Marlaska ordenando detener a Netanyahu
Además de su alcance político, la decisión del fiscal Karim Kahn también tiene consecuencias materiales. Si Netanyahu viajase a uno de los 124 países firmantes del Estatuto de Roma, debería ser detenido.
El pasado jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) —también denominada Tribunal Penal Internacional (TPI) y localizada en la ciudad holandesa de La Haya— dictaba una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad como utilizar la "inanición como método de guerra" o perpetrar "asesinato, persecución y otros actos inhumanos" contra la población de la Franja de Gaza.
En términos políticos, la decisión es enormemente relevante si pensamos que es la primera vez en la historia de la CPI que se ordena el arresto del líder de un país aliado de Estados Unidos y de la OTAN. Después de más de 44.000 palestinos asesinados en el peor genocidio en lo que llevamos de siglo XXI —la mayoría mujeres y niños—, después de haber destruido más del 60% de todas las edificaciones de la franja, incluyendo hospitales, universidades y colegios, después de haber cortado el suministro de energía, de agua, de gas y de alimentos a más de 2 millones de personas, después de haber lanzado cadáveres desde los techos y haber atado a palestinos heridos al capó de los tanques israelíes para utilizarlos como escudos humanos, después de más de un año de contemplar en las pantallas de todo el mundo la primera limpieza étnica de la era digital, la orden de arresto de la CPI tiene un profundo significado y ayuda a consolidar la opinión pública —cada vez más mayoritariamente en contra del genocidio— en los países que tienen el poder para pararlo.
Además de su alcance político y simbólico, la decisión del fiscal Karim Kahn también tiene consecuencias materiales
Pero, además de su alcance político y simbólico, la decisión del fiscal Karim Kahn también tiene consecuencias materiales. Aunque la idea de establecer un órgano penal, independiente y supranacional se viene debatiendo desde que tuvieron lugar los juicios de Nüremberg, la iniciativa terminó de cristalizar después de los genocidios de Yugoslavia y Ruanda. Así, en el año 1998 en la ciudad de Roma, se celebró una conferencia de la ONU en la que diversos países se comprometieron a crear la CPI. El Estatuto de Roma entró en vigor en el año 2002 y obliga a los países firmantes a someterse a la jurisdicción de la Corte. Así, aunque varias de las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China o la India no han querido firmar el Estatuto —y muchas veces han tomado acciones decididas para intentar sabotearlo—, la mayor parte de los países de Europa y de América Latina, así como Canadá, Japón, Australia o buena parte de los países de África sí lo han suscrito. De esta forma y aunque la CPI no cuenta con cuerpos policiales propios, si Netanyahu o Gallant pisasen suelo soberano de alguno de estos 124 países —entre los que se incluye España—, las fuerzas de seguridad del Estado correspondiente estarían obligadas a detenerlos y a ponerlos a disposición de la Corte en La Haya en cumplimiento del derecho internacional.
¿Esto significa que Fernando Grande-Marlaska ordenaría la detención de Netanyahu si este aterrizase en algún aeropuerto español? A tenor de la primera reacción del gobierno al conocerse la orden de arresto, uno podría concluir que sí. "España respeta la decisión del TPI y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y el derecho internacional" fueron las protocolarias fuentes de ministerio de Exteriores que publicó Europa Press al conocerse la noticia. Sin embargo y teniendo en cuenta que no parece probable que Netanyahu vaya a viajar a España en el futuro próximo, así como otros muchos hechos sobre la operativa reciente del gobierno PSOE-Sumar en esta materia, parece mucho más plausible políticamente la hipótesis de que, si ese viaje se llegase a producir, España optará por la violación del Estatuto de Roma.
En primer lugar, porque Joe Biden ya se ha apresurado a decir que la orden de arresto emitida por la CPI es "escandalosa". Toda vez que la subordinación del gobierno de Sánchez a la voluntad de Estados Unidos y de la OTAN ha sido absoluta hasta ahora, nada parece indicar que estaría ahora dispuesto a contravenir al hegemón crepuscular norteamericano en un asunto tan importante como este. Por otro lado, no hay que olvidar que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para intentar parar el genocidio en la Franja de Gaza más allá de declaraciones vacías y un "reconocimiento del Estado palestino" que no tiene prácticamente ninguna consecuencia material. Resultaría sin duda sorprendente que se pasase, de golpe, de la completa inacción a ponerle las esposas a Netanyahu nada más bajar de la escalerilla de un avión y meterlo en un furgón policial rumbo de Países Bajos. Por último, es preciso tener en cuenta que el gobierno ya está violando la ley para facilitar el genocidio en la Franja de Gaza. En concreto y después de decir explícitamente que no lo estaban haciendo, el gobierno ha permitido entre mayo y septiembre de 2024 que al menos 25 buques, con más de 1185 envíos de material militar de Estados Unidos a Israel atracasen en el puerto español de Algeciras para repostar y también para hacer transferencias de material. Estos hechos son abiertamente contrarios a la Ley 53/2007, que establece el compromiso con el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas y que, por tanto, prohíbe las transferencias de material militar a a países que puedan usarlos para cometer crímenes de guerra. Si España ya está violando sus propias leyes para que Netanyahu pueda seguir asesinando niños, no parece en exceso verosímil que, de repente, el gobierno decida girar 180° y proceda a arrestar al primer ministro de Israel en cumplimiento del Estatuto de Roma.
Ya se ha demostrado que la voluntad de los Estados Unidos y de la OTAN están por encima del derecho nacional e internacional.
Lamentablemente y aunque Exteriores haya dicho que nuestro país "respeta la decisión del TPI y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y el derecho internacional", es absolutamente evidente que, si el gobierno se viese confrontado con la ocasión de tener que hacerlo, haría todo lo contrario. Lamentablemente, ya se ha demostrado en numerosas ocasiones que la voluntad de los Estados Unidos y de la OTAN están —para el gobierno de España— por encima del derecho nacional e internacional. Lamentablemente, si Netanyahu decidiese volar a Madrid para reunirse con Abascal y con Ayuso, podría hacerlo con toda tranquilidad y el fiscal Karim Kahn de la CPI se encontraría con que, ese día, los teléfonos de Albares y de Marlaska están fuera de cobertura. Y el de Sánchez también.
https://www.diario.red/articulo/editori ... 38998.html
¡Cuánto postureo!
Estaría bien que el gobierno de Pedro Sanchez rompería relaciones con Israel. Así sería creíble, amen de finiquitar las relaciones comerciales con ese país y sobre todo el comercio de las armas que todavía continúa de manera velada como parece que se está haciendo, permitiendo el paso de barcos con armamento para ese país.
Eso sí que sería para tenerlo en cuenta. Todo lo demás es pura palabrería.
