Radio Mirilla

Bruselas vuelve a exigir a España que renueve el Poder Judicial tras cuatro años de bloqueo del PP
La Comisión Europea muestra en el informe del estado de derecho “serias preocupaciones” por el bloqueo del CGPJ y su afectación en el Supremo e insiste en que primero hay que elegir un nuevo órgano de gobierno y luego reformar el modelo de elección en contra de la posición del PP

Una vez más la Comisión Europea reprocha a España que no haya renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encamina a los cinco años en funciones por el bloqueo del Partido Popular. El informe sobre el estado de derecho de 2023 vuelve a exigir que se elija un nuevo órgano de gobierno de los jueces y que, posteriormente, se inicie el proceso de reforma para modificar el sistema de elección. Lo hace por cuarta vez consecutiva. Una de las excusas que han puesto los conservadores -Pablo Casado, primero, y Alberto Núñez Feijóo, después- es que primero se cambiara el modelo para que los jueces elijan a su órgano de gobierno para proceder a la elección de una nueva cúpula.


https://www.eldiario.es/politica/brusel ... 52063.html

Y se creen muy constitucionalistas los bloqueadores.

IDOLO escribió: Julio 6, 2023, 11:07 pm Y se creen muy constitucionalistas los bloqueadores.

Constitucionalistas y patriotas, por supuesto.

Los gastos en viajes oficiales de los vocales del Poder Judicial en funciones: un millón de euros en aviones, trenes, hoteles y taxis

Desde el caso Dívar, los consejeros están obligados a detallar en qué gastan el dinero que cargan a las arcas del Consejo por sus desplazamientos de trabajo, ya sea para asistir a plenos o comisiones o ejercer otras funciones de representación

— Feijóo, el PP y el Poder Judicial: denuncia su “control” por el Gobierno mientras bloquea su renovación

1.064.483,61 euros. Es la factura que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abonado en viajes oficiales de sus vocales desde que el órgano está en funciones. Esta situación se remonta a hace más de cuatro años y medio como consecuencia del bloqueo impuesto por el Partido Popular que ahora mantiene su máximo líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien este mismo miércoles Pedro Sánchez pidió sin éxito que negociara la renovación. Este montante, recogido en la página web del organismo, incluye el abono de billetes en avión y tren, noches de hotel, comidas en restaurantes, traslados en taxis y vehículos con conductor (ya sean privados o del parque móvil del Estado) y estancias en las salas de autoridades de los aeropuertos entre diciembre de 2018 y junio de 2023.

Un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial
Un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial

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Aunque desde hace casi dos años y medio tiene prohibida por ley su función esencial de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, sus vocales siguen despachando asuntos en materia asignación de plazas regladas, régimen disciplinario, formación o inspección de los juzgados y tribunales. También realizan informes sobre las iniciativas legislativas del Gobierno y mantienen su función de representación institucional como miembros del órgano más importante del tercer poder del Estado.

Estas tareas determinan que, en ocasiones, tengan que hacer desplazamientos, ya sea para asistir a plenos, comisiones o grupos de trabajo o para acudir a actos públicos, congresos o jornadas relacionadas con el ámbito de la Justicia. El CGPJ sufraga además un viaje de ida y vuelta a la semana y los festivos o períodos vacacionales a los vocales que tienen su residencia familiar fuera de Madrid, lo que implica que algunos consejeros tengan gastos más elevados que otros, aunque incluso en este grupo hay diferencias.

Según los datos publicados, el 82% del gasto en viajes oficiales de los últimos cuatro años y medio —872.586 euros— corresponde a lo que el CGPJ define como “locomoción”. Esto es, desplazamientos en avión y tren, taxis, servicio de coche oficial del Parque Móvil del Estado, peajes y parkings. El 11% —116.642 euros— se dedicó a alojamientos y el 7% restante —75.255 euros— a manutención.

Más de 1M de euros en desplazamientos de la cúpula del poder judicial desde que está en funciones
Gasto del conjunto de vocales y el presidente del CGPJ desde diciembre de 2018, en función del tipo de gasto y del motivo del desplazamiento
LocomociónAlojamientoManutención
Asistencias a plenos y comisiones
400.721€
58.450
41.632
500.803€
Otras comisiones de servicio
386.853€
51.763
468.042€
Viajes al extranjero
85.012€
95.639€
Fuente: CGPJCreado con Datawrapper

Por motivos del gasto, prácticamente la mitad, 500.803 euros, se destinó a sufragar la asistencia a plenos, comisiones y otros desplazamientos a alguna de las siete sedes del CGPJ. 468.042 euros a lo que la institución define como “otras comisiones de servicio”, donde están incluidas la asistencia a cursos, reuniones institucionales o actos como la entrega de despachos a los nuevos jueces o el izado de la bandera nacional. También situaciones sobrevenidas como el gasto en el que incurrieron varios vocales para acudir al entierro de su compañera Victoria Cinto, que falleció el pasado verano. Otros gastos incluidos en este epígrafe tienen justificaciones más someras como “despacho asuntos vocalía”.

