INDULTOS DEL GOBIERNO
Re: INDULTOS DEL GOBIERNO
¿Por qué será que quien mas tiene que callar es quien mas habla?
Aznar indultó en 1996 a 15 terroristas de Terra Lliure
Necesitaba los votos de CiU para ser presidente del Gobierno
https://www.elplural.com/politica/espan ... _269305102
Re: INDULTOS DEL GOBIERNO
Cuando estos dos sujetos estaban al frente del gobierno, se produjeron hechos antidemocráticos mucho más graves que el caso de la amnistía, caso Lasa y Zabala, caso Roldan, casi Juan Guerra, los eres andaluces, o mentir con la no entrada de España en la OTAN y luego hacer un referéndum engañoso en su pregunta, mantener el concordato con la iglesia, etc.
Estos dos elementos que no respetan el tiempo en el que viven quieren seguir mandando en un partido en que su ideario político está muy alejado del que ellos decían defender como socialistas, ahora se van escorando a la derecha, son ya centro derecha, no porque allí les hagan caso, no, solo porque allí les aplauden sus desbarres contra Sánchez.
Han echado a Nicolás Redondo y muy bien echado, pero éstos dos debieran estar ya fuera del partido. Y no son los únicos.
Por cierto, Gonzalez comenzó el tramite de la amnistía de Terra Lliure que finiquitó Aznar. En fin, debieran callarse o dejar el PsoE. Ya no caben allí.
Re: INDULTOS DEL GOBIERNO
Dinero, indultos a Terra Lliure y gobernadores civiles: cuando González y Aznar pactaban con los nacionalistas y España no se rompía
“He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”, dijo Arzalluz en 1996: los acuerdos que busca ahora Sánchez con Puigdemont tienen precedentes en negociaciones para investiduras pasadas con González, Aznar y Zapatero
España es un país diverso. No sólo en lo institucional, también políticamente. Ya lo dice la Constitución Española, que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que componen el Estado. No en vano las expresiones políticas y culturales regionalistas, nacionalistas o independentistas existen en España desde el siglo XIX, unas expresiones que, de una manera o de otra, siempre han tenido incidencia en el Gobierno o la gobernabilidad de todo el Estado, sobre todo en el siglo XX y el XXI, desde el Pacto de San Sebastián hasta la Segunda República, pasando por la Transición y las investiduras de todos aquellos presidentes que no lograron mayoría absoluta desde 1977.
El “Llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia”, la importancia del catalanismo en todas sus vertientes, así como el peso del PNV y la izquierda abertzale en los años 70 fueron decisivos para que la Constitución reconociera la existencia de “nacionalidades”, lo que fue una forma de asumir la plurinacionalidad de España.
¿Qué dirían hoy las bancadas del PP y de Vox, las que tan fuerte se golpean en el pecho constitucional, ante un debate semejante? ¿Si hay quien en la derecha habla de golpismo por permitir los discursos en el Congreso en las lenguas cooficiales, qué dirían si se blinda constitucionalmente la existencia de “nacionalidades” en España?
Después del debate constitucional, en el que participó como ponente el catalanista Miquel Roca –y también Jordi Solé Tura, del PSUC, pero no el PNV–, el siguiente momento relevante de la colaboración entre el Gobierno central llegó en 1993. Felipe González logró su cuarta victoria electoral, pero esta vez sin mayoría absoluta. En 1989 ya se sirvió del voto del diputado Luis Mardones, de Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) para sumar 176 escaños en la investidura. Pero en 1993, el PSOE se quedó más lejos.
González logró 159 escaños, a 17 de la mayoría absoluta. Y tenía ante sí dos opciones: mirar a su izquierda, a los 18 escaños de la IU de Julio Anguita. O mirar a su derecha, a los 17 escaños de la CiU de Jordi Pujol. Pero aquel Felipe González y su PSOE de 1993, que ya había sufrido huelgas generales, había pasado por procesos de privatización de empresas y reconversiones industriales, y que estaba a punto de que le estallaran casos de corrupción y de terrorismo de Estado, no dudó en desdeñar a su izquierda y buscar el acuerdo con los nacionalismos de derechas, hasta el punto de conseguir los votos de CiU y el PNV para su investidura.
Para ello, González, que llegó a ofrecer a CiU entrar en el Gobierno, cosa que no terminó ocurriendo, pactó con Pujol la “corresponsabilidad fiscal”, la cesión de la recaudación del 15% del IRPF, el desarrollo de los estatutos de autonomía, mayores cotas de autogobierno y el acceso a los fondos de cohesión europeos.
El PNV, por su parte, logró que se siguiera desarrollando el Estatuto de Gernika, aún con muchas competencias pendientes, pero también descartó entrar en el Ejecutivo.
La legislatura terminó antes de tiempo, con un gobierno que ya daba síntomas de agotamiento, y al que CiU le puso la puntilla al no apoyar los presupuestos de 1996. Las elecciones supusieron una victoria corta del PP, pero suficiente para llevar a José María Aznar a La Moncloa y para desalojar a Felipe González de la política institucional dos décadas después de su irrupción en las primeras Cortes tras la recuperación democrática, en junio de 1977.
José María Aznar logró 156 diputados en 1996, una cifra semejante a los escaños de González en 1993. Y la solución fue la misma: buscar un acuerdo con los nacionalismos de derechas, y pasar del “Pujol, enano, habla castellano” que cantaba la militancia del PP aquella noche en la sede del PP a que su líder y candidato reconociese hablar catalán “en la intimidad” y a unos pactos con CiU y el PNV que el presidente del nacionalismo vasco, Xabier Arzalluz, resumió así: “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”.
¿Conclusión? El 28 de abril de 1996, José María Aznar y Jordi Pujol cerraban en el hotel Majestic –el tradicional de las noches electorales convergentes, además del lugar en el que se negoció y selló el acuerdo– el voto afirmativo para la investidura del candidato popular. Al final, el 4 de mayo Aznar fue investido presidente por mayoría absoluta (181 votos) con el apoyo de CiU (16), PNV (5) y CC (4): es decir, nacionalistas vascos, catalanes y canarios.
A consecuencia del pacto del Majestic, al que Aznar incorporó al PNV aunque no era necesario gracias al concurso de CC, los populares acordaron con Pujol la reforma del sistema de financiación autonómica, y transferir a Catalunya las competencias de tráfico de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra, competencias en justicia, educación, cultura, agricultura, sanidad, puertos, farmacias, empleo medio ambiente, política lingüística y vivienda, entre otras.
