Multas por no hablar castellano y cambios en sanidad y educación: la cruzada de PP y Vox contra el catalán en Balears
Los tres primeros meses de gobierno autonómico del PP -con el apoyo de Vox- han estado marcados por una agenda anticatalana en la que los ultraderechistas siempre han intentado ir un paso más allá
— Una vendetta inesperada de Vox deja en el aire los primeros presupuestos del Govern balear del PP
Uno de los principales campos de batalla de Vox en Balears es cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán, pensado para garantizar que todos los estudiantes de las Islas conozcan la lengua propia del archipiélago, que se encuentra en retroceso en comparación con el castellano. Con este contexto como telón de fondo, este martes se ha producido uno de los plenos más tensos de la legislatura, después de que los ultraderechistas presentaran una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de “garantizar la libre elección de lengua” (castellano o catalán) en todas las etapas de educación infantil y primaria -hasta los doce años- a partir del próximo curso y que se extendiera al resto de fases educativas -ESO, Bachillerato y FP- desde 2025. La iniciativa no ha salido adelante porque el PP se ha abstenido y la oposición ha votado en contra. El PP se ha abstenido no porque esté en desacuerdo con Vox, sino porque discrepa del calendario que deben implementar para desplazar al catalán de la escuela pública.
Pero la educación no es el único ámbito donde PP y Vox están maniobrando para hacer retroceder el catalán en estos primeros 100 días de gobierno -sumido ahora en una profunda crisis después de que la ultraderecha haya boicoteado la tramitación de los presupuestos autonómicos como venganza contra el PP por abstenerse en la citada PNL-. A conservadores y ultraderechistas les ha dado tiempo a eliminar el requisito del catalán en la sanidad pública balear -que según ellos provocaba una fuga de profesionales e impedía la llegada de personal sanitario, a pesar de que no cuentan con ningún dato que avale esta teoría-. E, incluso, se están planteando la posibilidad de extender esta medida a toda la función pública -es decir, que para tener una plaza de funcionario no sea necesario acreditar ningún nivel de catalán-. Todo ello acompañado de una futura 'Oficina de Libertad Lingüística', ideada y dirigida por Vox para, a través de multas desorbitadas, “luchar contra la imposición del catalán” en Balears.
Derogar las leyes que promueven “enfrentamiento y división”
Prohens necesitó los votos de Vox en su investidura para hacerse con el bastón de mando en el Consolat de Mar, sede del Govern balear. Pese a que la extrema derecha no consiguió hacerse con ninguna conselleria -sí ostenta la presidencia del Parlament, la segunda autoridad balear-, condicionó el acuerdo de gobierno a un pacto programático de 110 medidas, firmado por PP y Vox, que implicaba, entre otras cuestiones, derogar “aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación”, al tiempo que el documento destacaba que se iba a promover “la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España”.
En los primeros meses de gobierno, el Ejecutivo de Prohens ha aprobado algunas medidas que ya iban incluidas en su programa electoral, como la citada eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública bajo el argumento de evitar una “fuga” de médicos, pese a reconocer que no contaban con datos exactos sobre la supuesta huida de los facultativos. La presidenta Prohens llegó a decir esta semana que ella quiere que “ir a trabajar a Balears sea un regalo, no un castigo”, en relación al requisito del catalán en la sanidad pública. Cabe destacar que antes de que entrara en vigor la medida, el título del B2 en catalán era una exigencia obligatoria para los profesionales sanitarios que quisieran optar para una plaza fija en la sanidad pública.
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