Los 95.639 euros restantes sufragaron 81 viajes al extranjero del expresidente Carlos Lesmes —que dimitió en octubre del año pasado— y otros 11 vocales. En este apartado se encuentran algunos de los mayores desembolsos del mandato. Por ejemplo, el gasto más cuantioso es un viaje de seis días que el vocal Gerardo Martínez Tristán hizo a Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre de 2019 para impartir varias conferencias en el marco de un curso sobre lenguaje jurídico y redacción de sentencias realizado en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El coste fue de 7.398,04 euros. El hecho de que algunos vocales hagan más viajes al extranjero que otros se debe a que algunos de ellos tienen asignadas responsabilidades específicas a nivel internacional, lo que obliga a hacer desembolsos mayores, principalmente, cuando se trata de viajes a América Latina, explican fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La respuesta al caso Dívar
Desde 2012, los vocales están obligados a detallar en qué gastan el dinero que cargan a las arcas del Consejo en concepto de traslados de trabajo y gastos de representación. Además, cuando se trata de viajes al extranjero sufragados con dinero público tienen que contar la aprobación de la Comisión Permanente, el núcleo duro de la institución formado por el presidente y seis vocales.

Este régimen de control de gestión y transparencia del CGPJ es herencia del escándalo de su expresidente Carlos Dívar, que tuvo que dimitir después de que trascendiera que había cargado a los presupuestos del CGPJ gastos de viajes, en fin de semana, con estancias en hoteles de lujo y comidas en restaurantes caros. Entonces, el pleno se vio obligado a cambiar la norma que, hasta entonces, eximía a los vocales de justificar y detallar sus viajes.

Según esta regulación, los gastos de alojamiento se abonarán hasta un límite máximo de 120 euros diarios en territorio nacional, mientras que los de manutención dentro del territorio nacional no pueden superar los 53,34 euros al día. Además, según la regulación vigente, en los desplazamientos en avión o tren los vocales deben acogerse a “las tarifas más económicas posibles” y sólo está permitido utilizar la clase superior a turista “en viajes de más de tres horas de duración o cuando no hubiera billetes disponibles en dicha categoría”.

Es un asunto que fue cuestionado por el sucesor de Dívar en la presidencia del CGPJ, Gonzalo Moliner, que calificó de “excesivas” las restricciones del gasto impuestas a raíz del escándalo de los viajes privados del entonces presidente y consideró que viajar en clase turista “no es la mejor imagen” para quien ostenta un cargo que “es muy importante y que necesita cierto reconocimiento”.

Del coche oficial a los taxis
En el actual CGPJ hay dos tipos de vocales: los miembros de la citada Comisión Permanente, que es el núcleo duro donde se toman las principales decisiones y que tienen dedicación exclusiva; y el resto, que compatibilizan esta labor con sus profesiones en el ámbito jurídico como jueces, abogados o secretarios judiciales. Los primeros cobran más de 130.000 euros anuales y cuentan además con otros privilegios como tener a su disposición un coche oficial que utilizan en sus desplazamientos. En el CGPJ prestan servicio de manera continuada 13 vehículos del parque móvil estatal y otros tantos conductores. En 2014, el órgano acordó reducir a la mitad el número de coches oficiales con la intención de reducir los costes en 183.000 euros anuales.

El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial y reciben dietas por asistir a los plenos o a las comisiones, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Para sus desplazamientos de trabajo es habitual que recurran a taxis y vehículos con conductor. De hecho, los datos que publica semestralmente la institución recogen decenas de este tipo de traslados. Por ejemplo, bajo el epígrafe “desplazamiento de CGPJ a aeropuerto” o similares aparecen casi dos centenares de referencias en estos cuatro años y medio de mandato caducado, con un gasto medio por trayecto de casi 52 euros.

