Pues sí, eso ya lo sabemos, por eso me alucina tanto que todavía haya gente creyendo que el psoe es de izquierdas, jajaja una izquierda monárquica, tremendo.
PODEMOS
Re: PODEMOS
Re: PODEMOS
Siete informes secretos revelan que la Policía reclutó a un implicado en estafas para la guerra sucia contra Podemos
El abogado José Aliste es un colaborador policial con un amplio historial delictivo que buscó confidentes, viajó a Miami y trabajó con la brigada política con la tesis de que Podemos había recibido 30 millones de Venezuela por orden de Hugo Chávez
— Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
Las maniobras de un grupo de mandos policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP superan el contenido de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y las revelaciones periodísticas realizadas hasta ahora. elDiario.es ha accedido a siete informes inéditos de la brigada política que muestran cómo el Ministerio del Interior implicó en las maniobras contra el partido a un colaborador policial en asuntos de narcotráfico. Se trata del abogado José Aliste, condenado en los noventa por estafa y que en la actualidad está imputado en varias causas judiciales.
La guerra sucia contra Podemos emerge en medio de una trama de policías corruptos y jerarcas venezolanos
La guerra sucia contra Podemos emerge en medio de una trama de policías corruptos y jerarcas venezolanos
Aliste redactó en 2016 siete informes en los que traslada lo que le dice quien entonces era su cliente, el ex viceministro de Energía Eléctrica venezolano José Alvarado Ochoa, y también las averiguaciones que asegura haber hecho él mismo tanto en España como en sus desplazamientos a Miami. La tesis principal de esas notas es un supuesto dinero que Hugo Chávez ordenó entregar a Podemos y que “se cuantificaría en alrededor de más/menos 30 millones de dólares USA”.
Ni esta acusación de financiación millonaria del partido que lideraba Pablo Iglesias ni el resto de las cantidades recogidas en las notas han sido probadas en una década de investigaciones policiales y judiciales a Podemos. Los siete informes redactados por José Aliste para la brigada política siguen a día de hoy alojados en las bases de datos de “inteligencia” del Cuerpo Nacional de Policía, según ha podido constatar elDiario.es.
Bajo el encabezamiento de “Podemos”, Aliste redacta los tres primeros informes a partir de lo que le cuenta Alvarado Ochoa, al que en adelante se referirá con el nombre en clave de ‘Cicerón’. En los otros cuatro restantes cambia el encabezamiento de los informes, en lugar de Podemos los titula “We can”, y la fuente pasa a ser alguien a quien se identifica por “Last Means” (“Últimos Medios”, en inglés). En realidad, se trata del propio José Aliste, quien tiene a su nombre una sociedad llamada igual sobre la que ha puesto la lupa un juzgado de Madrid.
En los informes aparecen acusaciones ya conocidas, como el ingreso de 7,1 millones de euros por la Fundación Ceps –por la que pasaron los fundadores de Podemos como politólogos– seis años antes de que existiera la formación. Esta supuesta prueba de la financiación de Venezuela fue utilizada por la brigada política que operó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la filtración a medios de comunicación afines. Otras maniobras, como se verá más adelante, son nuevas y no habían trascendido hasta ahora.
En otro de los informes de Aliste, confeccionado a partir de la supuesta información que le da Alvarado Ochoa, se incluye una particular revisión de la historia reciente de España. “De ese apoyo y financiación [venezolana] eclosionaron movimientos sociales populistas (15M, indignados, barrio de Gamonal de Burgos, etc.) y se concretó, según un proyecto medido y calculado, en el partido político que hoy se denomina Podemos”, escribió el colaborador policial.
El caso Caranjuez se sigue Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid e investiga a una presunta organización criminal que cobró “millones de euros” de antiguos jerarcas venezolanos asentados en España, entre ellos Alvarado Ochoa, a cambio de una supuesta protección y evitar sus extradiciones. En el caso Caranjuez, los venezolanos denuncian porque aseguran que fueron extorsionados. Entre los investigados hay un antiguo espía de Israel, policías españoles y también está José Aliste. El abogado Aliste defendió en su declaración que se limitó a cobrar por los servicios legales que prestó a sus defendidos, entre ellos Alvarado. La Policía cifra los ingresos de Aliste procedentes de los venezolanos en 1,1 millones de euros.
Entre eso que Aliste identifica como “labores de defensa” están la elaboración de “siete informes”, según explicó él mismo ante la jueza del caso. Un informe, este sí de la Policía, aportado al caso Caranjuez explica que Aliste consiguió que su cliente se entrevistara con Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía con el PP y artífice de la brigada política. En dos reuniones, Pino estuvo acompañado de otros policías imputados en la Audiencia Nacional por la guerra sucia a Podemos, como el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.
A los policías españoles les interesó poco la información que Alvarado tenía de Venezuela e insistían en qué podía conseguir de Podemos, tal y como relató Alvarado Ochoa en el marco del caso Caranjuez. Según el relato de los investigadores [ver vídeo], Alvarado Ochoa quedó en preguntar y volvió con “puntos de cuenta” (órdenes de pago) a Podemos, entre ellos los 7 millones a CEPS que nunca han podido demostrarse como financiación del partido.