Además, Aznar suprimió la figura del gobernador civil, clave para ejercer el poder y controlar las provincias durante el franquismo, que fue reemplazada por la del subdelegado del Gobierno, con menos competencias. Asímismo, se pusieron en marcha inversiones como las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y del puerto de Barcelona.
Y la guinda de todo el pastel: Aznar se comprometió ante Pujol a apartar a Aleix Vidal-Quadras de la presidencia del partido en Catalunya y a apoyar la gobernabilidad de la Generalitat catalana.
El PNV, por su parte, sólo dio el voto de investidura, no un pacto de legislatura, porque no logró el acuerdo fiscal para Euskadi que reclamaba, si bien sí logró el compromiso de seguir desarrollando el Estatuto de Gernika.
Durante el mandato de Aznar, además, se concedieron 5.948 indultos. Entre ellos, 16 miembros de Terra Lliure condenados por terrorismo en un procedimiento iniciado por el Gobierno de Felipe González. Asímismo, Aznar aprobó indultos parciales –dos tercios de su pena– para la cúpula de Interior de Felipe González condenada por delitos atribuidos a los GAL. En concreto, el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra.
En efecto, Aznar, que se ha erigido en los últimos días como ariete contra la amnistía a los independentistas, indultó en un día a más personas que las 1.432 que el independentismo quiere amnistiar.
Zapatero y el Estatut
Si González y Aznar llegaron con CiU y PNV a acuerdos más pragmáticos que políticos en cuanto a la concepción del Estado; si en los 90 se hablaba más de dinero que de Estado plurinacional, en los 2000, con la entrada en juego de partidos como ERC, BNG, IU y CHA a las negociaciones de investidura el contenido político de los acuerdos es diferente a los alcanzados en el pasado con los nacionalismos de derechas.
Y eso que arrancó con José Luis Rodríguez Zapatero, que también tenía espejo en los tripartitos catalanes de Pasqual Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010) con ERC e ICV, y en el granero de votos que supuso Catalunya para el entonces presidente del Gobierno.
Así, el líder del PSOE se comprometió a aprobar un nuevo Estatuto que vendría a resolver por al menos una generación el encaje de Catalunya, que además sería un texto emanado de las Cortes catalanas, al que daría el visto bueno el Congreso –después de ser “cepillado” por la comisión parlamentaria Constitucional, según su presidente entonces, Alfonso Guerra– , y que sería ratificado en referéndum por la ciudadanía en Catalunya en 2006. Y eso pasó.
Pero luego, en 2010, ya con la segunda legislatura de Zapatero, vino el Tribunal Constitucional a modificar sustancialmente lo aprobado en referéndum –posteriormente se aprobó una modificación legislativa para que los fallos del TC no pudieran revertir lo aprobado en referéndum, sino antes–.
Al final del Gobierno de Zapatero irrumpió el 15M, que terminó agrietando el bipartidismo político español a partir de 2014, fundamentalmente con Podemos. Pero, antes, en las elecciones de diciembre de 2011, Mariano Rajoy logró mayoría absoluta y fue investido sin necesidad de pactos con partidos nacionalistas, regionalistas o independentistas –y le estalló el 9N de 2014 en Catalunya–.
El nuevo ciclo político arrancó definitivamente en lo institucional con las elecciones del 20D de 2015 –si bien el anticipo fueron las europeas de 2014 y las municipales de 2015–: el bipartidismo saltaba por los aires, PP y PSOE se iban a mínimos electorales, y se requería el concurso de otras fuerzas, nuevas y no tan nuevas, para asegurar no sólo una investidura, sino la gobernabilidad del país.
Pero las estructuras de los grandes partidos tardaron en verlo –la mayoría de la moción de censura que ganó Sánchez en junio de 2018 ya existía en diciembre de 2015–, y Rajoy pasó por 315 días en funciones, con una repetición electoral el 26J de 2016, investiduras fallidas y un golpe de mano en el PSOE para lograr ser investido en octubre de 2016 gracias a los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria y la abstención de 68 de los 85 diputados del PSOE.
El 1-O le estalla a Rajoy
Rajoy logró ser presidente el 31 de octubre de 2016. Un año después, le estallaba el 1-O en Catalunya. Cinco años antes, en septiembre de 2012, se había negado a negociar el pacto fiscal que le había ofrecido el entonces president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
Pero el Gobierno de Rajoy fue mucho más corto de lo que se podía imaginar y pocos días después de salvar los presupuestos de 2018 con el voto del PNV, perdió la primera moción de censura de la historia ante un candidato que ni siquiera era diputado, Pedro Sánchez.
Para esa moción de censura, Sánchez reeditó una suerte de Pacto de San Sebastián, como el firmado en 1930 por la oposición republicana, incluidos nacionalistas catalanes y gallegos, para tumbar un Gobierno golpeado por las sentencias de corrupción. Sánchez logró 180 votos: 84 del PSOE; 67 de UP; nueve de ERC; ocho del PDeCAT; cinco del PNV; cuatro de Compromís; dos de EH Bildu, y uno de Nueva Canaria.
En contra de la moción de censura votaron 169 diputados: 134 del PP; 32 de Ciudadanos; dos de UPN y dos de Foro Asturias, mientras que la diputada de Coalición Canaria –Ana Oramas–, se abstuvo.
Aquel Gobierno de Sánchez, en solitario con 84 diputados, cayó unos meses después por la negativa de los partidos catalanes, fundamentalmente, a aprobar los presupuestos de 2019, los primeros acordados por PSOE y UP. Las elecciones de abril se repitieron en noviembre por las dificultades de Sánchez para sellar un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias, que finalmente ocurrió a finales de 2019, lo que alumbró el primer gobierno de coalición en enero de 2020.
Aquel pacto contó con el apoyo de 120 diputados del PSOE; 35 de UP; seis del PNV; dos de MP, uno de Compromís; uno de Nueva Canaria; uno de BNG y uno de Teruel Existe.
En aquella votación los ocho de Junts votaron en contra; y resultaron decisivas las abstenciones de los 13 de ERC y de los 5 de EH Bildu.
Una vez más, el concurso de partidos nacionalistas, regionalistas o independentistas resultaban esenciales para la gobernabilidad de España. Y fruto de aquella legislatura iniciada en enero de 2020 con fuerzas plurinacionales fue el camino para buscar la distensión con Catalunya, después del 1-O –y el 155 que votaron PP y PSOE–, la sentencia del procés que llevó a la cárcel a líderes independentistas y la salida de España de otros líderes, como el ex president Carles Puigdemont.
