Suecia: Posible ley para obligar a funcionarios a denunciar a inmigrantes sin papeles
Publicado: Septiembre 18, 2023, 11:37 am
El Gobierno conservador de Suecia estudia una ley para obligar a los funcionarios a denunciar a los inmigrantes sin papeles
El proyecto de ley debe ser primero revisado por una comisión y no descarta excluir de la medida al personal sanitario y a las escuelas
— Los conservadores gobernarán Suecia con el apoyo externo de la ultraderecha
El Gobierno sueco, formado por una coalición de partidos liberales-conservadores (gracias al apoyo exterior de la ultraderecha), da un paso más en su cometido para aplicar la mano dura contra la inmigración. El Gobierno ha anunciado que está estudiando una proposición de ley para que los trabajadores del sector público tengan la obligación de denunciar ante las autoridades migratorias a personas sin permiso de residencia en Suecia. En la proposición se plantea que los funcionarios de instituciones gubernamentales como ayuntamientos y servicios públicos puedan correr el riesgo de enfrentarse a sanciones si no contactan con la policía cuando atiendan a una persona migrante en situación irregular. Sin embargo, las posibles sanciones aún no han quedado especificadas.
En la propuesta de ley también se incluye la posibilidad de reforzar las herramientas policiales para realizar controles aleatorios y tener pruebas de ADN para controlar la estancia de personas migrantes sin papeles. Los planes del Gobierno sueco, presentados a finales de agosto, tendrán que ser estudiados por una comisión antes de que la ley pueda ser discutida y tramitada en el Parlamento, lo que se prevé que se haga en el plazo de un año.
La medida forma parte del acuerdo que firmaron los tres partidos que están en el Gobierno (Partido Moderado, Liberales, y Demócratas Cristianos), con el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia (SD). La formación antiinmigración SD quedó por primera vez en su historia segunda en las elecciones generales del 2022 y desde entonces está ejerciendo una fuerte influencia sobre el actual Gobierno en minoría, a pesar de mantenerse fuera del Ejecutivo.
El anuncio ya ha provocado la indignación y la preocupación entre amplios sectores en Suecia, desde los sindicatos de funcionarios hasta los ayuntamientos. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que la medida puede suponer el recorte de derechos básicos para las personas que no tengan una situación regularizada en el país, corriendo el riesgo de ser deportadas si acuden a algún servicio público.
“Combatir la sociedad en la sombra”
“Suecia tiene un problema creciente con las estancias ilegales, es decir, con personas que se quedan en el país y no tienen derecho a hacerlo”, afirmó la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, en rueda de prensa junto a otros representantes de los cuatro partidos que firman la propuesta. “La denuncia obligatoria de ilegales en el sector público puede contrarrestar la sociedad en la sombra”, añadió en referencia a los migrantes sin papeles.
Desde las organizaciones civiles de derechos de los migrantes, como Civil Rights Defenders, se alerta de que “este es un camino equivocado para una sociedad democrática porque también tendrá efectos negativos en términos de acceso a los derechos más fundamentales para los inmigrantes indocumentados que viven en Suecia, ya que se pone en riesgo su derecho a la educación, a la atención sanitaria y a los servicios sociales”, dice a elDiario.es su director legal, John Stauffer.
Sanidad y educación
Uno de los puntos que ha levantado más controversia de la propuesta de ley es la posibilidad de incluir la obligación de denunciar a los migrantes en situación irregular que acudan a escuelas y centros sanitarios, ya que con la legislación vigente en Suecia la sanidad y la educación son derechos básicos garantizados para cualquier persona.
https://www.eldiario.es/desalambre/gobi ... 10381.html
El proyecto de ley debe ser primero revisado por una comisión y no descarta excluir de la medida al personal sanitario y a las escuelas
— Los conservadores gobernarán Suecia con el apoyo externo de la ultraderecha
El Gobierno sueco, formado por una coalición de partidos liberales-conservadores (gracias al apoyo exterior de la ultraderecha), da un paso más en su cometido para aplicar la mano dura contra la inmigración. El Gobierno ha anunciado que está estudiando una proposición de ley para que los trabajadores del sector público tengan la obligación de denunciar ante las autoridades migratorias a personas sin permiso de residencia en Suecia. En la proposición se plantea que los funcionarios de instituciones gubernamentales como ayuntamientos y servicios públicos puedan correr el riesgo de enfrentarse a sanciones si no contactan con la policía cuando atiendan a una persona migrante en situación irregular. Sin embargo, las posibles sanciones aún no han quedado especificadas.
En la propuesta de ley también se incluye la posibilidad de reforzar las herramientas policiales para realizar controles aleatorios y tener pruebas de ADN para controlar la estancia de personas migrantes sin papeles. Los planes del Gobierno sueco, presentados a finales de agosto, tendrán que ser estudiados por una comisión antes de que la ley pueda ser discutida y tramitada en el Parlamento, lo que se prevé que se haga en el plazo de un año.
La medida forma parte del acuerdo que firmaron los tres partidos que están en el Gobierno (Partido Moderado, Liberales, y Demócratas Cristianos), con el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia (SD). La formación antiinmigración SD quedó por primera vez en su historia segunda en las elecciones generales del 2022 y desde entonces está ejerciendo una fuerte influencia sobre el actual Gobierno en minoría, a pesar de mantenerse fuera del Ejecutivo.
El anuncio ya ha provocado la indignación y la preocupación entre amplios sectores en Suecia, desde los sindicatos de funcionarios hasta los ayuntamientos. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que la medida puede suponer el recorte de derechos básicos para las personas que no tengan una situación regularizada en el país, corriendo el riesgo de ser deportadas si acuden a algún servicio público.
“Combatir la sociedad en la sombra”
“Suecia tiene un problema creciente con las estancias ilegales, es decir, con personas que se quedan en el país y no tienen derecho a hacerlo”, afirmó la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, en rueda de prensa junto a otros representantes de los cuatro partidos que firman la propuesta. “La denuncia obligatoria de ilegales en el sector público puede contrarrestar la sociedad en la sombra”, añadió en referencia a los migrantes sin papeles.
Desde las organizaciones civiles de derechos de los migrantes, como Civil Rights Defenders, se alerta de que “este es un camino equivocado para una sociedad democrática porque también tendrá efectos negativos en términos de acceso a los derechos más fundamentales para los inmigrantes indocumentados que viven en Suecia, ya que se pone en riesgo su derecho a la educación, a la atención sanitaria y a los servicios sociales”, dice a elDiario.es su director legal, John Stauffer.
Sanidad y educación
Uno de los puntos que ha levantado más controversia de la propuesta de ley es la posibilidad de incluir la obligación de denunciar a los migrantes en situación irregular que acudan a escuelas y centros sanitarios, ya que con la legislación vigente en Suecia la sanidad y la educación son derechos básicos garantizados para cualquier persona.
https://www.eldiario.es/desalambre/gobi ... 10381.html