Aliste dijo en el juzgado que su cliente no quería nada a cambio, pero lo que sucedió en fechas posteriores no pasó desapercibido a quienes ahora investigan aquellos hechos. En 2015, el Ministerio del Interior había inadmitido la extensión de la residencia a Alvarado Ochoa, pero en 2016, coincidiendo con la contratación de Aliste y su colaboración con la Policía en contra de Podemos, la autorización fue renovada.
Fue el inicio de una regularización que acabó con la concesión de la nacionalidad española en 2019, justo a tiempo para que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud de extradición por Estados Unidos con el argumento de que Alvarado ya estaba siendo investigado en ese tribunal y gozaba de la nacionalidad española. Al conseguir su DNI, Javier Alvarado Ochoa cambió el orden de sus apellidos, un trámite administrativo que también había realizado Aliste en 2014. En sus DNI son Javier Ochoa Alvarado y José Martín Aliste.
Residencias y nacionalidades como pago
La guerra sucia a Podemos se investiga por otra vía, la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a partir de una querella del partido. En ella está imputado el número dos de Interior en la época, Francisco Martínez, el comisario Pino y otros mandos policiales de la denominada brigada política. Una de las líneas de investigación de esta causa es la concesión de un permiso de residencia a un ciudadano venezolano a cambio del bulo que aseguraba que Pablo Iglesias había cobrado 272.000 euros del régimen de Chávez en una cuenta del paraíso fiscal de Granadinas. Los funcionarios de la UDEF que investigan el caso Caranjuez creen que el caso de Alvarado Ochoa es similar.
La colaboración de Aliste con la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior, al menos entre 2012 y 2016, no se limitó a escuchar y plasmar lo que habría dicho su cliente, Alvarado Ochoa, alias Cicerón. En los informes aparece el viaje que Aliste realizó a Miami para entrevistarse con dos cargos del chavismo que tendrían información perjudicial para Podemos y que la entregarían “a cambio de nada”.
En la documentación en poder de elDiario.es consta incluso un presupuesto para fletar un avión privado y que estos dos individuos, de los que se adjunta una fotocopia de su pasaporte, se desplacen a República Dominicana a mantener un encuentro, no se sabe si solo con Aliste o también con alguno de los mandos policiales que integraron la brigada política de Interior.
El encuentro tuvo lugar finalmente en Miami. “En la semana pasada nos desplazamos para tener entrevistas con ambos [elDiario.es omite el nombre por si pudiera provocarles problemas de seguridad] llevándose a cabo las mismas en el Hotel Trump sito en 18101 de Collins Ave. Nos reunimos con ellos los días 3, miércoles, 4 jueves; y 5 viernes. En total un espacio de unas 16 horas”.
Todo parece indicar que está refiriéndose a tres días de mayo de 2016 y que el informe está redactado en fechas próximas y posteriores. Habría un error en la secuencia de identificación de días de la semana porque el día 3 de mayo fue martes y no miércoles. A partir de ahí, este informe, el número 7, coincide con los anteriores en que presenta un amplio número de nombres de ciudadanos venezolanos y la promesa de aportación de documentación por parte de ellos que nunca llegó a producirse.
La primavera de 2016 resultó frenética para la brigada política a las órdenes del ministro Fernández Díaz. Fue el momento de acelerar en la aplicación a Podemos de la estrategia que había inaugurado en 2012 contra el independentismo catalán, consistente en fabricar pseudoinformes policiales para que fueran publicados y debilitar a los oponentes del Gobierno del PP. Quedaba mes y medio para las elecciones generales de junio y de las urnas podía salir un gobierno de coalición del PSOE y Podemos.
La fiabilidad de los dos cargos venezolanos con los que se reunió Aliste se ejemplifica en un dato. Escribe el abogado: “Manifiestan que conocen perfectamente la factura de 272.325 euros que le fue abonada por el Ministerio de Finanzas (ministro Rodolfo Clemente Marco Torres) en el año 2014 a una cuenta en un paraíso fiscal del Caribe”. El documento sobre el supuesto pago, que fue exhibido en varios medios de comunicación, era un burdo montaje, como demostró ya entonces elDiario.es.
La conexión de Aliste con la Policía
El abogado José Aliste Martín tiene 72 años en la actualidad. En 1988 fue detenido cuando compatibilizaba su cargo de concejal de Alianza Popular en la localidad zamorana de Viñas de Aliste con el puesto de responsable de Divisas Extranjeras en la sucursal del Banco Exterior en la capital de la provincia. Fue condenado a ocho años de cárcel por llevarse 600 millones de pesetas del banco, según consta en el sumario del caso Villarejo.
Identificado como un histórico colaborador de la Policía, algo que él reconoce en su declaración judicial, Aliste cambió el orden de sus apellidos en la Subdirección General de Logística del Cuerpo, “dependencia de acceso restringido por no prestar servicio al público y que no suele realizar expediciones de DNI de forma ordinaria a personal no policial”, destacan los agentes que investigan el caso Caranjuez.