¿Por ejemplo? Los indultos y la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación. “Seré coherente con la política de normalización en Cataluña, y ya estoy diciendo mucho”, ha avanzado Pedro Sánchez esta semana desde Nueva York, abriendo paso al siguiente escalón: la amnistía que reclama Carles Puigdemont para dar sus votos en la investidura del líder socialista para un Gobierno de coalición con Sumar y Yolanda Díaz. Eso sí, eso será una vez que pase el trámite de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo; fallida, entre otras cosas, por su incapacidad para llegar a acuerdos que no sean la extrema derecha de Vox.
Pero Puigdemont no quiere sólo eso. Los requisitos marcados por el expresident para la investidura suponen un paso previo a la negociación que ha de desembocar en un acuerdo como el que “ningún régimen ni Gobierno español ha sido capaz de alcanzar desde 1714”. Es decir, un nuevo acuerdo constitucional con el que el Estado reconozca a Catalunya como nación y, por tanto, con derecho a autodeterminarse (aunque no necesariamente a la independencia).
“Catalunya es una nación, una vieja nación europea que se ha visto atacada en su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714”, afirmó el expresidente catalán hace un par de semanas desde Bruselas, que ve en la independencia la única vía posible para la “supervivencia de Catalunya como nación”. “Correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por el camino de las promesas y las palabras, sino por la de los hechos”, dijo.
Las negociaciones de ahora entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, los acuerdos de legislatura que puedan abarcar a ERC o EH Bildu –una década después de la desaparición de ETA–, los pactos con el PNV... Pueden cambiar los interlocutores, los acentos y prioridades, mirar más a la economía o a la política, a la financiación o al reconocimiento territorial, a la derecha o a la izquierda, pero han sido una constante de la política española con todos los inquilinos de La Moncloa que precedieron al actual.
Y, de momento, la Constitución española, que reconoce a las “nacionalidades”, sigue siendo la misma.
https://www.eldiario.es/politica/dinero ... 33422.html
“He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”, dijo Arzalluz en 1996: los acuerdos que busca ahora Sánchez con Puigdemont tienen precedentes en negociaciones para investiduras pasadas con González, Aznar y Zapatero
España es un país diverso. No sólo en lo institucional, también políticamente. Ya lo dice la Constitución Española, que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que componen el Estado. No en vano las expresiones políticas y culturales regionalistas, nacionalistas o independentistas existen en España desde el siglo XIX, unas expresiones que, de una manera o de otra, siempre han tenido incidencia en el Gobierno o la gobernabilidad de todo el Estado, sobre todo en el siglo XX y el XXI, desde el Pacto de San Sebastián hasta la Segunda República, pasando por la Transición y las investiduras de todos aquellos presidentes que no lograron mayoría absoluta desde 1977.
El “Llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia”, la importancia del catalanismo en todas sus vertientes, así como el peso del PNV y la izquierda abertzale en los años 70 fueron decisivos para que la Constitución reconociera la existencia de “nacionalidades”, lo que fue una forma de asumir la plurinacionalidad de España.
¿Qué dirían hoy las bancadas del PP y de Vox, las que tan fuerte se golpean en el pecho constitucional, ante un debate semejante? ¿Si hay quien en la derecha habla de golpismo por permitir los discursos en el Congreso en las lenguas cooficiales, qué dirían si se blinda constitucionalmente la existencia de “nacionalidades” en España?
Después del debate constitucional, en el que participó como ponente el catalanista Miquel Roca –y también Jordi Solé Tura, del PSUC, pero no el PNV–, el siguiente momento relevante de la colaboración entre el Gobierno central llegó en 1993. Felipe González logró su cuarta victoria electoral, pero esta vez sin mayoría absoluta. En 1989 ya se sirvió del voto del diputado Luis Mardones, de Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) para sumar 176 escaños en la investidura. Pero en 1993, el PSOE se quedó más lejos.
González logró 159 escaños, a 17 de la mayoría absoluta. Y tenía ante sí dos opciones: mirar a su izquierda, a los 18 escaños de la IU de Julio Anguita. O mirar a su derecha, a los 17 escaños de la CiU de Jordi Pujol. Pero aquel Felipe González y su PSOE de 1993, que ya había sufrido huelgas generales, había pasado por procesos de privatización de empresas y reconversiones industriales, y que estaba a punto de que le estallaran casos de corrupción y de terrorismo de Estado, no dudó en desdeñar a su izquierda y buscar el acuerdo con los nacionalismos de derechas, hasta el punto de conseguir los votos de CiU y el PNV para su investidura.
Para ello, González, que llegó a ofrecer a CiU entrar en el Gobierno, cosa que no terminó ocurriendo, pactó con Pujol la “corresponsabilidad fiscal”, la cesión de la recaudación del 15% del IRPF, el desarrollo de los estatutos de autonomía, mayores cotas de autogobierno y el acceso a los fondos de cohesión europeos.
El PNV, por su parte, logró que se siguiera desarrollando el Estatuto de Gernika, aún con muchas competencias pendientes, pero también descartó entrar en el Ejecutivo.
La legislatura terminó antes de tiempo, con un gobierno que ya daba síntomas de agotamiento, y al que CiU le puso la puntilla al no apoyar los presupuestos de 1996. Las elecciones supusieron una victoria corta del PP, pero suficiente para llevar a José María Aznar a La Moncloa y para desalojar a Felipe González de la política institucional dos décadas después de su irrupción en las primeras Cortes tras la recuperación democrática, en junio de 1977.
José María Aznar logró 156 diputados en 1996, una cifra semejante a los escaños de González en 1993. Y la solución fue la misma: buscar un acuerdo con los nacionalismos de derechas, y pasar del “Pujol, enano, habla castellano” que cantaba la militancia del PP aquella noche en la sede del PP a que su líder y candidato reconociese hablar catalán “en la intimidad” y a unos pactos con CiU y el PNV que el presidente del nacionalismo vasco, Xabier Arzalluz, resumió así: “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”.
¿Conclusión? El 28 de abril de 1996, José María Aznar y Jordi Pujol cerraban en el hotel Majestic –el tradicional de las noches electorales convergentes, además del lugar en el que se negoció y selló el acuerdo– el voto afirmativo para la investidura del candidato popular. Al final, el 4 de mayo Aznar fue investido presidente por mayoría absoluta (181 votos) con el apoyo de CiU (16), PNV (5) y CC (4): es decir, nacionalistas vascos, catalanes y canarios.
