La Justicia en España
Re: La Justicia en España
¿Quién es García Castellón? Un juez corrupto que sigue ejerciendo como si nada. En España se funciona así.
Re: La Justicia en España
La jueza archiva la causa contra 27 policías por las cargas del 1-O en Girona
La magistrada da carpetazo al caso contra los agentes, que también se beneficiarán de la ley de amnistía cuando se apruebe, al concluir que cumplían la orden para impedir la votación
— Puigdemont, Junqueras, policías del 1-O… quiénes son los cerca de 400 amnistiados del procés
La jueza ha archivado la causa contra los 27 policías nacionales y el guardia civil procesados por las cargas en seis colegios electorales de la ciudad durante el 1 de octubre de 2017, tal y como ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es.
La jueza da carpetazo a la causa tras constatar que las lesiones leves por las que se iba a juzgar a los agentes están prescritas o pueden quedar amparada por la eximente de actuar en cumplimiento del deber, lo que en cualquier caso exime de responsabilidad penal a los uniformados.
El portavoz de los abogados voluntarios que interpusieron la querella conjunta por las actuaciones policiales en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, Albert Carreras, ha indicado que los heridos han recurrido la decisión de la jueza.
La magistrada, a petición del fiscal, da carpetazo al caso de las cargas después de que la Audiencia de Girona rechazara que se pudiera acusar a los agentes de torturas o de delito contra la integridad moral y rebajara las acusaciones a delitos de lesiones leves, lo que abría la puerta a su prescripción.
En sus resoluciones, la magistrada concluye que “no se produjo un exceso en la actuación policial, aún cuando se produjeron lesiones, habida cuenta de que los agentes no pudieron actuar de otra forma”.
Como la magistrada considera que la entrada en los colegios fue la única forma que los agentes encontraron para cumplir con la orden judicial que les conminaba a impedir la votación y los resultados fueron lesiones leves de los votantes, les aplica la eximente (retirada de responsabilidad penal) de actuar en cumplimiento de un deber.
El archivo del caso llega en vísperas de que los agentes de Girona sean amnistiados gracias a la norma de olvido penal del procés que se ha empezado a tramitar en el Congreso gracias al pacto entre el PSOE y los partidos independentistas.
La norma solo excluye de la amnistía los actos dolosos que hubieran producido pérdida o inutilidad de un órgano. Aplicado al 1-O, y a la espera de cómo aplica cada juez la norma, ello podría traducirse en que los cuatro antidisturbios procesados por reventar el ojo con una bala de goma a Roger Español el 1-O sí podrían tener que ir a juicio, pero podrán beneficiarse de la misma si lo tribunales terminan concluyendo que no tenían intención de lesionar al joven y que sus heridas fueron tan solo imprudentes. El resto de los 45 agentes investigados en Barcelona y los 28 de Girona sí se verán beneficiados por la amnistía.
https://www.eldiario.es/catalunya/jueza ... 43391.html
La magistrada da carpetazo al caso contra los agentes, que también se beneficiarán de la ley de amnistía cuando se apruebe, al concluir que cumplían la orden para impedir la votación
— Puigdemont, Junqueras, policías del 1-O… quiénes son los cerca de 400 amnistiados del procés
La jueza ha archivado la causa contra los 27 policías nacionales y el guardia civil procesados por las cargas en seis colegios electorales de la ciudad durante el 1 de octubre de 2017, tal y como ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es.
La jueza da carpetazo a la causa tras constatar que las lesiones leves por las que se iba a juzgar a los agentes están prescritas o pueden quedar amparada por la eximente de actuar en cumplimiento del deber, lo que en cualquier caso exime de responsabilidad penal a los uniformados.
El portavoz de los abogados voluntarios que interpusieron la querella conjunta por las actuaciones policiales en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, Albert Carreras, ha indicado que los heridos han recurrido la decisión de la jueza.
La magistrada, a petición del fiscal, da carpetazo al caso de las cargas después de que la Audiencia de Girona rechazara que se pudiera acusar a los agentes de torturas o de delito contra la integridad moral y rebajara las acusaciones a delitos de lesiones leves, lo que abría la puerta a su prescripción.
En sus resoluciones, la magistrada concluye que “no se produjo un exceso en la actuación policial, aún cuando se produjeron lesiones, habida cuenta de que los agentes no pudieron actuar de otra forma”.
Como la magistrada considera que la entrada en los colegios fue la única forma que los agentes encontraron para cumplir con la orden judicial que les conminaba a impedir la votación y los resultados fueron lesiones leves de los votantes, les aplica la eximente (retirada de responsabilidad penal) de actuar en cumplimiento de un deber.