Aliste suma a su imputación por organización criminal y estafa del caso Caranjuez otros problemas con la justicia. Según el informe policial le consta una detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2015 acusado de blanqueo de capitales. En la fecha del informe, 2021, estaba imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 en una causa por narcotráfico y blanqueo y le constaba otra acusación en un juzgado de Vilanova i La Geltrú. Además, figura entre los imputados en la operación Marioneta contra una red de estafadores, en la que también está investigado el ventrílocuo José Luis Moreno.
José Aliste estuvo igualmente investigado en la pieza número 36 del caso Villarejo, posteriormente archivada. Se trataba de una operación para extorsionar al abogado Javier Gómez de Liaño, cuando representaba a Luis Bárcenas, y conseguir que los medios no publicaran información comprometedora del PP. En esa pieza llegó a declarar como testigo María Dolores de Cospedal, pero el juez Manuel García Castellón terminó archivándola por falta de indicios. Como publicó El Periódico de España, Aliste y Villarejo se conocen desde hace décadas y el abogado aparece en las agendas del comisario.
Alvarado Ochoa, investigado por la Audiencia Nacional
Por su parte, Javier Alvarado Ochoa fue nombrado viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en 2010 y al año siguiente pasó a estar al frente de Bariven, una de las filiales de PDVSA (Petróleos de Venezuela). Está procesado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por un presunto soborno de la empresa asturiana Duro Felguera para construir una central termoeléctrica en Venezuela. Otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 3, lo investiga por el desfalco de la propia PDVSA y el blanqueo de capitales procedente del desfalco de la petrolera estatal venezolana.
“Desde su privilegiado puesto fue testigo directo de cómo el comandante presidente Chávez impartió instrucciones para apoyar financiariamente a ‘Fuerzas políticas emergentes en España’, hoy denominadas Podemos, a través de empresas aliadas”, escribe Aliste de él en el informe que sirve de presentación.
Según el informe número 4 redactado por Aliste, el abogado también estuvo implicado en el viaje de uno de los mandos de la brigada política a Nueva York para recabar un testimonio contra Podemos de Rafael Isea, exministro de Finanzas venezolano. El 12 de abril, el inspector jefe de la policía española José Ángel Fuentes Gago dijo a Isea en el Consulado español que viajaba con “un mandato de Rajoy”. “Si conseguimos que no lleguen al Gobierno [Podemos], mejor para todos”, se le oye afirmar en una grabación publicada años después.
Los policías prometieron una vida en España a la familia de Isea, lograron su firma sobre la veracidad de una fotocopia del pago a la Fundación Ceps en 2008 y al poco todo apareció publicado en el diario ABC, lo que abortó la colaboración de Isea, que tiempo más tarde ha puesto en entredicho la información que tenía la policía española sobre Podemos.
Aliste conocía bien ese viaje: “Quedamos en llevar a cabo lo mismo el día 12 de abril en el Consultado de España en Nueva York, a cuyo fin se iba a desplazar allí este informante y tres personas más. Funcionarios del Ministerio del Interior que, por conocidas, no se hace preciso citar. Desgraciadamente, este plan se frustró al filtrarse a la Presa (sic) (Diario ABC) la nota de cuenta ya conocida y que supuso que él [Isea] y su familia quedasen en situación de riesgo”.
Estas investigaciones secretas de la brigada política bajo el Gobierno de Rajoy se compatibilizaron con otras judicializadas que han mantenido a Podemos bajo la lupa de algunos tribunales y, en consecuencia, en las portadas de los medios durante prácticamente toda su historia. La denuncia de un antiguo empleado de la formación que había sido despedido, coincidente casi en el tiempo con el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos de diciembre de 2019, se transformó en un juzgado de Madrid en el caso Neurona, una macrocausa que mantuvo imputados durante tres años a varios de sus dirigentes y en la que se llegó a investigar una hipotética caja B del partido que resultó inexistente.
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rescató en 2021 una de las principales maniobras de la brigada política, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), para sumarle en 2021 unas acusaciones sin pruebas –algunas coincidentes con las de Alvarado Ochoa– de otro venezolano que quería evitar la extradición a Estados Unidos, el ex general Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. La Sala de lo Penal terminó por archivar el procedimiento, entre duros reproches al magistrado que lo había intentado mantener vivo a toda causa durante año y medio. Carvajal, fuente de todas aquellas informaciones, se encuentra en la actualidad en una cárcel estadounidense.
Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
José Aliste y Javier Alvarado han declinado dar su versión de los hechos para este reportaje. El abogado lo ha hecho personalmente y Alvarado a través de su actual letrado, quien ha alegado que su cliente está citado para declarar el próximo 28 de febrero en la causa por la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional.
https://www.eldiario.es/politica/siete- ... bUZKXSB6lg
El abogado José Aliste es un colaborador policial con un amplio historial delictivo que buscó confidentes, viajó a Miami y trabajó con la brigada política con la tesis de que Podemos había recibido 30 millones de Venezuela por orden de Hugo Chávez
— Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
Las maniobras de un grupo de mandos policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP superan el contenido de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y las revelaciones periodísticas realizadas hasta ahora. elDiario.es ha accedido a siete informes inéditos de la brigada política que muestran cómo el Ministerio del Interior implicó en las maniobras contra el partido a un colaborador policial en asuntos de narcotráfico. Se trata del abogado José Aliste, condenado en los noventa por estafa y que en la actualidad está imputado en varias causas judiciales.
