Radio Mirilla

Los familiares de las personas fallecidas en los centros piden a expertos analizar testimonios y pruebas para evaluar qué pasó para que hubiera 7.291 muertes por el covid. Entre las personas que la constituyen destaca el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, la escritora Anna Freixas o el especialista en Memoria Histórica Eduardo Ranz Alonso.

Las puertas de la justicia se cerraban y las de las instituciones también para los familiares que han querido saber por qué fallecieron en las residencias sin traslados a hospitales o sin la ayuda médica que necesitaban en pleno estallido por covid 19. Por eso, como ha ocurrido con las víctimas de la represión franquista, una comisión de la verdad ha sido su única salida. Se trata de un mecanismo que busca la verdad, pero también la reparación y la no repetición, que se empezó a usar en los años 70 y 80 para conocer qué había pasado en Uganda o en conflictos armados de América Latina. Se trata de una comisión de expertos encargada de revelar las acciones de un gobierno o un agente externo que ha cometido una violación de derechos humanos.

Esto es lo que consideran que ha ocurrido desde la asociación Marea de Residencias y la plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid. Ambas organizaciones llevan desde la pandemia luchando porque se conozcan las causas de las 7.291 muertes que hubo en las residencias madrileñas por ausencia de la ayuda médica precisa. Ya sea porque no fueron trasladados a hospitales por la saturación, a causa de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ (órdenes que impidieron el traslado no por prioridad médica si no por lugar de residencia) o porque no se medicalizó las residencias. Muertes que se extraen de las 9.468 que hubo en las residencias solo entre marzo y abril de 2020 y que solo unas pocas tuvieron la asistencia que necesitaron, estuvieran enfermos de covid o con otras afecciones diferentes.

"No queremos pasar página, queremos justicia, queremos reparación y sobre todo cambio para no repetición. Por eso seguiremos trabajando para paliar la falta de interés de nuestras instituciones”
Carmen López, de Marea de Residencias, indica a El Salto que “han pasado ya más de tres años y el dolor que provocó la muerte de nuestros familiares, privados de sus derechos más básicos, solo se ve superado por la falta de justicia, por la ausencia de reparación y sobre todo por las declaraciones de algunos políticos que en su empeño propio por tapar esta debacle”. “No -prosigue-, no queremos pasar página, queremos justicia, queremos reparación y sobre todo cambio para no repetición. Por eso seguiremos trabajando para paliar la falta de interés de nuestras instituciones”. En esa misma línea lo percibe María Mercedes Huertas, quien sufrió la pérdida de su padre en esos meses de pandemia. “Es algo fundamental porque las familias necesitamos cerrar un duelo, saber que se ha hecho todo lo posible y, sobre todo, para que no se repita”, comenta e insiste en que si en España no ven reacción acudirán a Europa a pedir amparo.

Reyero, Carlos Mur o Díaz Ayuso entre los invitados
En esta comisión de la verdad, que se inicia este viernes 15 y se espera concluir el sábado 16, participan un notorio número de expertos en su composición. Desde José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, que lo preside; hasta la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui Pastor; el médico experto en Gestión y Administración Sanitaria con experiencia en la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata Cotanda; la escritora expera en edadismo y feminismo Anna Freixas Farré; el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional, Fernando Flores Giménez; la socióloga y politóloga Cristina Monge Lasierra y el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz Alonso. “Estas personas llevan meses trabajando para recabar toda la información y ahora van a recoger los testimonios tantos de trabajadores como de familiares que vivieron esos meses de la pandemia y también de expertos”, explican desde la plataforma.