El archivo del caso llega en vísperas de que los agentes de Girona sean amnistiados gracias a la norma de olvido penal del procés que se ha empezado a tramitar en el Congreso gracias al pacto entre el PSOE y los partidos independentistas.
La norma solo excluye de la amnistía los actos dolosos que hubieran producido pérdida o inutilidad de un órgano. Aplicado al 1-O, y a la espera de cómo aplica cada juez la norma, ello podría traducirse en que los cuatro antidisturbios procesados por reventar el ojo con una bala de goma a Roger Español el 1-O sí podrían tener que ir a juicio, pero podrán beneficiarse de la misma si lo tribunales terminan concluyendo que no tenían intención de lesionar al joven y que sus heridas fueron tan solo imprudentes. El resto de los 45 agentes investigados en Barcelona y los 28 de Girona sí se verán beneficiados por la amnistía.
https://www.eldiario.es/catalunya/jueza ... 43391.html
Re: La Justicia en España
Tirar a la gente por las escaleras y dar porrazos sin mirar dónde ni a quien -como muestran los numerosos vídeos que hay al respecto- es, para esta jueza, "cumplimiento del deber". Eximente.
Estoy segura de que lo policías aún encausados por haber dejado sin un ojo a una de las personas que se encontraban allí serán considerados de igual modo, a pesar de que la amnistía deje fuera a los actos dolosos (este sin duda lo es), y una vez más con la consideración de que los agentes, pobres, no tenían intención de causar tal daño.
A lo largo de nuestra historia son incontables las actuaciones policiales desproporcionadísimas (no pocas con resultado de muerte) que se disuelven como un azucarillo bajo la extraña premisa de "cumplir con el deber". Eximente.
La justicia en España apesta. Esto también hay que decirlo.
Estoy segura de que lo policías aún encausados por haber dejado sin un ojo a una de las personas que se encontraban allí serán considerados de igual modo, a pesar de que la amnistía deje fuera a los actos dolosos (este sin duda lo es), y una vez más con la consideración de que los agentes, pobres, no tenían intención de causar tal daño.
A lo largo de nuestra historia son incontables las actuaciones policiales desproporcionadísimas (no pocas con resultado de muerte) que se disuelven como un azucarillo bajo la extraña premisa de "cumplir con el deber". Eximente.
La justicia en España apesta. Esto también hay que decirlo.
Re: La Justicia en España
Es lo que tiene "La Doctrina del Derecho" que cada juez puede interpretar la ley como le da la gana porque siempre ha posibilidad de apelar a instancias superiores, pero claro, no es gratuito.
Re: La Justicia en España
2023, el año que las togas jugaron a hacer política
Un sector relevante de la Justicia se levanta al calor de la amnistía para combatir con todos los altavoces posibles las decisiones del Gobierno y la mayoría parlamentaria
— Un exmagistrado del Supremo rechaza que se renueve el Poder Judicial porque Sánchez es un “caudillo”
30 de diciembre de 2023 21:21h
Actualizado el 31/12/2023 05:30h 51
SEGUIR AL AUTOR/A
Más de una treintena de leyes han pasado durante el año que está a punto de terminar el filtro de su tramitación en el Congreso. 17 de ellas fueron aprobadas, otras decayeron por falta de apoyos o por el adelanto electoral. Pero hay una que, como ninguna otra, ha soliviantado al tercer poder del Estado incluso antes de que se conociera su literalidad.
El fiscal general critica que los conservadores del Poder Judicial le sometieron a un “tribunal de honor”
El fiscal general critica que los conservadores del Poder Judicial le sometieron a un “tribunal de honor”
La ley de amnistía —y los acuerdos de investidura que la acompañan— han encontrado un inédito movimiento impulsado por sectores conservadores de la judicatura y la fiscalía, determinados como nunca antes en democracia a combatir decisiones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y del Legislativo, con todos los altavoces imposibles. Y obviando, de paso, su obligación de mantener la apariencia de imparcialidad en el debate partidista.
Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales se han manifestado ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno —dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— han emitido contundentes comunicados contra una ley cuando ni siquiera se conocía, y los portavoces de las principales asociaciones del ámbito judicial, e incluso jueces y fiscales a nivel particular, se han prodigado en entrevistas, artículos o mensajes en redes sociales alertando sobre la supuesta “aniquilación de la separación de poderes”.
