativa del asesor externo Aldamiz-Etxebarria, sobre la que el informe alerta porque puede encubrir una relación estatutaria o el ejercicio de potestad de autoridad, funciones reservarse a funcionarios de carrera. “De forma que no cabe la licitación”, indica, ya que “podría encubrir una relación laboral encubierta”. En puño y letra del secretario, sobre la externalización que intentaba llevar a cabo la Junta Municipal del PNV, insiste en que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales”.
El informe del secretario municipal de Mundaka alertaba sobre la política de externalizaciones de funciones públicas detrás del modus operandi del PNV concluyendo que el contrato de externalización del servicio de asesoría de Aldamiz bien podía responder “a una necesidad permanente”, por lo que el consistorio “debería de dotar una plaza en plantilla para atender dicha necesidad con personal funcionario propio”. Además, el citado informe advertía “el uso inadecuado” de estos servicios por tratarse de “funciones reservadas a funcionarios públicos”.
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