La guerra sucia contra Podemos emerge en medio de una trama de policías corruptos y jerarcas venezolanos
La guerra sucia contra Podemos emerge en medio de una trama de policías corruptos y jerarcas venezolanos
Aliste redactó en 2016 siete informes en los que traslada lo que le dice quien entonces era su cliente, el ex viceministro de Energía Eléctrica venezolano José Alvarado Ochoa, y también las averiguaciones que asegura haber hecho él mismo tanto en España como en sus desplazamientos a Miami. La tesis principal de esas notas es un supuesto dinero que Hugo Chávez ordenó entregar a Podemos y que “se cuantificaría en alrededor de más/menos 30 millones de dólares USA”.
Ni esta acusación de financiación millonaria del partido que lideraba Pablo Iglesias ni el resto de las cantidades recogidas en las notas han sido probadas en una década de investigaciones policiales y judiciales a Podemos. Los siete informes redactados por José Aliste para la brigada política siguen a día de hoy alojados en las bases de datos de “inteligencia” del Cuerpo Nacional de Policía, según ha podido constatar elDiario.es.
Bajo el encabezamiento de “Podemos”, Aliste redacta los tres primeros informes a partir de lo que le cuenta Alvarado Ochoa, al que en adelante se referirá con el nombre en clave de ‘Cicerón’. En los otros cuatro restantes cambia el encabezamiento de los informes, en lugar de Podemos los titula “We can”, y la fuente pasa a ser alguien a quien se identifica por “Last Means” (“Últimos Medios”, en inglés). En realidad, se trata del propio José Aliste, quien tiene a su nombre una sociedad llamada igual sobre la que ha puesto la lupa un juzgado de Madrid.
En los informes aparecen acusaciones ya conocidas, como el ingreso de 7,1 millones de euros por la Fundación Ceps –por la que pasaron los fundadores de Podemos como politólogos– seis años antes de que existiera la formación. Esta supuesta prueba de la financiación de Venezuela fue utilizada por la brigada política que operó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la filtración a medios de comunicación afines. Otras maniobras, como se verá más adelante, son nuevas y no habían trascendido hasta ahora.
En otro de los informes de Aliste, confeccionado a partir de la supuesta información que le da Alvarado Ochoa, se incluye una particular revisión de la historia reciente de España. “De ese apoyo y financiación [venezolana] eclosionaron movimientos sociales populistas (15M, indignados, barrio de Gamonal de Burgos, etc.) y se concretó, según un proyecto medido y calculado, en el partido político que hoy se denomina Podemos”, escribió el colaborador policial.
El caso Caranjuez se sigue Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid e investiga a una presunta organización criminal que cobró “millones de euros” de antiguos jerarcas venezolanos asentados en España, entre ellos Alvarado Ochoa, a cambio de una supuesta protección y evitar sus extradiciones. En el caso Caranjuez, los venezolanos denuncian porque aseguran que fueron extorsionados. Entre los investigados hay un antiguo espía de Israel, policías españoles y también está José Aliste. El abogado Aliste defendió en su declaración que se limitó a cobrar por los servicios legales que prestó a sus defendidos, entre ellos Alvarado. La Policía cifra los ingresos de Aliste procedentes de los venezolanos en 1,1 millones de euros.
Entre eso que Aliste identifica como “labores de defensa” están la elaboración de “siete informes”, según explicó él mismo ante la jueza del caso. Un informe, este sí de la Policía, aportado al caso Caranjuez explica que Aliste consiguió que su cliente se entrevistara con Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía con el PP y artífice de la brigada política. En dos reuniones, Pino estuvo acompañado de otros policías imputados en la Audiencia Nacional por la guerra sucia a Podemos, como el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.
A los policías españoles les interesó poco la información que Alvarado tenía de Venezuela e insistían en qué podía conseguir de Podemos, tal y como relató Alvarado Ochoa en el marco del caso Caranjuez. Según el relato de los investigadores [ver vídeo], Alvarado Ochoa quedó en preguntar y volvió con “puntos de cuenta” (órdenes de pago) a Podemos, entre ellos los 7 millones a CEPS que nunca han podido demostrarse como financiación del partido.
Aliste dijo en el juzgado que su cliente no quería nada a cambio, pero lo que sucedió en fechas posteriores no pasó desapercibido a quienes ahora investigan aquellos hechos. En 2015, el Ministerio del Interior había inadmitido la extensión de la residencia a Alvarado Ochoa, pero en 2016, coincidiendo con la contratación de Aliste y su colaboración con la Policía en contra de Podemos, la autorización fue renovada.
Fue el inicio de una regularización que acabó con la concesión de la nacionalidad española en 2019, justo a tiempo para que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud de extradición por Estados Unidos con el argumento de que Alvarado ya estaba siendo investigado en ese tribunal y gozaba de la nacionalidad española. Al conseguir su DNI, Javier Alvarado Ochoa cambió el orden de sus apellidos, un trámite administrativo que también había realizado Aliste en 2014. En sus DNI son Javier Ochoa Alvarado y José Martín Aliste.
