Para contribuir a que la OTAN sea “más fuerte, más justa y más letal”, en palabras de su secretario general Mark Rutte, el Gobierno español ha elaborado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que hipotecará el futuro presupuestario de nuestro país por lo menos hasta 2030, porque destinará un mínimo de 10.471,14 millones de euros adicionales al año a defensa. Para este ejercicio de 2025, el ejecutivo del PSOE y Sumar alcanzará el 2% del PIB que le pide la Alianza Atlántica y asegura que solo 1.962 millones de euros se dedicarán a armamento “de defensa y disuasión” —Pedro Sánchez dijo al presentarlo, “somos un país pacifista”—, pero la realidad es que camufla como inversiones en ciberseguridad, equipamiento de los efectivos de las fuerzas armadas y hasta en gestión de emergencias más de 7.000 millones más.
Hay que reconocer que el Ejecutivo ha hecho un ejercicio de transparencia publicando el listado de donde va a gastar este año el dinero del plan, lo que sucede es que lo maquilla poniendo epígrafes con apariencia de civiles a inversiones militares. Así, define 3.712,49 millones de euros como “condiciones laborales, preparación y equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas”, incluyendo programas especiales de modernización (PEM) que consisten en sustituir aviones o helicópteros, afirmando que se dedican a entrenamiento de pilotos, o inversiones en inteligencia artificial “para alcanzar el grado de preparación y desarrollo de fuerza necesario” o “el refuerzo de capacidades en guerra electrónica”.
El CDTI invertirá este año 200 millones de euros en fondos de capital riesgo para el sector de defensa
En las presuntas condiciones laborales también aparece el aumento de la dotación FORES del Ministerio de Industria en 664,62 millones de euros “para préstamos o entradas de capital en empresas del ámbito de la defensa”. Por medio del CDTI se invertirán 200 millones en “fondos de capital riesgo especializados en el ámbito de la defensa”. Recordemos que el CDTI y el ICO ya han colocado por medio de sus fondos de fondos 73 millones en Hyperion, el instrumento financiero del que es socio el anterior presidente del PP Pablo Casado. El dinero destinado a aumentos de retribuciones y de número de efectivos solo supone 679 millones. El epígrafe incluye 32 millones para aumentar la contribución al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) —el MUFACE militar—, dinero que cobran las aseguradoras sanitarias privadas.
Al presentar el plan que tanto ha satisfecho a su amigo Rutte, Sánchez hizo hincapié en su importancia como motor del desarrollo tecnológico español. Serán 3.262,76 millones de euros los destinados en 2025 a “nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad”, en un gran porcentaje destinados a diversos PEM, que incluyen desde sistemas encriptados para garantizar la seguridad de las comunicaciones y facilitar las operaciones militares a radares, satélites, drones, IA, o robótica. Hay algunas partidas que sí pueden calificarse como de uso civil; es el caso de 72,26 millones para biotecnología robótica y varias de ciberseguridad, como la Red Española de I+D+i para Universidades y Centros de Investigación, a la que se asignan 43,87 millones. Pero por todas partes aparecen el Ministerio de Defensa o el CNI, que se lleva 500 millones. A la ciberinteligencia del Ministerio del Interior se asignan 189 millones y el CDTI canalizará a empresas, centros de investigación y compra de prototipos 250 millones.
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Quizá para aprovechar la merecida popularidad de la Unidad Militar de Emergencias por su labor en las catástrofes, hay una sección del plan denominado de “apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales”, dotado con 1.751,53 millones de euros. Es cierto que aquí hay 100 millones para hidroaviones de extinción de incendios e inversiones en un buque, helicópteros, aviones o un vehículo lanzapuentes, que se pueden utilizar en emergencias además de en conflictos armados; pero hay una partida que llama especialmente la atención. Se trata de 232,24 millones para gastos operativos y logísticos en emergencias como la DANA, donde se incluye “equipamiento defensivo, protección NBQR, asistencia sanitaria, formación y apoyo logístico” para Ucrania, lo que no deja de ser colaboración en una guerra.