El CGPJ sólo empezó a desglosar los diferentes desembolsos por desplazamientos a partir de 2022. En ese ejercicio se recoge un gasto en taxis y vehículos con conductor de 47.854,35 euros. Ese mismo año, el órgano sufragó con otros 55.240,36 euros estancias de varios vocales en las salas de autoridades de aeropuertos. Esas salas son gestionadas por las delegaciones del Gobierno y permiten a las autoridades eludir los controles de seguridad y esperar en esos espacios hasta el momento del embarque, cuando son trasladados en furgoneta hasta las escalerillas del avión. Vocales consultados defienden el uso de estas instalaciones porque, sostienen, se ahorra mucho tiempo al evitar los controles. Otros, sin embargo, entienden que se trata de un gasto que “no tiene razón de ser” y que es “totalmente superfluo”.

https://www.eldiario.es/politica/gastos ... 64150.html

En funciones, haciendo lo que les sale de las pelotas y sufragándoles gastos que ya no deberían tener.

Hespaña.

El CGPJ y la humillación de Pedro Sánchez
Durante todos y cada uno de los días de estos últimos cinco años y también a partir de la nueva mayoría parlamentaria que configuró la ciudadanía en las urnas el pasado 23 de julio, el PSOE siempre ha tenido en su mano acabar con este secuestro sedicioso del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial
En los últimos días, Feijóo y el PP han acusado a Sánchez de vender España con el único objetivo de mantenerse en el poder, de romper la convivencia social, de pactar con delincuentes, de violar la Constitución, de mentir, de falta de escrúpulos, o de traicionar su palabra y a sus propios votantes, entre otras lindezas. En los últimos días, Feijóo y el PP han utilizado a sus jueces afines para llevar a cabo el más vergonzante lawfare contra la mayoría gubernamental, iniciando rocambolescas investigaciones por terrorismo y traición a España, con el único objetivo de sabotear la aplicación de la Ley de Amnistía —como ya hicieran con la Ley Solo sí es sí— para así estrangular la legislatura y tumbar al Gobierno. En los últimos días, Feijóo y el PP han llegado a llamar «cáncer del Estado de derecho» al Tribunal Constitucional por tener este órgano mayoría progresista, han justificado la utilización ilegal de las fuerzas de seguridad en la ‘operación Cataluña’ para espiar al independentismo, han amenazado con usar de forma espuria su mayoría en el Senado para bloquear la tramitación de la amnistía, han abierto la puerta a la ilegalización de partidos políticos y se han negado a condenar el ahorcamiento y apaleamiento de un muñeco representando al presidente de la Gobierno a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. Todo esto mientras ya han pasado más de cinco años desde que caducase el mandato constitucional de los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que es crucial para la operativa política del PP como hemos podido contemplar en los últimos días a través de las acciones del juez Manuel García Castellón y también del juez Joaquín Aguirre.

Durante todos y cada uno de los días de estos últimos cinco años y también a partir de la nueva mayoría parlamentaria que configuró la ciudadanía en las urnas el pasado 23 de julio, el PSOE siempre ha tenido en su mano acabar con este secuestro sedicioso del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así limitar los graves daños al sistema democrático que provoca la operativa activista de determinados jueces reaccionarios que bordean la prevaricación con el objetivo evidente de alterar de forma ilegítima los procesos políticos. Aunque el artículo 122 de la Constitución fija que los 8 vocales (de los 20 totales que tiene el CGPJ) del turno de juristas de reconocido prestigio tienen que ser elegidos por 3/5 del Congreso (la mitad de ellos) y por 3/5 del Senado (la otra mitad), la Constitución deja completamente en manos del legislador el método mediante el cual se deben elegir los restantes 12 vocales del turno de jueces y magistrados. Por mero paralelismo estético con el turno de juristas, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial establece que estos 12 vocales deberán también ser elegidos por 3/5 del Congreso (la mitad de ellos) y por 3/5 del Senado (la otra mitad); situando así en 2/5 de los escaños —algo con lo que cuenta el PP— la capacidad de una minoría parlamentaria para ejercer sine die el bloqueo en la renovación del órgano. Pero no hay absolutamente nada que impida que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados modifique la LOPJ y cambie estas reglas, haciendo, por ejemplo que los 12 vocales del turno de jueces y magistrados se elijan todos ellos en el Congreso con la mayoría absoluta de los escaños y la concurrencia de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la cámara. El PSOE podría haber acometido esta reforma con garantías de que acabe siendo aprobada desde el primer día que Pedro Sánchez fue presidente tras la moción de censura de mayo de 2018; de hecho, la mayoría parlamentaria que permite esta modificación lleva existiendo de manera ininterrumpida desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015.


