La pugna entre un trabajador que intentó extorsionar al jefe de un grupo funerario hizo aflorar un fraude que había permanecido oculto durante 20 años con miles de perjudicados
— La confesión de Justo, 20 años sacando cadáveres de su ataúd
La serie A dos metros bajo tierra sobre la familia Fisher, dueña de una funeraria, puede parecer una exageración, hasta que se leen los autos, informes y acusaciones que pesan sobre la familia Morchón, afincada en Valladolid y propietaria del grupo Funeraria El Salvador. No es un guion. A lo largo de 20 años, en los crematorios de los Morchón se sacó a los muertos de sus ataúdes antes de la incineración para reutilizarlos con otros cadáveres posteriormente. Está en los informes policiales: se aprovechaban hasta las flores, que se revendían a la siguiente familia que fuese a velar a su difunto.
Durante cuatro lustros nadie sospechó lo que ocurría en la trastienda de las salas de duelo. Mientras, el emporio El Salvador se expandía por toda Castilla y León, un negocio boyante con instalaciones cada vez más modernas y crematorios en varios puntos de Castilla y León. Tras cuatro años de investigación, se ha llegado a la conclusión, según figura en el escrito de la Fiscalía, de que 5.973 cadáveres –el 73,08% de las incineraciones– fueron extraídos de los ataúdes donde ser les iba a incinerar y que entraron el horno sobre maderas viejas o tapas de antiguos féretros. La práctica reportó a la familia Morchón unas ganancias ilícitas de 4.048.768,09 euros, según el ministerio público.
¿Cómo se pudo descubrir algo que se hizo durante dos décadas con total sigilo y oscuridad? Jugó un papel clave la avaricia de dos personas: la de un empleado que intentó extorsionar a su jefe, Ignacio Morchón Alonso, y la de este, que supuestamente urdió el fraude para multiplicar los beneficios de la empresa, se negó a ceder al chantaje de su trabajador y además dio por hecho que nadie investigaría el escándalo. La llamada Operación Ignis, en honor al dios del fuego, comenzó en 2017, después de que Morchón denunciase a Justo M., un extrabajador jubilado desde 2015 que pretendía que se le compensase por participar durante años en el cambiazo de los ataúdes, y disconforme con la pensión que le había quedado tras retirarse. El operario jubilado empezó a enviar mensajes a su exjefe que incluían imágenes de cadáveres. Convencido de que tenía las de ganar, el jefe se presentó en comisaría.
El trabajador chantajista acabó condenado pero el caso no acabó ahí: las pruebas existían y el juzgado abrió una pieza secreta. 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias USB con 207 fotografías y 44 vídeos, no dejaban lugar a dudas. Justo había estado documentando cada cambio de ataúd, había colocado carteles o esquelas sobre cada cadáver antes de meterlo en el horno sobre una vieja tapa o unos maderos, y había precisado incluso cuando esos cambiazos no se habían ejecutado por razones varias: desde que el muerto fuese drogadicto, hasta que estuviese demasiado gordo para moverlo, o que el propio proceso de descomposición hubiese afectado al féretro para poder vendérselo a otra familia.
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