- La factura de la costosa reordenación del sector bancario español sigue creciendo doce años después de su inicio formal y dieciséis después de su comienzo real sin que el Estado recupere el dinero y sin que los tribunales apenas detecten delincuentes entre los responsables de tamaño agujero.
El inminente cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, con la decisión de qué directivos se sientan en el banquillo por la ampliación de capital de 2016, marca un cambio de época justo cuando se cumplen doce años del anuncio del rescate bancario, mentado oficialmente por vez primera en un decreto del 4 de febrero de 2012, y casi quince de la primera intervención de una caja de ahorros, la de Castilla-La Mancha, en marzo de 2009 y tras fracasar su fusión con Unicaja.
¿En qué consiste ese cambio de época? Básicamente, en que, salvo que una eventual condena en el caso Popular acabara conllevando algún tipo de responsabilidad civil subsidiaria para el Estado, este habrá dejado de soportar los costes de recolocar el negocio de los bancos quebrados (para no dejar tirados a sus usuarios) y en que los directivos de estos perderán cualquier capacidad de enjuagar operaciones fraudulentas con dinero público antes de que Hacienda, el Banco de España o algún damnificado pueda hallar pruebas de ellas.
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