En el centro de la respuesta está un órgano caducado, cuya renovación bloquea el Partido Popular desde hace un lustro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales, hizo un pronunciamiento contrario a la ley de amnistía cuando no se conocía ni una sola palabra del texto. Antes de que hubiera trascendido borrador alguno, la mayoría de vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular logró sacar adelante una resolución que advertía de que la futura norma iba a suponer “la abolición del Estado de Derecho”.
De ese acuerdo se apearon los miembros del minoritario bloque progresista y el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, que sí se ha mostrado muy beligerante ante las alusiones a las comisiones parlamentarias de investigación que recoge el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts. El documento no contempla la inclusión automática en la ley de amnistía de los casos que el independentismo considera 'lawfare' —o persecución judicial por motivos políticos—, pero sí abre la puerta a que este tipo de asuntos se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.
Finalmente, las comisiones aprobadas son tres: una sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; otra sobre el espionaje a independentistas a través del software Pegasus, entre ellos al president Pere Aragonés; y la más controvertida, sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Todo apunta por tanto, a que ese supuesto juicio político a miembros de la judicatura —alentado por ERC y Junts— no va a tener lugar. Las comisiones están centradas en la cloaca policial y la actuación del CNI, el organismo al que se dirigieron todas las miradas tras estallar el escándalo de Pegasus.
Las comisiones y el 'lawfare'
Pese a ello, las alusiones al ‘lawfare’ en el acuerdo entre PSOE y Junts indignaron sobremanera al mundo judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales —también las progresistas— lanzaron comunicados de reproche al entender que implicaba una “intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes”. A elevar el suflé en las semanas posteriores contribuyó el señalamiento por parte de dirigentes de Junts a jueces con nombres y apellidos. Tanto es así, que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, llegó a cancelar un encuentro institucional con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ya estaba agendado por la Moncloa.
La versión oficial sostuvo que la suspensión se debió a “circunstancias sobrevenidas”, pero las fuentes consultadas en el Alto Tribunal encuadraron el plantón en el profundo malestar existente entre sus magistrados después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, llamara “indecentes” a Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; o Manuel Marchena, cara visible del juicio que terminó en condenas de hasta 13 años de cárcel desde la tribuna del Congreso.
Estas andanadas han obligado a Bolaños a emplearse a fondo para tratar de pacificar las relaciones con un importante sector de la judicatura. Desde que asumió la cartera ha aprovechado casi cada vez que se le ha puesto un micrófono delante para reiterar su respaldo a los jueces. La actitud del ministro es valorada en sectores del Supremo —donde celebran la reunión finalmente mantenida con su presidente, Francisco Marín—, aunque también hay quien le reprocha cierta tardanza en su reacción.
Es una crítica a la que se ha sumado el presidente interino del CGPJ, que desde que resultó elegido por ser el vocal de más edad del órgano tampoco ha escatimado en pronunciamientos públicos y reprimendas a los políticos por los “ataques” a los jueces. “Bienvenidas esas acertadas palabras, que defendidas en otro momento y escenario quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo [en alusión al 'lawfare'] en documento alguno y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”, afirmó en referencia al posicionamiento público del PSOE en contra de convocar a jueces a esas comisiones, tal y como pretenden los independentistas.
Unas citaciones que, de producirse —lo que parece muy improbable dada la negativa de los socialistas— el CGPJ ya ha avisado de que no va a autorizar. Y que, según su presidente, abrirían un “choque” institucional. No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado Guilarte, que también ha pedido al Gobierno que no propicie “desencuentros desclasificando, para su espuria difusión” documentos como los relacionados con el uso de Pegasus por parte del CNI después de que el Gobierno dijera que si un juez “pedía la desclasificación y no afectaba a la seguridad nacional” se procedería a la misma.
“El principio del fin de la democracia”
En todo caso, en el ámbito de la judicatura, las críticas más intensas al alivio penal del procés y a esas comisiones de investigación han llegado desde la APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera. La Asociación cuenta con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo. Antes incluso de que se registrara la norma, esta asociación auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”.
Su presidenta, la jueza María Jesús del Barco, se ha prodigado en entrevistas y en los últimos días ha elevado el tono hasta el punto de afirmar que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente será colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.