"Si esto sirve para señalar que lo que ocurrió está mal y muchos murieron de forma indigna, es positivo”
Entre estos expertos destacan geriatras, gestores sanitarios o políticos implicados como el ex consejero de Políticas Sociales y Familias, Alberto Reyero, o el socialista José Ángel Chamorro, presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que fue cerrada por Ayuso de forma precipitada con la convocatoria de elecciones anticipada. También participan periodistas que cubrieron el día a día de la pandemia en las residencias como Manuel Rico por Infolibre, Elena Jiménez de la Ser o Fernando Peinado de El País. Este periodista coautor del podcast ‘La teoría del paréntesis’ explica que ve importante esta acción ya que en los tribunales los familiares han logrado poco. “Incluso -explica-algunos juristas dicen que no tiene encaje judicial para sorpresa de todos, pero lo que es indiscutible es que moralmente hay un reproche. Si esto sirve para señalar que lo que ocurrió está mal y muchos murieron de forma indigna, es positivo”. Peinado espera que las conclusiones de esta comisión sirvan también para influir en los pocos procesos que se mantienen abiertos y destaca que la sociedad tiene que cambiar su actitud hacia las personas mayores. “Hay que explicar cómo se pudo poner al final de la fila a los que más lo necesitaban. Tiene que ver con el edadismo y tenemos que preguntarnos cómo hubiera sido la respuesta de la sociedad y de los jueces si los abandonados hubieran sido los niños”.

Desde la plataforma Verdad y Justicia inciden en que se ha invitado a la parte implicada del Gobierno madrileño, desde la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a los consejeros Enrique Ruiz Escudero o Enrique López y al responsable de los protocolos excluyentes, Carlos Mur. “Lo más previsible es que no vengan, pero tienen la oportunidad de exponer su postura”, explica Martin Pallín, cuya experiencia en el Tribunal Russell (donde se ha juzgado entre otros asuntos la violación de los Derechos Humanos por parte de Israel en Palestina) sirve de marco en este asunto.

“Es público y notorio que se produce porque no lo niegan, un número de fallecimientos en la residencia que supera, según los expertos, la media europea. Con mucho. Esto obligaba a que los poderes públicos tomasen cartas en este asunto, con una comisión de investigación y el poder judicial, por otro lado, comenzaran las investigaciones para ver si hay una causa entre las medias que se tomaron y las muertes. Esto en cualquier país democrático es normal, pero aquí no. Los familiares se han estrellado contra un muro”. Así explica el magistrado que aceptara la presidencia de la comisión en cuanto se lo ofrecieron.

“Esperamos que este informe ponga de manifiesto la urgencia de tener una investigación oficial que va más allá de lo que podemos hacer los ciudadanos en la investigación de lo que ocurrió”
Fallecieron el 20% de los residentes
Una reunión de los siete representantes de la comisión después del sábado permitirá llegar a unas conclusiones que quieren que sean conocidas por la sociedad civil y por todas las autoridades. “Esperamos que este informe ponga de manifiesto la urgencia de tener una investigación oficial que va más allá de lo que podemos hacer los ciudadanos en la investigación de lo que ocurrió”, explica Victoria Zunzunegui, que asegura que debería servir para abrir una “investigación oficial que revise los historiales de todas las personas fallecidas, los casi 10.000, además de visitar los hospitales y las 470 residencias que estaban en funcionamiento esos meses en Madrid”. “Es inexplicable que después de tres años la Comunidad de Madrid no haya explicado nada ni han tenido intención de hacerlo”, comenta, en referencia a cómo el PP con el apoyo de Vox bloqueó la reapertura de una nueva comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

“No puede quedar sin saber por qué en dos meses murieron casi el 20% de las personas que estaban en residencias en Madrid y que las muertes supusieran la mitad de las que hubo en toda España”, comenta Javier Cordón, miembro de la plataforma Verdad y Justicia. “Pensamos que desde la sociedad civil no puede quedar sin reparación o responsabilidades con algo tan grave. Si las instituciones no han sido capaces, creemos que la sociedad civil tiene recursos y conocimientos para poder hacerlo”, indica a El Salto.



https://www.elsaltodiario.com/residenci ... ias-madrid

Espero y deseo que esta investigación llegue a buen puerto y los responsables paguen por ello. No quiero pensar en lo vivido por esos pobres ancianos y sus familiares en un contexto tan grave como fue la pandemia. Qué impotencia, qué abandono y qué dolor no sentirían.

