Este jueves por la mañana, estallaba la peor crisis en el PSOE desde que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General en junio de 2017 después de haber sido defenestrado por el viejo PSOE caoba, por el aparato del partido y por el grupo Prisa y La Sexta. Los audios incautados por la UCO a Koldo García en los que se hace evidente que el secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, formaba parte de una trama corrupta dedicada a amañar contratos públicos a cambio de mordidas, hablan del regreso de la corrupción al núcleo mismo de la cúpula de los socialistas. Que los primeros audios publicados daten de 2018 implica que las prácticas ilegales se establecieron prácticamente desde que Sánchez accedió a la Moncloa gracias a la moción de censura.
A pesar de los intentos del PSOE de circunscribir los hechos a unas pocas 'manzanas podridas' de cuyas actividades el presidente no tendría noticia, lo cierto es que este típico relato bipartidista no se sostiene. Primero, porque la Secretaría de Organización de un partido es prácticamente la estructura principal que lo vertebra y que llega a todos y cada uno de los territorios. Ni Ábalos ni Cerdán eran jefes de pequeños equipos más o menos aislados dedicados a la comunicación, a la asesoría jurídica o a la elaboración programática. Los dos ostentaban la principal responsabilidad orgánica después del secretario general, con un abultado equipo humano, con la capacidad de recibir y enviar información hasta el último ayuntamiento y con interlocución directa con cualquier líder territorial del partido. En segundo lugar, no es posible que la operativa descrita en los audios incautados se pudiera haber llevado a cabo mediante un reducido grupo de efectivos. Para amañar un contrato público a cambio de una mordida, es necesario el concurso de muchos cargos públicos en el gobierno de España y ya veremos también si en gobiernos autonómicos.
A esto hay que añadir que los dos ex secretarios de organización fueron personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, el segundo de ellos hasta antes de ayer. Todavía el presidente no ha explicado por qué cesó fulminantemente a Ábalos a mediados de 2021 sin darle ni a él ni al conjunto de la ciudadanía absolutamente ninguna explicación. Si no sabía lo que estaba haciendo, no se entiende el motivo del cese. Por el contrario, si lo sabía, es imposible de explicar por qué lo recuperó para las listas electorales en el verano de 2023 y por qué nombró como su sucesor al que entonces era precisamente su mano derecha. Porque no olvidemos que Santos Cerdán era el número dos de José Luis Ábalos en la Secretaría de Organización.
Hay muchas cosas que Sánchez no le ha contado a los españoles y tampoco lo hizo en la insultante rueda de prensa que dio en la tarde del jueves después de la dimisión de Cerdán. En ella, se mostró triste y decepcionado, intentando recabar así la protección que toda víctima recibe de manera natural; anunció una auditoría externa de las cuentas del PSOE —repitiendo el movimiento que hizo María Dolores de Cospedal en 2013 y que no tiene ningún efecto porque, obviamente, los asientos ilegales nunca se van a incluir en el libro oficial de contabilidad—; y anunció también una reforma en su ejecutiva, cosa que era inevitable al haberse quedado sin secretario de organización. Es decir, no explicó nada y no tomó ninguna medida material ante uno de los casos de corrupción más graves de las últimas décadas teniendo en cuenta el nivel político alcanzado por los principales imputados.
Aunque los portavoces socialistas se afanen en repetir que Sánchez ha actuado de forma contundente, lo cierto es que la trama corrupta que estuvo operando durante años en el núcleo del PSOE y del gobierno funcionó exactamente igual que las tramas del PP —incluso compartiendo a Acciona como empresa corruptora, implicada también en la Púnica y en la Gürtel— y la respuesta del partido ha sido también muy similar: "aquí no ha pasado nada y todo sigue más o menos como antes".
El caso Koldo, ahora caso Cerdán, ha devuelto a la memoria colectiva algo que ya habíamos aprendido y que millones de personas entendieron gracias al 15M: que la corrupción no es un asunto de manzanas podridas sino una forma de gobierno asociada al sistema bipartidista del turno. La dupla PP-PSOE, no solamente se ocupa de sustentar a la monarquía, de impedir que España salga de la OTAN, de garantizar la obediencia a los EEUU, de proteger los privilegios de los rentistas aunque eso signifique que la gente no puede acceder a una vivienda o de mantener intacta la impunidad de cualquier juez que decida retorcer el derecho. Además, los dos partidos del bipartidismo son la pieza central para que pueda seguir funcionando el capitalismo de amiguetes en nuestra variante local. Para que las grandes empresas españolas puedan seguir mamando de la gigantesca ubre de los presupuestos públicos, hace falta que haya operadores políticos en los parlamentos y en los gobiernos que se ocupen de garantizar sus intereses; y, claro, son tan descomunales las cantidades que se mueven que prácticamente no hay que estirar la mano para coger una mordida.
