Después de que la mayoría de querellas haya caído en saco roto, una demanda colectiva contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por discriminación ha logrado que se inicie una investigación en la Fiscalía. Yedra ya ha sido llamada este jueves a declarar por la muerte de su tía: “Nadie merece ese fin”
— 7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”
El 8 de marzo de 2020, cuando España despertó de golpe a la monstruosidad de la pandemia, la Comunidad de Madrid ordenó confinar a los 44.000 mayores que vivían en residencias públicas, privadas y concertadas. Además, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó no trasladar al hospital a quienes fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas en protocolos que fueron enviados desde la Consejería de Sanidad a los altos mandos sanitarios, los llamados “protocolos de la vergüenza”.
Se les atendería dentro porque se iban a medicalizar los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco y prometió un anuncio oficial de la Comunidad de Madrid. En la práctica ocurrió lo contrario: los mayores quedaron encerrados, con escaso material de protección, con plantillas esquilmadas y sin poder ver a sus familias. La alta concentración de personas infectadas sin medidas mínimas de aislamiento o higiénicas hizo el resto. El resultado: 9.469 residentes fallecidos en los primeros 60 días de pandemia. 7.291 de ellos murieron sin haber sido derivados a hospitales porque no cumplían los requisitos que instauró el Gobierno de Ayuso.
Desde ese momento, centenares de familias han interpuesto querellas por homicidio imprudente, prevaricación o negación del deber de socorro en juzgados de instrucción de Madrid. Algunas causas siguen vivas y a la espera, mientras otras han sido elevadas al Tribunal Constitucional. Pero la gran mayoría han sido archivadas con el plácet de la Fiscalía. El motivo más habitual para cerrar los casos ha sido que no se puede establecer la causalidad entre lo que hizo la administración y la muerte del residente. ¿Se iban a morir igual, como espetó la presidenta de Madrid en la Asamblea? Seguramente no, o no todos, desde luego, pero la justicia no ha encontrado argumentos jurídicos para dar esa respuesta, o para dilucidar cuántos se hubieran salvado si la administración hubiera actuado de otra manera. Según un informe pormenorizado, aunque no oficial, se podrían haber salvado miles.
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