Las agónicas últimas horas de los 7.291 fallecidos por covid en las residencias de Madrid
Durante dos días, la Comisión Ciudadana por la Verdad ha entrevistado a personas que sufrieron la muerte de miles de mayores sin recibir atención sanitaria en la primera ola de la pandemia, a profesionales y responsables políticos.

Ha concluido la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, impulsada por familiares de los fallecidos y expertos. El objetivo de esta iniciativa era investigar las muertes de las 7.291 personas que perdieron la vida durante la primera ola de la pandemia en estos centros.

Entre el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre, se han recogido hasta 30 testimonios de allegados de las víctimas, trabajadores del sector y responsables políticos de entonces, como el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dimitió en octubre de 2020 por esta causa.

Siete personas, expertos jurídicos y ​abogados, forman ahora el tribunal de esta comisión, encargado de elaborar un informe que dé cuenta de lo ocurrido.

En sus declaraciones, hijas e hijos de los mayores que murieron en los centros sin recibir atención médica han recordado cómo trascurrieron las agónicas últimas semanas de vida de sus padres y madres. Los llamados "protocolos de la vergüenza", aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, impidieron que cualquier residente con algún tipo de dependencia (o sea, la gran mayoría) fuera trasladado a hospitales o ambulatorios, salvo que tuviera un seguro privado.

El resultado ya se conoce: miles de ancianos se contagiaron de coronavirus y fallecieron deshidratados, con insuficiencias respiratorias, fiebres... metidos en sus habitaciones. Algunos los primeros días de la pandemia, otros tras ver cómo sus compañeros habían cerrado los ojos sin poder ni siquiera hablar una última vez con sus seres queridos.

Ese fue el caso de Alfonso Valero, uno de los 42 residentes que murió en la residencia de mayores de Usera, después de que le administraran cuidados paliativos. A sus familiares no les dejaron verlo durante 18 dolorosos días. Así lo contó el viernes María Jesús Valero, su hija, que recordó cronológicamente las semanas infernales que sufrieron su familia y ella, hasta que finalmente les informaron de que su padre había fallecido por un "fallo cardiorrespiratorio, posible covid".

Con la voz entrecortada, Valero ha denunciado el trato "antihumano" que recibió por parte de los encargados de seguir los protocolos: "Nos sentimos como unos apestados. Nos prohibieron la entrada a las instalaciones sin posibilidad de despedirnos".

Aunque enviaron varias solicitudes a los directivos del centro para recibir información de lo que estaba pasando, todo lo que sabían procedía en buena medida de los medios de comunicación. Una situación "desesperante" que se sumaba a la visible falta de previsión. Incluso a 16 de marzo (el Gobierno había aprobado el estado de alarma el 14), desde la residencia, ha explicado Valero, les aseguraron que no había ningún contagio y que las auxiliares de enfermería no se ponían las mascarillas porque "asustaban a los residentes".

Valero lamenta que, pese a que también enviaron numerosas cartas para pedir un aumento del personal y test PCR para los enfermos, las respuestas fueron "nulas". Ya el 20 de marzo recibieron la noticia de la primera muerte de un residente y una de las trabajadoras. Con todo, tuvieron que ser los propios familiares los que contactaron con la UME para que fueran a desinfectar las instalaciones.

Ese mismo día, profesionales del centro hicieron una videollamada con Valero para comunicarla que su padre estaba "muy grave". Ellas eran sus "ojos y oídos". "No me quiero morir por la noche sin ver a mis hijas por la mañana repetía agónico", ha narrado con pena.

El 26 de marzo Alfonso Valero falleció. Su familia nunca entendió por qué no le llevaron al hospital siendo una persona enferma. Más de tres años después, su hija sigue persiguiendo la verdad y buscando una explicación a esa "omisión de auxilio".