En el ámbito de la Fiscalía, las principales objeciones a la amnistía han llegado desde la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, que llegó a pedir por carta a la Comisión Europea que interviniera para frenar cualquier iniciativa de despenalización del 1-O señalando de forma expresa los mecanismos utilizados por la UE para tratar de sancionar a Polonia y Hungría. Su presidenta, Cristina Dexeus, también ha concedido varias entrevistas en las que ha cargado duramente contra el alivio penal del procés. No obstante, la actuación de la AF ha ido especialmente dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que ha tenido una actitud tibia ante el asunto de la amnistía y el ‘lawfare’.
García Ortiz ha mostrado en varias ocasiones en público el respaldo expreso a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés', pero ha renunciado a pronunciarse sobre la amnistía al entender que no entra dentro de sus competencias. “No emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política”, afirmó el pasado 21 de diciembre en el Congreso.
Del presidente “psicópata” al “apesebrado” fiscal general
Más allá de las críticas desde el ámbito asociativo —que tienen reconocida una mayor protección— también hay jueces que a nivel particular se han cobijado bajo las redes sociales o las páginas de opinión de medios de la derecha mediática para cargar contra el Gobierno. Quizá el caso más paradigmático es el del juez de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que utilizó sus redes para llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado. Cerró su cuenta en Twitter después de que el CGPJ le abriera un expediente.
Pero hay más. El mismo día que trascendía la sentencia del Supremo que anulaba el ascenso de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, uno de los firmantes de esa resolución, José Luis Requero, firmaba un artículo en La Razón en el que acusaba a la izquierda y al nacionalismo de “haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado” y tildaba de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. Afirmaciones que parecen el ejemplo perfecto de la “politización de la justicia” que denuncian los mismos togados que se manifiestan ante juzgados y tribunales o auguran “el principio del fin de la democracia” si se aprueba definitivamente la despenalización de los hechos que derivan del ilegal referéndum independentista.
Algunas de las decisiones más controvertidas no tienen tanto que ver con posicionamientos públicos, sino con la propia actividad judicial. Y ahí ha sobresalido el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien en vísperas de la negociación del PSOE con Carles Puigdemont y Junts impulsó la causa de Tsunami, abierta hace cuatro años, para ahora imputar un delito de terrorismo al expresidente catalán. Para alcanzar esa acusación, el juez tuvo que vincular a Puigdemont con la supuesta organización Tsunami, algo que ni hacía la Guardia Civil en su informe final, y después responsabilizar a los manifestantes de haber provocado la muerte por infarto de un turista extranjero que tuvo que alcanzar a pie el aeropuerto de El Prat. El movimiento de García Castellón ha sido denunciado por los partidos independentistas como un signo evidente de 'lawfare' en la justicia española.
https://www.eldiario.es/politica/2023-a ... 90488.html
Un sector relevante de la Justicia se levanta al calor de la amnistía para combatir con todos los altavoces posibles las decisiones del Gobierno y la mayoría parlamentaria
— Un exmagistrado del Supremo rechaza que se renueve el Poder Judicial porque Sánchez es un “caudillo”
30 de diciembre de 2023 21:21h
Actualizado el 31/12/2023 05:30h 51
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Más de una treintena de leyes han pasado durante el año que está a punto de terminar el filtro de su tramitación en el Congreso. 17 de ellas fueron aprobadas, otras decayeron por falta de apoyos o por el adelanto electoral. Pero hay una que, como ninguna otra, ha soliviantado al tercer poder del Estado incluso antes de que se conociera su literalidad.
El fiscal general critica que los conservadores del Poder Judicial le sometieron a un “tribunal de honor”
El fiscal general critica que los conservadores del Poder Judicial le sometieron a un “tribunal de honor”
La ley de amnistía —y los acuerdos de investidura que la acompañan— han encontrado un inédito movimiento impulsado por sectores conservadores de la judicatura y la fiscalía, determinados como nunca antes en democracia a combatir decisiones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y del Legislativo, con todos los altavoces imposibles. Y obviando, de paso, su obligación de mantener la apariencia de imparcialidad en el debate partidista.
Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales se han manifestado ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno —dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— han emitido contundentes comunicados contra una ley cuando ni siquiera se conocía, y los portavoces de las principales asociaciones del ámbito judicial, e incluso jueces y fiscales a nivel particular, se han prodigado en entrevistas, artículos o mensajes en redes sociales alertando sobre la supuesta “aniquilación de la separación de poderes”.
En el centro de la respuesta está un órgano caducado, cuya renovación bloquea el Partido Popular desde hace un lustro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales, hizo un pronunciamiento contrario a la ley de amnistía cuando no se conocía ni una sola palabra del texto. Antes de que hubiera trascendido borrador alguno, la mayoría de vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular logró sacar adelante una resolución que advertía de que la futura norma iba a suponer “la abolición del Estado de Derecho”.