A consecuencia del pacto del Majestic, al que Aznar incorporó al PNV aunque no era necesario gracias al concurso de CC, los populares acordaron con Pujol la reforma del sistema de financiación autonómica, y transferir a Catalunya las competencias de tráfico de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra, competencias en justicia, educación, cultura, agricultura, sanidad, puertos, farmacias, empleo medio ambiente, política lingüística y vivienda, entre otras.
Además, Aznar suprimió la figura del gobernador civil, clave para ejercer el poder y controlar las provincias durante el franquismo, que fue reemplazada por la del subdelegado del Gobierno, con menos competencias. Asímismo, se pusieron en marcha inversiones como las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y del puerto de Barcelona.
Y la guinda de todo el pastel: Aznar se comprometió ante Pujol a apartar a Aleix Vidal-Quadras de la presidencia del partido en Catalunya y a apoyar la gobernabilidad de la Generalitat catalana.
El PNV, por su parte, sólo dio el voto de investidura, no un pacto de legislatura, porque no logró el acuerdo fiscal para Euskadi que reclamaba, si bien sí logró el compromiso de seguir desarrollando el Estatuto de Gernika.
Durante el mandato de Aznar, además, se concedieron 5.948 indultos. Entre ellos, 16 miembros de Terra Lliure condenados por terrorismo en un procedimiento iniciado por el Gobierno de Felipe González. Asímismo, Aznar aprobó indultos parciales –dos tercios de su pena– para la cúpula de Interior de Felipe González condenada por delitos atribuidos a los GAL. En concreto, el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra.
En efecto, Aznar, que se ha erigido en los últimos días como ariete contra la amnistía a los independentistas, indultó en un día a más personas que las 1.432 que el independentismo quiere amnistiar.
Zapatero y el Estatut
Si González y Aznar llegaron con CiU y PNV a acuerdos más pragmáticos que políticos en cuanto a la concepción del Estado; si en los 90 se hablaba más de dinero que de Estado plurinacional, en los 2000, con la entrada en juego de partidos como ERC, BNG, IU y CHA a las negociaciones de investidura el contenido político de los acuerdos es diferente a los alcanzados en el pasado con los nacionalismos de derechas.
Y eso que arrancó con José Luis Rodríguez Zapatero, que también tenía espejo en los tripartitos catalanes de Pasqual Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010) con ERC e ICV, y en el granero de votos que supuso Catalunya para el entonces presidente del Gobierno.
Así, el líder del PSOE se comprometió a aprobar un nuevo Estatuto que vendría a resolver por al menos una generación el encaje de Catalunya, que además sería un texto emanado de las Cortes catalanas, al que daría el visto bueno el Congreso –después de ser “cepillado” por la comisión parlamentaria Constitucional, según su presidente entonces, Alfonso Guerra– , y que sería ratificado en referéndum por la ciudadanía en Catalunya en 2006. Y eso pasó.
Pero luego, en 2010, ya con la segunda legislatura de Zapatero, vino el Tribunal Constitucional a modificar sustancialmente lo aprobado en referéndum –posteriormente se aprobó una modificación legislativa para que los fallos del TC no pudieran revertir lo aprobado en referéndum, sino antes–.
Al final del Gobierno de Zapatero irrumpió el 15M, que terminó agrietando el bipartidismo político español a partir de 2014, fundamentalmente con Podemos. Pero, antes, en las elecciones de diciembre de 2011, Mariano Rajoy logró mayoría absoluta y fue investido sin necesidad de pactos con partidos nacionalistas, regionalistas o independentistas –y le estalló el 9N de 2014 en Catalunya–.
El nuevo ciclo político arrancó definitivamente en lo institucional con las elecciones del 20D de 2015 –si bien el anticipo fueron las europeas de 2014 y las municipales de 2015–: el bipartidismo saltaba por los aires, PP y PSOE se iban a mínimos electorales, y se requería el concurso de otras fuerzas, nuevas y no tan nuevas, para asegurar no sólo una investidura, sino la gobernabilidad del país.
Pero las estructuras de los grandes partidos tardaron en verlo –la mayoría de la moción de censura que ganó Sánchez en junio de 2018 ya existía en diciembre de 2015–, y Rajoy pasó por 315 días en funciones, con una repetición electoral el 26J de 2016, investiduras fallidas y un golpe de mano en el PSOE para lograr ser investido en octubre de 2016 gracias a los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria y la abstención de 68 de los 85 diputados del PSOE.
El 1-O le estalla a Rajoy
Rajoy logró ser presidente el 31 de octubre de 2016. Un año después, le estallaba el 1-O en Catalunya. Cinco años antes, en septiembre de 2012, se había negado a negociar el pacto fiscal que le había ofrecido el entonces president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
Pero el Gobierno de Rajoy fue mucho más corto de lo que se podía imaginar y pocos días después de salvar los presupuestos de 2018 con el voto del PNV, perdió la primera moción de censura de la historia ante un candidato que ni siquiera era diputado, Pedro Sánchez.
Para esa moción de censura, Sánchez reeditó una suerte de Pacto de San Sebastián, como el firmado en 1930 por la oposición republicana, incluidos nacionalistas catalanes y gallegos, para tumbar un Gobierno golpeado por las sentencias de corrupción. Sánchez logró 180 votos: 84 del PSOE; 67 de UP; nueve de ERC; ocho del PDeCAT; cinco del PNV; cuatro de Compromís; dos de EH Bildu, y uno de Nueva Canaria.
En contra de la moción de censura votaron 169 diputados: 134 del PP; 32 de Ciudadanos; dos de UPN y dos de Foro Asturias, mientras que la diputada de Coalición Canaria –Ana Oramas–, se abstuvo.
Aquel Gobierno de Sánchez, en solitario con 84 diputados, cayó unos meses después por la negativa de los partidos catalanes, fundamentalmente, a aprobar los presupuestos de 2019, los primeros acordados por PSOE y UP. Las elecciones de abril se repitieron en noviembre por las dificultades de Sánchez para sellar un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias, que finalmente ocurrió a finales de 2019, lo que alumbró el primer gobierno de coalición en enero de 2020.
Aquel pacto contó con el apoyo de 120 diputados del PSOE; 35 de UP; seis del PNV; dos de MP, uno de Compromís; uno de Nueva Canaria; uno de BNG y uno de Teruel Existe.
En aquella votación los ocho de Junts votaron en contra; y resultaron decisivas las abstenciones de los 13 de ERC y de los 5 de EH Bildu.