Residencias y nacionalidades como pago
La guerra sucia a Podemos se investiga por otra vía, la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a partir de una querella del partido. En ella está imputado el número dos de Interior en la época, Francisco Martínez, el comisario Pino y otros mandos policiales de la denominada brigada política. Una de las líneas de investigación de esta causa es la concesión de un permiso de residencia a un ciudadano venezolano a cambio del bulo que aseguraba que Pablo Iglesias había cobrado 272.000 euros del régimen de Chávez en una cuenta del paraíso fiscal de Granadinas. Los funcionarios de la UDEF que investigan el caso Caranjuez creen que el caso de Alvarado Ochoa es similar.
La colaboración de Aliste con la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior, al menos entre 2012 y 2016, no se limitó a escuchar y plasmar lo que habría dicho su cliente, Alvarado Ochoa, alias Cicerón. En los informes aparece el viaje que Aliste realizó a Miami para entrevistarse con dos cargos del chavismo que tendrían información perjudicial para Podemos y que la entregarían “a cambio de nada”.
En la documentación en poder de elDiario.es consta incluso un presupuesto para fletar un avión privado y que estos dos individuos, de los que se adjunta una fotocopia de su pasaporte, se desplacen a República Dominicana a mantener un encuentro, no se sabe si solo con Aliste o también con alguno de los mandos policiales que integraron la brigada política de Interior.
El encuentro tuvo lugar finalmente en Miami. “En la semana pasada nos desplazamos para tener entrevistas con ambos [elDiario.es omite el nombre por si pudiera provocarles problemas de seguridad] llevándose a cabo las mismas en el Hotel Trump sito en 18101 de Collins Ave. Nos reunimos con ellos los días 3, miércoles, 4 jueves; y 5 viernes. En total un espacio de unas 16 horas”.
Todo parece indicar que está refiriéndose a tres días de mayo de 2016 y que el informe está redactado en fechas próximas y posteriores. Habría un error en la secuencia de identificación de días de la semana porque el día 3 de mayo fue martes y no miércoles. A partir de ahí, este informe, el número 7, coincide con los anteriores en que presenta un amplio número de nombres de ciudadanos venezolanos y la promesa de aportación de documentación por parte de ellos que nunca llegó a producirse.
La primavera de 2016 resultó frenética para la brigada política a las órdenes del ministro Fernández Díaz. Fue el momento de acelerar en la aplicación a Podemos de la estrategia que había inaugurado en 2012 contra el independentismo catalán, consistente en fabricar pseudoinformes policiales para que fueran publicados y debilitar a los oponentes del Gobierno del PP. Quedaba mes y medio para las elecciones generales de junio y de las urnas podía salir un gobierno de coalición del PSOE y Podemos.
La fiabilidad de los dos cargos venezolanos con los que se reunió Aliste se ejemplifica en un dato. Escribe el abogado: “Manifiestan que conocen perfectamente la factura de 272.325 euros que le fue abonada por el Ministerio de Finanzas (ministro Rodolfo Clemente Marco Torres) en el año 2014 a una cuenta en un paraíso fiscal del Caribe”. El documento sobre el supuesto pago, que fue exhibido en varios medios de comunicación, era un burdo montaje, como demostró ya entonces elDiario.es.
La conexión de Aliste con la Policía
El abogado José Aliste Martín tiene 72 años en la actualidad. En 1988 fue detenido cuando compatibilizaba su cargo de concejal de Alianza Popular en la localidad zamorana de Viñas de Aliste con el puesto de responsable de Divisas Extranjeras en la sucursal del Banco Exterior en la capital de la provincia. Fue condenado a ocho años de cárcel por llevarse 600 millones de pesetas del banco, según consta en el sumario del caso Villarejo.
Identificado como un histórico colaborador de la Policía, algo que él reconoce en su declaración judicial, Aliste cambió el orden de sus apellidos en la Subdirección General de Logística del Cuerpo, “dependencia de acceso restringido por no prestar servicio al público y que no suele realizar expediciones de DNI de forma ordinaria a personal no policial”, destacan los agentes que investigan el caso Caranjuez.
Aliste suma a su imputación por organización criminal y estafa del caso Caranjuez otros problemas con la justicia. Según el informe policial le consta una detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2015 acusado de blanqueo de capitales. En la fecha del informe, 2021, estaba imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 en una causa por narcotráfico y blanqueo y le constaba otra acusación en un juzgado de Vilanova i La Geltrú. Además, figura entre los imputados en la operación Marioneta contra una red de estafadores, en la que también está investigado el ventrílocuo José Luis Moreno.
José Aliste estuvo igualmente investigado en la pieza número 36 del caso Villarejo, posteriormente archivada. Se trataba de una operación para extorsionar al abogado Javier Gómez de Liaño, cuando representaba a Luis Bárcenas, y conseguir que los medios no publicaran información comprometedora del PP. En esa pieza llegó a declarar como testigo María Dolores de Cospedal, pero el juez Manuel García Castellón terminó archivándola por falta de indicios. Como publicó El Periódico de España, Aliste y Villarejo se conocen desde hace décadas y el abogado aparece en las agendas del comisario.