De ese acuerdo se apearon los miembros del minoritario bloque progresista y el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, que sí se ha mostrado muy beligerante ante las alusiones a las comisiones parlamentarias de investigación que recoge el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts. El documento no contempla la inclusión automática en la ley de amnistía de los casos que el independentismo considera 'lawfare' —o persecución judicial por motivos políticos—, pero sí abre la puerta a que este tipo de asuntos se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.
Finalmente, las comisiones aprobadas son tres: una sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; otra sobre el espionaje a independentistas a través del software Pegasus, entre ellos al president Pere Aragonés; y la más controvertida, sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Todo apunta por tanto, a que ese supuesto juicio político a miembros de la judicatura —alentado por ERC y Junts— no va a tener lugar. Las comisiones están centradas en la cloaca policial y la actuación del CNI, el organismo al que se dirigieron todas las miradas tras estallar el escándalo de Pegasus.
Las comisiones y el 'lawfare'
Pese a ello, las alusiones al ‘lawfare’ en el acuerdo entre PSOE y Junts indignaron sobremanera al mundo judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales —también las progresistas— lanzaron comunicados de reproche al entender que implicaba una “intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes”. A elevar el suflé en las semanas posteriores contribuyó el señalamiento por parte de dirigentes de Junts a jueces con nombres y apellidos. Tanto es así, que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, llegó a cancelar un encuentro institucional con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ya estaba agendado por la Moncloa.
La versión oficial sostuvo que la suspensión se debió a “circunstancias sobrevenidas”, pero las fuentes consultadas en el Alto Tribunal encuadraron el plantón en el profundo malestar existente entre sus magistrados después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, llamara “indecentes” a Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; o Manuel Marchena, cara visible del juicio que terminó en condenas de hasta 13 años de cárcel desde la tribuna del Congreso.
Estas andanadas han obligado a Bolaños a emplearse a fondo para tratar de pacificar las relaciones con un importante sector de la judicatura. Desde que asumió la cartera ha aprovechado casi cada vez que se le ha puesto un micrófono delante para reiterar su respaldo a los jueces. La actitud del ministro es valorada en sectores del Supremo —donde celebran la reunión finalmente mantenida con su presidente, Francisco Marín—, aunque también hay quien le reprocha cierta tardanza en su reacción.
Es una crítica a la que se ha sumado el presidente interino del CGPJ, que desde que resultó elegido por ser el vocal de más edad del órgano tampoco ha escatimado en pronunciamientos públicos y reprimendas a los políticos por los “ataques” a los jueces. “Bienvenidas esas acertadas palabras, que defendidas en otro momento y escenario quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo [en alusión al 'lawfare'] en documento alguno y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”, afirmó en referencia al posicionamiento público del PSOE en contra de convocar a jueces a esas comisiones, tal y como pretenden los independentistas.
Unas citaciones que, de producirse —lo que parece muy improbable dada la negativa de los socialistas— el CGPJ ya ha avisado de que no va a autorizar. Y que, según su presidente, abrirían un “choque” institucional. No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado Guilarte, que también ha pedido al Gobierno que no propicie “desencuentros desclasificando, para su espuria difusión” documentos como los relacionados con el uso de Pegasus por parte del CNI después de que el Gobierno dijera que si un juez “pedía la desclasificación y no afectaba a la seguridad nacional” se procedería a la misma.
“El principio del fin de la democracia”
En todo caso, en el ámbito de la judicatura, las críticas más intensas al alivio penal del procés y a esas comisiones de investigación han llegado desde la APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera. La Asociación cuenta con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo. Antes incluso de que se registrara la norma, esta asociación auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”.
Su presidenta, la jueza María Jesús del Barco, se ha prodigado en entrevistas y en los últimos días ha elevado el tono hasta el punto de afirmar que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente será colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.
En el ámbito de la Fiscalía, las principales objeciones a la amnistía han llegado desde la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, que llegó a pedir por carta a la Comisión Europea que interviniera para frenar cualquier iniciativa de despenalización del 1-O señalando de forma expresa los mecanismos utilizados por la UE para tratar de sancionar a Polonia y Hungría. Su presidenta, Cristina Dexeus, también ha concedido varias entrevistas en las que ha cargado duramente contra el alivio penal del procés. No obstante, la actuación de la AF ha ido especialmente dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que ha tenido una actitud tibia ante el asunto de la amnistía y el ‘lawfare’.