Una vez más, el concurso de partidos nacionalistas, regionalistas o independentistas resultaban esenciales para la gobernabilidad de España. Y fruto de aquella legislatura iniciada en enero de 2020 con fuerzas plurinacionales fue el camino para buscar la distensión con Catalunya, después del 1-O –y el 155 que votaron PP y PSOE–, la sentencia del procés que llevó a la cárcel a líderes independentistas y la salida de España de otros líderes, como el ex president Carles Puigdemont.
¿Por ejemplo? Los indultos y la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación. “Seré coherente con la política de normalización en Cataluña, y ya estoy diciendo mucho”, ha avanzado Pedro Sánchez esta semana desde Nueva York, abriendo paso al siguiente escalón: la amnistía que reclama Carles Puigdemont para dar sus votos en la investidura del líder socialista para un Gobierno de coalición con Sumar y Yolanda Díaz. Eso sí, eso será una vez que pase el trámite de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo; fallida, entre otras cosas, por su incapacidad para llegar a acuerdos que no sean la extrema derecha de Vox.
Pero Puigdemont no quiere sólo eso. Los requisitos marcados por el expresident para la investidura suponen un paso previo a la negociación que ha de desembocar en un acuerdo como el que “ningún régimen ni Gobierno español ha sido capaz de alcanzar desde 1714”. Es decir, un nuevo acuerdo constitucional con el que el Estado reconozca a Catalunya como nación y, por tanto, con derecho a autodeterminarse (aunque no necesariamente a la independencia).
“Catalunya es una nación, una vieja nación europea que se ha visto atacada en su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714”, afirmó el expresidente catalán hace un par de semanas desde Bruselas, que ve en la independencia la única vía posible para la “supervivencia de Catalunya como nación”. “Correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por el camino de las promesas y las palabras, sino por la de los hechos”, dijo.
Las negociaciones de ahora entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, los acuerdos de legislatura que puedan abarcar a ERC o EH Bildu –una década después de la desaparición de ETA–, los pactos con el PNV... Pueden cambiar los interlocutores, los acentos y prioridades, mirar más a la economía o a la política, a la financiación o al reconocimiento territorial, a la derecha o a la izquierda, pero han sido una constante de la política española con todos los inquilinos de La Moncloa que precedieron al actual.
Y, de momento, la Constitución española, que reconoce a las “nacionalidades”, sigue siendo la misma.
https://www.eldiario.es/politica/dinero ... 33422.html
Re: INDULTOS DEL GOBIERNO
Tejero y Milans del Bosch, si no recuerdo mal, no fueron indultados, aunque el PP si pidió que lo fueran. Conviene recordar esto último para tanta mente olvidadiza como hay.
Lo que sí se les concedió fue la libertad condicional.
Lo que sí se les concedió fue la libertad condicional.
Re: INDULTOS DEL GOBIERNO
Armada si fue indultado por razones de salud en 1988. Murió a los 93 años en 2013 en su pazo de Santa Cruz de Rivadulla, en A Coruña.
Los otros dos no, en eso tienes razón.
Los otros dos no, en eso tienes razón.
Re: INDULTOS DEL GOBIERNO
IDEAS PROPIAS
Los paladines
En estos días ha trascendido en los medios una carta remitida por la conservadora Asociación de Fiscales a la Comisión, en la que piden que las instituciones europeas activen procedimientos sancionadores contra nuestro país por “la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho en España, en el marco de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para la investidura como presidente del Gobierno del candidato del Partido Socialista Obrero Español, el Sr. don Pedro Sánchez”.
Es necesario que el lector tenga claro que cuando hablamos de la Asociación de Fiscales, no quiere decir que se trate del Ministerio Público, sino de algunos fiscales que, al amparo del art. 54 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, decidieron crear esta asociación profesional, recalcando al lector lo de asociación de algunos funcionarios de ese colectivo (25%).
El indulto es una medida de gracia dispuesta desde el ejecutivo, y sometida evidentemente a la limitación de no convertirse en una herramienta con alcance generalista
Pues bien, esta asociación de funcionarios públicos, en un claro acto de deslealtad institucional hacia el Estado español, se permite dirigir una carta a la Comisión Europea solicitando nada menos que activar un procedimiento de sanciones a nuestro país. Un procedimiento establecido para casos de graves violaciones de los valores europeos.
De primeras adelanto que, muy probablemente, ni atiendan esta estrambótica iniciativa de quienes se han constituido en paladines del candidato popular caído. No sé si motu proprio o por distribución de funciones.
El art. 54 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público permite la creación de estas asociaciones privadas, pero lo que no permite, y de hecho prohíbe expresamente, es que estas asociaciones excedan de los límites establecidos, que no son otros que “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros”, la realización de “estudios” o “actividades encaminadas al servicio de la justicia en general”. Esta asociación se ampara en el último pasaje, invocando que presenta su solicitud en “defensa del sistema de justicia”, llegando a afirmar que buscan la “independencia del Poder Judicial”. En ningún artículo regulador de los fines legítimos de estas asociaciones de funcionarios se expresa que puedan interferir en procesos de investidura, posicionarse sobre futuribles legislativos, y, mucho menos, dirigirse a instancias internacionales para solicitar sanciones al país al que sirven. Tampoco se entiende el vínculo entre la independencia del Poder Judicial y un proceso de investidura que se está gestando en la sede de la soberanía popular, el Poder Legislativo.
Deslealtad
Es más, no sólo lo anterior está fuera de sus fines, sino que el mismo art. 54 identifica que “[c]uando las Asociaciones profesionales incurrieren en actividades contrarias a la ley o que excedieren del marco de los Estatutos, el Fiscal General del Estado podrá instar, por los trámites de juicio declarativo ordinario, la disolución de la Asociación. La competencia para acordarla corresponderá a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, con carácter, cautelar, podrá acordar la suspensión de la misma”.
Igual sería necesario que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo analicen si la referida carta, donde se plasma una clara deslealtad a nuestro país, reclamando sanciones para España, no ameritaría una revisión en profundidad de esta asociación.
Al margen de lo anterior, el acto de deslealtad que materializan con esa carta no es precisamente aséptico, es decir, no se trata de un ataque a nuestro país, en forma desleal pero imparcial. No, todo lo contrario, la carta destila posicionamientos claramente partidistas, siendo un manifiesto de apoyo a uno de los candidatos a la investidura, el Sr. Núñez Feijóo. No lo ocultan, abiertamente afirman que el candidato del Partido Popular, según ellos, ha “expresamente descartado” la “condición” relativa a una Ley de Amnistía. Aunque la interpretación más acertada debería ser que no hay fuerza del arco parlamentario español, excepto la extrema derecha de VOX, que quiera siquiera sentarse a negociar con el Sr. Feijóo, lo cual no habla bien del partido al que representa.
