Un letrado del Congreso de los Diputados, en una conversación con un redactor de Público hará poco menos de un año, dijo que “cuando se diseñó la Constitución, jamás se hizo pensando en un rey delincuente”. El comentario intentaba justificar así que en una Constitución de finales del siglo XX se hubiera incluido la inviolabilidad del rey, lo que a su vez ha impedido que el defraudador Juan Carlos haya podido ser objeto de una investigación parlamentaria porque dos partidos políticos, uno de ellos solo republicano de boquilla, han preferido proteger a un delincuente que defender los intereses de los españoles frente al delincuente en cuestión.
El letrado, no lo dudo, será un cerebrito en Derecho, pero tiene ganado un cero patatero en Historia Contemporánea de España. Teniendo en cuenta que de los seis borbones que han reinado desde que se inauguró en 1812 la historia constitucional de España los seis han delinquido, está claro que tenemos todas las papeletas para que cualquier borbón que instalemos en la Jefatura del Estado salga con las mismas hechuras. Lo extraordinario sería lo contrario. Todos y todas (Fernando, María Cristina, Isabel, los dos Alfonsos y Juan Carlos) han quebrantado leyes y constituciones al amparo de su inviolabilidad. Los que no han sido golpistas y perjuros han sido comisionistas y evasores, y cuatro de ellos, dicho sin ambages, ladrones. Y todos adúlteros… aunque esto incumba más a la endémica impudicia de los borbones que al Código Penal.
Entre los seis borbones delincuentes referidos está claro que no me he atrevido a incluir al séptimo por razones obvias. Aunque se coman la indignación y se cuiden mucho de decir ni mu, porque ya saben ellos que no está el horno para bollos, el artículo 491 del Código Penal sigue ahí. El actual jefe del Estado tendría mucho de lo que avergonzarse si no fuera inmune a la vergüenza, y aunque aún no existan pruebas de sus delitos, sí hay evidencias de complicidad. Qué menos. Es su padre. Cómplices de Juan Carlos han sido todos sus hijos, Sofía, la nuera, yernos, ascendentes y descendientes que conocían sus delitos y se beneficiaban de ellos. Protegían al adúltero, al evasor, al comisionista… porque así defendían su estatus, sus ingresos y sus privilegios.
Y tras Juan Carlos, la historia se repite. Felipe, la ciudadana Letizia, las privilegiadas hijas y todos los ascendentes y descendientes del señor majestad siguen a salvo de todo, mientras que los demás estamos expuestos a cualquier denuncia de cualquiera de esos… ¿parásitos? ¿Parásitos es injuria? ¿Es calumnia? El diccionario de la RAE dice que es un adjetivo que define a la persona que vive a costa ajena, y cuyos sinónimos son “aprovechado, abusón, vividor, chupón, gorrón, sablista”. Yo creo que no hay duda alguna de que el rey y la familia medio real viven a costa ajena con carácter perenne, y que incluso la antes asalariada ciudadana ni siquiera se molestó en pedir una excedencia laboral (deduzco sin pruebas) porque ya sabía que se subía al carro monárquico para los restos.
Dicen que no hay cuórum en el cuerpo de letrados del Congreso sobre si se puede o no investigar a Juan Carlos. Lo que sí hay en el cuadro de letrados es mucho cortesano decimonónico sin perendengues para ponerse del lado de la ciudadanía estafada en vez de en el lado del estafador.
Quince o dieciséis veces han estado de acuerdo el PP y el PSOE en vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón. Incomprensible que un partido que se dice progresista votara proteger al que había robado a la nación, evitando que las víctimas del robo conozcamos cómo nos había robado. Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla.
Y allá va el dato para el cuerpo de letrados de la Cámara: el 1 de diciembre de 1854 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuatro principales irregularidades cometidas por María Cristina de Borbón. Parece que el cuerpo de letrados a mediados del XIX, aun conociendo la misma situación de inviolabilidad de la regente, tenía más conciencia ciudadana que los actuales.
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