García Ortiz ha mostrado en varias ocasiones en público el respaldo expreso a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés', pero ha renunciado a pronunciarse sobre la amnistía al entender que no entra dentro de sus competencias. “No emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política”, afirmó el pasado 21 de diciembre en el Congreso.
Del presidente “psicópata” al “apesebrado” fiscal general
Más allá de las críticas desde el ámbito asociativo —que tienen reconocida una mayor protección— también hay jueces que a nivel particular se han cobijado bajo las redes sociales o las páginas de opinión de medios de la derecha mediática para cargar contra el Gobierno. Quizá el caso más paradigmático es el del juez de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que utilizó sus redes para llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado. Cerró su cuenta en Twitter después de que el CGPJ le abriera un expediente.
Pero hay más. El mismo día que trascendía la sentencia del Supremo que anulaba el ascenso de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, uno de los firmantes de esa resolución, José Luis Requero, firmaba un artículo en La Razón en el que acusaba a la izquierda y al nacionalismo de “haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado” y tildaba de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. Afirmaciones que parecen el ejemplo perfecto de la “politización de la justicia” que denuncian los mismos togados que se manifiestan ante juzgados y tribunales o auguran “el principio del fin de la democracia” si se aprueba definitivamente la despenalización de los hechos que derivan del ilegal referéndum independentista.
Algunas de las decisiones más controvertidas no tienen tanto que ver con posicionamientos públicos, sino con la propia actividad judicial. Y ahí ha sobresalido el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien en vísperas de la negociación del PSOE con Carles Puigdemont y Junts impulsó la causa de Tsunami, abierta hace cuatro años, para ahora imputar un delito de terrorismo al expresidente catalán. Para alcanzar esa acusación, el juez tuvo que vincular a Puigdemont con la supuesta organización Tsunami, algo que ni hacía la Guardia Civil en su informe final, y después responsabilizar a los manifestantes de haber provocado la muerte por infarto de un turista extranjero que tuvo que alcanzar a pie el aeropuerto de El Prat. El movimiento de García Castellón ha sido denunciado por los partidos independentistas como un signo evidente de 'lawfare' en la justicia española.
https://www.eldiario.es/politica/2023-a ... 90488.html
Re: La Justicia en España
Bueno, ahora el juez tendrá que llamar a declarar a Putin supongo 
Bueno a lo mejor en Rusia no hacen caso de esas ""estupideces""
Re: La Justicia en España
Las majaderías de este impresentable juez se las pasa Putin por cierto sitio. Y varias veces.
Re: La Justicia en España
La Justicia absuelve a un mosso pese a admitir que se inventó una agresión para detener a un manifestante
La Audiencia de Barcelona exculpa del delito de detención ilegal al agente al avalar su “consideración errónea” de que fue golpeado por un joven e impone una multa mínima al uniformado por las lesiones durante el arresto
— El mosso que se inventó una agresión para arrestar a un manifestante se justifica: “No le hice daño”
Oriol Solé Altimira
Barcelona —
20 de febrero de 2024 22:06h
Actualizado el 21/02/2024 05:30h
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Un mismo vídeo puede llevar a conclusiones dispares según quién lo mire. Así lo constata la sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha absuelto del delito de detención ilegal a un mosso d’esquadra acusado de inventarse una agresión para detener a un joven. Donde la Fiscalía veía un arresto sin motivo y arbitrario, los magistrados aprecian un “posible roce” del manifestante en el casco del uniformado que justificó su detención, ya que el agente pudo pensar –equivocadamente– que el joven lo había golpeado.
Palabra de policía: suficiente para condenar, pero también desmontable
Palabra de policía: suficiente para condenar, pero también desmontable
La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha condenado solo por lesiones leves al agente, que redujo de forma contundente al joven durante un desalojo en Barcelona en 2019. La pena impuesta al mosso es únicamente una multa de 500 euros. La absolución del delito más grave por el que fue procesado –detención ilegal– permite al agente salvarse de la inhabilitación y la expulsión obligada del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, tal y como pedían las acusaciones.
La Fiscalía y la acusación particular de la víctima, que ejerce el letrado Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, han recurrido la sentencia. El escrito de la fiscal mantiene que la valoración que realiza el tribunal es “absurda, ilógica, arbitraria o abiertamente contraria a la lógica y la experiencia”.
El tribunal fundamenta la absolución en su interpretación del vídeo y su traducción en el Código Penal. Los jueces observan un “posible roce” del joven en el casco del mosso que “dio lugar a la creencia” del uniformado de que el manifestante había perpetrado un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.