Alvarado Ochoa, investigado por la Audiencia Nacional
Por su parte, Javier Alvarado Ochoa fue nombrado viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en 2010 y al año siguiente pasó a estar al frente de Bariven, una de las filiales de PDVSA (Petróleos de Venezuela). Está procesado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por un presunto soborno de la empresa asturiana Duro Felguera para construir una central termoeléctrica en Venezuela. Otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 3, lo investiga por el desfalco de la propia PDVSA y el blanqueo de capitales procedente del desfalco de la petrolera estatal venezolana.
“Desde su privilegiado puesto fue testigo directo de cómo el comandante presidente Chávez impartió instrucciones para apoyar financiariamente a ‘Fuerzas políticas emergentes en España’, hoy denominadas Podemos, a través de empresas aliadas”, escribe Aliste de él en el informe que sirve de presentación.
Según el informe número 4 redactado por Aliste, el abogado también estuvo implicado en el viaje de uno de los mandos de la brigada política a Nueva York para recabar un testimonio contra Podemos de Rafael Isea, exministro de Finanzas venezolano. El 12 de abril, el inspector jefe de la policía española José Ángel Fuentes Gago dijo a Isea en el Consulado español que viajaba con “un mandato de Rajoy”. “Si conseguimos que no lleguen al Gobierno [Podemos], mejor para todos”, se le oye afirmar en una grabación publicada años después.
Los policías prometieron una vida en España a la familia de Isea, lograron su firma sobre la veracidad de una fotocopia del pago a la Fundación Ceps en 2008 y al poco todo apareció publicado en el diario ABC, lo que abortó la colaboración de Isea, que tiempo más tarde ha puesto en entredicho la información que tenía la policía española sobre Podemos.
Aliste conocía bien ese viaje: “Quedamos en llevar a cabo lo mismo el día 12 de abril en el Consultado de España en Nueva York, a cuyo fin se iba a desplazar allí este informante y tres personas más. Funcionarios del Ministerio del Interior que, por conocidas, no se hace preciso citar. Desgraciadamente, este plan se frustró al filtrarse a la Presa (sic) (Diario ABC) la nota de cuenta ya conocida y que supuso que él [Isea] y su familia quedasen en situación de riesgo”.
Estas investigaciones secretas de la brigada política bajo el Gobierno de Rajoy se compatibilizaron con otras judicializadas que han mantenido a Podemos bajo la lupa de algunos tribunales y, en consecuencia, en las portadas de los medios durante prácticamente toda su historia. La denuncia de un antiguo empleado de la formación que había sido despedido, coincidente casi en el tiempo con el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos de diciembre de 2019, se transformó en un juzgado de Madrid en el caso Neurona, una macrocausa que mantuvo imputados durante tres años a varios de sus dirigentes y en la que se llegó a investigar una hipotética caja B del partido que resultó inexistente.
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rescató en 2021 una de las principales maniobras de la brigada política, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), para sumarle en 2021 unas acusaciones sin pruebas –algunas coincidentes con las de Alvarado Ochoa– de otro venezolano que quería evitar la extradición a Estados Unidos, el ex general Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. La Sala de lo Penal terminó por archivar el procedimiento, entre duros reproches al magistrado que lo había intentado mantener vivo a toda causa durante año y medio. Carvajal, fuente de todas aquellas informaciones, se encuentra en la actualidad en una cárcel estadounidense.
Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
Operaciones Bolívar y Venus: el testimonio de una jefa de la Policía sobre la guerra sucia a Podemos
José Aliste y Javier Alvarado han declinado dar su versión de los hechos para este reportaje. El abogado lo ha hecho personalmente y Alvarado a través de su actual letrado, quien ha alegado que su cliente está citado para declarar el próximo 28 de febrero en la causa por la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional.
https://www.eldiario.es/politica/siete- ... bUZKXSB6lg
Re: PODEMOS
El juez Pedraz obtiene la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo del dinero de Pablo Iglesias en el Caribe
La actual dirección del Cuerpo envía a la Audiencia Nacional la nota informativa que redactaron dos destacados miembros de la policía política en abril de 2016 sobre una falsa cuenta del líder de Podemos en Granadinas y que publicó después Okdiario
— Pedraz investiga cómo un venezolano consiguió la residencia a cambio del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
Nuevo giro en la investigación judicial de la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. El juez instructor, Santiago Pedraz, acaba de recibir una “nota informativa” alojada en los archivos policiales que demuestra que la cúpula del Cuerpo orquestó, durante el Gobierno del PP, el bulo de que Pablo Iglesias había recibido 272.000 dólares del Gobierno de Hugo Chávez en una cuenta de un paraíso fiscal del Caribe, tal y como publicó después Okdiario.
La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos
La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos
La “nota informativa”, a la que ha tenido acceso elDiario.es, está fechada el 20 de abril de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP para evitar que Podemos llegara a un acuerdo de gobierno con el PSOE. En la nota, dos inspectores jefes destinados en la Dirección Adjunta Operativa dan cuenta de su entrevista con el presunto autor del bulo, un venezolano, ahora en paradero desconocido, que obtuvo a cambio el permiso de residencia en España.