Una crueldad que también vivieron en sus carnes mujeres como Mercedes Huertas, Rosana Castillo o Isabel Hernández, que han sacado valor y fuerzas de donde no les quedan para hablar las condiciones deplorables en las que se encontraban sus progenitores antes de morir.

En plena escalada de contagios, hubo a quienes les ofrecieron sacar a sus madres y padres de los centros, pero muchos no tenían casas con las instalaciones necesarias para poder acogerlos. Fue el caso de Hernández, cuya vivienda "no estaba preparada para una silla de ruedas".
Isabel Hernández recibió una notificación de la Comunidad en la que "decían que cumplían los protocolos"

Su madre, una mujer de 85 años, totalmente dependiente y con un deterioro cognitivo severo, murió el 20 de marzo de 2020. Hernández pidió su traslado a otra residencia, pero, "en ese momento, se interrumpió la comunicación con el centro", que, además, no tenía permiso para llevarla a un hospital porque los protocolos se lo impedían.

En pleno confinamiento, pasaron el duelo "sin poder hacer nada", ya que no estaba permitido ir ni al tanatorio ni al cementerio, y con mil preguntas sin resolver. En junio, ella y su familia recibieron una notificación de la Comunidad de Madrid en la que la trasladaban sus condolencias, aunque "se justificaban diciendo que cumplían los protocolos".

Al igual que la madre de Castillo o el padre de Huertas, se fue y, desde entonces, su mayor incertidumbre ha sido si lo hicieron solos o acompañados. Con impotencia, las familias se compadecen de que no les dieran la oportunidad de salvarse.

Trabajadoras suspendidas por denunciar la crueldad

En la comisión, también tuvieron la oportunidad de expresarse diferentes trabajadoras de varias residencias de la región, muchas de las cuales fueron expedientadas, trasladadas y suspendidas por denunciar ante los médicos las actuaciones en las residencias.

"Fuera eran los protocolos de la vergüenza, pero por dentro eran una vergüenza de protocolos", ha criticado Nandi Gutiérrez, TCAE. Ella misma ha explicado que solo podían cambiarse la mascarilla FFP2 a la semana y que los guantes no estaban homologados.

Junto a su compañera Elvira García, han denunciado la "falta de información y de formación" por parte del Gobierno de Madrid y la residencia. Y han relatado cómo hasta el 6 de abril no llegó el Ejército para hacer pruebas a los mayores y a las trabajadoras.

"Según la dirección no era necesario tomar medidas en los módulos que no eran de aislamiento", han detallado. Nunca olvidarán, han asegurado, el "terror en la mirada" de los residentes.
Discriminación por edadismo

El sábado por la mañana, en la segunda jornada de la comisión ciudadana, les llegó el turno para los "peritos", figuras como el exconsejero Alberto Reyero, el médico Francisco Pozo, Carmen Miquel de Amnistía Internacional o el periodista Manuel Rico, que publicó el protocolo de la residencia madrileña La Purísima Concepción.

En su turno de palabra, Reyero ha abundado en lo que también ha declarado dos veces ante los tribunales cuando ha acudido en calidad de testigo: "La información nos llegó filtrada por la Consejería de Sanidad", ha detallado. Asimismo, el exresponsable ha señalado que el primer caso de covid del que tuvo constancia en una residencia fue el 4 de marzo y ha lamentado que las personas mayores tengan "menos valor que el resto de ciudadanos".

Reyero ha sido la única autoridad presente en el Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia que se ha sentado ente el tribunal impulsado por las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia.

"Se producen más derivaciones en el mes de febrero que en marzo. El parón se produjo sobre el 10 de marzo ", ha indicado Reyero. A su juicio, las cuatro versiones del protocolo fueron "la constatación de algo que ya se estaba produciendo".