“En ningún caso las imágenes permiten advertir ningún tipo de acometimiento, agresión o golpe intencionado” propinado por el manifestante hacia el acusado, se lee en la sentencia. Fue la “consideración errónea” del agente, según reconocen los magistrados, la que justificó su detención.
La “equívoca” creencia del uniformado basada en el “posible roce” hace que el tribunal descarte que el arresto fuera totalmente arbitrario, como mantenían las acusaciones. En consecuencia, los jueces absuelven al acusado del delito de detención ilegal. Los jueces consideran que el mosso incurrió en el delito que castiga los arrestos ilegales cuando “media causa por delito” (en este caso, el atentado contra los agentes de la autoridad), pero como el uniformado no estaba acusado por este tipo penal, no pueden condenarle.
La detención del joven, ahonda el tribunal, no fue el resultado de una “vía de hecho” del agente, sino de su error al pensar que el joven lo había agredido. Los magistrados “no pueden descartar” que el manifestante “hubiera podido llegar a tocar o rozar mínimamente” el casco del agente. En suma, la detención fue errónea porque “no se evidencia” que el manifestante “agrediera o acometiera” al agente. Pero no totalmente arbitraria, según los togados.
Los magistrados también interpretan el vídeo de forma favorable para el acusado, ya que sostienen que el hecho de que el agente se tocara el casco cuando una joven le reprochó la detención es una muestra de que el manifestante “pudo llegar a tocar” su casco. Durante el juicio, el agente alegó que “percibió” que el joven le propinó un codazo en el casco, algo que no se observa en la grabación que encabeza esta información y que los magistrados aseguran haber visionado “de forma reiterada y minuciosa”.
Recursos ante el TSJC
La grabación que acompaña a esta información resultó clave para que el mosso se terminara sentando en el banquillo, ya que hasta que no hubo vídeo el imputado había sido el manifestante. Se trata de un ejemplo paradigmático de las dificultades en que se encuentran los investigados en protestas sociales para desmentir la palabra de los agentes de la autoridad. Pese a no tener presunción de veracidad, el testimonio policial sustenta en no pocas ocasiones las investigaciones e incluso algunas sentencias.
Tanto la Fiscalía y la acusación particular del manifestante como la defensa del mosso, que ejerce el penalista José María Fuster-Fabra han recurrido la sentencia ante la Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los primeros para lograr una condena por detención ilegal; el segundo para reclamar una absolución total.
En su recurso, la fiscal reitera que no existió un delito previo de atentado que justificara la detención y remarca que así lo reconoce la propia sentencia. Según razona la fiscal, el tribunal “supuso sin fundamento fáctico” que el acusado recibió “un supuesto golpe”. La sentencia, apostilla la fiscal, es “arbitraria por no ajustarse a las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos”.
“La valoración de la prueba que hace el tribunal es del todo irracional”, ahonda la defensa del manifestante, que considera que del vídeo se desprende “claramente” que el codo del joven no impactó en ningún momento en el casco del policía.
Por su lado, la defensa del mosso pide al TSJC anular la condena por lesiones ya que, aduce, el agente “percibió un golpe”, lo que le llevó a reducir al manifestante mediante un “método legal” como, a su juicio, es la reducción que empleó y que se observa en el vídeo. “La actuación policial fue justificada y proporcional y no hubo exceso en el uso de la fuerza, por lo que no puede caber ilícito penal alguno”, zanja Fuster-Fabra.
https://www.eldiario.es/catalunya/justi ... 29018.html
¿Reímos o lloramos?
La Audiencia de Barcelona exculpa del delito de detención ilegal al agente al avalar su “consideración errónea” de que fue golpeado por un joven e impone una multa mínima al uniformado por las lesiones durante el arresto
— El mosso que se inventó una agresión para arrestar a un manifestante se justifica: “No le hice daño”
Oriol Solé Altimira
Barcelona —
20 de febrero de 2024 22:06h
Actualizado el 21/02/2024 05:30h
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Un mismo vídeo puede llevar a conclusiones dispares según quién lo mire. Así lo constata la sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha absuelto del delito de detención ilegal a un mosso d’esquadra acusado de inventarse una agresión para detener a un joven. Donde la Fiscalía veía un arresto sin motivo y arbitrario, los magistrados aprecian un “posible roce” del manifestante en el casco del uniformado que justificó su detención, ya que el agente pudo pensar –equivocadamente– que el joven lo había golpeado.