Sin embargo, tal conclusión es omitida por estos funcionarios cuando retratan a la Comisión Europea una supuesta valentía del candidato caído. Aunque, eso sí, no dudan en afirmar que, por el contrario, “el Sr. Sánchez Pérez-Castejón” no ha desechado lo que ellos consideran un apocalipsis, la posibilidad de una Ley de Amnistía. Y yo me pregunto, ¿conocen estos fiscales el contenido de esas reuniones? ¿Han participado en las negociaciones de investidura? En definitiva, parecería como si, más que fiscales independientes que operan en el ámbito de la justicia, fueran piezas partisanas del tablero político en un apoyo sin cortapisas al Partido Popular.
Los "argumentos jurídicos"
El lector se preguntará: ¿Cuáles son los argumentos jurídicos que esgrimen estos fiscales, ilustres juristas, para solicitar tamaña medida sancionadora contra nuestro país? Pues bien, los argumentos jurídicos son los siguientes.
En primer lugar, afirman que “se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España, lo que exigiría, a nuestro juicio, la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia, sin descartar lo dispuesto en el art. 7, en relación con el art. 2, del Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE), en coherencia con la jurisprudencia del TJUE”.
Para solicitar tamaña medida, nada menos que la intervención de la Unión Europea vía un procedimiento sancionador, esgrimen que: “En primer lugar, se debe señalar que la CE no menciona la amnistía en su articulado. Este hecho es utilizado por los partidarios de esta medida como una habilitación para su aprobación. Sin embargo, no todo lo que no está prohibido expresamente en la CE está necesariamente permitido”, y como ejemplo hacen referencia a la “esclavitud”, que no se encuentra prohibida en la Carta Magna, pero según ellos puede “deducirse” de los valores y principios de la UE, así como de tratados internacionales.
El ejemplo que exponen para sustentar su argumento (que algo que no está prohibido por la CE no quiere decir que pueda articularse) es absolutamente falaz. La esclavitud está prohibida en convenciones internacionales ratificadas por España. Además, es un crimen internacional y así lo recoge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, también ratificado por España. En definitiva, la prohibición de la esclavitud y su persecución penal es una norma de ius cogens internacional, de obligado cumplimiento para todos los Estados. Por lo tanto, aunque no está expresamente prohibida en la Constitución, indiscutiblemente es una conducta prohibida en el Derecho internacional, y, por lo tanto, nuestro sistema legislativo no puede disponer de esta figura.
La verdadera pregunta que deberían haber planteado sería: ¿Todo lo que no esté prohibido en el Derecho internacional o en la Constitución española puede disponerse por el Poder Legislativo? Y entonces, en contra de lo que afirman, la respuesta es sí. La soberanía popular reside en las Cortes Generales, que legislan y construyen nuestro sistema legislativo, con sujeción absoluta a la Constitución como norma suprema del ordenamiento y a todas las fuentes internacionales de obligado cumplimiento. Por debajo de esos límites normativos, el Poder Legislativo es soberano, por supuesto que lo es, y legisla por el interés general.
Peras y manzanas
Posteriormente comparan el indulto, como medida de gracia, dispuesto por el rey a través del Poder Ejecutivo, con las amnistías. Y para ello insisten en que la Constitución prohíbe los indultos generales. De esta forma, concluyen que “si la CE prohíbe una figura de efectos mucho más limitados como es el indulto general, debe deducirse necesariamente que no admite una medida de efectos mucho más extensivos como es la amnistía. En definitiva: prohibido lo menos, prohibido lo más”.
Lo que hace esta asociación privada de funcionarios es comparar peras y manzanas. El indulto es una medida de gracia dispuesta desde el ejecutivo, y sometida evidentemente a la limitación de no convertirse en una herramienta con alcance generalista. Pero, la amnistía se acuerda mediante ley por parte del legislativo, por lo que es una institución totalmente diferente. Por ello, comparar una figura con otra para concluir que “prohibido lo menos, prohibido lo más” carece de todo sentido, toda vez que no son figuras jurídicas asimilables entre ellas, y mucho menos para enfrentarlas y utilizar un juego de palabras cuantitativo dirigido a confundir la buena fe de la ciudadanía española.
Por otro lado, estos y estas fiscales de la AF hacen referencia a los anteriores casos en los que se han aplicado amnistías en España, presentando estas situaciones ante la Comisión Europea en forma absolutamente sesgada.
Jamás vi una deslealtad mayor por parte de un grupo de funcionarios públicos que dicen servir a España y que, sin embargo, solo sirven de meros paladines de un candidato frustrado en su legítimo derecho de llegar a la presidencia del gobierno
Recuerdan que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la Ley de Amnistía de 1977 como norma desplegada para “contribuir a la reconciliación nacional”, una medida que según estos funcionarios “fue absolutamente decisiva para culminar la exitosa y admirada transición política española”. Es decir, para ellos, esa amnistía tiene toda la validez jurídica, y según vemos política, básicamente porque así lo afirmó el Tribunal Constitucional. Pero cabe preguntarse, ¿no sería entonces deseable por lealtad institucional que estos funcionarios, antes de dirigirse a la Comisión Europea contra el Estado al que sirven, esperaran a que esa ley existiera y a que el Tribunal Constitucional resolviera sobre la misma? Parece que no, que en relación a la Ley de Amnistía de 1977 interesa sacar a pasear al Tribunal Constitucional, pero en relación a una potencial, supuesta y presunta futura ley que nadie ha visto, no es recomendable esperar a que ese mismo Tribunal Constitucional se pudiera pronunciar.
Servir al candidato frustrado
Con todo, lo más chocante es que estos funcionarios afirmen que “[l]a amnistía que ahora se plantea nada tiene que ver con esos loables fines". Siguen ensalzando la Ley de Amnistía de 1977 contra una ley que aún no han visto. Pero olvidan resaltar que la Ley de Amnistía de 1977, además de permitir solventar la situación de los presos políticos del franquismo, ha sido torticeramente utilizada por nuestro sistema judicial, hasta el día de hoy, para no perseguir los crímenes cometidos por las autoridades del régimen dictatorial, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, torturas sistemáticas y desaparición forzada de personas, es decir, crímenes de lesa humanidad. Precisamente, el Derecho internacional declara nula toda medida de amnistía que genere impunidad en relación a este tipo de crímenes. Es por ello que nuestro país ha recibido múltiples críticas de organismos internacionales, precisamente por utilizar nuestros tribunales la Ley de Amnistía de 1977 como parapeto para no investigar crímenes internacionales de la envergadura de los cometidos por el franquismo.