Mientras, Pozo, especialista en neumología y epidemiología, ha destacado que la restricción de ingresos hospitalarios es una singularidad de la Comunidad de Madrid con respecto a otros lugares y ha aseverado que "las decisiones sobre las derivaciones deben hacerse éticamente sobre datos individuales", ya que "de lo contrario, no resulta clínicamente ética". Por su parte, Miquel se ha preguntado por qué desde la Fiscalía y el Estado no se han tomado las medidas necesarias para investigar a fondo estas muertes.

Así, las familias de los fallecidos han intentado dejar constancia tanto de la existencia de los protocolos, como de la no medicalización de las residencias y la "no utilización de las vías alternativas para intentar salvarles la vida".


https://www.publico.es/sociedad/agonica ... mobile-big

Familiares de los fallecidos en las residencias durante la covid vuelven a Bruselas: "La historia podría repetirse"

Marea de Residencias ha acudido al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar que se investigue la muerte de los cerca de 35.000 mayores fallecidos en las residencias por la covid, como ya exigió hace casi un año.

Los familiares de los cerca de 35.000 mayores fallecidos en las residencias por la covid han regresado a Bruselas para reclamar verdad y justicia. Dos representantes de Marea de Residencias han acudido este miércoles al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender lo que, precisamente, ya exigieron hace casi un año.

Una insistente lucha que ha dado sus frutos, pues tras el debate han conseguido mantener la petición abierta, pese al voto en contra del PP y Vox.


En diciembre de 2022, la plataforma de familiares y trabajadoras de centros de mayores acudió al Parlamento Europeo para intentar presentar, con el apoyo de Anticapitalistas y Miguel Urbán, una petición para realizar una audiencia pública sobre lo ocurrido en los centros de mayores durante la primera ola de la pandemia.

Comisión ciudadana para la investigación de las muertes en las residencias de Madrid durante la primera ola de la covid, a 15 de septiembre de 2023.

Las agónicas últimas horas de los 7.291 fallecidos por covid en las residencias de Madrid

Hasta 20.000 residentes perdieron su vida en los centros de mayores solo en el 2020. Desde entonces, cientos de familias han presentado querellas, pero no ha habido ni una sola condena. Ahora, la organización espera que sea Europa quien investigue a fondo la pasividad de las instituciones ante esta tragedia.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea (UE) puede presentar una petición sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE y que le afecte directamente.

Dichas peticiones pueden consistir en una queja o en una solicitud y dan a la Eurocámara la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución, según recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE.

Varias personas se manifiestan junto a marea de Residencias y Verdad y Justicia durante un homenaje-vigilia por las víctimas de la covid-19, a 18 de marzo de 2023, en Madrid (España).

Un tribunal ciudadano examinará las 7.291 muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia
Una vez admitido el requerimiento y tras la exposición este miércoles de Carmen López, representante del movimiento, de los residentes fallecidos y los que siguen viviendo en residencias, han intervenido los eurodiputados de los diferentes grupos políticos.


Aunque "los representantes del PP y Vox han hecho todo lo posible por cerrarla", en el último momento se ha conseguido mantener la petición abierta con la votación de la mayoría de los coordinadores (Izquierda Europea, Verdes, Socialistas y Liberales).

Las residencias de Madrid, en el ojo del huracán

En particular, desde Marea de Residencias ponen el foco en la Comunidad de Madrid, donde tal y como se ha intentado constatar en la Comisión Ciudadana por la Verdad celebrada la semana pasada, hasta 7.291 personas fallecieron sin recibir asistencia sanitaria por los llamados "protocolos de la vergüenza".

Carlos Vila, abogado de las familias de los fallecidos en las residencias de mayores de Madrid, durante su visita al Parlamento Europeo.