Palabra de policía: suficiente para condenar, pero también desmontable
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La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha condenado solo por lesiones leves al agente, que redujo de forma contundente al joven durante un desalojo en Barcelona en 2019. La pena impuesta al mosso es únicamente una multa de 500 euros. La absolución del delito más grave por el que fue procesado –detención ilegal– permite al agente salvarse de la inhabilitación y la expulsión obligada del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, tal y como pedían las acusaciones.
La Fiscalía y la acusación particular de la víctima, que ejerce el letrado Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, han recurrido la sentencia. El escrito de la fiscal mantiene que la valoración que realiza el tribunal es “absurda, ilógica, arbitraria o abiertamente contraria a la lógica y la experiencia”.
El tribunal fundamenta la absolución en su interpretación del vídeo y su traducción en el Código Penal. Los jueces observan un “posible roce” del joven en el casco del mosso que “dio lugar a la creencia” del uniformado de que el manifestante había perpetrado un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.
“En ningún caso las imágenes permiten advertir ningún tipo de acometimiento, agresión o golpe intencionado” propinado por el manifestante hacia el acusado, se lee en la sentencia. Fue la “consideración errónea” del agente, según reconocen los magistrados, la que justificó su detención.
La “equívoca” creencia del uniformado basada en el “posible roce” hace que el tribunal descarte que el arresto fuera totalmente arbitrario, como mantenían las acusaciones. En consecuencia, los jueces absuelven al acusado del delito de detención ilegal. Los jueces consideran que el mosso incurrió en el delito que castiga los arrestos ilegales cuando “media causa por delito” (en este caso, el atentado contra los agentes de la autoridad), pero como el uniformado no estaba acusado por este tipo penal, no pueden condenarle.
La detención del joven, ahonda el tribunal, no fue el resultado de una “vía de hecho” del agente, sino de su error al pensar que el joven lo había agredido. Los magistrados “no pueden descartar” que el manifestante “hubiera podido llegar a tocar o rozar mínimamente” el casco del agente. En suma, la detención fue errónea porque “no se evidencia” que el manifestante “agrediera o acometiera” al agente. Pero no totalmente arbitraria, según los togados.
Los magistrados también interpretan el vídeo de forma favorable para el acusado, ya que sostienen que el hecho de que el agente se tocara el casco cuando una joven le reprochó la detención es una muestra de que el manifestante “pudo llegar a tocar” su casco. Durante el juicio, el agente alegó que “percibió” que el joven le propinó un codazo en el casco, algo que no se observa en la grabación que encabeza esta información y que los magistrados aseguran haber visionado “de forma reiterada y minuciosa”.
Recursos ante el TSJC
La grabación que acompaña a esta información resultó clave para que el mosso se terminara sentando en el banquillo, ya que hasta que no hubo vídeo el imputado había sido el manifestante. Se trata de un ejemplo paradigmático de las dificultades en que se encuentran los investigados en protestas sociales para desmentir la palabra de los agentes de la autoridad. Pese a no tener presunción de veracidad, el testimonio policial sustenta en no pocas ocasiones las investigaciones e incluso algunas sentencias.
Tanto la Fiscalía y la acusación particular del manifestante como la defensa del mosso, que ejerce el penalista José María Fuster-Fabra han recurrido la sentencia ante la Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los primeros para lograr una condena por detención ilegal; el segundo para reclamar una absolución total.
En su recurso, la fiscal reitera que no existió un delito previo de atentado que justificara la detención y remarca que así lo reconoce la propia sentencia. Según razona la fiscal, el tribunal “supuso sin fundamento fáctico” que el acusado recibió “un supuesto golpe”. La sentencia, apostilla la fiscal, es “arbitraria por no ajustarse a las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos”.
“La valoración de la prueba que hace el tribunal es del todo irracional”, ahonda la defensa del manifestante, que considera que del vídeo se desprende “claramente” que el codo del joven no impactó en ningún momento en el casco del policía.
Por su lado, la defensa del mosso pide al TSJC anular la condena por lesiones ya que, aduce, el agente “percibió un golpe”, lo que le llevó a reducir al manifestante mediante un “método legal” como, a su juicio, es la reducción que empleó y que se observa en el vídeo. “La actuación policial fue justificada y proporcional y no hubo exceso en el uso de la fuerza, por lo que no puede caber ilícito penal alguno”, zanja Fuster-Fabra.
https://www.eldiario.es/catalunya/justi ... 29018.html
¿Reímos o lloramos?