El documento policial arranca con la siguiente afirmación: “El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta 'offshore' a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.
Este medio ha podido comprobar la identidad correspondiente a los funcionarios 16.768 y 18.693. El primero es Bonifacio Díez Sevillano, ya jubilado y puntal de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Díez Sevillano fue mano derecha de Eugenio Pino, director adjunto operativo, y se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas del caso Kitchen.
En la causa por la guerra sucia a Podemos, Díez Sevillano ha sido señalado por un antiguo jerarca venezolano como el policía que le entregó unas fichas de diputados del partido para que buscara información que les perjudicara. El juez le citó como testigo y durante su declaración, con obligación de decir la verdad, dijo desconocer investigación alguna sobre la supuesta cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias.
El segundo de ellos, con carnet 18.693, es Jesús Vicente Galán, destinado entonces en Asuntos Internos, la unidad que la Policía de la época apartó de sus verdaderas funciones para ponerla a combatir el independentismo catalán y a Podemos. Tanto Díez Sevillano como Galán fueron ampliamente recompensados con medallas pensionadas y destinos ‘dorados’ en el extranjero después de su participación en la guerra sucia.
Ambos policías explican en su nota la supuesta relevancia de los cuatro documentos –el envío a la Audiencia Nacional solo adjunta tres de ellos– e interpretan aspectos de los mismos que pudieran no entenderse a partir de la entrevista con el confidente. Así, el documento 'Memorando' lleva por asunto “Punto único con instrucciones expresas para transferencias de fondos públicos”, y en él se ordena una transferencia desde el Banco Central de Venezuela de 272.325 dólares. Su autor es el ministro del Poder Popular de Economía de Venezuela y su destinatario el tesorero nacional Carlos Erick Malpica Flores.
En segundo lugar, está la “orden de pago 36277” y en ella ya se indica que la transferencia es a nombre de Pablo Iglesias Turrión, con cuenta en la entidad Europacific Bank. “Presenta cuatro sellos oficiales” de otras tantas instituciones venezolanas “con sus respectivas firmas”, destacan los policías.
Entre las maniobras que el juez Pedraz accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.
Entre la documentación incorporada a la causa de la Audiencia Nacional figura un acta notarial del ciudadano venezolano Carlos Arias asegurando que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario.
Iglesias era “Santa-María”
El tercer documento que comentan los miembros de la brigada política tiene un código “72682-62742 Santa-María”. La persona que identifican con ese alias, explican, habría solicitado 220.000 euros (equivalente a los 272.000 dólares referidos) “para cubrir algunos gastos de logística y movilización dentro del territorio español”. Esa persona es Pablo Iglesias, según explicó el confidente, quien aseguró que el servicio secreto cubano había elegido el segundo apellido de su madre para referirse a él en clave.
Los policías de la brigada política elevan a sus superiores: “El enlace Cristo-Rey mantiene información de todas las actividades de Santa María en Venezuela, año 2013, cuando estuvo en el país”. Cristo Rey, según les ha trasladado el confidente, sería el mandatario chavista Diosdado Cabello. También hay alusiones a un tal Águila 1, al que identifican como Hugo Chávez, y Halcón 1, que sería Nicolás Maduro.
El cuarto documento es un supuesto informe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera venezolano de 2014 en el que, según la fuente informante, “se refleja como actividad sospechosa” el supuesto pago a Iglesias.
La remisión de la nota informativa al juez Pedraz es fruto de las diligencias solicitadas por Podemos, que ejerce la acusación particular y que se enfrenta a las reticencias de la Policía a entregar cierta documentación porque sigue clasificada como “secreta”. La depuración de los criterios de búsqueda en las bases de datos policiales, como por ejemplo el nombre de Pablo Iglesias, ha permitido encontrar la nota remitida a la Audiencia Nacional.
En un momento político clave
La publicación del bulo en Okdiario se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díez había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE.
Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego reprodujo Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.
El confidente que motiva la nota de la brigada política, Carlos Alberto Arias, fue premiado con la residencia extraordinaria por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”, según información obrante en la causa sobre la guerra sucia contra Podemos. Fue llamado a declarar por Pedraz como testigo, pero no fue localizado.
Pedraz investiga cómo un venezolano consiguió la residencia a cambio del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
Pedraz investiga al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, y a varios miembros de la brigada política. En su auto de admisión a trámite el juez aceptó indagar si se habían cometido los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
https://www.eldiario.es/politica/juez-p ... 88356.html
La actual dirección del Cuerpo envía a la Audiencia Nacional la nota informativa que redactaron dos destacados miembros de la policía política en abril de 2016 sobre una falsa cuenta del líder de Podemos en Granadinas y que publicó después Okdiario
— Pedraz investiga cómo un venezolano consiguió la residencia a cambio del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
Nuevo giro en la investigación judicial de la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. El juez instructor, Santiago Pedraz, acaba de recibir una “nota informativa” alojada en los archivos policiales que demuestra que la cúpula del Cuerpo orquestó, durante el Gobierno del PP, el bulo de que Pablo Iglesias había recibido 272.000 dólares del Gobierno de Hugo Chávez en una cuenta de un paraíso fiscal del Caribe, tal y como publicó después Okdiario.