En 2014, apareció una alternativa política que no solamente impugnó la estructura económica española que permite a los multimillonarios extraer rentas y riqueza de forma brutal a la clase trabajadora sino que también se marcó como uno de sus objetivos principales acabar con la corrupción. Como ha demostrado la historia, su compromiso era veraz. En la rueda de prensa del jueves, Pedro Sánchez dijo que "no existe la corrupción cero", pero Podemos no ha tenido ni un solo caso de corrupción en 11 años de vida y habiendo pasado por gobiernos municipales y autonómicos, así como por el gobierno de España. Los morados intentaron acceder al gobierno como primera fuerza del bloque progresista y de izquierdas y muchas encuestas vaticinaban el sorpasso al PSOE en las elecciones de junio de 2016. Por eso, porque podrían haber tenido la fuerza para intentar limpiar las bases corruptas del actual sistema —además de por su fírme voluntad de redistribuir la riqueza y el poder de abajo hacia arriba—, se convirtieron en el principal objetivo de las cloacas policiales, judiciales y mediáticas y España fue a votar con las pantallas, las radios y las portadas llenas de basura falsa en unas elecciones, por lo tanto, amañadas.
Podemos no pudo encabezar el gobierno, pero unos años más tarde fue la pieza clave para echar a Mariano Rajoy de la Moncloa y hacer presidente a un Pedro Sánchez que, entonces, parecía muy alejado de la corrupción bipartidista. Para que ese cambio político tuviera lugar, fue esencial articular una mayoría plurinacional que siempre ha sido mayoritaria en el parlamento en todas y cada una de las elecciones generales que se han celebrado desde 2015. Esa misma mayoría fue la que hizo posible la formación del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia y la ruptura definitiva de la cláusula de exclusión histórica que había impedido durante más de 80 años que personas de izquierdas pudieran formar parte del Consejo de Ministros. En ese gobierno, con la oposición permanente del PSOE, Podemos también demostró que se podían implementar las medidas sociales más avanzadas que se recuerdan si uno es capaz de tener la suficiente fuerza como para torcerle la mano al bipartidismo. Obviamente, el sistema no podía permitir que eso se convirtiese en una posibilidad a medio y largo plazo y, por eso, estuvieron a punto de hacer desaparecer a los morados con una operación que tuvo el mismo objetivo que las cloacas aunque la operativa fue muy diferente y mucho más sutil: hablamos, por supuesto, de la operación Sumar.
Hoy el PSOE está en la UCI y el proyecto de sustitución de Podemos que metieron en el gobierno para poder hacer lo que quisieran con ellos es incapaz de hacer nada material no ya solamente contra la corrupción de su socio de coalición sino también contra la complicidad gubernamental con el genocidio en Gaza, contra el mayor aumento de gasto militar de la historia y los recortes sociales que lleva aparejados o contra la inacción más absoluta ante el gravísimo problema de acceso a la vivienda.
Es cierto que hay un peligro real de que pueda gobernar la derecha y la extrema derecha después de las elecciones y la única posibilidad de que eso no ocurra volverá a pasar por la mayoría plurinacional que les ha bloqueado el paso desde 2018. La diferencia es que el PSOE ya no tendrá legitimidad para encabezar ese bloque. Después de haber dado inicio al saqueo de dinero público más serio de la historia reciente para entregarlo a los fabricantes de armas, después de no haberse atrevido a tocar ni un pelo a los rentistas para garantizar que la gente tenga una casa donde vivir, después de haber regresado a chapotear con los dos pies en la vieja corrupción bipartidista, los del puño y la rosa tendrán que dar un paso al lado y asumir que, esta vez sí, el bipartidismo terminó. Nuestro país lo intentó en 2016 y no pudo. Ahora toca volver a intentarlo y a eso es a lo que tenemos que dedicar todas nuestra fuerza más allá de maniobras parlamentarias inanes, de debates de pasillo y de mesa camilla o de juegos de manos y de anuncios vacíos para generar titulares mientras nada cambia.
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