Con estos pervertidos argumentos jurídicos, un conjunto de funcionarios públicos, cuya legitimidad popular en origen no es más que un examen memorístico y que, por ello, deben ganársela día a día defendiéndonos de forma independiente y con sujeción a la ley, se enfrentan nada menos que a la soberanía popular, cuestionando un proceso de investidura, donde se encuentran representados millones de electores, que proviene de una votación democrática. Y los cuestionamientos los realizan sobre la base de futuribles y vaguedades, en relación a una ley que no han visto, a cerca de la cual no ha podido pronunciarse, por obvias razones, el Tribunal Constitucional y esgrimiendo un conjunto enorme de especulaciones y afirmaciones jurídicas cuando menos cuestionables.
Sobre la base de todo lo anterior, se atreven nada menos que a solicitar, en el cierre de su carta, que la Unión Europea apruebe el procedimiento sancionador del art. 7 TUE, y, por si eso fuera poco, adicionalmente solicitan que se aplique el Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, medidas que como ciudadanos nos perjudicarían a todos.
Jamás vi una deslealtad mayor por parte de un grupo de funcionarios públicos que dicen servir a España y que, sin embargo, solo sirven de meros paladines de un candidato frustrado en su legítimo derecho de llegar a la presidencia del gobierno.
_______________________
Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, del ensayo 'Los disfraces del fascismo (Planeta).
https://www.infolibre.es/opinion/ideas- ... -105386081
Los paladines
En estos días ha trascendido en los medios una carta remitida por la conservadora Asociación de Fiscales a la Comisión, en la que piden que las instituciones europeas activen procedimientos sancionadores contra nuestro país por “la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho en España, en el marco de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para la investidura como presidente del Gobierno del candidato del Partido Socialista Obrero Español, el Sr. don Pedro Sánchez”.
Es necesario que el lector tenga claro que cuando hablamos de la Asociación de Fiscales, no quiere decir que se trate del Ministerio Público, sino de algunos fiscales que, al amparo del art. 54 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, decidieron crear esta asociación profesional, recalcando al lector lo de asociación de algunos funcionarios de ese colectivo (25%).
El indulto es una medida de gracia dispuesta desde el ejecutivo, y sometida evidentemente a la limitación de no convertirse en una herramienta con alcance generalista
Pues bien, esta asociación de funcionarios públicos, en un claro acto de deslealtad institucional hacia el Estado español, se permite dirigir una carta a la Comisión Europea solicitando nada menos que activar un procedimiento de sanciones a nuestro país. Un procedimiento establecido para casos de graves violaciones de los valores europeos.
De primeras adelanto que, muy probablemente, ni atiendan esta estrambótica iniciativa de quienes se han constituido en paladines del candidato popular caído. No sé si motu proprio o por distribución de funciones.
El art. 54 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público permite la creación de estas asociaciones privadas, pero lo que no permite, y de hecho prohíbe expresamente, es que estas asociaciones excedan de los límites establecidos, que no son otros que “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros”, la realización de “estudios” o “actividades encaminadas al servicio de la justicia en general”. Esta asociación se ampara en el último pasaje, invocando que presenta su solicitud en “defensa del sistema de justicia”, llegando a afirmar que buscan la “independencia del Poder Judicial”. En ningún artículo regulador de los fines legítimos de estas asociaciones de funcionarios se expresa que puedan interferir en procesos de investidura, posicionarse sobre futuribles legislativos, y, mucho menos, dirigirse a instancias internacionales para solicitar sanciones al país al que sirven. Tampoco se entiende el vínculo entre la independencia del Poder Judicial y un proceso de investidura que se está gestando en la sede de la soberanía popular, el Poder Legislativo.
Deslealtad
Es más, no sólo lo anterior está fuera de sus fines, sino que el mismo art. 54 identifica que “[c]uando las Asociaciones profesionales incurrieren en actividades contrarias a la ley o que excedieren del marco de los Estatutos, el Fiscal General del Estado podrá instar, por los trámites de juicio declarativo ordinario, la disolución de la Asociación. La competencia para acordarla corresponderá a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, con carácter, cautelar, podrá acordar la suspensión de la misma”.
Igual sería necesario que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo analicen si la referida carta, donde se plasma una clara deslealtad a nuestro país, reclamando sanciones para España, no ameritaría una revisión en profundidad de esta asociación.
Al margen de lo anterior, el acto de deslealtad que materializan con esa carta no es precisamente aséptico, es decir, no se trata de un ataque a nuestro país, en forma desleal pero imparcial. No, todo lo contrario, la carta destila posicionamientos claramente partidistas, siendo un manifiesto de apoyo a uno de los candidatos a la investidura, el Sr. Núñez Feijóo. No lo ocultan, abiertamente afirman que el candidato del Partido Popular, según ellos, ha “expresamente descartado” la “condición” relativa a una Ley de Amnistía. Aunque la interpretación más acertada debería ser que no hay fuerza del arco parlamentario español, excepto la extrema derecha de VOX, que quiera siquiera sentarse a negociar con el Sr. Feijóo, lo cual no habla bien del partido al que representa.
Sin embargo, tal conclusión es omitida por estos funcionarios cuando retratan a la Comisión Europea una supuesta valentía del candidato caído. Aunque, eso sí, no dudan en afirmar que, por el contrario, “el Sr. Sánchez Pérez-Castejón” no ha desechado lo que ellos consideran un apocalipsis, la posibilidad de una Ley de Amnistía. Y yo me pregunto, ¿conocen estos fiscales el contenido de esas reuniones? ¿Han participado en las negociaciones de investidura? En definitiva, parecería como si, más que fiscales independientes que operan en el ámbito de la justicia, fueran piezas partisanas del tablero político en un apoyo sin cortapisas al Partido Popular.
Los "argumentos jurídicos"
El lector se preguntará: ¿Cuáles son los argumentos jurídicos que esgrimen estos fiscales, ilustres juristas, para solicitar tamaña medida sancionadora contra nuestro país? Pues bien, los argumentos jurídicos son los siguientes.
En primer lugar, afirman que “se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España, lo que exigiría, a nuestro juicio, la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia, sin descartar lo dispuesto en el art. 7, en relación con el art. 2, del Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE), en coherencia con la jurisprudencia del TJUE”.
