La Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia se suman en un comunicado en el que denuncian malas prácticas por parte del Estado contra solicitantes de asilo palestinos que llegan a España.
En el comunicado describen la situación de Ahmed Omran, palestino con visado expedido por el Consulado de España en Jerusalén y procedente de Jordania, quien al solicitar asilo en su llegada a Barcelona el domingo 17 de noviembre estuvo durante cinco días en la Sala de Admisiones del aeropuerto. Según las circunstancias descritas, este tuvo acceso a un abogado de turno de oficio durante su entrevista de asilo, sin embargo, durante esta solo habló la policía.
Las autoridades españolas le denegarían el asilo el jueves 21 de noviembre para acabar siendo devuelto a Jordania. Las autoridades jordanas le confiscaron sus documentos y le hicieron pagar el billete de avión en el que fue devuelto desde España, además le hicieron firmar un documento después de llevarle a la frontera con Palestina comprometiéndose a no volver a Jordania sin coordinación previa con las autoridades de este país.
Las asociaciones acaban la descripción de la situación asegurando que no se trata de un hecho aislado y que existen evidencias de que se está actuando de la misma manera con solicitudes de asilo de otros palestinos.
El comunicado continúa resaltando que España fue condenada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos debido a 30 solicitantes de asilo saharauis que fueron expulsados de España violando el principio de no devolución, así mismo, resaltan las implicaciones que tiene la devolución de este ciudadano palestino a una zona donde se está cometiendo un genocidio, donde no solamente corre un riesgo de trato inhumano y degradante, sino incluso poniendo en riesgo su vida.
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También resaltan que esta situación está llevando a que no se garantice el acceso al procedimiento de examen de la solicitud de asilo conforme la normativa vigente a nivel nacional e internacional, y que la Policía Nacional en su labor fronteriza está permitiendo entrar a nacionales palestinos como turistas cuando en realidad deberían recibir la solicitud de asilo y después de la correspondiente entrevista, concederles una plaza en el sistema de protección, garantizándoles las ayudas necesarias mientras se resuelve su solicitud, en cambio, aseguran que se incumplen los plazos legales evitando que accedan a citas de asilo para hacer su solicitud y al mismo tiempo se les arroja a una situación de exclusión.
Las asociaciones finalizan el comunicado solicitando al Ministerio del Interior que garantice los Derechos Humanos de los solicitantes de asilo, cumpliendo con la legalidad vigente, así como la jurisprudencia y garantizando el principio de no devolución de estos solicitantes. De la misma manera solicita un enfoque orientado a la protección de los Derechos Humanos con una perspectiva de género e infancia, ya que aseguran que las solicitantes de asilo palestinas están sufriendo mayor discriminación por razones de género.
Estas asociaciones también solicitan que se adopten las mismas medidas que las que concedieron en marzo de 2019 a los/as ciudadanos/as provenientes de Venezuela y que promueva a nivel de la Unión Europea una medida similar al mecanismo de protección mediante el cual se protegió a los/as ucranianos/as después del comienzo de la invasión rusa a este país.
El mecanismo de protección que se menciona en ambos casos supone medidas que se adoptan frente a determinados contextos de manera discrecional, por un lado, por parte del Gobierno español y por el otro de la Unión Europea.
En el caso de los venezolanos se trata de la protección por razones humanitarias, la cual fue ordenada por el Ministerio del Interior ante la situación de deterioro que entendió el Gobierno se vivía en Venezuela y que estaba provocando el éxodo de miles de personas. Mediante este mecanismo, cualquier solicitud de asilo solicitada por una persona proveniente de este país, en caso de no cumplir los requisitos para considerarse asilada, pasaba a estar bajo el régimen de Protección por razones humanitarias, otorgándole documentación y autorización de estancia. En el caso de Ucrania, se trató de un mecanismo regulado a nivel UE, bajo el cual se protege de manera inmediata y colectiva a determinados grupos de personas mediante su activación, primero, en la Comisión Europea, y posteriormente adoptado por cada uno de los países, proporcionando documentación y autorización de estancia automática a estas personas.
Con esta situación, los palestinos pasan a formar parte del grupo de ciudadanos de determinados países que, aun cumpliendo los requisitos legales necesarios para ser protegidos por España, no encuentran refugio aquí.
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