Abogado de las víctimas en las residencias de mayores: "Los protocolos de Ayuso propiciaron homicidios imprudentes"
La Dirección de Coordinación Sanitaria de la región firmó un documento, aprobado por la Consejería de Sanidad, por el que se prohibía trasladar a los hospitales a residentes de centros de mayores con cierto nivel de dependencia o deterioro cognitivo. Las familias denuncian que dichos documentos supusieron "la mayor vulneración de derechos perpetrada en la corta historia de nuestra democracia".

Si bien, los miembros de Marea de Residencias sospechan que en el resto de comunidades, lo recogieran o no por escrito, también se dieran las mismas indicaciones: evitar el ingreso de estos mayores en los hospitales para no saturar aún más los centros sanitarios. Lamentablemente, esta maniobra no sucedió acompañada de otras medidas como medicalizar las residencias, al menos en el caso de Madrid.

https://www.publico.es/sociedad/familia ... tirse.html

Hoy escuché testimonios de varios familiares, y la verdad, hay que ser de piedra para no conmoverte con su relato de lo que ocurrió y cómo lo vivieron.

Más de 7.000 ancianos muertos, en total abandono y soledad, por unas directrices políticas absolutamente criminales cuyos responsables deben (o deberían) ser juzgados y encarcelados.

A todo esto, por si fuese poco, hay que añadir que esta Comisión es ¡Ciudadana!, es decir, nadie a nivel institucional está tomándose el necesario interés en investigar los hechos y hacer justicia. Están solos.

Es desgarrador. Lo siento, no puedo concebir ni asimilar que, siendo público y notorio lo que sucedió aquellos durísimos días, se vote masivamente a quienes juegan con la vida humana tan cruelmente.

Murieron de forma indigna

Una de las conclusiones que pudieron sacarse de las comparecencias en esta Comisión Ciudadana es que se tomaron decisiones que no son éticas, y se tradujo en las que las personas mayores tenían menos valor que el resto de ciudadanos. Se tomaron medidas edadistas, y el triaje no estuvo basado en criterios clínicos sino en criterios de dependencia.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias se reunió el pasado fin de semana. Consistió en un tribunal ciudadano, conformado por expertos de distintas áreas ―epidemiólogos, académicos, juristas― además de profesionales sanitarios, antiguos residentes, familiares y peritos para intentar dilucidar los más de 7.000 fallecimientos en residencias madrileñas durante la crisis sanitaria del covid. Esta Comisión Ciudadana por la Verdad, con José Antonio Martín Pallín a la cabeza, ha sido creada para determinar, a través de los testimonios de las víctimas, de los peritos y de la documentación aportada, saber la verdad de lo ocurrido en las residencias.

En los últimos años, cientos de personas han recurrido a la justicia para descubrir qué pasó en las residencias y la mayoría están a la espera de que prosperen sus casos o directamente han visto cómo la Fiscalía los ha archivado. Por su parte, Amnistía Internacional expuso en un informe que la mayoría de las causas se cerraban sin una indagación mínima y en un centenar de ellas ni siquiera se entrevistó a los familiares de las víctimas. La justicia de nuestro país quedó retratada una vez más y no ha aportado la verdad que las familias llevan pidiendo años.

Hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada a las demandas de los familiares y de los trabajadores. Este hecho tan grave requiere una investigación y ha de ser una investigación en profundidad y seria. Las familias de los mayores que murieron en las residencias no les olvidan, una parte de la sociedad tampoco, por lo que es tan importante este ejercicio de investigación y de dar voz a la verdad para que este sufrimiento no se olvide, no quede impune y no vuelva a repetirse.

Una de las conclusiones que pudieron sacarse de las comparecencias en esta Comisión Ciudadana es que se tomaron decisiones que no son éticas, y se tradujo en las que las personas mayores tenían menos valor que el resto de ciudadanos. Se tomaron medidas edadistas, y el triaje no estuvo basado en criterios clínicos sino en criterios de dependencia. Además, los profesionales de las residencias detallaron lo atroz que vivieron esos días en los que se les llegó a negar algo tan básico como el oxígeno, que es al fin y al cabo negar la vida.