La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos
La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos
La “nota informativa”, a la que ha tenido acceso elDiario.es, está fechada el 20 de abril de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP para evitar que Podemos llegara a un acuerdo de gobierno con el PSOE. En la nota, dos inspectores jefes destinados en la Dirección Adjunta Operativa dan cuenta de su entrevista con el presunto autor del bulo, un venezolano, ahora en paradero desconocido, que obtuvo a cambio el permiso de residencia en España.
El documento policial arranca con la siguiente afirmación: “El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta 'offshore' a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.
Este medio ha podido comprobar la identidad correspondiente a los funcionarios 16.768 y 18.693. El primero es Bonifacio Díez Sevillano, ya jubilado y puntal de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Díez Sevillano fue mano derecha de Eugenio Pino, director adjunto operativo, y se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas del caso Kitchen.
En la causa por la guerra sucia a Podemos, Díez Sevillano ha sido señalado por un antiguo jerarca venezolano como el policía que le entregó unas fichas de diputados del partido para que buscara información que les perjudicara. El juez le citó como testigo y durante su declaración, con obligación de decir la verdad, dijo desconocer investigación alguna sobre la supuesta cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias.
El segundo de ellos, con carnet 18.693, es Jesús Vicente Galán, destinado entonces en Asuntos Internos, la unidad que la Policía de la época apartó de sus verdaderas funciones para ponerla a combatir el independentismo catalán y a Podemos. Tanto Díez Sevillano como Galán fueron ampliamente recompensados con medallas pensionadas y destinos ‘dorados’ en el extranjero después de su participación en la guerra sucia.
Ambos policías explican en su nota la supuesta relevancia de los cuatro documentos –el envío a la Audiencia Nacional solo adjunta tres de ellos– e interpretan aspectos de los mismos que pudieran no entenderse a partir de la entrevista con el confidente. Así, el documento 'Memorando' lleva por asunto “Punto único con instrucciones expresas para transferencias de fondos públicos”, y en él se ordena una transferencia desde el Banco Central de Venezuela de 272.325 dólares. Su autor es el ministro del Poder Popular de Economía de Venezuela y su destinatario el tesorero nacional Carlos Erick Malpica Flores.
En segundo lugar, está la “orden de pago 36277” y en ella ya se indica que la transferencia es a nombre de Pablo Iglesias Turrión, con cuenta en la entidad Europacific Bank. “Presenta cuatro sellos oficiales” de otras tantas instituciones venezolanas “con sus respectivas firmas”, destacan los policías.
Entre las maniobras que el juez Pedraz accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.
Entre la documentación incorporada a la causa de la Audiencia Nacional figura un acta notarial del ciudadano venezolano Carlos Arias asegurando que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario.
Iglesias era “Santa-María”
El tercer documento que comentan los miembros de la brigada política tiene un código “72682-62742 Santa-María”. La persona que identifican con ese alias, explican, habría solicitado 220.000 euros (equivalente a los 272.000 dólares referidos) “para cubrir algunos gastos de logística y movilización dentro del territorio español”. Esa persona es Pablo Iglesias, según explicó el confidente, quien aseguró que el servicio secreto cubano había elegido el segundo apellido de su madre para referirse a él en clave.
Los policías de la brigada política elevan a sus superiores: “El enlace Cristo-Rey mantiene información de todas las actividades de Santa María en Venezuela, año 2013, cuando estuvo en el país”. Cristo Rey, según les ha trasladado el confidente, sería el mandatario chavista Diosdado Cabello. También hay alusiones a un tal Águila 1, al que identifican como Hugo Chávez, y Halcón 1, que sería Nicolás Maduro.
El cuarto documento es un supuesto informe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera venezolano de 2014 en el que, según la fuente informante, “se refleja como actividad sospechosa” el supuesto pago a Iglesias.
La remisión de la nota informativa al juez Pedraz es fruto de las diligencias solicitadas por Podemos, que ejerce la acusación particular y que se enfrenta a las reticencias de la Policía a entregar cierta documentación porque sigue clasificada como “secreta”. La depuración de los criterios de búsqueda en las bases de datos policiales, como por ejemplo el nombre de Pablo Iglesias, ha permitido encontrar la nota remitida a la Audiencia Nacional.
En un momento político clave
La publicación del bulo en Okdiario se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díez había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE.
Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego reprodujo Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.
El confidente que motiva la nota de la brigada política, Carlos Alberto Arias, fue premiado con la residencia extraordinaria por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”, según información obrante en la causa sobre la guerra sucia contra Podemos. Fue llamado a declarar por Pedraz como testigo, pero no fue localizado.
Pedraz investiga cómo un venezolano consiguió la residencia a cambio del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
Pedraz investiga al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, y a varios miembros de la brigada política. En su auto de admisión a trámite el juez aceptó indagar si se habían cometido los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
https://www.eldiario.es/politica/juez-p ... 88356.html
Re: PODEMOS
Sólo esto, que no es poco, es motivo para que hubiera desaparecido por completo la mafia pepera, pero de raíz. Lo que me escandaliza es que esta panda de gánsteres sea opción de gobierno. Qué pena de país.