En los próximos cinco años España añadirá 52.355 millones de euros al gasto militar, si la OTAN sube el objetivo al 3% del PIB será mucho más
Los nuevos PEM que se ponen en marcha son 31, que se añaden a los más de 50 que ya existen. Según publicó El País el lunes pasado, los nuevos programas supondrán unos 15.000 millones de euros, que se sumarán a los 43.000 millones del coste previsto para los en curso. El texto publicado por el Gobierno afirma que este año se dedicarán a los nuevos PEM 3.807 millones. El plan se prolongará durante cinco años. Una estimación moderada de lo que va a suponer la inversión militar en el horizonte de 2030, sitúa en 52.355 millones de euros la cantidad que debería sumarse al presupuesto de defensa en ese tiempo, siempre que el añadido anual fuese de solo 10.500 millones, algo dudoso porque en la cumbre de la OTAN de junio se puede acordar un aumento del gasto en defensa sobre el PIB, situándolo en el 3% o, en un plazo más amplio, en el 5%. Con esos porcentajes el presupuesto del Estado sufriría una debacle. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva, ha recomendado a los países europeos, España incluida, que para hacer frente al incremento de la inversión en armamento realicen recortes en el Estado del Bienestar y/o suban impuestos. Está claro que el dinero no cae del cielo y solo hay tres formas de conseguirlo: las dos citadas y el endeudamiento.
¡Perdón, se me olvidaba! Hay un cuarto procedimiento, el de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero: utilizar lo que ella llama “remanentes”, “sobrantes” o “partidas que se han dado de baja para poder arrimarlas (sic) al gasto de seguridad o de defensa” y que podría denominarse pesca milagrosa. Intentaremos explicarlo. En el presente ejercicio el Estado español está actuando con el presupuesto de 2023, prorrogado por segundo año consecutivo, en aquel momento había partidas muy necesarias que ahora ya no lo son, como las correspondientes a los últimos coletazos de la pandemia. El léxico de Montero incita a creer que hay un dinero sobrante de los años anteriores que se va a utilizar este año y que por eso no se va a tocar el gasto social ni se van a subir impuestos; pero no es así. El dinero se gastó en 2023 y lo que hay ahora es una previsión de un gasto idéntico en las cuentas del Estado que en un principio se decidió no ejecutar y que ahora se traslada a otra finalidad, la defensa.
Para alcanzar los 10.471,42 millones de euros, se añaden 1.395,10 millones del Fondo de Contingencia (salarios y pensiones de las fuerzas armadas), 2.819,17 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, porque las comunidades van a endeudarse en los mercados en lugar de hacerlo con el Estado, y 1.357 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE (PRTR), que España se comprometió a utilizar para ciberseguridad. Según la ministra, el PRTR y otras partidas pertenecen al capítulo 8 de los presupuestos —activos financieros, que comprenden deuda, créditos, adquisición de acciones o aportaciones patrimoniales— y no pueden ir a otro. De esta forma pretende justificar que ese “sobrante”, que no es tal, no se “arrime” a construir viviendas o contratar personal sanitario o educativo como le reclama la izquierda.
El argumento del presupuesto inmutable es falso. Para demostrarlo bastan dos ejemplos. El primero: el presupuesto de defensa prorrogado para 2025 era de 12.825 millones de euros, en lo que va de año se le han añadido 3.154 millones, un 25% más por medio de transferencias de crédito, es decir, trasladando el dinero de un departamento a otro. Segundo ejemplo: en 2024 el Gobierno hizo modificaciones presupuestarias por más de 90.000 millones con los presupuestos de 2023 prorrogados, un récord histórico. Según la IGAE, se realizaron ampliaciones de crédito por 50.000 millones y se cambiaron de destino más de 40.000 millones.
Hasta hace poco el Gobierno practicaba la contabilidad creativa para convencer a la OTAN de que considerara gasto en defensa partidas de uso dual repartidas por distintos ministerios. Ahora, cuando ha decidido cumplir el mandato de Donald Trump y Rutte de llegar este mismo año al 2% del PIB para contribuir a la economía de guerra, vuelve a la práctica habitual del escondite, intentando que los ciudadanos acepten como tecnología punta que va a generar riqueza y puestos de trabajo lo que está destinado a engrandecer los ejércitos y llenar las arcas de las empresas de productos militares, en su mayor parte estadounidenses. En España la principal beneficiada será Indra.
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