La última escaramuza humillante que Feijóo ha impuesto a Sánchez —y que éste ha aceptado— es el establecimiento de un político de derechas —el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders— como mediador externo que se ocuparía de facilitar y verificar un posible acuerdo

Pero, en vez de hacer esto y restaurar el cumplimiento de la Constitución en España así como una mayoría en el Poder Judicial que tenga un correlato democrático con lo expresado por los españoles en las urnas, el PSOE de Pedro Sánchez se ha pasado más de cinco años tendiendo la mano a un PP cada vez más trumpista, iliberal y asalvajado, pidiéndole —casi por favor— que se avenga a llegar a un acuerdo bipartidista que permita alcanzar los 3/5 exigidos por la ley actual. Tras todos y cada uno de estos ofrecimientos, los diferentes líderes del PP —primero Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo— se han dedicado a humillar a Pedro Sánchez y al PSOE, inventándose todo tipo de excusas cambiantes para mantener el bloqueo y rompiendo el supuesto acuerdo varias veces cuando los socialistas ya estaban cantando victoria en los medios de comunicación. La última escaramuza humillante que Feijóo ha impuesto a Sánchez —y que éste ha aceptado— es el establecimiento de un político de derechas —el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders— como mediador externo que se ocuparía de facilitar y verificar un posible acuerdo. Además de la humillante mediación extranjera impuesta a un gobierno elegido democráticamente en las urnas, el PP ha llegado a esta reunión —que se produjo ayer en Bruselas sin grandes avances— diciendo que el mediador es necesario porque Pedro Sánchez es un mentiroso y condicionando la posible renovación del CGPJ a un cambio legislativo que dejaría la elección de los 12 vocales del turno de jueces y magistrados en manos de los alrededor de 5000 jueces en activo que hay en España. Una reforma que no parte de ningún tipo de obligación constitucional o europea, que independizaría al Poder Judicial de la soberanía popular y que garantizaría para siempre una mayoría conservadora en el mismo, dada la composición sociológica de la carrera judicial en España.

Suponemos que algún asesor áulico lleva cinco años susurrándole al oído a Pedro Sánchez que esta estrategia le permite situarse como un «hombre de Estado» que, a diferencia de la derecha, está buscando el diálogo y el acuerdo con la oposición, y que eso le conduciría a la captación de votos de centro, consolidando y aumentando su base electoral. Lo que no se entiende es que Sánchez haya mantenido esta estrategia durante cinco años a pesar de las innumerables evidencias en contra de su efectividad. Primero, es evidente que ninguna ampliación de la base electoral del PSOE se ha producido, más bien al contrario. Esto es así porque, como está demostrando en numerosos países del mundo el avance de la ola reaccionaria, los votantes de la derecha y la extrema derecha no solamente están militarizados a la hora de ir a votar y jamás van a cruzar el parteaguas por mucho talante centrista que ofrezca el socioliberalismo sino que, además, están cada vez más de acuerdo con que sus representantes políticos y mediáticos ejerzan la violencia discursiva y estratégica. Véase Trump, véase Ayuso, véase Meloni, véase Milei. Pero es que, encima, ofrecer diálogo y acuerdos al que te está pegando puñetazos políticos en la cara —en vez de cortar definitivamente relaciones hasta que cese la violencia—, solamente sirve para blanquear y justificar su operativa. Por último, renunciar a dar la batalla ideológica —por ejemplo, en este caso, renunciar a modificar la LOPJ para rebajar las mayorías de renovación del CGPJ, como hizo Pedro Sánchez en 2020 al retirar la firma del PSOE de una reforma ya pactada y registrada con Unidas Podemos— sirve para que el adversario avance posiciones y tú las retrocedas. Cuando Sánchez renuncia a modificar la LOPJ en un sentido democrático, entonces Feijóo tiene vía libre para proponer modificarla en un sentido reaccionario y hacer de esa propuesta el eje del debate.

Es urgente que el PSOE revierta esta dinámica y acepte la realidad: el PP no es una organización política demócrata y, por tanto, no hay nada que negociar con ellos. Si Sánchez no da un giro de timón de 180° en esta materia, no solamente seguirá siendo humillado, sino que además estará entregando todas las cartas para que el PP y sus aliados de extrema derecha se hagan con el poder, y a ellos sí que no les va a temblar la mano para llevar a cabo todas las modificaciones legislativas que hagan falta para parasitar de manera antidemocrática y sin complejos todas las instituciones del Estado.

https://diariored.canalred.tv/editorial ... o-sanchez/

Pueden pasar cinco años más, tranquilamente.

El concepto "democracia" según la derecha: lo que se pierde en la urnas se gana controlando los poderes del Estado.

Más claro imposible.