Al mismo tiempo se concluyó que hubo una la falta de «transparencia» sobre lo que sucedió en las residencias. No es solo que se dejara morir a personas en las residencias, es cómo se permitió que murieran. A cualquiera con un mínimo de sensibilidad le removería las tripas. El abandono institucional fue evidente, ya que en los hospitales privados hubo muchas camas vacías y no se quiso trasladar a nadie. Después de todo, tras la inacción del Gobierno de Ayuso hay un mensaje claro: no hay mejor manera de acabar con la sanidad pública que enviar a la población el mensaje de que en caso de emergencia sanitaria dejarán morir sin asistencia médica a quienes no tengan un seguro médico privado. La maldad en este asunto no conoce límites y está en nuestras manos frenarlo.

Para entender qué ocurrió en las residencias y cómo se les dejó morir abandonados a su suerte en condiciones inhumanas no podemos olvidar los recortes en sanidad previos. La crisis de 2008 se tradujo en recortes en lo social y en lo sanitario y ese desmantelamiento de la sanidad ha tenido sus consecuencias directas, tanto en las residencias como en los hospitales y muy especialmente en la atención primaria en la actualidad.


Sigo sin poder comprender que se trate con esa falta de empatía y cuidados a toda una generación que contribuyó con todo su trabajo y esfuerzo para que gozáramos de derechos y de bienestar social.

Sigo sin poder comprender que se trate con esa falta de empatía y cuidados a toda una generación que contribuyó con todo su trabajo y esfuerzo para que gozáramos de derechos y de bienestar social. Es necesaria por tanto una mayor implicación institucional y social a la hora de abordar un tema que nos afecta directamente a la sociedad en su conjunto. La dependencia y la atención a los mayores cuesta dinero y no se ha gestionado de la manera adecuada o peor aún, se ha gestionado con fines lucrativos.

Existe una falta de dignidad, material y de cuidados en las residencias madrileñas, con culpables directos, que siguen sin recibir ningún tipo de condena por los hechos acontecidos. Antes de la pandemia ya habíamos padecido una de las mayores privatizaciones sanitarias y fue en la Comunidad de Madrid, la misma en la que después no habría respiradores para todos, ni camas para todos, ni atención para todos, o eso era al menos lo que afirmaron los responsables, porque lo cierto es que para quienes tenían un seguro privado sí había la opción de vivir. Quien tenía dinero podría tener la posibilidad de sobrevivir o al menos no morir con crueldad, mientras quien estaba en una residencia pública no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, además de morir en condiciones de tortura e indignidad humanas. De hecho, Amnistía Internacional ya dijo que se habían vulnerado cinco derechos humanos: el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho de tener una muerte digna.

No podemos estar hablando de democracia o Estado de Derecho si se vulneran los derechos humanos de las personas más vulnerables, no podemos hablar de bienestar social cuando una parte de la sociedad sufre y no es atendida con la dignidad que merece. Se vulneran los derechos humanos cuando sabemos además que unas 55.000 personas son atadas o sedadas a diario para reducir su agitación en las residencias españolas, un procedimiento que ha sido condenado por la ONU. Y es más que probable que ese abuso venga de la mano de la falta de una plantilla adecuada y de la precarización de los trabajos de los cuidados, por lo que es necesario que también se mejoren las condiciones laborales de las personas que trabajan en residencias.

En mi opinión, el Gobierno Central debería intervenir si no se cumplen adecuadamente las condiciones de vida digna, y todo parece indicar, tras las comparecencias en la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias y los cientos de denuncias interpuestas también este verano que en muchas residencias de la Comunidad de Madrid se está ignorando el bienestar y la vida digna de los residentes. Nada ha cambiado, no se ha tomado nota del infierno que se vivió en la pandemia y una Ley Estatal de Residencias es necesaria. Mejorar la habitabilidad de las residencias para personas mayores es una exigencia social y política en la que ya vamos tarde.

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