Para solicitar tamaña medida, nada menos que la intervención de la Unión Europea vía un procedimiento sancionador, esgrimen que: “En primer lugar, se debe señalar que la CE no menciona la amnistía en su articulado. Este hecho es utilizado por los partidarios de esta medida como una habilitación para su aprobación. Sin embargo, no todo lo que no está prohibido expresamente en la CE está necesariamente permitido”, y como ejemplo hacen referencia a la “esclavitud”, que no se encuentra prohibida en la Carta Magna, pero según ellos puede “deducirse” de los valores y principios de la UE, así como de tratados internacionales.
El ejemplo que exponen para sustentar su argumento (que algo que no está prohibido por la CE no quiere decir que pueda articularse) es absolutamente falaz. La esclavitud está prohibida en convenciones internacionales ratificadas por España. Además, es un crimen internacional y así lo recoge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, también ratificado por España. En definitiva, la prohibición de la esclavitud y su persecución penal es una norma de ius cogens internacional, de obligado cumplimiento para todos los Estados. Por lo tanto, aunque no está expresamente prohibida en la Constitución, indiscutiblemente es una conducta prohibida en el Derecho internacional, y, por lo tanto, nuestro sistema legislativo no puede disponer de esta figura.
La verdadera pregunta que deberían haber planteado sería: ¿Todo lo que no esté prohibido en el Derecho internacional o en la Constitución española puede disponerse por el Poder Legislativo? Y entonces, en contra de lo que afirman, la respuesta es sí. La soberanía popular reside en las Cortes Generales, que legislan y construyen nuestro sistema legislativo, con sujeción absoluta a la Constitución como norma suprema del ordenamiento y a todas las fuentes internacionales de obligado cumplimiento. Por debajo de esos límites normativos, el Poder Legislativo es soberano, por supuesto que lo es, y legisla por el interés general.
Peras y manzanas
Posteriormente comparan el indulto, como medida de gracia, dispuesto por el rey a través del Poder Ejecutivo, con las amnistías. Y para ello insisten en que la Constitución prohíbe los indultos generales. De esta forma, concluyen que “si la CE prohíbe una figura de efectos mucho más limitados como es el indulto general, debe deducirse necesariamente que no admite una medida de efectos mucho más extensivos como es la amnistía. En definitiva: prohibido lo menos, prohibido lo más”.
Lo que hace esta asociación privada de funcionarios es comparar peras y manzanas. El indulto es una medida de gracia dispuesta desde el ejecutivo, y sometida evidentemente a la limitación de no convertirse en una herramienta con alcance generalista. Pero, la amnistía se acuerda mediante ley por parte del legislativo, por lo que es una institución totalmente diferente. Por ello, comparar una figura con otra para concluir que “prohibido lo menos, prohibido lo más” carece de todo sentido, toda vez que no son figuras jurídicas asimilables entre ellas, y mucho menos para enfrentarlas y utilizar un juego de palabras cuantitativo dirigido a confundir la buena fe de la ciudadanía española.
Por otro lado, estos y estas fiscales de la AF hacen referencia a los anteriores casos en los que se han aplicado amnistías en España, presentando estas situaciones ante la Comisión Europea en forma absolutamente sesgada.
Jamás vi una deslealtad mayor por parte de un grupo de funcionarios públicos que dicen servir a España y que, sin embargo, solo sirven de meros paladines de un candidato frustrado en su legítimo derecho de llegar a la presidencia del gobierno
Recuerdan que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la Ley de Amnistía de 1977 como norma desplegada para “contribuir a la reconciliación nacional”, una medida que según estos funcionarios “fue absolutamente decisiva para culminar la exitosa y admirada transición política española”. Es decir, para ellos, esa amnistía tiene toda la validez jurídica, y según vemos política, básicamente porque así lo afirmó el Tribunal Constitucional. Pero cabe preguntarse, ¿no sería entonces deseable por lealtad institucional que estos funcionarios, antes de dirigirse a la Comisión Europea contra el Estado al que sirven, esperaran a que esa ley existiera y a que el Tribunal Constitucional resolviera sobre la misma? Parece que no, que en relación a la Ley de Amnistía de 1977 interesa sacar a pasear al Tribunal Constitucional, pero en relación a una potencial, supuesta y presunta futura ley que nadie ha visto, no es recomendable esperar a que ese mismo Tribunal Constitucional se pudiera pronunciar.
Servir al candidato frustrado
Con todo, lo más chocante es que estos funcionarios afirmen que “[l]a amnistía que ahora se plantea nada tiene que ver con esos loables fines". Siguen ensalzando la Ley de Amnistía de 1977 contra una ley que aún no han visto. Pero olvidan resaltar que la Ley de Amnistía de 1977, además de permitir solventar la situación de los presos políticos del franquismo, ha sido torticeramente utilizada por nuestro sistema judicial, hasta el día de hoy, para no perseguir los crímenes cometidos por las autoridades del régimen dictatorial, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, torturas sistemáticas y desaparición forzada de personas, es decir, crímenes de lesa humanidad. Precisamente, el Derecho internacional declara nula toda medida de amnistía que genere impunidad en relación a este tipo de crímenes. Es por ello que nuestro país ha recibido múltiples críticas de organismos internacionales, precisamente por utilizar nuestros tribunales la Ley de Amnistía de 1977 como parapeto para no investigar crímenes internacionales de la envergadura de los cometidos por el franquismo.
Con estos pervertidos argumentos jurídicos, un conjunto de funcionarios públicos, cuya legitimidad popular en origen no es más que un examen memorístico y que, por ello, deben ganársela día a día defendiéndonos de forma independiente y con sujeción a la ley, se enfrentan nada menos que a la soberanía popular, cuestionando un proceso de investidura, donde se encuentran representados millones de electores, que proviene de una votación democrática. Y los cuestionamientos los realizan sobre la base de futuribles y vaguedades, en relación a una ley que no han visto, a cerca de la cual no ha podido pronunciarse, por obvias razones, el Tribunal Constitucional y esgrimiendo un conjunto enorme de especulaciones y afirmaciones jurídicas cuando menos cuestionables.
Sobre la base de todo lo anterior, se atreven nada menos que a solicitar, en el cierre de su carta, que la Unión Europea apruebe el procedimiento sancionador del art. 7 TUE, y, por si eso fuera poco, adicionalmente solicitan que se aplique el Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, medidas que como ciudadanos nos perjudicarían a todos.
Jamás vi una deslealtad mayor por parte de un grupo de funcionarios públicos que dicen servir a España y que, sin embargo, solo sirven de meros paladines de un candidato frustrado en su legítimo derecho de llegar a la presidencia del gobierno.
_______________________
Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, del ensayo 'Los disfraces del fascismo (Planeta).
https://www.infolibre.es/opinion/ideas- ... -105386081
